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Assange publica su interrogatorio en el que se declara inocente

Foto: Peter Nicholls

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha hecho público este miércoles el contenido del interrogatorio del mes pasado realizado desde Londres por representantes de la fiscalía sueca en relación con una investigación de la justicia de este país nórdico por una presunta violación, de la que se declara inocente. Assange mantiene que fue sexo consentido.

“Ustedes me han sometido a un tratamiento cruel, inhumano y degradante. Me han negado una representación legal efectiva en este proceso”, dijo Assange durante su intervención.

Assange lleva recluido en la embajada de Ecuador en Londres desde 2012, donde pidió asilo, para evitar ser extraditado a Suecia por una investigación vinculada con una acusación de violación en el año 2010, algo que él siempre ha negado. Fue interrogado durante dos días en la misma legación ecuatoriana el pasado noviembre.

La acusación sueca tomará una decisión sobre si continúa o no con la investigación en próximas fechas. Assange, de nacionalidad australiana, cree que si es trasladado a Suecia, las autoridades suecas le extraditarán a Estados Unidos donde hay abierta una investigación criminal sobre las actividades de Wikileaks.

Condenada a tres años de cárcel "la Rasputina" de Corea del Sur

Foto: Park Ji-hye/News1
via REUTERS

Un tribunal ha condenado a tres años de cárcel a Choi Soon-sil, conocida como la “Rasputina” y centro del escándalo de corrupción que sacudió Corea del Sur y condujo a la destitución de la expresidenta Park Geun-Hye, por exigir favores académicos para su hija. Esta condena supone el primer fallo relacionado con los muchos cargos que se le imputan.

Un tribunal del Distrito Central de Seúl consideró a Choi, de 61 años, culpable de “obstrucción del deber” al exigir a responsables de la universidad femenina de Ewha que diera un trato de favor a su hija haciendo uso de su amistad con el expresidente de la entidad académica, Choi Kyung-hee, condenado a dos años por hacer lo propio.

En concreto, la corte considera que Choi presionó a la universidad para que admitiera en 2015 bajo una suerte de beca deportiva a su hija, que es jinete profesional, y exigió al profesorado que calificara positivamente trabajos académicos que la joven nunca presentó o exámenes que nunca realizó.

La fiscalía había pedido originalmente siete años de cárcel para Choi, amiga íntima de la expresidenta surcoreana, Park Geun-hye, implicada en la trama y encarcelada también tras su destitución el pasado marzo.

Park y Choi, que no ostentaba cargo público pero que supuestamente tuvo acceso a documentación oficial e hizo uso provechoso de su amistad con la expresidenta, están acusadas de, entre otras cosas, extorsionar 50 millones de dólares ( 44,8 millones de euros) a empresas a cambio de que éstas recibieran trato de favor del Gobierno. Choi podría recibir una condena de varias décadas si es hallada culpable de los cargos de extorsión y abuso de poder.

El Tribunal Constitucional ratificó el cese de Park el pasado 10 de marzo, en lo que supuso la primera destitución de un jefe de Estado del país asiático y el primer adelanto electoral en Corea del Sur desde que el país recuperó la democracia en 1987.

La exmandataria, hija del dictador Park Chung-hee (que gobernó entre 1961 y 1979), también está siendo juzgada actualmente y sobre ella pesan 18 cargos entre los que destacan soborno, abuso de poder, coacción o filtración de documentos oficiales, lo que le puede suponer un mínimo de 10 años de cárcel y hasta la cadena perpetua.

Un griego lleva 14 años intentando demostrar que está vivo

Foto: Daniel Ochoa de Olza
AP Photo, File

Se llama Yannis Diamantís y desde hace 14 años trata de demostrar a la administración griega que está vivo. Después de tanto tiempo sin resultados, ha decidido dar a conocer a los medios de comunicación su sorprendente situación a través de una cadena de televisión.

Toda esta rocambolesca historia comenzó en 2003, cuando Diamantis se disponía a votar en las elecciones legislativas y se encontró con una desagradable sorpresa. El funcionario del Registro Civil de Egáleo, en el noroeste de Atenas, le comunicó que no aparecía en el censo como elector porque constaba como fallecido en el registro de decesos.

¿Cómo era posible? Sencillamente, por un error de la persona que inscribió a Yannis Diamantís como fallecido en lugar de a otro hombre que había muerto poco antes en el hospital del Pireo con el mismo nombre y apellidos. Por si fuera poco, sus padres se llamaban igual que los de el Yannis que quería ejercer su derecho al voto. La única diferencia entre ambos era la fecha de nacimiento, pero el funcionario no se dio cuenta cuando dio de baja a Diamantís en el registro civil de personas vivas.

Para resolver el error, el hombre acudió al registro central de Atenas, donde le dijeron que debía recurrir a la la Justicia. Convencido de que todo se solucionaría ante los tribunales, su sorpresa fue mayúscula cuando los jueces le explicaron que era la familia del fallecido no inscrito como tal la que debía recurrir a la Justicia para que ésta pudiera actuar en consecuencia, y no él.

Diamantís y su mujer han contado a la cadena privada ANT1 que, en un momento dado, los funcionarios llegaron a preguntarle a ella si estaba segura de que su marido era quien decía ser.

A los miles de euros gastados en abogados y años luchando infructuosamente para que la administración griega reconozca que está vivo, se suma incluso una amenaza de multa que Yannis deberá pagar cuando oficialmente le devuelvan a la vida. Y es que en 2015 falleció su padre y como no pudo aceptar la herencia, deberá abonar al Estado una cantidad por los retrasos acumulados.

Lo más sorprendente de todo es que Hacienda sí le considera vivo y Yannis paga sus impuestos como cualquier otro ciudadano griego. El matrimonio se lamenta de que el hijo de ambos no tiene seguro médico, que la familia no puede recibir ningún tipo de ayuda o, incluso, que la mujer podría no cobrar una pensión de viudedad en caso de que él muera, esta vez de verdad.

Ahora, tras hacer se pública su situación, un abogado ha contactado con Yannis y se ha ofrecido a representarle de forma gratuita para hacer las gestiones necesarias que pongan fin al limbo en el que se encuentra el hombre desde hace 14 años, informa Efe.

Activistas y periodistas en México acusan al gobierno de espionaje

Activistas, periodistas y abogados de derechos humanos en México han presentado una denuncia penal este lunes por los intentos del Gobierno mexicano por espiarlos. La denuncia se produce tras conocerse un informe de Citizen Lab en el que se asegura que sus teléfonos inteligentes habían sido infectados con el software de espionaje vendido al gobierno para combatir a los criminales y los terroristas.

Son nueve las personas que han presentado la queja a la oficina del fiscal general tras conocerse el informe, adelantado por The New York Times y Buzz Feed News, que establece que algunos de ellos habían sido espiados con el software conocido como Pegasus, que la compañía israelí NSO Group vendió al gobierno de México. Pegasus se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia.

La infección con Pegasus no tiene vuelta atrás. “Es prácticamente imposible deshacerse de él”, dijo este lunes John-Scott Railton, investigador de Citizen Lab, un laboratorio de la Universidad de Toronto que investiga temas de tecnologías de la comunicación y seguridad digital.

Entre los denunciantes se encuentran Carmen Aristegui, periodista que en 2014 ayudó a revelar que la esposa del presidente Enrique Peña Nieto había adquirido una casa de un importante contratista del gobierno, así como Carlos Loret de Mola, periodista de la cadena de televisión Televisa.

“El espionaje abre la puerta para que lleguen más lejos: la intimidación, el acoso, la censura, los despidos, las golpizas, los asesinatos… Es claro que quieren que sepan que nos están espiando, que somos vulnerables, que ellos saben de nuestros hijos, nuestras vidas privadas y laborales”, ha dicho Loret de Mola en un mensaje transmitido en una conferencia de prensa este lunes en Ciudad de México.

Otros incluidos en la queja eran activistas contra la corrupción y los abogados que representan a las familias de 43 profesores en formación cuya desaparición y aparente matanza en 2014 creó un enorme dolor de cabeza de relaciones públicas de Pena Nieto.

El gobierno de México niega las acusaciones

Por su parte, el Gobierno de México ha negado las acusaciones. “No hay prueba alguna de que las agencias del Gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje”, ha dicho Daniel Millán, responsable de medios internacionales de la presidencia. “Condenamos cualquier intento de de vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona”, se puede leer en el comunicado que el funcionario ha enviado a The New York Times.

No obstante, según los investigadores de Citizen Lab, cada intento de espionaje tiene un costo que ronda los 77.000 dólares. El alto costo de este programa es uno de los indicadores que apuntan al Gobierno mexicano. Otro es que NSO Group solo vende a Gobiernos.

Absueltos los 30 acusados del caso Guateque tras anularse todas las pruebas

Foto: Paco Campos
EFE

La Audiencia de Madrid ha absuelto a los 30 procesados del caso Guateque, considerada como la mayor trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, tras dar por nulas todas las pruebas practicadas durante la instrucción ya que la grabación que dio origen a la investigación se hizo sin autorización del juez. En la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, los magistrados de la Sección Segunda explican que el origen del procedimiento judicial se fundamentó en una “supuesta grabación espontánea” hecha el 6 de marzo de 2007 por un ciudadano por su cuenta y por sus propios medios, sin haberse puesto en conocimiento del juzgado. Además, estos magistrados cargan duramente contra la actuación de “mala fe” de la Guardia Civil. La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación.

La Fiscalía pedía entre seis meses y 31 años de prisión para los treinta acusados por delitos de cohecho, prevaricación ambiental, negociación prohibida a funcionarios, tráfico de influencias, infidelidad en la custodia de documentos, falsedad en documento oficial, contra patrimonio histórico y prevaricación urbanística. La trama, que operó durante el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón, estuvo dedicada a la concesión de licencias municipales a locales de ocio a cambio de sobornos. La lista de procesados la forman empresarios y 19 funcionarios de rango medio del consistorio, destinados en Juntas de Distrito, en la Gerencia de Urbanismo o en Medio Ambiente. No hay ningún político encausado.

Los magistrados los absuelven al considerar que ha quedado demostrado que, en contra de la versión sostenida en el atestado de la Guardia Civil, fueron miembros de la Unidad Orgánica de la Comandancia del Cuerpo de Madrid (Tres Cantos) quienes entregaron al denunciante una grabadora de pequeñas dimensiones y una cinta magnetofónica, y no fue el denunciante por iniciativa propia. Lo hicieron para que grabara una conversación en el despacho profesional de la persona que realizaba los proyectos técnicos en sus negocios de hostelería, con quien mantenía una antigua relación de confianza. Ni la grabadora ni la cinta con la conversación fueron entregadas en el juzgado de instrucción.

“Es inexplicable que no se haya aportado la cinta original al juzgado, ni que este haya requerido su entrega o, al menos, realizara alguna indagación al respecto”, afirma la sentencia. Y añade: “Resulta igualmente paradójico el silencio que sobre este extremo guardaron las acusaciones durante la instrucción, mutismo que se ha extendido al acto del juicio oral, en el que no ha prestado declaración ninguna persona que hubiera escuchado la grabación original”.

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