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El Juez decide investigar por delitos de odio e injurias a los policías que insultaron a Carmena

Foto: SUSANA VERA
Reuters

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ha acordado este martes continuar las diligencias sobre el denominado “caso del chat policial” donde varios policías locales vertieron insultos a la alcaldesa Manuela Carmena al considerar que pueden ser constitutivos de un delito de odio y otro de injurias.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el magistrado ha decidido seguir con las diligencias iniciadas por una denuncia por amenazas presentada en el Juzgado de Guardia. Tras tomar declaración a los investigados, el juez entiende que que existen indicios de la supuesta comisión de un delito de odio y otro de injurias. No obstante, el magistrado considera que no se dan las condiciones para acordar la medida cautelar de orden de protección solicitada por el denunciante.

Fuentes jurídicas han señalado a la agencia Efe que el juez ha aceptado la personación en la causa del Ayuntamiento de Madrid, pero no la del sindicato Comisiones Obreras. Las mismas fuentes han precisado que, ya a título personal, también ha permitido la personación de los periodistas Ana Pastor y Antonio García Ferreras, a los que también se insultaba en el chat.

Este lunes declararon ante el juez los tres agentes de la Policía Municipal denunciados que, según sus abogados, no negaron los hechos, aunque se remitieron a que era un grupo privado, “en un tono de broma, admitiendo que era una broma macabra en algunos casos”.

Después de ser identificados como los autores de los insultos en el chat, los agentes fueron apartados del servicio y se les retiró el arma reglamentaria.

En el chat, denunciado el pasado 13 de noviembre, se llamaba a la alcaldesa madrileña “vejestorio despreciable” y se decía que “lo que es terrible es que ella no estuviera en el despacho de Atocha cuando mataron a sus compañeros”, entre otros mensajes, en los que también se ensalzaba a Adolf Hitler y el nazismo y se vejaba a los inmigrantes.

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Foto: Redes Sociales

Si no es rojo, no es Coca-Cola. Esa idea la ha tenido presente la marca de refrescos, más importante del mundo que ha lanzado sus nuevos envases en los que el icónico color rojo de la marca predomina sobre el resto de elementos y en la que se da mayor visibilidad a la información de producto de cada variedad.

Según la compañía el objetivo de ofrecer información más clara a los consumidores es facilitar que puedan elegir aquella Coca-Cola que mejor se adapta a sus necesidades y estilos de vida. La parte superior de las latas tendrán una banda de color distintiva donde se leerán las variedades: “Sabor original”, “Sin cafeína”, “Zero Azúcar, “Zero Azúcar zero cafeína”, “Zero azúcar cherry”, “Sabor light”, “Sabor light sin cafeína” y “Sabor light limón”. Asimismo, en la zona central, los nuevos envases presentan la información de producto de forma más visible.

Coca-Cola ha elegido a España como el primer país europeo en poner en marcha la campaña #UnColorParaTodos. La presentación la han hecho Carolina Aransay, marketing manager de Coca-Cola Iberia; César Ruiz, senior Brand manager de Coca-Cola Iberia y Juan Lupiáñez, psicólogo neurocientífico ha sido los encargados de dar a conocerlas.

Según Aransay, el lanzamiento responde a “la capacidad de adaptación y la escucha activa del consumidor” que son “algunas de las claves del éxito de Coca-Cola a lo largo de sus 130 años de historia”.

Coca-Cola presenta el nuevo diseño de sus envases, con la campaña #UnColorParaTodos 1

Este lanzamiento, para el que se prevé que en 2018 se lancen 3.200 millones de envases, se enmarca dentro del nuevo enfoque estratégico de la compañía, “Nuestra ruta hacia el futuro” con la que Coca-Cola pone en el centro de todo al consumidor y trabaja constantemente en innovar buscando dar respuesta a los cambios en las preferencias de los consumidores, informa marketingdirecto.com.

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Madrid acogerá la oficina de apoyo al centro de vigilancia Galileo tras el Brexit

Foto: ESA

Madrid acogerá la subsede del Centro de respaldo de Monitorización de la Seguridad de Galileo (GSMC) de la UE, que actualmente se encuentra en Swanwick, al sur de Inglaterra, pero que tras el Brexit (en marzo de 2019) se ubicará en San Martín de La Vega. El GSMC es un organismo de carácter técnico encargado de supervisar información sensible a través de un sistema de navegación por satélite.

Los Estados Miembros de la Unión Europea han aprobado este jueves en el Comité de sistemas globales de navegación por satélite (GNSS) el traslado de la oficina de apoyo a las instalaciones del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), dependientes del Ministerio de Defensa, ubicadas en la Comunidad de Madrid.

España se ha impuesto de esta manera a los otros cinco países que optaban a albergar esta filial de la oficina central, ubicada en Saint-Germain-en-Laye, en Francia.

Galileo es el sistema europeo de navegación por satélite que se encuentra en desarrollo, que ya está ofreciendo servicios iniciales y que garantizará datos de posición muy precisos, ya que, debido al empleo de dos frecuencias, proporcionará a cualquier usuario precisión sub-métrica en tiempo real. “Los sistemas globales de navegación por satélite, conocidos como GNSS, son estratégicos para la economía y la defensa de los países”, aseguran desde el Ministerio de Defensa de España.

Galileo es un programa civil, plenamente compatible con los otros dos sistemas actualmente desplegados, GPS y GLONASS. Asimismo,  este sistema garantizará la disponibilidad del servicio aun en las circunstancias más severas e informará a los usuarios en cuestión de segundos de cualquier anomalía en la constelación. Desde Defensa aseguran que es “adecuado para aplicaciones críticas como el guiado en carretera, el control ferroviario y el aterrizaje de aeronaves“.

“El escenario del Brexit hace necesario reubicar el centro que estaba en Reino Unido a un país dentro de la Unión Europea (UE 27) a partir de marzo 2019, momento en el que debe estar plenamente operativo”, informa el Ministerio de Defensa, que asegura que “albergar el GSMC es una oportunidad para España que aportará ventajas de tipo estratégico, de posicionamiento en el programa, de apoyo a la participación industrial española en contratos de alto valor tecnológico y de desarrollo y consolidación de conocimiento y tecnología nacional en el área de seguridad”.

España cuenta también con otro de los Centros fundamentales del programa: el Centro de Servicios GNSS (GSC), situado también en las instalaciones del INTA.

Continúa leyendo: El despliegue policial en Cataluña con motivo del referéndum costó 87 millones de euros

El despliegue policial en Cataluña con motivo del referéndum costó 87 millones de euros

Foto: ELOY ALONSO
Reuters/Archivo

El coste aproximado del despliegue en Cataluña de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con motivo del referéndum de independencia del 1 de octubre declarado ilegal fue “de 87 millones de euros“, entre alojamiento, manutención y dietas, ha informado este jueves el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, durante su comparecencia ante la Comisión de Interior del Senado a petición de la oposición para informar sobre diferentes aspectos relacionados con el operativo policial el pasado octubre.

“Sí, es una cantidad muy importante de dinero que debemos pagar todos debido a la irresponsabilidad del entonces gobierno catalán“, ha declarado Zoido, justificando así el amplio despliegue en Cataluña con motivo de la consulta ilegal convocada por el gobierno de la Generalitat.

“La cifra no puede ser exacta porque los efectivos iban y venían pero el dispositivos en general fue de 4.500 personas, aunque durante tres días llegaron a ser 6.000 efectivos entre policías y guardias civiles durante tres días”. El ministro ha justificado también este despliegue porque su ministerio no encontró colaboración por parte de los Mossos d’Esquadra.

Desde la oposición se ha criticado al ministro por las cargas policiales del 1 de octubre, indicando que “los mossos intervinieron en más de 500 colegios electorales sin pegar un palo”, ha dicho el representante del grupo mixto, Jon Iñarritu. “Entonces, ¿cuáles el es motivo de esa violencia por parte de los policías? El Consejo de Europa y otras organizaciones internacionales pidieron a su gobierno que abriera una investigación que usted rechazó porque dice que actuaron con proporcionalidad”, ha añadido el senador.

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Las imágenes de las cargas policiales el 1 de octubre dieron la vuelta al mundo. | Foto: Susana Vera / Reuters

Zoido había asegurado previamente en su primera intervención que el cometido de las fuerzas policiales era “garantizar la seguridad de autoridades, de funcionarios, de instalaciones y edificios de la administración general del Estado y de la administración de Justicia, incluidas sedes de partidos que tenían una amenaza y servicios de protección a personas e instalaciones muy sensibles”.

En cuanto a las cargas policiales  del 1 de octubre,  Zoido ha subrayado que los policías y guardias civiles “estaban para defender la libertad y los derechos de un estado democrático que el gobierno catalán pretendía violentar y no voy a permitir que se les falte al respeto”. “Han ayudado a salvaguardar nuestra democracia y nuestro Estado de derecho ante quienes han llevado a Cataluña a una situación muy peligrosa“.

El ministro ha insistido en culpar de lo ocurrido al “govern independentista” que “estuvo advertido con antelación de las graves consecuencias que podría conllevar su conducta”. “Desde las instituciones del Estado advertimos de que no podían seguir vulnerando el Estado de derecho pero ignoraron las advertencias y siguieron adelante”.

Frente a esa actitud, “el comportamiento del Gobierno central ha sido coherente, proporcionada y de acuerdo a la ley“, ha asegurado el ministro. “Nuestro deber era y es cumplir con la defensa de los derechos de todos los ciudadanos y la democracia y es lo que vamos a seguir haciendo“. Zoido ha advertido a continuación que “siempre que están en grave riesgo los derechos, las libertades y el bienestar de todos los ciudadanos, no cabe otra opción que la firmeza y que todos los catalanes, piensen como piensen, tengan garantizados sus seguridad y sus derechos”.

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Liberadas en Sevilla 11 mujeres obligadas a prostituirse

Foto: Ministerio de Interior
Ministerio de Interior

La Policía Nacional ha liberado en la localidad sevillana de Ginés a 11 mujeres de distintas nacionalidades que estaban siendo obligadas a prostituirse, informa el Ministerio del Interior en un comunicado. Las mujeres liberadas, cuyas edades oscilan entre los 21 y los 36 años, eran obligadas a prostituirse contra su voluntad e incluso a tomar drogas para aguantar más tiempo despiertas dormir con ropa elegante por si algún cliente solicitaba sus servicios en mitad de la noche. En la operación, la policía ha detenido a 11 personas, entre ellas un matrimonio de nacionalidad española que ejercían de líderes de esta organización criminal.

Las víctimas eran captadas en Sevilla bajo la promesa de un trabajo bien remunerado con el que poder ayudar a los familiares que tenían a su cargo. Una vez captadas eran obligadas bajo amenaza a prostituirse en pésimas condiciones: permanecían internas y vivían hacinadas, seis de ellas dormían en una habitación con tres literas y las cinco restantes dormían de dos en dos en las camas donde mantenían relaciones sexuales con los clientes. Los servicios eran anunciados a través de varias páginas de contactos en Internet, donde ofrecían a los clientes un servicio de 24 horas y una amplia gama de mujeres.

La investigación se inició a mediados del año pasado cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un chalé donde se estaba ejerciendo la prostitución en el sevillano municipio de Ginés. Las primeras pesquisas revelaron que las víctimas estaban ejerciendo la prostitución en una situación de semiesclavitud, sometidas a unas condiciones de trabajo infrahumanas y siendo controladas día y noche por seis mujeres -las controladoras-, que realizaban funciones de encargadas del chalé. Además mantenían totalmente informados a los jefes de la organización de los servicios sexuales y del comportamiento de las chicas. Los cabecillas acudían cada mañana para recoger la recaudación diaria y dar directrices a estas encargadas.

Tras conocer cómo se encontraban estas víctimas y tener ubicados dos domicilios –el chalé donde estaban retenidas y el domicilio donde vivían los cabecillas de la organización-, se puso en marcha un dispositivo policial para liberarlas y detener a los responsables. Después de registrar las dos viviendas los agentes se incautaron de 47.000 euros en efectivo empaquetados en tacos de 10.000, droga separada en bolsas de medio y un gramo, pastillas para facilitar la erección masculina, trece armas largas de caza, material informático y diversa documentación del funcionamiento y control de la actividad ilícita del chalet.

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