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El Gobierno invertirá 30 millones de euros en el Plan por el Trabajo Digno

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Última actualización: 25 Feb 2019, 5:39 pm CEST
Foto: Juanjo Martin | EFE

El Gobierno destinará 30 millones de euros extra a la Inspección de Trabajo hasta 2020 –15 en 2019 y 15 en 2020– para luchar contra el fraude laboral y fiscal y aumentará su plantilla con 833 nuevas plazas de inspectores y subinspectores.

Así lo ha anunciado la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, durante su comparecencia tras el Consejo de Ministros, donde ha presentado el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020.

Valerio ha cuantificado que "en estos momentos la Inspección de Trabajo cuenta con 1.876 personas, inspectores y subinspectores" (frente a las 1.854 de 2010), de forma que con el refuerzo anunciado hoy en 2020 la plantilla ascendería a 2.709 funcionarios.

Este plan de 75 medidas –55 actuaciones de la inspección y 20 medidas organizativas– y dos planes de choque busca crear "trabajo decente, que asegure un salario digno, unas condiciones de trabajo justas, la igualdad entre hombres y mujeres, protección social y trabajo seguro desde el punto de vista de las medidas de prevención de riesgos laborales".

Emergencia migratoria

El Ejecutivo también invertirá 30 millones de euros de aquí a final de año para reforzar los dispositivos migratorios, un "plan de emergencia" para atender las llegadas por mar en el Mediterráneo y que ya fue anunciado el pasado martes. Valeri ha advertido de que España es un país de tránsito y que necesita "ayudas de la Unión Europea".

"Necesitamos más recursos y más ayuda de la Unión Europea porque esto es un problema colectivo, global, pero que para los países con esta presión migratoria se convierte en una situación problemática", ha afirmado Valerio.

Sanidad universal

Otro de los puntos tratados ha sido el de la sanidad. El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que modifica la reforma del PP que "excluyó" de la asistencia sanitaria a diversos colectivos, como los inmigrantes en situación irregular, y que devuelve la sanidad universal al ligar la atención al concepto de ciudadanía y no al de asegurado.

"Una sociedad justa no deja a nadie atrás", ha subrayado la ministra de Sanidad, Carmen Montón, que ha insistido en que desde hoy "en España se recupera la universalidad en el derecho a la salud".

Montón ha mostrado su satisfacción porque la sanidad pública se fortalezca hoy "recuperando su carácter universal", lo que implica alcanzar la meta marcada por el exministro Ernest Lluch en 1986 con la Ley General de Sanidad, que sentó las bases de uno de los pilares del Estado de Bienestar.

La norma aprobada define a los titulares del derecho a la atención sanitaria, como lo son las personas con nacionalidad española y a las extranjeras que tengan residencia en España.

También aquellas que, no teniendo su residencia habitual en España, tienen reconocido su derecho a la asistencia sanitaria en el país "por cualquier otro título jurídico", como son los pensionistas españoles que no residen en el país o los trabajadores desplazados y los transfronterizos.

Además, son titulares del derecho a la salud los colectivos no registrados ni autorizados como residentes en España en las mismas condiciones de atención que las personas con nacionalidad española.

Para estos últimos se han establecido criterios que eviten el uso inapropiado del derecho a la asistencia sanitaria, de forma que no correrá a cargo de fondos públicos siempre que exista un tercero obligado al pago o se pueda exportar el derecho a cobertura desde su país de origen.

En aquellos casos en que las personas extranjeras no hayan superado el periodo de estancia temporal de 90 días, será necesario la emisión de un informe previo favorable de los servicios sociales competentes de las comunidades.

Finalmente, el Gobierno también ha creado una Comisión Interministerial para impulsar y coordinar actuaciones en materia de Cambio Climático y Transición Energética.