Hola, ¿qué estás buscando?

de resultados

No se ha encontrado ningún resultado

Ver más

Acusado de corrupción el exprimer ministro de Portugal, José Sócrates

Foto: Patricia de Melo Moreira
AFP

José Sócrates, el que fuera primer ministro de Portugal entre 2005 y 2011, ha sido acusado este miércoles formalmente por la Fiscalía de 31 delitos de corrupción pasiva, blanqueo de capitales, falsificación de documento y fraude fiscal, vinculados a actividades con las que habría acumulado más de 24 millones de euros en Suiza.

La abrumadora acusación del Ministerio Público de Portugal, que por primera vez involucra a un ex primer ministro en un proceso judicial, se produce después de casi tres años de espera para Sócrates, detenido en 2014 en el aeropuerto de Lisboa bajo sospechas de corrupción. Pasó entonces diez meses en prisión preventiva y uno y medio en arresto domiciliario, periodo tras el cual quedó en libertad condicional a la espera de acusación por parte de la Fiscalía.

Este miércoles el Ministerio Público se ha pronunciado y le ha incluido en un grupo de veintiocho acusados: diecinueve personas y nueve empresas.

Algunos nombres de los que figuran en la lista de acusados dan cuenta de la magnitud de la bautizada como ‘Operación Marqués’, entre ellos el de Ricardo Salgado, expresidente del Banco Espírito Santo (BES) y uno de los hombres más poderosos del país durante muchos años. También el del empresario Carlos Santos Silva, amigo y presunto testaferro de Sócrates, o los de Zeinal Bava y Henrique Granadeiro, exresponsables de la operadora de telecomunicaciones Portugal Telecom (PT).

Las actividades ilícitas de esta trama quedan detalladas en un escrito de más de 4.000 páginas en el que se desgrana, entre otras cuestiones, cómo Sócrates llegó a recibir más de 24 millones de euros entre 2006 y 2009, cuando estaba al frente del Gobierno. Y lo hizo, en primer lugar, por actuar en beneficio del grupo empresarial Lena -con intereses en diferentes sectores como agua, residuos y energía- que habría conseguido negocios por su mediación y que a cambio pagó elevadas sumas a Santos Silva que, en realidad, tenían como destinatario a Sócrates.

De hecho, el Ministerio Público cree que prácticamente todo el dinero que recibió el ex primer ministro pasó antes por Santos Silva, quien acumulaba las sumas en cuentas suizas que fueron engordando por transferencias o en concepto de pagos por prestación de servicios inexistentes.

Sócrates también obtuvo jugosas sumas, según la Fiscalía, por parte de Ricardo Salgado, quien agradecía así la actuación del entonces primer ministro en favor de su estrategia para Portugal Telecom, del cual el Grupo Espírito Santo era accionista. En este caso, Salgado habría pagado los sobornos a través de una tercera persona que movilizaba cuentas en el extranjero.

Finalmente, el Ministerio Público considera que el ex primer ministro recibió dinero de una tercera fuente: el Grupo Vale de Lobo, que respondía así a la mediación de Sócrates para que consiguiera financiación de la Caixa Geral de Depósitos (CGD).

Concluye así una etapa fundamental del proceso, la acusación, que se había aplazado en varias ocasiones con la consiguiente queja de Sócrates, quien anunció incluso una demanda contra el Estado portugués por una situación que llegó a calificar de “escandalosa”. Su defensa ha reaccionado a la acusación insistiendo precisamente en que se han “sobrepasado todos los plazos de la ley” y calificando el escrito de la Fiscalía de “infundado, insensato e inconsistente”.

“Se trata de una novela, un manifiesto vacío de hechos y de pruebas, ya que no se puede probar lo que nunca sucedió”, han afirmado los abogados del ex primer ministro en un comunicado.

Continúa leyendo: Detenidos dos exejecutivos de Petrobras en una operación por el pago de sobornos

Detenidos dos exejecutivos de Petrobras en una operación por el pago de sobornos

Foto: PILAR OLIVARES
Reuters

La Policía Federal de Brasil ha detenido a dos personas en el marco de una operación contra el pago de sobornos a ejecutivos de la petrolera estatal Petrobras por parte del grupo Odebrecht, según fuentes oficiales, informa EFE.

Los detenidos son el exgerente del departamento Internacional de Petrobras, Luiz Carlos Moreira Sales, y un exejecutivo de la empresa, Djalma Rodrigues da Souza. El primero está acusado de destruir pruebas y ha sido condenado a 12 años de prisión por el juez federal Sérgio Moro en una sentencia publicada este viernes.

La operación ha tenido lugar en los estados de Río de Janeiro y de Pernambuco y su objetivo es cumplir un mandato de prisión temporal, cuatro de búsqueda y aprehensión y uno de conducción coercitiva, es decir, llevar a una persona de manera obligatoria a prestar declaración. En la operación se investigan los crímenes de asociación delictiva, corrupción y lavado de dinero.

Esta condena forma parte del proceso que investiga el pago de sobornos a políticos del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMBD) y a empleados de Petrobras para contratar a la compañía Samsung Heavy Industries para construir dos navíos sonda para la empresa.

La investigación señala que varios gerentes de Petrobras se unieron para beneficiar al grupo Odebrecht en contratos con la petrolera mediante el pago de sobornos, disimulados a través de cuentas de empresas fantasma en el exterior.

La operación Lava Jato, como se conoce el caso Petrobras, señala que las constructoras sobrevaloraban los contratos con la empresa petrolera y los sobornos eran repartidos entre ejecutivos de esas empresas, exdirectores de Petrobras y alrededor de un centenar de políticos del país.

Continúa leyendo: Confirmado el auto de De la Mata que proponía que se juzgara a Teddy Bautista

Confirmado el auto de De la Mata que proponía que se juzgara a Teddy Bautista

Foto: Juan Carlos Hidalgo
EFE

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el auto del juez José de la Mata que ponía fin a la instrucción de la pieza principal del caso SGAE y proponía que fueran juzgadas 11 personas físicas y 12 sociedades mercantiles, entre ellas el ex presidente de la entidad, Eduardo Teddy Bautista, informa el tribunal en un comunicado. Todos ellos son sospechosos de poner en marcha “una sofisticada estratagema para derivar masivamente fondos de SGAE” a la organización comandada por el exdirector de la filial digital del grupo (SDAE) José Luis Rodríguez Neri mediante la asignación arbitraria a Microgénesis de decenas de millones de euros supuestamente para el desarrollo de soluciones tecnológicas, causando “perjuicios y pérdidas constantes” para la sociedad de autores.

En un auto, los magistrados desestiman los recursos presentados contra el auto de transformación a procedimiento abreviado y rechazan de manera “tajante” los epítetos peyorativos que en algunos de esos recursos se emplean contra el instructor, el fiscal o la Guardia Civil “llegando a imputar al Ilmo. sr. juez el actuar de forma delictual, parcial e injusta, lo que excede del legítimo derecho de defensa para adentrarse en una rechazable falta de lealtad para con el órgano judicial e incluso en el insulto”. El tribunal considera que el auto de De la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, contiene un detallado y pormenorizado relato de hechos que, a juicio del instructor y apreciando lo actuado, imputa a las personas que entiende responsables, tanto en la esfera penal como civil, haciendo una calificación previa a los efectos de determinación del procedimiento.

Epasado 4 de septiembre, lDe la Mata había concluido al investigación del caso SGAE y decidido que hay indicios suficientes para juzgar a 11 personas físicas y 12 sociedades mercantiles, según informó entonvces el consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Entre los procesados estba el expresidente de la sociedad, Teddy Bautista, y a José Luis Rodríguez Neri. El magistrado consideraba que los procesados pusieron en marcha un sistema para desviar fondos desde la SGAE a la SDAE.

Continúa leyendo: China castiga a más de un millón y medio de funcionarios por corrupción

China castiga a más de un millón y medio de funcionarios por corrupción

Foto: ALY SONG
Reuters

China ha castigado a más de un millón y medio de funcionarios y ha investigado a 440 altos cargos durante la campaña anticorrupción lanzada por el Gobierno hace cinco años, tal y como ha anunciado este jueves el Partido Comunista chino. El subsecretario chino de la Comisión Central del PCCh para Inspección y Disciplina, Yang Xiaodu, ha dado en rueda de prensa las cifras de la campaña: 2,674 millones de investigados, de los cuales 1,537 millones fueron castigados y 58.000 de ellos fueron a los tribunales.

“Esto demuestra nuestro compromiso con el principio de que la disciplina debe ser aplicada de forma estricta y de que todos los infractores deben ser castigados”, ha dicho Yang un día después de la inauguración del XIX Congreso de la formación gobernante. En esta edición del Congreso, que se celebra cada cinco años, se prevé que se ratifique al secretario general del partido, Xi Jinping, como el núcleo de la formación y se espera que acreciente su poder y prestigio con la inclusión de sus teorías en la constitución del PCCh.

Una de las claves del congreso será saber si el responsable de la Comisión de Inspección y Disciplina, el poderoso Wang Qinshan –de 69 años–, se jubilará o se aprobará una excepción a las normas sobre retiro de los líderes por motivos de edad. El subsecretario ha explicado que los esfuerzos contra la corrupción “han aumentado la conciencia de los miembros del partido sobre la importancia de atenerse a sus regulaciones y disciplina“.

Otros 440 altos cargos y militares de primer rango han sido investigados por la comisión, según Yang, como parte de la campaña anticorrupción lanzada por el Gobierno hace cinco años, que no sólo ha afectado a los oficiales de primera línea –conocidos como ‘tigres’– sino también a los de base –conocidos como ‘moscas’–. De entre ellos, 43 procedían del Comité Central del PCCh –formado por los 200 miembros con más poder del régimen– y 9 eran de la propia Comisión Central para Inspección y Disciplina, el brazo anticorrupción del partido.

Yang ha mencionado a algunos de los casos más sonados, como los del exministro de Seguridad Pública Zhou Yongkang, el de Bo Xilai (el dirigente chino más conocido encarcelado por este delito) o el exgeneral Guo Boxiong, todos ellos condenados a cadena perpetua por corrupción. Además, China también trabaja internacionalmente para capturar a los sospechosos que han huido del país acusados de delitos de corrupción. De los 100 registrados por la Interpol, casi medio centenar han sido detenidos ya.

Continúa leyendo: El Congreso convalida el decreto que facilita la salida de las empresas de Cataluña

El Congreso convalida el decreto que facilita la salida de las empresas de Cataluña

Foto: SUSANA VERA
Reuters

El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el real decreto-ley que facilita la “movilidad de los operadores económicos dentro del territorio nacional”, informa el Hemiciclo en un comunicado. Se trata de una medida apurada con urgencia por el Gobierno después de que un reguero de empresas catalanas anunciase su intención de trasladar su sede social o fiscal a otros puntos de España para intentar resolver la incertidumbre económica desatada en la región después de la celebración del referéndum independentista del 1 de octubre, anulado ya por el Tribunal Constitucional.

Entre las compañías que se han mudado desde el referéndum están el grupo editorial Planeta, los bancos Caixabank y Sabadell, la energética Gas Natural Fenosa o la alimenticia Pastas Gallo. Mediante este decreto, aprobado con 246 votos a favor y 91 en contra, “se establece que el Consejo de Administración es el órgano competente para aprobar el cambio de sede social, salvo que exista una declaración expresa en contrario por parte de los estatutos de la sociedad”.

El carácter extraordinario y urgente de la medida viene justificado, argumenta el Ejecutivo, por la exigencia de garantizar la vigencia del principio de libertad de empresa y de respetar la prohibición de adoptar medidas que obstaculicen la libertad de establecimiento de los operadores económicos. Añade que esta modificación normativa responde a la demanda de amplios sectores empresariales ante las dificultades surgidas para el normal desarrollo de su actividad en Cataluña.

Ley de Sociedades de Capital

El real decreto-ley pretende dar plena efectividad al artículo 285 de la Ley de Sociedades de Capital de 2010, con una aclaración de su contenido para facilitar su aplicación. Esta norma estableció que cualquier modificación de los estatutos sería competencia de la junta general y que, salvo disposición contraria de los estatutos, sería el órgano de administración el competente para cambiar el domicilio social dentro del término municipal.

Una norma posterior estableció en 2015 que, salvo disposición contraria de los estatutos, el órgano de administración sería competente para cambiar el domicilio social “dentro del territorio nacional”. La “disposición contraria”, añade el Ejecutivo, existirá solo cuando los estatutos dispongan expresamente que el órgano de administración no ostenta esta competencia.

El texto convalidado este jueves en el Pleno incorpora una disposición transitoria para referirse a los traslados de domicilios de sociedades cuyos estatutos se hubiesen aprobado antes de esta reforma. Se entenderá que hay disposición contraria a los estatutos cuando, posteriormente a la entrada en vigor de la medida, se hubiera realizado una modificación estatutaria que expresamente declare que el órgano de administración no es competente para cambiar el domicilio social.

TOP