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Chelsea Manning, la ex soldado que filtró documentos a Wikileaks, sale de prisión

Foto: JAMES LAWLER DUGGAN
Reuters/File

La ex soldado Chelsea Manning, quien en 2010 filtró un número récord de documentos secretos a WikiLeaks mientras era analista de inteligencia militar, ha sido liberada este martes de la prisión militar de Fort Leavenworth,  en Kansas, según ha declarado un portavoz de la Armada estadounidense a la cadena británica BBC. Su liberación se ha podido llevar a cabo gracias a que en enero pasado, el entonces presidente Barack Obama conmutó la sentencia de Manning, antes de terminar su mandato.

“Después de otros tensos cuatro meses de espera, el día finalmente ha llegado. ¡Estoy mirando hacia adelante!”, ha declarado Manning a través de un comunicado difundido por su equipo legal. “Lo que sea que venga a partir de ahora, es más importante para mí que el pasado. Estoy asumiendo las cosas ahora, lo cual es emocionante, complicado, divertido y nuevo para mí”.

Manning, de 29 años de edad, fue sentenciada a 35 años de prisión tras ser condenada en 2013 por robar 750.000 páginas de documentos y vídeos antes de entregarlos a WikiLeaks, una de las filtraciones más grandes y comprometedoras de información clasificada en Estados Unidos.

En total, la ex soldado, quien ha comenzado un proceso de cambio de sexo durante su estancia en la cárcel, habrá pasado casi cuatro años en la prisión militar de Fort Leavenworth (Kansas), en un régimen que, según miembros de su red de apoyo, le habría acabado llevando al suicidio, algo que intentó en dos ocasiones. Manning también se declaró en huelga de hambre el año pasado, que terminó después de que el ejército aceptara que se le facilitara el tratamiento transición de género.

Manning fue declarada culpable de 20 cargos, incluyendo el espionaje, pero fue absuelta del cargo más grave, el de ayudar al enemigo. De entre todos los archivos que filtro Manning, uno de los que destaca es la secuencia de video de un helicóptero Apache matando a 12 civiles en Bagdad en 2007, así como muchos mensajes sensibles mantenidos entre los diplomáticos estadounidenses.

Está previsto que regrese a Maryland, el Estado en el que había vivido previamente, cumpliendo el deseo que ella misma expresó en enero a través de su cuenta de Twitter.

La Fiscalía acepta cambiar por una multa la condena a 21 meses de cárcel a Messi

Foto: Manu Fernandez
AP Photo, File

La Fiscalía ha aceptado sustituir por una multa de 504.000 euros la condena a 21 meses de cárcel que la Audiencia de Barcelona impuso al futbolista Lionel Messi por defraudar 4,1 millones de euros. Acepta así que se le suspenda la entrada en prisión, por carecer de antecedentes penales.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, la Fiscalía se ha mostrado favorable a la suspensión de la pena de prisión de Messi y su padre, en un escrito que presentó ayer ante la sección octava de la Audiencia de Barcelona, que los condenó a 21 meses de cárcel por un fraude de 4,1 millones en los ejercicios de 2007, 2008 y 2009. Posteriormente, el Tribunal Supremo rebajó la pena a 15 meses de cárcel a Jorge Horacio Messi, el padre del jugador.

Después de que el Tribunal Supremo (TS) confirmara el pasado mes de mayo la condena por fraude fiscal al futbolista, la Audiencia de Barcelona debe ahora ejecutar la sentencia y decidir si sustituye la pena de prisión por una multa o, alternativamente, si se le suspende la entrada en la cárcel teniendo en cuenta que Messi carece de antecedentes penales y no ha sido condenado a más de dos años.

La defensa de Messi y su padre ha solicitado a la Audiencia que le sustituya la pena de cárcel por una multa o, subsidiariamente, que se le suspenda la entrada en prisión, siempre que el futbolista no vuelva a delinquir durante el tiempo de condena, han informado fuentes jurídicas.

En su escrito dirigido a la Audiencia, el fiscal apoya como primera opción que la pena de cárcel de Messi y su padre sea sustituida por multa, siempre que la cuota diaria sea la máxima, 400 diarios, aunque no por los meses de cárcel sino por el doble de cuotas, tal y como indica la normativa. De esta forma los 21 meses de prisión en el caso de Messi se transforman en 42 cuotas, y podría pagar 504.000 euros y los 15 de su padre en 30, unos 360.000 euros.

Alternativamente, en el caso de que la sala rechace la sustitución de los meses de cárcel por una multa, la Fiscalía ha manifestado que no se opone a que se les suspenda la entrada en prisión, por un período de tres años en que no podrían volver a ser condenados a riesgo de entrar en la cárcel para cumplir ambas penas.

El ministerio público acepta suspender la pena del futbolista y su padre, teniendo en cuenta que son “delincuentes primarios”, que carecen de antecedentes penales, y que ambos aceptaron devolver a Hacienda los 4,1 millones de euros defraudados, por lo que no quedan cantidades pendientes de pago en concepto de responsabilidad civil.

Además de la pena a prisión, la condena del Supremo incluye multas de 2 millones de euros al futbolista y de 1.395.000 euros a su padre, unos 100.000 euros menos que la que la Audiencia de Barcelona había impuesto en su sentencia al padre de Messi.

Condenada a tres años de cárcel "la Rasputina" de Corea del Sur

Foto: Park Ji-hye/News1
via REUTERS

Un tribunal ha condenado a tres años de cárcel a Choi Soon-sil, conocida como la “Rasputina” y centro del escándalo de corrupción que sacudió Corea del Sur y condujo a la destitución de la expresidenta Park Geun-Hye, por exigir favores académicos para su hija. Esta condena supone el primer fallo relacionado con los muchos cargos que se le imputan.

Un tribunal del Distrito Central de Seúl consideró a Choi, de 61 años, culpable de “obstrucción del deber” al exigir a responsables de la universidad femenina de Ewha que diera un trato de favor a su hija haciendo uso de su amistad con el expresidente de la entidad académica, Choi Kyung-hee, condenado a dos años por hacer lo propio.

En concreto, la corte considera que Choi presionó a la universidad para que admitiera en 2015 bajo una suerte de beca deportiva a su hija, que es jinete profesional, y exigió al profesorado que calificara positivamente trabajos académicos que la joven nunca presentó o exámenes que nunca realizó.

La fiscalía había pedido originalmente siete años de cárcel para Choi, amiga íntima de la expresidenta surcoreana, Park Geun-hye, implicada en la trama y encarcelada también tras su destitución el pasado marzo.

Park y Choi, que no ostentaba cargo público pero que supuestamente tuvo acceso a documentación oficial e hizo uso provechoso de su amistad con la expresidenta, están acusadas de, entre otras cosas, extorsionar 50 millones de dólares ( 44,8 millones de euros) a empresas a cambio de que éstas recibieran trato de favor del Gobierno. Choi podría recibir una condena de varias décadas si es hallada culpable de los cargos de extorsión y abuso de poder.

El Tribunal Constitucional ratificó el cese de Park el pasado 10 de marzo, en lo que supuso la primera destitución de un jefe de Estado del país asiático y el primer adelanto electoral en Corea del Sur desde que el país recuperó la democracia en 1987.

La exmandataria, hija del dictador Park Chung-hee (que gobernó entre 1961 y 1979), también está siendo juzgada actualmente y sobre ella pesan 18 cargos entre los que destacan soborno, abuso de poder, coacción o filtración de documentos oficiales, lo que le puede suponer un mínimo de 10 años de cárcel y hasta la cadena perpetua.

Un griego lleva 14 años intentando demostrar que está vivo

Foto: Daniel Ochoa de Olza
AP Photo, File

Se llama Yannis Diamantís y desde hace 14 años trata de demostrar a la administración griega que está vivo. Después de tanto tiempo sin resultados, ha decidido dar a conocer a los medios de comunicación su sorprendente situación a través de una cadena de televisión.

Toda esta rocambolesca historia comenzó en 2003, cuando Diamantis se disponía a votar en las elecciones legislativas y se encontró con una desagradable sorpresa. El funcionario del Registro Civil de Egáleo, en el noroeste de Atenas, le comunicó que no aparecía en el censo como elector porque constaba como fallecido en el registro de decesos.

¿Cómo era posible? Sencillamente, por un error de la persona que inscribió a Yannis Diamantís como fallecido en lugar de a otro hombre que había muerto poco antes en el hospital del Pireo con el mismo nombre y apellidos. Por si fuera poco, sus padres se llamaban igual que los de el Yannis que quería ejercer su derecho al voto. La única diferencia entre ambos era la fecha de nacimiento, pero el funcionario no se dio cuenta cuando dio de baja a Diamantís en el registro civil de personas vivas.

Para resolver el error, el hombre acudió al registro central de Atenas, donde le dijeron que debía recurrir a la la Justicia. Convencido de que todo se solucionaría ante los tribunales, su sorpresa fue mayúscula cuando los jueces le explicaron que era la familia del fallecido no inscrito como tal la que debía recurrir a la Justicia para que ésta pudiera actuar en consecuencia, y no él.

Diamantís y su mujer han contado a la cadena privada ANT1 que, en un momento dado, los funcionarios llegaron a preguntarle a ella si estaba segura de que su marido era quien decía ser.

A los miles de euros gastados en abogados y años luchando infructuosamente para que la administración griega reconozca que está vivo, se suma incluso una amenaza de multa que Yannis deberá pagar cuando oficialmente le devuelvan a la vida. Y es que en 2015 falleció su padre y como no pudo aceptar la herencia, deberá abonar al Estado una cantidad por los retrasos acumulados.

Lo más sorprendente de todo es que Hacienda sí le considera vivo y Yannis paga sus impuestos como cualquier otro ciudadano griego. El matrimonio se lamenta de que el hijo de ambos no tiene seguro médico, que la familia no puede recibir ningún tipo de ayuda o, incluso, que la mujer podría no cobrar una pensión de viudedad en caso de que él muera, esta vez de verdad.

Ahora, tras hacer se pública su situación, un abogado ha contactado con Yannis y se ha ofrecido a representarle de forma gratuita para hacer las gestiones necesarias que pongan fin al limbo en el que se encuentra el hombre desde hace 14 años, informa Efe.

Activistas y periodistas en México acusan al gobierno de espionaje

Activistas, periodistas y abogados de derechos humanos en México han presentado una denuncia penal este lunes por los intentos del Gobierno mexicano por espiarlos. La denuncia se produce tras conocerse un informe de Citizen Lab en el que se asegura que sus teléfonos inteligentes habían sido infectados con el software de espionaje vendido al gobierno para combatir a los criminales y los terroristas.

Son nueve las personas que han presentado la queja a la oficina del fiscal general tras conocerse el informe, adelantado por The New York Times y Buzz Feed News, que establece que algunos de ellos habían sido espiados con el software conocido como Pegasus, que la compañía israelí NSO Group vendió al gobierno de México. Pegasus se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia.

La infección con Pegasus no tiene vuelta atrás. “Es prácticamente imposible deshacerse de él”, dijo este lunes John-Scott Railton, investigador de Citizen Lab, un laboratorio de la Universidad de Toronto que investiga temas de tecnologías de la comunicación y seguridad digital.

Entre los denunciantes se encuentran Carmen Aristegui, periodista que en 2014 ayudó a revelar que la esposa del presidente Enrique Peña Nieto había adquirido una casa de un importante contratista del gobierno, así como Carlos Loret de Mola, periodista de la cadena de televisión Televisa.

“El espionaje abre la puerta para que lleguen más lejos: la intimidación, el acoso, la censura, los despidos, las golpizas, los asesinatos… Es claro que quieren que sepan que nos están espiando, que somos vulnerables, que ellos saben de nuestros hijos, nuestras vidas privadas y laborales”, ha dicho Loret de Mola en un mensaje transmitido en una conferencia de prensa este lunes en Ciudad de México.

Otros incluidos en la queja eran activistas contra la corrupción y los abogados que representan a las familias de 43 profesores en formación cuya desaparición y aparente matanza en 2014 creó un enorme dolor de cabeza de relaciones públicas de Pena Nieto.

El gobierno de México niega las acusaciones

Por su parte, el Gobierno de México ha negado las acusaciones. “No hay prueba alguna de que las agencias del Gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje”, ha dicho Daniel Millán, responsable de medios internacionales de la presidencia. “Condenamos cualquier intento de de vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona”, se puede leer en el comunicado que el funcionario ha enviado a The New York Times.

No obstante, según los investigadores de Citizen Lab, cada intento de espionaje tiene un costo que ronda los 77.000 dólares. El alto costo de este programa es uno de los indicadores que apuntan al Gobierno mexicano. Otro es que NSO Group solo vende a Gobiernos.

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