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Detenido el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por su gestión del Canal Isabel II

Foto: Ballesteros
EFE/Archivo

Agentes del grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido este miércoles al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, junto a otras once personas en una operación contra una presunta trama de corrupción para el desvío de fondos en el Canal de Isabel II.

La operación está dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y en ella participa la Fiscalía Anticorrupción. Ignacio González está acusado de compras de empresas fraudulentas en el extranjero, malversación, blanqueo de capitales y financiación irregular. Durante las próximas horas está previsto llevar a cabo 30 registros y no se descartan más detenciones, según medios.

Es el Juzgado número 6 quien dirige la operación que está llevando a cabo la UCO y que por ahora se salda con 12 detenidos por delitos por delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios. La investigación judicial se centra en personas vinculadas a la Administración Autonómica madrileña anterior y se investigan operaciones llevadas a cabo para desviar dinero de los fondos públicos en beneficio propio.

Estas diligencias se iniciaron a raíz de una querella que presentó la fiscalía Anticorrupción en julio de 2016, y desde entonces se ha llevado a cabo una investigación realizada por la UCO. Para este miércoles están citadas 5 personas, entre ellas la presidenta de la Comunidad de Madrud, Cristina Cifuentes, según fuentes judiciales e informaciones recogidas por los medios.

El director del periódico La Razón, Francisco Marhuenda, y el presidente del mismo medio, Mauricio Casals, están siendo investigados por la Audiencia Nacional en el marco de la Operación Lezo, según han informado algunos medios españoles. El juez Eloy Velasco ha citado a Marhuenda y Casals por haber presionado a Cristina Cifuentes con la amenaza de publicar noticias falsas de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid y su entorno.

https://twitter.com/cifupresidenta/status/854630319852597249

Por su parte, el Comité Nacional de Derechos y Garantías del Partido Popular ha acordado este miércoles la suspensión provisional de afiliación de Ignacio González, y ha asegurado a través de un comunicado oficial que “el Partido Popular reitera su rechazo a cualquier tipo de corrupción, venga de donde venga, y tomará las medidas necesarias para atajar cualquier actuación que infrinja la ley” y que “recuerda su respeto a la presunción de inocencia, pero procede a la suspensión provisional de afiliación conforme a los Estatutos del partido”.

https://twitter.com/PPopular/status/854632458893111296

Desde la oposición, las reacciones no se han hecho esperar con mensajes en Twitter denunciando la “corrupción” en el Partido Popular, del que Podemos dice que es el partido “más corrupto de la historia” de España. El secretario general, Pablo Iglesias no ha tardado en subir un tuit denunciando la trama de corrupción de los populares en Madrid.

“Han saqueado Madrid durante décadas, pero no han podido ocultar las pruebas. Hoy es Ignacio González pero el cerco cada vez se estrecha más”, ha escrito por su parte el diputado de la formación morada, Íñigo Errejón.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, se ha hecho eco de la información calificando de “intolerable” que el PP, en vez de colaborar con la Justicia se dedique a criticarla “cada vez que investiga su corrupción”.

Por su parte, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha pedido este miércoles explicaciones a la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, tras conocer la operación contra la corrupción en el Canal de Isabel II.

El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado que “el PP ha estado gestionando la Comunidad de Madrid como una organización criminal organizada” y que el partido va a seguir trabajando para que “el PP no vuelva a ganar las elecciones en la Comunidad”, algo que también ha defendido el diputado por Ciudadanos de la Asamblea de Madrid César Zafra. Así mismo, el portavoz ha añadido que “el Canal de Isabel II está tan corrompido que lo único transparente es el agua” y que “el PP de Madrid se ha aprovechado de los madrileños en beneficio propio e Ignacio González lo constata”.

https://twitter.com/Cs_Madrid/status/854636549719195648

Detenido Pablo González, directivo de Mercasa

La Guardia Civil también ha registrado esta mañana en Madrid la sede de la empresa pública Mercasa, donde ha detenido al directivo de la misma, Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Esta compañía gestiona los mercados de abastecimiento de las ciudades españolas, como Mercabarna o Mercamadrid, y a través de la empresa asociada semi pública Mercasa Incatema, ha llevado a cabo operaciones en países como Angola. El intermediario que trabajaba en este país africano para estas empresas era Guilherme Taveira Pinto el fugitivo buscado desde hace dos años por la Audiencia Nacional por otro caso de corrupción relacionado con la empresa pública Defex.

Agentes de la UCO han detenido a Pablo Gonzales durante en la mañana del miércoles y está siendo investigado por esta nueva causa de corrupción que afecta al Partido Popular.

Ramificaciones en América Latina

La presunta corrupción en la empresa pública de aguas de Madrid, el Canal de Isabel II, que ha motivado la detención de doce personas, tiene ramificaciones en América Latina, según fuentes de la investigación. Entre los detenidos por la Guardia Civil se encuentra Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado el hombre de confianza de González en Latinoamérica.

Rodríguez Sobrino fue destituido hace un año como presidente ejecutivo de Inassa, filial colombiana de Canal Extensia, que gestiona contratos de agua en Latinoamérica. El detenido apareció vinculado a varias sociedades creadas en Panamá, por lo que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, lo relevó del cargo.

El Canal de Isabel II procedió, en julio de 2016, a cerrar diez empresas que el organismo tenía en Latinoamérica porque tenían poca actividad o porque la misma no era “razonable y compatible” con la gestión del agua, según explicó el entonces responsable de la empresa pública, Ángel Garrido, quien sigue en el cargo. Entre las empresas con orden de cierre, Garrido destacó la radicada en Brasil: Emissao Engenharia e Construçoes, una compañía cuya compra supuestamente fraudulenta ya se estaba analizando por parte del Canal.

El Canal de Isabel II tenía una veintena de empresas filiales en Colombia, Ecuador, Panamá, República Dominicana y Brasil que lograron en 2015 casi 20 millones de dólares en beneficios, un 93 por ciento más respecto al año anterior, según afirmó Garrido hace unos meses.

Rajoy ante la Justicia

La detención de González, que además de presidente de la Comunidad de Madrid fue durante muchos años mano derecha de su antecesora en el caro, la dirigente popular y actual concejala en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, se produce un día después de que la Audiencia Nacional anunciar su decisión de llamar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a declarar como testigo en la causa penal que investiga la trama de corrupción del caso Gürtel.

En un comunicado, el PP expresó su contrariedad a la decisión de dos de los tres jueces de la Audiencia encargados de la investigación del caso, indicando que “el Partido Popular respeta, pero no puede compartir la decisión adoptada por la mayoría del Tribunal”. Los populares consideran que la decisión “contradice claramente su propia doctrina, de febrero y octubre de 2016, en la que el mismo Tribunal rechazó el testimonio Mariano Rajoy con el argumento de que no era “ni pertinente, ni útil” para la causa”.

Continua leyendo: Cierran por contaminación el canal parisino habilitado para bañarse

Cierran por contaminación el canal parisino habilitado para bañarse

Foto: MARTIN BUREAU
AFP

Una zona de un canal ubicado en el norte de París, habilitada al público para bañarse desde hace poco más de una semana, ha tenido que ser clausurada este lunes a causa de problemas de contaminación.

La alcaldía de París ha tuiteado que las tres piscinas flotantes habilitadas en el Canal de l’Ourcq han sido cerradas porque la calidad del agua es “insatisfactoria”.

Las autoridades han aclarado que el sitio permanecerá clausurado hasta que la situación vuelva a la normalidad. Esta es una mala noticia para muchos parisinos y visitantes de la capital francesa que han combatido allí las altas temperaturas en los últimos días.

La causa de la contaminación no está clara. La radio oficial ha informado de que las fuertes lluvias registradas durante el fin de semana pasado han hecho aumentar los niveles de enterococos, bacteria presente sobre todo en las materias fecales.

Esta piscinas, que pueden acoger hasta 300 bañistas de manera simultánea, son la culminación de un esfuerzo de una década por parte de la ciudad de París para purificar el agua del canal, con el objetivo de que quienes no pueden permitirse pasar unas vacaciones en la playa puedan al menos refrescarse con un baño.

La semana pasada, las temperaturas en París superaron los 30ºC, por lo que las piscinas del canal se convirtieron en un éxito rotundo al ser utilizadas desde el primer día por centenares de bañistas que hicieron largas colas para darse un chapuzón.

Al inaugurar estas instalaciones, la alcaldesa parisina, Anne Hidalgo, destacó “un sueño hecho realidad”. Para la mayoría de los parisinos, es un gran logro poder bañarse en uno de los canales del Sena. Esta actividad está ligada también a la candidatura de París para organizar los Juegos Olímpicos de verano 2024, uno de los grandes objetivos de Hidalgo.

Continua leyendo: La Guardia Civil registra el Parlamento catalán y la Generalitat por el 'caso del 3%'

La Guardia Civil registra el Parlamento catalán y la Generalitat por el 'caso del 3%'

La Guardia Civil ha entrado este jueves en el Parlamento de Cataluña y han intentado entrar en el Palau de la Generalitat para recabar información relacionadas con el denominado ‘caso del 3%’ sobre presuntas comisiones ilegales cobradas por Convergencia Democrática de Cataluña (CDC).

El ‘caso del 3%’ se refiere a las supuestas comisiones que el CDC, partido dirigido por Jordi Pujol que gobernó en Cataluña desde 1980 – salvo el período 2003-2010 -habría percibido de forma ilegal a cambio de contratos públicos.

Agentes sin uniforme acudieron a la sede del Ejecutivo catalán y del Parlamento para solicitar documentos y datos centrados en la figura del exresponsable de Justicia, Germà Gordó, por su presunto papel en la financiación ilegal de Convergencia, informa Efe.

CDC es ahora PDCat, una formación independentista presidida por el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, que gobierna en Cataluña en coalición con ERC, después de que ambas formaciones se presentaran a las elecciones del 27 de septiembre en la lista de Junts pel Sí, y cuyo presidente es Carles Puigdemont.

El caso del 3 por ciento se investiga desde hace años y tiene diversas ramificaciones. Según han informado a Efe fuentes cercanas a la investigación, los agentes han acudido también por la mañana al Departamento de Justicia de Cataluña y al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), con requerimientos judiciales para reclamar información relacionada con la causa judicial abierta que afecta a Gordó.

La Guardia Civil registra el Parlamento catalán y la Generalitat por el 'caso del 3%'
Imagen del hemiciclo. Foto: Parlament Catalán

El exconseller de Justicia está citado a declarar el próximo lunes ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Carlos Ramos, por su presunto papel de intermediación en el pago de comisiones de empresarios a la extinta CDC a cambio de adjudicaciones.

Este Tribunal abrió una investigación a Gordó por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación, después de que otro juez, que mantiene como investigados a cargos de CDC no aforados, apreciara indicios de su participación en la trama de presunto pago de comisiones.

Continua leyendo: Detenido Ángel María Villar en una operación anticorrupción en la Federación de Fútbol

Detenido Ángel María Villar en una operación anticorrupción en la Federación de Fútbol

Foto: Henry Romero
Reuters

La Guardia Civil ha detenido este martes, entre otras personas, al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, en el marco de una operación anticorrupción de la Audiencia Nacional, han informado la Guardia Civil a través de un comunicado. El Consejo Superior de Deportes ha expresado su total colaboración con la Justicia.

La Guardia Civil  ha detenido también al hijo de Villar, Gorka, así como al vicepresidente económico de la federación, Juan Padrón. Los investigadores no descartan más arrestos en la ‘operación Soule’.

El juez Santiago Pedraz, que dirige la operación junto a las fiscales anticorrupción Inmaculada Violán y Esther González, ha ordenado registros y requerimientos de información en la federación y en varios despachos profesionales, así como en la Federación Tinerfeña de Fútbol, de la que también es presidente Juan Padrón.

Los investigadores acusan a los detenidos de administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares y falsedad documental. Todo estos delitos están relacionados con la organización de partidos internacionales.

Se sospecha que los investigados han impulsado la celebración de partidos entre la selección española y otras selecciones para obtener ciertas prestaciones económicas en beneficio de Gorka Villar, hijo del presidente de la RFEF y abogado especializado en derecho deportivo. Además, “se ha podido determinar cómo el vicepresidente económico de la RFEF se habría excedido presuntamente en sus facultades de administración del patrimonio de la Federación, causando perjuicio a la misma”, explica la Guardia Civil. Se le acusa también de favorecer la contratación de sociedades de las que habría obtenido un beneficio económico propio y de haber participado, junto con el secretario general de la Federación Tinerfeña de Fútbol, en una operación continuada de apropiación de fondos de dicha federación.

La investigación comenzó en 2016 tras una denuncia del Consejo Superior de Deportes y es independiente de otro procedimiento llevado a cabo por el Juzgado de Majadahonda, en Madrid, por un posible trato de favor a los clubes Recreativo de Huelva y Marino, que quedó archivado con posterioridad.

Ángel María Villar, exfutbolista, es el presidente de la RFEF desde el año 1988. Fue renovado de nuevo en el cargo en mayo de este año, para un mandato de cuatro años. Si agota este último periodo como presidente, Villar habrá ocupado el cargo durante 32 años.

El Consejo Superior de Deportes ha emitido un breve comunicado en el que expresa su colaboración con la Justicia y subraya que “ningún ámbito de este país está al margen de la legalidad, ni se escapa del control de la justicia; el deporte y el fútbol tampoco”. En el ámbito estrictamente deportivo, el texto añade que “desde el CSD utilizaremos todos los resortes a nuestro alcance para que la competición no se vea afectada“.

Continua leyendo: Desmantelada una red especializada en la regularización de inmigrantes

Desmantelada una red especializada en la regularización de inmigrantes

Foto: SUSANA VERA
Reuters/File

La Guardia Civil, en el marco de la operación FLEK, ha desmantelado en Almería una red criminal especializada en la regularización de las situaciones administrativas de residencia y/o trabajo de inmigrantes no comunitarios. Centraba su actividad delictiva en la constitución de parejas de hecho fraudulentas, así como en la realización de empadronamientos también fraudulentos en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería), ha informado el Instituto Armado.

En la operación se ha detenido a un total de 28 personas y se ha investigado a otras 11, a los que se les imputa los delitos continuados de falsedad y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, con el trasfondo de favorecer la regulación de inmigrantes no comunitarios por arraigo familiar.

Entre los detenidos se encuentran los 8 integrantes de la organización que tenían funciones claramente definidas, desde la captación de inmigrantes y de mujeres, aportación de domicilios vacíos para los empadronamientos, altas fraudulentas en la Seguridad Social, asesoramiento a las parejas, hasta la constitución de la organización y liderazgo de la misma.

Además, la investigación ha permitido relacionar con el entramado a una persona que contaba con el permiso requerido y acceso al padrón municipal, la cual ha sido detenida como presunta autora de un delito de prevaricación y cohecho.

Parejas de hecho fraudulentas

La primera acción delictiva consistía en la formalización de parejas de hecho fraudulentas, en las que los componentes de la organización captaban a personas de nacionalidad principalmente marroquí en situación administrativa de residencia irregular en la Unión Europea y a los que les proponían la posibilidad de regularizar su situación y adquirir el permiso de residencia constituyéndose como pareja de hecho fraudulenta con una mujer, normalmente de más edad, española o comunitaria.

Para ello, la organización captaba a las mujeres que, previo pago, accedían primeramente al empadronamiento de ambos en viviendas con las que contaba la organización en Roquetas de Mar. La misma organización sacaba cita en el registro del Ayuntamiento para la constitución de la pareja de hecho y los acompañaban a la Oficina de Extranjeros en Almería para que formalizaran las solicitudes de residencia.

Por todo ello, la persona que pretendía regularizar su situación administrativa debía pagar a la organización entre 3.000 y 4.500 euros, según su capacidad económica. Con este dinero, se pagaba a la mujer que accedía a hacerse pareja de hecho del inmigrante entre 1.000 y 2.000 euros, siendo el resto del dinero para los miembros de la red.

Empadronamientos fraudulentos

Una segunda forma de actuación de la organización consistía en realizar empadronamientos fraudulentos en Roquetas de Mar, captando a personas de origen africano que carecían de permiso de trabajo en la Unión Europea y a los que les ofrecían la posibilidad de empadronarse en una vivienda de la localidad almeriense con el fin de justificar el tiempo de estancia mínima en España exigida para poder solicitar el permiso de trabajo por arraigo.

Principalmente se trataban de personas inmigrantes que residían de manera intermitente en poblados chabolistas o cortijos y que se desplazaban a Roquetas de Mar expresamente para que los empadronaran fraudulentamente en la localidad, previo pago de cantidades entre 150 y 200 euros, con el fin de obtener un certificado de empadronamiento válido.

Dichos movimientos venían supeditados por la facilidad dada por una de las oficinas del padrón de Roquetas de Mar, en la que los inmigrantes presentaban la documentación falsa, no requiriendo la presencia ni del propietario de la vivienda ni de las propias  personas a empadronar.

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