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Airbnb se compromete a retirar 1.036 pisos turísticos ilegales

Foto: ALBERT GEA
Reuters

Después de meses de polémica, el Ayuntamiento de Ada Colau lo ha conseguido. La plataforma Airbnb se ha comprometido este miércoles a retirar de su página web 1.036 pisos turísticos ilegales de Barcelona en el plazo de un mes, según ha anunciado la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, en Twitter.

La semana pasada, el equipo de Colau entregó a la empresa una lista con los pisos detectados por los técnicos municipales como ilegales. Airbnb ha aceptado todos ellos y ha anunciado que en los próximos días se pondrá en contacto con los usuarios afectados para empezar a quitarlos de la web. Todas las viviendas ya habían sido denunciadas previamente y ya habían recibido la orden de cese de actividad, además de un expediente sancionador.

Sanz ha asegurado después del encuentro con Airbnb que se trata de “una primera muestra de voluntad de la empresa, un punto de inflexión”, pero que se va a seguir atentamente que la empresa cumple el compromiso y los 1.000 pisos desaparecen al próximo mes, según han recogido varios medios. Además, el equipo de Colau no quiere quedarse ahí. Tiene como objetivo que todos los pisos turísticos muestren su número de licencia legal en la página. La teniente de alcalde de urbanismo ha señalado que “alrededor de un 40% de los pisos” que ofrece la plataforma muestran su número de licencia, aunque los números “no tienen porque ser correctos”. “A partir del otoño, debe ser un requisito obligatorio con la supervisión del Ayuntamiento”, ha revelado Sanz.

La relación entre Airbnb y el Ayuntamiento de Barcelona ha sido tensa desde la llegada de Colau a la alcaldía. Su equipo quiere que los portales turísticos eliminen cualquier piso que no tenga el número de registro de la Generalitat que le acredita como HUT (las siglas en catalán de vivienda de uso turístico). En esta cruzada contra las viviendas ilegales, Barcelona logró pactar con Homeaway y Booking, pero no con la empresa californiana. En noviembre de 2016, le impuso una multa de 600.000 euros a Airbnb por reincidencia y se convirtió en la primera ciudad del mundo que multaba a Airbnb.

Después de amenazar con nuevas sanciones, el Ayuntamiento de Colau ha logrado que Airbnb se comprometa a un primer paso en esta lucha contra los pisos turísticos ilegales. Barcelona, la ciudad más turística de España, está haciendo frente a serios problemas de gentrificación y subidas récord de los precios de alquileres por la proliferación de este tipo de viviendas. En algunos barrios estos pisos turísticos han llegado a ser la inmensa mayoría, lo que ha provocado protestas vecinales.

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Barcelona amenaza con nuevas sanciones a Airbnb

Foto: ALBERT GEA
Reuters

Barcelona, el primer destino turístico de España, amenaza con endurecer su pugna con la plataforma de alquileres vacacionales Airbnb, multada ya con 600.000 euros, con nuevas sanciones o incluso prohibiéndole operar, ha informado este martes a la AFP la responsable municipal de Urbanismo, Janet Sanz. Esta ha asegurado que “abrirán un nuevo proceso sancionador de 600.000 euros si Airbnb no hace un gesto de buena voluntad” para dejar de ofrecer apartamentos sin las licencias necesarias para operar con fines turísticos. Además, el Ayuntamiento quiere iniciar negociaciones con el gobierno regional de Cataluña para modificar la ley de turismo, con el objetivo de “endurecer las multas” o “precintar la web de la compañía para cesar su actividad”, ha añadido Sanz.

Desde su llegada al poder en 2015, la alcaldía dirigida por Ada Colau se propone minimizar los problemas generados por la saturación turística de la ciudad e hizo de Airbnb uno de sus principales enemigos. En 2015 le impuso dos multas de 30.000 euros, y en noviembre de 2016 anunció una sanción de 600.000 euros por reincidencia, que se formalizará esta semana.

Pero “Airbnb se cree que está por encima de la ley”, lamenta Sanz. La disputa recrudeció en la última semana por varios casos surgidos en los medios locales de realquiler de pisos a través de esta plataforma u otras similares, sin el conocimiento de los propietarios de los inmuebles. Según el consistorio, en doce meses detectaron 316 casos de este tipo sobre un total de 3.211 apartamentos turísticos irregulares encontrados.

Uno de ellos lo realquilaba un exdirectivo de Airbnb en España, afirma el ayuntamiento. Desde la compañía, señalan que dicha persona ya no trabaja allí y que el anuncio fue retirado de la plataforma en 2016, ha dicho a AFP una portavoz. En un comunicado, Airbnb ha asegurado que recurrirá todas las sanciones impuestas y ha lamentado que las autoridades municipales no quieran llegar a acuerdos con ellos, como lo han hecho en París, Ámsterdam, Londres o San Francisco.

En 2016, 1,3 millones de personas se hospedaron en Barcelona a través de Airbnb, generando 1.027 millones de euros de actividad económica, un 65% más que en 2015, asegura la compañía. Además, asegura que un 67% de sus anunciantes no utiliza la plataforma con fines turísticos profesionales, sino sólo para alquileres puntuales.

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Las plataformas como Uber o Airbnb deben ser reguladas "lo antes posible"

Foto: Tyrone Siu
Reuters

Las plataformas de intercambio de servicios, como Uber y Airbnb, deben ser reguladas “lo antes posible” para evitar la creación de monopolios y proteger la igualdad de condiciones en sectores como el del transporte o el turismo, ha explicado este miércoles el Instituto Rethenau de Holanda en un documento.  Este es un problema que afecta a otros muchos países, incluido España, que este martes se vio afectado por un paro de los taxistas para protestar contra Uber y Cabify.

En el informe se asegura que el número de personas que hace uso de estas plataformas se ha cuadruplicado en Holanda y que una de cada cuatro personas dice haber usado uno de estos servicios.

“Es de interés público darle a estas plataformas el suficiente espacio para innovar, pero tenemos que regular esto antes de que sea demasiado dominante en su sector”, advierte el informe, que añade que “no hay garantía de la igualdad de condiciones con el sector del taxi normal o de un hotel”.

Aunque esta tipo de economía colaborativa, basada en compartir, “tiene efectos positivos y promueve la innovación”, el instituto recuerda que “la privacidad, la protección del consumidor y el orden público no deben ser olvidados”.

El informe subraya también que los empleos en la economía tradicional pueden verse perjudicados y que “las plataformas podrían terminar creando otros problemas en la sociedad”.

El caso de España

Los efectos perjudiciales de estas plataformas sobre los empleos tradicionales es el motivo por el que los taxistas españoles han convocado varias huelgas y manifestaciones en los últimos meses. En ellas, piden al Gobierno que regule la cantidad de licencias que se conceden, pues aseguran que se están entregando más de las que permite la ley. La última concentración tuvo lugar este martes en Madrid, a donde acudieron taxistas de toda España para pedir que se regule la actividad de plataformas como Uber y Cabify.

Respecto a Airbnb, el Ayuntamiento de Barcelona trata de regular su actividad desde el año 2015, cuando fueron multados por no registrar sus pisos para obtener una licencia como alojamiento turístico. En 2016, el ayuntamiento impuso una multa de 600.000 euros tanto a Airbnb como a Homeaway por reincidir en el motivo de la sanción. Actualmente, los enfrentamientos entre la plataforma y el gobierno de Ada Colau continúan a pesar de las proposiciones de Airbnb de reducir el número de pisos sin licencia que ofertan.

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La Generalitat catalana no tendrá que sufragar la enseñanza en castellano en centros privados

Foto: Manu Fernandez
AP

El Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de la Generalitat contra la Ley de Mejora de Calidad Educativa, Lomce, y ha anulado la obligación de escolarizar a los alumnos sin enseñanza pública en castellano. Esta medida se aplica a los centros privados financiados por la Generalitat, informa EFE. Esta decisión llega pocos días después de que el Ministerio de Educación asegurara que están estudiando cómo adecuar la legislación para garantizar el derecho a escoger el castellano como lengua vehicular en la educación en Cataluña.

La sentencia considera por unanimidad que el sistema de esta ley para garantizar la enseñanza en castellano sostenida con fondos públicos invade las competencias de la Generalitat. Por tanto, ha anulado artículos que se refieren a la capacidad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para decidir sobre la escolarización de los alumnos de dichos centros privados y su financiación.

La Lomce, conocida como Ley Wert, imponía que el Gobierno asumiera el coste de la escolarización privada en castellano de los alumnos a los que no se les garantice una oferta razonable sostenida con fondos públicos. Es decir, la Generalitat debía pagar la enseñanza en castellano en centros privados a quienes no dispusieran de ella en centros públicos, pero era el Estado el que decidía cuándo se debía hacer así.

La Generalitat señalaba en su recurso que la Lomce invadía sus competencias y es contraria a la Constitución, al Estatut y a la propia doctrina del Tribunal Constitucional. Además, considera que suponía “una oposición frontal” al régimen lingüístico catalán, según el cual no se puede separar a los alumnos en función de la lengua.

El tribunal ha considerado que es inconstitucional que la Lomce fije criterios para determinar en qué momento el Estado puede escolarizar alumnos en centros privados y hacer a la Generalitat pagar estos gastos.

La Lomce fue recurrida por cinco comunidades autónomas, Andalucía, el País Vasco, las Islas Canarias, Asturias y Cataluña, y aunque la sentencia del Tribunal Constitucional responde al recurso presentado por el Gobierno catalán, establece pautas generales que se aplicarán al resto de comunidades.

La sentencia también habla de otras cuestiones sobre la Lomce y declara inconstitucional que el Gobierno pueda establecer, a través de un reglamento, las bases de la educación plurilingüe, es decir, la impartición de asignaturas no lingüísticas en lenguas extranjeras desde Educación Infantil hasta Bachillerato.

El tribunal sostiene que la ley no especifica el criterio legal que da cobertura a esta competencia del Gobierno.

Continúa leyendo: Investigadores japoneses crean una pantalla LED que se adhiere a la piel

Investigadores japoneses crean una pantalla LED que se adhiere a la piel

Foto: TORU YAMANAKA
AFP PHOTO/ FILES

Un equipo de investigadores japoneses ha desarrollado una pantalla LED ultrafina y elástica que puede adherirse a la piel humana y es capaz de mostrar gráficos en movimiento, especialmente pensada para facilitar el acceso a la información de ancianos y personas discapacitadas.

Este dispositivo puede ayudar a estos colectivos “que suelen tener dificultades para utilizar y obtener datos de los dispositivos inteligentes existentes” a acceder a la información, y facilitar a los enfermeros y personas que cuidan de pacientes en su hogar a monitorizar su estado de salud, ha explicado a Efe su inventor, Takao Someya.

Someya, profesor de la Universidad de Tokio, ha liderado el desarrollo de la pantalla, una lámina de un milímetro de espesor hecha de goma, que cree que “mejorará la calidad de vida” al permitir, por ejemplo, recordar a un enfermo que tome su medicación.

Al adherirse a la piel “es como una parte más del cuerpo que transmite no solo información, sino los sentimientos de la gente que contacta contigo”, y al recibir los mensajes de esa manera “puedes sentir que aquellos a los que aprecias están más cerca de ti“, explica Someya.

El profesor japonés considera que el cuidado en casa de los mayores será clave en el futuro, ante el rápido envejecimiento de la población, para evitar el colapso de los centros sanitarios.

Investigadores japoneses crean una pantalla LED que puede adherirse a la piel
La pantalla LED del profesor Takao Someya sirve para medir la salud de los pacientes. | Foto: Toru Yamanaka/AFP/Archivo

El uso de la pantalla podría expandirse a otros ámbitos, como la construcción o el mantenimiento, permitiendo a operarios consultar manuales durante los trabajos, o para que los deportistas puedan controlar sus constantes vitales durante el ejercicio.

Los investigadores trabajan en cómo reducir el tamaño de la caja rígida que contiene las baterías, memorias y circuitos de manejo, y esperan tener listo un prototipo para su comercialización a nivel mundial en los próximos tres años, según explica el investigador.

El equipo de Someya es el mismo que en 2017 anunció el desarrollo de un sensor electrónico hecho de mallas nanométricas transpirables y solubles en agua que puede adherirse a la piel para controlar el estado de salud de una persona a largo plazo.

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