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El Parlament aprueba la reforma de la ley de presidencia pese a vulnerar la legalidad

La mayoría independentista ha aprobado la tramitación por lectura única de la reforma de la ley de presidencia para permitir que Carles Puigdemont pueda ser investido sin estar presente en la Cámara, pese a los informes jurídicos en contra

El Parlament aprueba la reforma de la ley de presidencia pese a vulnerar la legalidad

La mayoría independentista ha aprobado la tramitación por lectura única de la reforma de la ley de presidencia para hacer debates de investidura sin la presencia del candidato y permitir, así, que Carles Puigdemont pueda ser investido desde Alemania, donde está huido de la Justicia. Una reforma que vulnera el Reglamento y el Estatuto, según los informes de los servicios jurídicos del propio Parlament y del Consejo de Garantías Estatutarias. El Gobierno central, como había anunciado, «ha iniciado los tramites para recurrir la modificación» de la ley, ha informado el portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

La proposición de ley ha sido aprobada por 70 votos a favor – JxCat, ERC y CUP – y 64 en contra – PP, PSC, los Comunes y Cs – tras un debate en el que los partidos constitucionalistas han denunciado la vulneración de la legalidad.

En defensa de la reforma, el portavoz de Junts per Catalunya, Albert Batet, ha recordado que en las elecciones del 21 de diciembre ganó las elecciones el independentismo y ha acusado a los «partidos del 155» de no aceptar los resultados acudiendo a la Justicia para evitar la investidura de un candidato soberanista. Ha recordado, en este sentido, que la Justicia ha impedido ya cuatro intentos de investidura y, por eso, la reforma de la ley tiene como objetivo que «el presidente de la Generalitat de Cataluña sea elegido por los catalanes, por las elecciones» y no por el «tripartito» formado por PP, Ciudadanos y PSC.

«Ya están preparando todos los recursos para evitar que se ponga en marcha la nueva norma», ha indicado Batet ante el anuncio del Gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional, pero ante esta nueva acción del gobierno central «no nos rendiremos». No ha querido finalizar sin referirse a los servicios jurídicos para pedirles que «respeten la democracia, respeten al Parlamento».

Después, en su turno de réplica, Batet ha negado que la reforma sea sólo aplicable a Puigdemont como ha denunciado Ciudadanos y el PP. «También se puede aplicar a otros como Jordi Sànchez», ha indicado refiriéndose al diputado electo por JxCAT, en prisión desde finales de octubre.

Por el PP, Santi Rodríguez ha dicho que esta reforma responde a un interés particular y partidista. «Las leyes no pueden estar al servicio de una persona, como ustedes pretenden, en este caso, para servir a los intereses exclusivos del señor Puigdemont». El expresidente, ha añadido, «se ha comportado con una profunda deslealtad con todos los catalanes, huyendo de la Justicia y ustedes ahora pretenden que esa persona pueda ser nombrada presidente».

La proposición de ley busca, por tanto, «evitar la acción de la Justicia«, ha denunciado Rodríguez. El PP, ha indicado, no acepta que un presidente de la Generalitat sea elegido de forma telemática.

En nombre del PSC, Miquel Iceta, ha iniciado su intervención con un mensaje claro, «de sentido común», y basado en los informes jurídicos que establecen la imposibilidad de ser investido presidente sin estar presente en el hemiciclo, como ha dejado claro el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya. «No se puede investir a un presiente en la distancia; no se puede gobernar Cataluña desde otro país».

Más allá de los aspectos jurídicos, Iceta ha preguntado a los independentistas por qué no buscan un candidato que no tenga cuentas pendientes con la justicia, que pueda ser investido de forma presencial. «Piensen en el país, en cómo normalizar la situación de Cataluña, respeten la ley, respeten las formas porque sólo así se respeta la democracia», ha concluido.

La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha acusado a los independentistas de proponer una norma, a la que se ha referido como «ley Puigdemont«, que busca la impunidad absoluta, saltándose todas las normas. «Es una barbaridad, una aberración».

Al igual que los portavoces constitucionalistas, se ha referido al Consell y al informe aprobado por unanimidad. «Es demoledor», y ha dejado claro que el trámite de la reforma de la ley no se puede realizar por lectura única. «Esta reforma es de facto una modificación del Estatuto y eso no se puede hacer así», con una «ley de impunidad». «No alimenten esta farsa más«, les ha solicitado a los partidos independentistas antes de finalizar su intervención.

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