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Artur Mas, condenado a dos años de inhabilitación por el referéndum del 9N

Foto: ALBERT GEA
Reuters/Archivo

El ex presidente de Cataluña, Artur Mas, ha sido condenado a dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por organizar el referéndum del 9N, según la sentencia dictada este lunes por unanimidad de los tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). “La Sala Civil y Penal del TSJC, en sentencia de fecha 13 de marzo de 2017, ha condenado al ex president de la Generalitat de Catalunya Artur Mas i Gabarró como autor de un delito de desobediencia cometido por autoridad o funcionario público a las penas de multa de doce meses, con una cuota diaria de cien euros, e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos ya sean de ámbito local, autonómico o estatal, así como para el ejercicio de funciones de gobierno tanto en el ámbito autonómico como en el del Estado, por tiempo de dos años”, se recoge en la sentencia.

En la misma, la ex vicepresidenta Joana Ortega, ha sido condenada a un año y nueve meses de inhabilitación, mientras que para la ex consejera Irene Rigau, la inhabilitación es de un año y seis meses.

En sus primeras declaraciones tras conocerse la sentencia, Artur Mas ha comparecido junto a Rigau y Ortega, para reafirmar el proceso independentista avalado por la gente “que nos dijo ‘tirad para adelante’ y que no diéramos ni un paso atrás”. El ex presidente ha denunciado que “se nos persigue por nuestras ideas y la ley no es igual para todos” pero que tanto él como las otras dos condenadas “recurriremos a las instancias europeas” en las que confían. Para ello, antes deberán recurrir al Tribunal Supremo y al Constitucional “sin esperanza”, para poder llegar a Estrasburgo. “Haríamos lo mismo que hicimos, no nos arrepentimos“, ha dicho en otro momento el ex presidente de la Generalitat, para quien es evidente han sido condenados los tres “simplemente por defender ideas soberanistas que no gustan”.

El tribunal considera que se produjo un delito de desobediencia grave al Tribunal Constitucional (TC) por parte de Artur Mas y sus ex colaboradoras al celebrar una consulta independentista declarada ilegal el 9 de noviembre de 2014, un delito por el que la fiscalía pedía para el ex presidente catalán 10 años de inhabilitación. Se les reprocha a los acusados el hecho de que, “lejos de hacer efectiva la suspensión ordenada por el Tribunal Constitucional, no solo no dictaron ningún tipo de resolución ni efectuaron anuncio alguno de suspensión del proceso participativo previsto para el día 9 de noviembre, sino que observaron un catálogo de conductas demostrativas todas de su determinación firme de contravenir la providencia del Tribunal Constitucional”.

Del delito de prevaricación, el TSJC absuelve a los tres procesados. En este sentido, los magistrados  declaran que “no se puede afirmar la presencia de elementos de ilegalidad que excedan o desborden la inherente al hecho desobediente ya calificado y sancionado como constitutivo de un delito de desobediencia” y, por lo tanto, no consideran aplicar “una condena añadida por el delito de prevaricación, pues no lo permite el principio non bis in ídem, que prohíbe castigar doblemente una misma conducta”.

Reacciones

La decisión del tribunal catalán ha sido objeto de diversos comentarios por parte de dirigentes de otras formaciones políticas.  En nombre de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), su portavoz nacional Sergi  Sabrià, ha expresado su solidaridad con los tres, y ha calificado de “indigna y antidemocrática” la resolución del TSJC. “Los poderes del Estado no nos van a parar” en la voluntad de Cataluña “de poder decidir libremente” su futuro, ha añadido. El presidente de la Generalitar, Carles Puigdemont ha lamentado la sentencia, calificándola de “error“. “¡Qué error! Qué diferencia con las democracias consolidadas y saludables”, ha escrito en su cuenta de Twitter.

La justicia pone a cada uno en su sitio“, ha declarado Pablo Casado, que ha reiterado la posición conocida del PP en defensa de la unidad de España. “Esto demuestra que nadie está por encima de la ley”, ha dicho en rueda de prensa el diputado y vicesecretario general de Comunicación popular. En nombre del PSOE, su portavoz en el Congreso, Antonio Hernando ha destacado el buen funcionamiento de la ley. “Lo que no se puede en un Estado de Derecho es estar vulnerando constantemente la ley y pensar que la Justicia no va a actuar”, una opinión que no comparte el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quien a través de un tuit ha calificado de “vergüenza” la sentencia. “Artur Mas es el heredero del pujolismo; una de las peores expresiones de la Trama, pero que le condenen por poner urnas es una vergüenza”, ha escrito nada más conocer la sentencia.

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Arrimadas pide a Torrent que sea presidente "de todos los diputados y de todos los catalanes"

Foto: ALBERT GEA
Reuters

La líder de la oposición del Parlament de Cataluña, Inés Arrimadas, ha pedido al nuevo presidente de la Cámara, Roger Torrent, que durante su mandato sea un presidente “de todos los diputados y de todos los catalanes para que no cometa los errores de Carme Forcadell”. Lo ha hecho durante la ronda de contactos que el presidente del Parlament viene manteniendo con los líderes de todos los grupos del Hemiciclo. Torrent ha concluido este viernes dicha ronda de reuniones antes de designar a un candidato para que la Cámara local catalana elija al presidente de la Generalitat, en un pleno de investidura que se celebrará los últimos días de enero.

La portavoz de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, ha explicado que han trasladado a Torrent que su candidato es Puigdemont, “como no puede ser de otra manera”, informa Efe. Ha afirmado también que “presuponen” que será el que proponga el presidente del Parlamento para el debate de investidura, ya que cuenta con el apoyo de los diputados de JxCat y de Esquerra Republicana de Catalunya.

Este mismo viernes, el diputado de ERC Raül Romeva, tras la reunión con el presidente del Parlamento catalán, ha reafirmado el apoyo de su partido a Puigdemont, pero no ha concretado si avalará una investidura a distancia. Según Romeva, en la reunión no han entrado a valorar “la forma”, telemática o no, con que Puigdemont pretender ser investido como presidente, puesto que “esto no nos corresponde decidirlo a nosotros”, ha matizado.

Puigdemont es el candidato de consenso de los independentistas, aunque su grupo no ha cerrado aún con ERC la fórmula de investidura a distancia, por las dudas legales que provoca entre los republicanos, además de que esa opción ha sido rechazada por los letrados del parlamento regional. Respecto al método que se usaría para la investidura a distancia, Artadi ha declarado que hay reuniones de juristas de ambos grupos y ha señalado que hasta que no lo tengan más avanzados no se inclinarán por una opción u otra. Junts per Catalunya estudia también alegar la “inmunidad” de Puigdemont como diputado para que no sea detenido cuando regrese a España.

El portavoz del Gobierno de España, por su parte, ha exhortado a Torrent a “no cometer los errores del pasado”, en referencia a su antecesora en el cargo, Carme Forcadell. Lo ha hecho durante la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros. “No hay que cometer errores del pasado y aprender de lo ocurrido, su predecesora ya tuvo que rendir cuentas ante los tribunales” por su papel en el proceso independentista.

Una vez iniciada la XII Legislatura empiezan la cuenta atrás para la investidura del presidente del gobierno catalán, abriéndose un plazo de 10 días hábiles para que el presidente del Parlament proponga la investidura de un candidato. Así, el primer debate de investidura debe celebrarse como fecha tope el 31 de enero. Si el candidato no logra la mayoría absoluta de la cámara – 68 de los 135 diputados – se celebrará una segunda votación 48 horas después en la que el candidato sólo necesita mayoría simple – más votos a favor que en contra –  para ser investido.

En caso de no prosperar esta segunda votación, se abre un plazo de dos meses durante los cuales se podrán celebrar tantas sesiones de investidura como sean necesarias. Si al cumplirse este plazo ningún candidato ha sido investido, el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, al amparo del 155, deberá convocar nuevas elecciones que se celebrarán entre “cuarenta y sesenta días después de la convocatoria”, según el artículo 67.3 del Estatut de Catalunya.

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Puigdemont mantiene que es "perfectamente elegible" como presidente de la Generalitat

Foto: Catalunya Ràdio
RRSS

“Soy perfectamente investible como presidente, con todo el derecho del mundo y espero que los derechos de los diputados sirvan para todos. Hoy soy un diputado perfectamente elegible como president” de la Generalitat, ha asegurado Carles Puigdemont, en una entrevista concedida a Catalunya Ràdio este viernes.

El expresidente catalán se encuentra en Bruselas desde finales de octubre y sobre él y otros cuatro exconsellers pesa una orden de detención en España por presuntos delitos de rebelión y desobediencia, entre otros, tras apoyar la declaración de independencia de Cataluña anulada por el Tribunal Constitucional. Sobre este punto ha subrayado que no está huido de la justicia española. “Yo he venido aquí con plena libertad”.

Puigdemont ha recordado que al igual que el resto de los diputados elegidos en las elecciones del 21 de diciembre, tiene “inmunidad parlamentaria” y espera que la justicia respete ese derecho. “Se trata de hacer una investidura en el marco del Estatuto de Cataluña“, con una fórmula aún por determinar aunque sin descartar la opción de realizarla de forma telemática, “que no está excluida de forma explícita” en el Reglamento. “En el Reglamento del Parlament no hay nada que prohíba las fórmulas que ensayamos para la investidura”, ha insistido. Y como justificación a una posible presidencia de Cataluña desde Bruselas ha añadido que “incluso estando dentro del Palau de la Generalitat no nos vemos más que ahora. Hoy en día los grandes proyectos se gobiernan a partir del uso de las nuevas tecnologías“.

Los letrados del Parlament, sin embargo, consideran que una investidura a distancia no se ajusta a la legalidad. Sobre este pronunciamiento, el dirigente nacionalista ha sido contundente: “Los letrados del Parlamento deben hacer el trabajo que les encargan con respecto a los derechos de los 135 diputados, de todos. Los letrados no son el escaño 136 del Parlamento”.

Respecto a la orden de detención y que la justicia espera aplicar en el momento en el que el expresidente independentista pise suelo español, Puigdemont ha dicho que no tiene un plan B, es decir, que no contempla ir a la cárcel. “El plan A es la restitución porque es lo que nos ha encargado la gente” en las elecciones del 21 de diciembre. Unos comicios en los que Ciudadanos fue el partido más votado con 35 escaños aunque es el bloque nacionalista el que suma mayoría suficiente para gobernar con los 34 diputados de Junts per Catalunya, lista liderada por Puigdemont, los 32 de ERC y los cuatro de la CUP.

En este sentido, ha explicado que Junts per Catalunya está “hablando con Esquerra y con la CUP para ver cómo será el plan de gobierno para esta legislatura”. “La situación compleja durará muchos años y debemos de tener flexibilidad. Hemos hecho grandes progresos y debemos continuar haciéndolos”, ha añadido. JxCat y ERC alcanzaron a principios de semana un acuerdo para que el diputado republicano Roger Torrent presidiera el Parlament y Puigdemont sea de nuevo presidente de la Generalitat.

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El despliegue policial en Cataluña con motivo del referéndum costó 87 millones de euros

Foto: ELOY ALONSO
Reuters/Archivo

El coste aproximado del despliegue en Cataluña de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con motivo del referéndum de independencia del 1 de octubre declarado ilegal fue “de 87 millones de euros“, entre alojamiento, manutención y dietas, ha informado este jueves el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, durante su comparecencia ante la Comisión de Interior del Senado a petición de la oposición para informar sobre diferentes aspectos relacionados con el operativo policial el pasado octubre.

“Sí, es una cantidad muy importante de dinero que debemos pagar todos debido a la irresponsabilidad del entonces gobierno catalán“, ha declarado Zoido, justificando así el amplio despliegue en Cataluña con motivo de la consulta ilegal convocada por el gobierno de la Generalitat.

“La cifra no puede ser exacta porque los efectivos iban y venían pero el dispositivos en general fue de 4.500 personas, aunque durante tres días llegaron a ser 6.000 efectivos entre policías y guardias civiles durante tres días”. El ministro ha justificado también este despliegue porque su ministerio no encontró colaboración por parte de los Mossos d’Esquadra.

Desde la oposición se ha criticado al ministro por las cargas policiales del 1 de octubre, indicando que “los mossos intervinieron en más de 500 colegios electorales sin pegar un palo”, ha dicho el representante del grupo mixto, Jon Iñarritu. “Entonces, ¿cuáles el es motivo de esa violencia por parte de los policías? El Consejo de Europa y otras organizaciones internacionales pidieron a su gobierno que abriera una investigación que usted rechazó porque dice que actuaron con proporcionalidad”, ha añadido el senador.

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Las imágenes de las cargas policiales el 1 de octubre dieron la vuelta al mundo. | Foto: Susana Vera / Reuters

Zoido había asegurado previamente en su primera intervención que el cometido de las fuerzas policiales era “garantizar la seguridad de autoridades, de funcionarios, de instalaciones y edificios de la administración general del Estado y de la administración de Justicia, incluidas sedes de partidos que tenían una amenaza y servicios de protección a personas e instalaciones muy sensibles”.

En cuanto a las cargas policiales  del 1 de octubre,  Zoido ha subrayado que los policías y guardias civiles “estaban para defender la libertad y los derechos de un estado democrático que el gobierno catalán pretendía violentar y no voy a permitir que se les falte al respeto”. “Han ayudado a salvaguardar nuestra democracia y nuestro Estado de derecho ante quienes han llevado a Cataluña a una situación muy peligrosa“.

El ministro ha insistido en culpar de lo ocurrido al “govern independentista” que “estuvo advertido con antelación de las graves consecuencias que podría conllevar su conducta”. “Desde las instituciones del Estado advertimos de que no podían seguir vulnerando el Estado de derecho pero ignoraron las advertencias y siguieron adelante”.

Frente a esa actitud, “el comportamiento del Gobierno central ha sido coherente, proporcionada y de acuerdo a la ley“, ha asegurado el ministro. “Nuestro deber era y es cumplir con la defensa de los derechos de todos los ciudadanos y la democracia y es lo que vamos a seguir haciendo“. Zoido ha advertido a continuación que “siempre que están en grave riesgo los derechos, las libertades y el bienestar de todos los ciudadanos, no cabe otra opción que la firmeza y que todos los catalanes, piensen como piensen, tengan garantizados sus seguridad y sus derechos”.

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La Guardia Civil detiene a 19 personas por un presunto delito de pornografía infantil

Foto: Guardia Civil
Guardia Civil

Agentes de la Guardia Civil han detenido este miércoles a 19 personas en distintas zonas de España por un presunto delito de tenencia y distribución de pornografía infantil, en el marco de la ‘Operación Íntegra‘ y han procedido a registrar 20 domicilios en 14 localidades.

Los detenidos son un español de 46 años, vecino de Bilbao, un español de 40 años, vecino de Torres de Alameda (Madrid), un español de 40 años, de Sant Cugat del Vallés y un boliviano de 25 años, residente en Sant Sadurni D’Anoia, ambos en la provincia de Barcelona, un español menor de edad, de 16 años, vecino de Elche (Alicante), un español de 18 años residente en Guadix (Granada), un portugués de 51 años, vecino de Nava del Rey (Valladolid), un español de 37 años, vecino de Lorca y un ecuatoriano de 16 años, residente en San Javier, ambas localidades de Murcia, un español de 43 años y un brasileño de 22, ambos residentes en Málaga, un español de 41 años, vecino de Adra (Almería), un español de 45 años, de Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife), un español de 37 años, de A Pobra Do Caraminal (Coruña), un español de 43 años vecino de La Algaba y otro español de 35 de Sevilla, un español de 45 años de Las Palmas, un uruguayo de 35 de Arrecife, Lanzarote, y un español de 49 años, vecino de Nules (Castellón).

“Todos los detenidos ya han pasado a disposición judicial“, ha informado la Guardia Civil que ha explicado que se ha intervenidonumerosísimo material, como los propios teléfonos móviles de los detenidos, ordenadores de sobremesa, portátiles, otros teléfonos móviles, discos duros internos y externos, dispositivos USB, tarjetas de memoria y, en general, cualquier otro tipo de soporte de almacenamiento, susceptible de poder contener archivos relativos a la investigación, los cuales están siendo minuciosamente analizados”.

Los investigadores pusieron en marcha la operación tras tener conocimiento de la existencia de determinados grupos cerrados en una conocida red social que no ha sido identificada por el instituto armado que se intercambiaban enlaces en los que, tras clicar en ellos, “se accedía directamente a grupos de mensajería instantánea, que compartían abundantes archivos de pornografía infantil”.

A través del “método del agente virtual encubierto, por el que los agentes se han hecho pasar por un usuario más”, fue posible comprobar la existencia de estos grupos en los que había varios números de teléfono repartidos tanto por todo el territorio nacional, como por el extranjero. Los agentes descubrieron también que los grupos investigados cambiaban de nombre con frecuencia y “que en todos ellos se distribuía numerosos archivos gráficos y de vídeo, tanto de contenido pedófilo como de zoofilia adulta e infantil“.

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