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La pizza napolitana entra en la lista de Patrimonio Inmaterial de la UNESCO

El arte de los pizzaoili napolitanos, que durante siglos han hecho revolear la masa de esta especialidad de la cocina italiana, ha entrado este jueves en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Dos millones de personas firmaron una “petición mundial” para respaldar la candidatura de este arte practicado actualmente en Nápoles por unos 3.000 ‘pizzaioli’ y que según sus promotores “desempeña un rol esencial en la vida social y en la transmisión entre generaciones”. La decisión se tomó en el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que se reúne desde el lunes en la isla de Jeju, en Corea del Sur.

El presidente de la asociación de pizzaioli napolitanos, Sergio Miccù, había prometido que si su arte entraba en la lista lo festejaría “regalando pizza en las calles”. Más allá del espectacular manejo de la masa, la elaboración de la pizza es una “habilidad culinaria” que asocia “canciones, sonrisas, técnica, espectáculo” y se remonta al siglo XVI, alegaba la candidatura italiana. Cuando las primeras pizzas aparecieron en Nápoles, ciudad del sur de Italia, se trataba de panes concebidos como una manera rápida y barata de alimentar a las multitudes, según el historiador Antonio Mattozzi. La tradición se desarrolló y las primeras pizzerías aparecieron a finales del siglo XVIII. Pero tuvo que pasar casi un siglo para que salieran de Nápoles.

“¡Victoria!”, reaccionó en Twitter Maurizio Martina, ministro italiano de Agricultura. “Un nuevo paso para la protección de la herencia gastronómica y vinícola de Italia”. “¡Larga vida al arte del pizzaiolo napolitano! Símbolo del producto más vendido y consumido en el planeta, la pizza”, declaró en la misma red social Pecoraro Scano, uno de sus predecesores en el ministerio y presente en Jeju como promotor de la petición.

Cinco millones de pizzas al día

Según la Coldiretti, principal sindicato agrícola italiano, cinco millones de pizzas son consumidas cada día en Italia, entre una población de 60 millones de personas. El sector representa un volumen de negocios anual de 12.000 millones de euros (14.100 millones de dólares).

Pero los estadounidenses son los principales consumidores de pizza del mundo, con 13 kilos por persona por año, frente a los italianos —campeones de Europa— con 7,6 kilos, mientras los españoles consumen 4,3 kilos y los franceses y los alemanes, 4,2. La lista de patrimonio cultural creada en 2003 contaba antes de la reunión de Corea del Sur con más de 365 tradiciones o expresiones vivas, entre ellas el flamenco español, la cerveza belga, la filosofía milenaria del yoga, el tango argentino o la rumba cubana.

Cinco nuevos patrimonios latinoamericanos

Esta semana en Jeju, el comité examina un total de 34 candidaturas, entre ellas cinco latinoamericanas que ingresaron en la lista entre el miércoles y este jueves: los cantos de trabajo de los llanos colombo-venezolanos, la Feria de Alasita en Bolivia, el punto cubano, los jueces de agua de Corombo en Perú y las técnicas artesanales del sombrero pintao panameño. Otras tradiciones culturales inmateriales amenazadas de desaparición fueron inscritas en una lista de salvaguarda de urgencia que permite a los Estados “movilizar la cooperación y la asistencia internacionales necesarias” para protegerlas.

El lenguaje silbado de Turquía, un modo de comunicación en peligro por los avances tecnológicos y socioeconómicos, entró en la clasificación, así como el Taskiwin marroquí, una danza marcial que consiste en hacer vibrar los hombros al ritmo de panderetas y flautas.

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El Gobierno garantiza la seguridad del 21D frente a posibles injerencias

Foto: QUIQUE GARCIA
EFE

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, ha avanzado este jueves que el Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior y el Centro Criptológico Nacional, está trabajando para garantizar la seguridad y la limpieza democrática de las elecciones catalanas ante las hipotéticas injerencias externas.

Sáenz de Santamaría ha comparecido este jueves durante más de dos horas a puerta cerrada ante la Comisión de Gastos Reservados del Congreso, conocida como de secretos oficiales, para informar sobre las supuestas injerencias rusas en el proceso independentista en Cataluña.

En cumplimiento de la ley, la vicepresidenta no ha querido desvelar el contenido de sus explicaciones, aunque sí ha agradecido el interés de los grupos por este problema y ha recalcado la preocupación compartida por la ciberseguridad, así como la necesidad de reforzar los mecanismos de defensa. Lo que sí ha avanzado es que varios departamentos del Ejecutivo central y los expertos en seguridad informática del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en colaboración con la empresa encargada del recuento del 21D, están ya trabajando intensamente para preservar la seguridad de los comicios. “Este país si en algo tiene experiencia es en celebrar elecciones con una absoluta limpieza y así se va a hacer siempre porque además estamos contando con la gente que desde la Generalitat ha organizado también muchos comicios”, ha remarcado.

Saenz de Santamaría ya avanzó ayer que el Gobierno pondrá en marcha en el primer semestre de 2018 un centro de operaciones de seguridad para dar una respuesta más eficaz a las ciberamenazas y combatir la desinformación en internet, con un coste inicial de 16 millones de euros. La vicepresidenta destacó que el Ejecutivo está haciendo un trabajo “muy intenso” de cara a los comicios en Cataluña para anticiparse a los problemas que puedan surgir y estar preparado ante los intentos de desinformación. “Hemos aprendido a tenor de lo que está ocurriendo y de lo que hemos vivido”, ha remarcado.

A las reuniones de la comisión de gastos reservados tienen derecho a asistir los portavoces de todos los grupos parlamentarios, entre ellos los portavoces de ERC y el PDeCAT. Ninguno de ellos ha querido informar de las explicaciones de la vicepresidenta del Gobierno, tal y como establece la ley.

La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, se ha limitado a confirmar que la preocupación por la ciberseguridad es unánime entre los grupos parlamentarios. Aunque ha insistido en la necesidad de tratar de garantizar la seguridad de los ciudadanos en las redes, ha reiterado su crítica a la actitud del Gobierno de querer imponer más recortes en los derechos y libertades fundamentales utilizando la seguridad como pretexto. Ha argumentado que así ha ocurrido con la denominada “ley mordaza“, a cuya derogación, actualmente en trámite parlamentario, se opone el PP. “Nos preocupa que el Gobierno quiera seguir por esta senda de la ley mordaza”, ha manifestado Montero, que ha recalcado que numerosos organismos internacionales la han criticado por vulnerar derechos fundamentales, como la libertad de expresión, de reunión y manifestación.

Desde el PDeCAT, Jordi Xuclá, se ha excusado por no poder informar de ningún aspecto de la reunión que, al menos ha considerado “fructífera” y de la que ha salido satisfecho y tranquilo.

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Jueves, 14 de diciembre | El día en foco

Estas son las cinco noticias más importantes del día. El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, y el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, son algunos de los políticos a los que siguió una unidad de inteligencia de los Mossos.

La justicia belga ha retirado los cargos que había contra Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers fugados en Bruselas.

Una juez de Zaragoza ha acordado la prisión provisional sin fianza de Rodrigo Lanza como presunto autor de la muerte a golpes de Víctor Laínez.

No nos olvidamos de los rohingya. Al menos 6.700 personas de esta minoría musulmana murieron en el primer mes del conflicto con el ejército birmano.

El 10% de la población española acumula desde mediados de los años 80 el 57 % de la riqueza personal del país. España es el país en el que más ha crecido este tipo de riqueza.

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Albiol pide explicaciones a Puigdemont por usar dinero público para espiarlo

Foto: ALBERT GEA
Reuters

El candidato del Partido Popular para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, Xavier García Albiol, ha pedido explicaciones a Carles Puigdemont sobre el espionaje que llevó a cabo una unidad de inteligencia de los Mossos d’Esquadra.

“Quiero que Puigdemont explique con qué motivo me espiaron y cuánto ha costado ese espionaje”, ha dicho durante una rueda de prensa tras darse a conocer que tanto él como el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, son algunos de los políticos a los que esta unidad hizo seguimientos.

El candidato popular no descarta denunciar a Puigdemont si se confirma que el Govern cesado le espió. “Es muy probable que la denuncia vaya contra Puigdemont”, ha dicho.

Albiol ha calificado dicho seguimiento de “propio de las dictaduras”. “Los políticos independentistas han llegado a espiarnos como si fueran la Gestapo con tal de lograr sus objetivos”, ha denunciado.

Considera que “no es casual” que los independentistas hayan querido espiar al PP, pues “el gobierno de Puigdemont se ha dedicado a espiar a quienes de verdad le preocupábamos”. Ha pedido también al expresident que responda a varias preguntas: “¿Por qué nos estaba espiando, con qué dinero y cuál era el objetivo?”.

Además, ha criticado que se haya utilizado un cuerpo policial para llevar a cabo este espionaje. “Los Mossos no están para espiar a los rivales políticos, sino para defender los intereses de todos los catalanes”.

“Tenemos que enviar a esta gente a la oposición para que se descontaminen políticamente. No se puede espiar a rivales políticos porque resulten molestos”, ha dicho Albiol, refiriéndose a los políticos secesionistas.

Ha criticado también que, con esta acción, el Govern cesado haya comprometido la credibilidad y la profesionalidad del cuerpo de Mossos d’Esquadra, pero ha destacado que “la inmensa mayoría” de los miembros de este cuerpo policial “son excelentes profesionales y personas honradas”.

El supuesto espionaje se ha dado a conocer debido las pruebas halladas por la Policía Nacional en los documentos que fueron incautados a los Mossos d’Esquadra el pasado 26 de octubre, un día antes de la Declaración Unilateral de Independencia, cuando los llevaban a quemarlos a una incineradora.

Continúa leyendo: Jaime Botín acepta nueve meses de prisión por defraudar un millón de euros

Jaime Botín acepta nueve meses de prisión por defraudar un millón de euros

Foto: JON NAZCA
Reuters

El expresidente de Bankinter, Jaime Botín, ha aceptado una condena de nueve meses de cárcel y una multa de 506.134 euros por haber defraudado supuestamente un millón de euros mediante la deslocalización “artificiosa” de un avión privado en Portugal. El acuerdo será ratificado el próximo lunes en el juzgado, informa EFE.

Además de la pena de prisión y la multa, Botín ha aceptado un año y tres meses sin obtener subvenciones y ayudas públicas, así como el derecho a gozar de incentivos fiscales o de seguridad social. El acuerdo al que ha llegado su defensa con la Fiscalía y la Abogacía del Estado incluye también el pago de las costas del juicio.

La Fiscalía de Madrid se querelló contra el expresidente de Bankinter y otras tres personas, pero Botín ha asumido toda la responsabilidad, por lo que el procedimiento contra los otros tres implicados será archivado.

Están acusados de crear “un entramado de empresas” con el fin de evitar pagar un impuesto especial sobre determinados medios de transporte, como los aviones, vigente en España, donde el avión “tenía su base de movimientos, en mayor medida en el aeropuerto de Torrejón, Madrid”.

La sociedad World Tour, de la que el exbanquero era propietario, compró en 2012 una aeronave y, dado que el contrato establecía la entrega del avión en el aeropuerto de Torrejón, su matriculación estaba supuesta al gravamen especial vigente en España. La Fiscalía apunta a que, por este motivo, los querellados “decidieron deslocalizarlo a Portugal, donde no existe impuesto similar ni de naturaleza ni en sus niveles de tributación”.

Al margen de esta causa, Botín tiene otra pendiente por intentar supuestamente vender fuera de España la obra de Picasso Cabeza de mujer joven en el año 2015. Por este hecho, la Fiscalía y la Abogacía del Estado reclaman cuatro años de prisión y 104,8 millones de multa.

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