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Activistas y periodistas en México acusan al gobierno de espionaje

Activistas, periodistas y abogados de derechos humanos en México han presentado una denuncia penal este lunes por los intentos del Gobierno mexicano por espiarlos. La denuncia se produce tras conocerse un informe de Citizen Lab en el que se asegura que sus teléfonos inteligentes habían sido infectados con el software de espionaje vendido al gobierno para combatir a los criminales y los terroristas.

Activistas y periodistas en México acusan al gobierno de espionaje

Reuters

Activistas, periodistas y abogados de derechos humanos en México han presentado una denuncia penal este lunes por los intentos del Gobierno mexicano por espiarlos. La denuncia se produce tras conocerse un informe de Citizen Lab en el que se asegura que sus teléfonos inteligentes habían sido infectados con el software de espionaje vendido al gobierno para combatir a los criminales y los terroristas.

Son nueve las personas que han presentado la queja a la oficina del fiscal general tras conocerse el informe, adelantado por The New York Times y Buzz Feed News, que establece que algunos de ellos habían sido espiados con el software conocido como Pegasus, que la compañía israelí NSO Group vendió al gobierno de México. Pegasus se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia.

La infección con Pegasus no tiene vuelta atrás. “Es prácticamente imposible deshacerse de él”, dijo este lunes John-Scott Railton, investigador de Citizen Lab, un laboratorio de la Universidad de Toronto que investiga temas de tecnologías de la comunicación y seguridad digital.

Entre los denunciantes se encuentran Carmen Aristegui, periodista que en 2014 ayudó a revelar que la esposa del presidente Enrique Peña Nieto había adquirido una casa de un importante contratista del gobierno, así como Carlos Loret de Mola, periodista de la cadena de televisión Televisa.

«El espionaje abre la puerta para que lleguen más lejos: la intimidación, el acoso, la censura, los despidos, las golpizas, los asesinatos… Es claro que quieren que sepan que nos están espiando, que somos vulnerables, que ellos saben de nuestros hijos, nuestras vidas privadas y laborales», ha dicho Loret de Mola en un mensaje transmitido en una conferencia de prensa este lunes en Ciudad de México.

Otros incluidos en la queja eran activistas contra la corrupción y los abogados que representan a las familias de 43 profesores en formación cuya desaparición y aparente matanza en 2014 creó un enorme dolor de cabeza de relaciones públicas de Pena Nieto.

El gobierno de México niega las acusaciones

Por su parte, el Gobierno de México ha negado las acusaciones. «No hay prueba alguna de que las agencias del Gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje», ha dicho Daniel Millán, responsable de medios internacionales de la presidencia. «Condenamos cualquier intento de de vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona», se puede leer en el comunicado que el funcionario ha enviado a The New York Times.

No obstante, según los investigadores de Citizen Lab, cada intento de espionaje tiene un costo que ronda los 77.000 dólares. El alto costo de este programa es uno de los indicadores que apuntan al Gobierno mexicano. Otro es que NSO Group solo vende a Gobiernos.

 

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