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Contra el mito del auge asiático y el declive europeo

Antonio García Maldonado

Uno de los lugares comunes del análisis internacional dice que el poder se ha desplazado a Asia y que Trump o el Brexit no dejan de ser pataletas ante ese hecho inevitable. Los flujos económicos van hacia esa región, las actividades se deslocalizan en China o Bangladesh, sus economías crecen y emergen grandes clases medias con un poder de consumo que hace las delicias de las grandes compañías internacionales. A este diagnóstico suele seguir el que dice que, en este contexto, Europa estaría llamada a convertirse en un museo para turistas ricos, en una Venecia gigante que sirve de testimonio kitsch del pasado ante su irrelevancia en el presente y el futuro.

Como todo lugar común, tiene algo de cierto pero también mucha adiposidad interesada. Asumir sin matices que el poder reside allí donde está el peso económico es desconocer las nuevas formas de poder, influencia y gestión que las nuevas tecnologías de la comunicación han favorecido. El análisis de la decadencia de Europa y el auge asiático tiene mucho de capitalismo industrial decimonónico, con la fábrica humeante como símbolo del progreso. Tengo para mí que el auge de Asia se debe, en parte, a que se puede gestionar desde Occidente. Sus ciudades están muy contaminadas, los servicios básicos son caros y de peor calidad, la desigualdad hiere, no hay derechos laborales efectivos –y cuando los hay, es fácil eludirlos– y las megaurbes en las que ese “progreso” se estaría manifestando son impersonales y en muchos casos peligrosas. La estratificación es la norma, y los precios son escandalosos.

Es en Europa –o como en Europa– donde desea vivir la mayoría, trabajadores o ejecutivos. Conozco a pocos residentes en Pekín, Yakarta o Singapur que no hayan terminado su etapa asiática con alivio por irse y alegría por llegar a Madrid, Bruselas o Berlín. Muchos de ellos vuelven para formar aquí una familia, ante la imposibilidad o el nulo atractivo de hacerlo en países y ciudades hostiles para ello. En muchas carreras profesionales, la “temporada asiática” es más una mili o un sacrificio en pos de un mejor puesto en Europa en el futuro que un deseo genuino. Incluso en sociedades con una personalidad tan fuerte como la china o la vietnamita, la creciente clase media exige estándares “europeos”.

Si Asia es una opción profesional, Europa sigue siendo una opción vital, que mal que bien conjuga la creación de riqueza con el ocio, la creatividad, el descanso y el bienestar. Si Asia es el auge, contento me quedo entre las ruinas del museo europeo (como hacen muchísimos gestores a distancia de ese teórico esplendor).

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Mariano Rajoy, testigo de excepción

Marta Ruiz-Castillo

Foto: SUSANA VERA
Reuters/Archivo

“Con absoluta normalidad” afronta el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, su declaración como testigo este miércoles en la vista oral del juicio del ‘caso Gürtel’. Así lo aseguró en abril a preguntas de los periodistas.

“Llevo diciendo durante mucho tiempo que cumplir la ley y hacer caso a las resoluciones de los tribunales es algo obligado para todos, me he referido también a los gobernantes y en mi caso también; es mi obligación e iré encantado a responder a lo que tengan a bien preguntar y aclarar lo que quieran aclarar. Este es un acto de pura normalidad”.

“Normalidad”, “tranquilidad” y “colaboración con la Justicia”, son las consignas dadas en el PP y en el Gobierno para hablar sobre la presencia de Rajoy en la Audiencia Nacional, según se desprende de las declaraciones de altos cargos del partido y del ejecutivo en las horas previas a la comparecencia del presidente en el juicio de la Gürtel. Empezando por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que el lunes recordó que “cualquier español sabe que colaborar con la justicia es una labor de todos y a la que todos debemos acceder con la mejor disposición. Y con esa mejor disposición es con la que irá el presidente del Gobierno, a colaborar con la justicia en lo que el tribunal estime oportuno”.

La comparcencia del presidente del Gobierno ante el tribunal que juzga posibles implicaciones del PP en la trama Gürtel ha provocado una gran expectación con 321 periodistas de 83 medios nacionales e internacionales acreditados. Será la imagen del día dentro y fuera de España y ante la avalancha de medios, la Audiencia Nacional ha tomado medidas excepcionales, según informa en una nota.

Por el tribunal han pasado ya como testigos buena parte de la antigua cúpula del PP como Ángel Acebes o Javier Arenas, entre otros. Todos dijeron desconocer las actividades de Francisco Correa, considerado líder de la trama de corrupción, en el partido y negaron haber recibido dinero de éste.

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Ángel Acebes, ex secretario general del PP, tras declarar en el juicio Gürtel en junio | Foto: Susana Vera / Reuters

No está previsto que Rajoy se siente frente al tribunal como el resto de los encausados o testigos, sino a un lado de la sala. Y eso que la Audiencia se refiere a él en uno de los autos como “el ciudadano Mariano Rajoy”, así que se desconoce el lugar desde el que responderá a las preguntas que le formulen. Más allá de dónde se siente, el ciudadano Rajoy está obligado a decir la verdad como testigo si no quiere incurrir en un delito de falso testimonio tipificado en el artículo 458 del Código Penal.

Los autos de la Audiencia

“La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha citado a Mariano Rajoy para que declare como testigo el próximo 26 de julio a las 9:30 horas en la vista oral del ‘caso Gürtel'”, según un auto de mayo en el que se establece que el presidente del Gobierno “deberá comparecer físicamente en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares”.

El tribunal señala que “la importancia de su declaración, en cuanto a los conocimientos que el testigo pueda tener datos que pueda aportar, hacen que la inmediación y la contradicción demanden como opción preferente su presencia física ante la Sala”.

La resolución se aprobó con el voto particular del presidente del tribunal, Ángel Hurtado, que considera que debería haberse acordado que la declaración de Rajoy como testigo se realizara por videoconferencia, tal y como había pedido el propio presidente del Gobierno.

Antes de este auto hubo otros. El 4 de febrero de 2016, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó uno en relación con el juicio de la pieza “Época I” del ‘caso Gürtel’ por el que el tribunal rechazaba “la declaración como testigo del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y acuerda la de la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, entre otras”.

En su resolución los magistrados admitieron toda la prueba solicitada por la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, así como de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa ADADE, salvo la solicitud de esta organización que actúa como acusación particular para que testificara Mariano Rajoy, por no haber aportado razones suficientes para que prestara declaración, “sin perjuicio de que, en otro momento, se pueda acordar por la Sala que testifique de considerarlo necesario, a la vista del desarrollo del juicio oral”.

El 24 de abril de este año, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal cambia de opinión y notifica en un auto los motivos por los que llama a declarar como testigo al presidente del Gobierno. No por su calidad de jefe del Ejecutivo, dice, sino por los cargos “que ocupaba y actividad que en función de ellos debía desarrollar en el Partido Popular, en el periodo temporal abarcado en el enjuiciamiento de la presente Pieza Separada de las DP 275/08 – EPOCA I: 1999-2005”. El auto incluyó un voto particular del presidente del tribunal, el magistrado Ángel Hurtado, contrario a la práctica de esta prueba testifical.

Los jueces consideran que “la situación en la que se encuentra el tribunal es muy diferente a la de antes del inicio de las sesiones del juicio”. Rajoy planteó que testificar físicamente supondría un gasto extra y propuso declarar a través de videoconferencia. La Audiencia, en su auto del 30 de mayo, considera que “las razones dadas ni son consistentes ni tampoco son razones que impidan al testigo acudir ante el tribunal”.

“El Tribunal no acierta a entender en qué consiste ese despliegue importante de recursos”

“El tribunal no acierta a entender en qué consiste ese despliegue” importante de recursos públicos por el hecho de que “el testigo tenga que desplazarse 18 kilómetros”, como “tampoco comprende” que se aleguen cuestiones de seguridad dado que en el lugar donde se celebra el juicio hay unas medidas de seguridad “con mayores garantías que las que puedan ofrecer otras sedes empresariales o institucionales de la Comunidad de Madrid”.

“En tres oportunidades dijeron que no tenía que ir como testigo, ahora dicen que sí; no dije nada en las otras oportunidades y ahora tampoco”, comentó Rajoy a los periodistas a finales de abril cuando fue preguntado por la decisión final de la Audiencia de hacerle acudir a testificar.

…y nada más que la verdad

“Poco podrá aportar por su desconocimiento de los hechos”. Quien así se habla sobre lo que va a decir Rajoy en su declaración es el vicesecretario de organización del PP, Fernando Fernández Maíllo. Y es que el caso que se juzga en la Audiencia es una de las muchas piezas separadas del caso Gürtel. Se trata de la conocida como Primera Época, y más concretamente la que se refiere a la supuesta financiación irregular en las campañas electorales en 2003 de los ayuntamientos madrileños de Majadahonda y Pozuelo, gobernados por el PP.

“Rajoy no sabe ni podía saber nada de los manejos en Pozuelo y Majadahonda de la red controlada por Francisco Correa”, aseguró Fernández Maíllo el lunes en rueda de prensa en la sede del PP. Rajoy dejó de ser vicesecretario general del partido en septiembre de 2003, cuando José María Aznar le cedió el testigo como líder del PP.

Fernández Maíllo recordó el lunes que fue precisamente en el momento en el que Mariano Rajoy llegó a la presidencia del PP cuando la dirección del partido suspendió los contratos con la empresa de Francisco Correa. Algo que el propio Correa y que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, también encausado en el caso Gürtel, corroboraron en sus respectivas declaraciones en el juicio oral.

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Rajoy se reunió con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, el 6 de julio. Foto: Juan Medina / Reuters

Rajoy, por su calidad de testigo, está obligado a decir la verdad y Pedro Sánchez se ha encargado de recordárselo desde que se supo que iba a comparecer ante el tribunal; la última vez, el pasado sábado durante un acto de partido en el que el secretario general del PSOE instó al presidente del gobierno a que, cuando comparezca ante la Audiencia Nacional “diga la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad”.

Para el PSOE, la comparecencia de Rajoy ante un tribunal, aunque sea como testigo, “no es una buena imagen para España, ni para la credibilidad democrática de nuestro país”. “Un presidente en activo jamás había comparecido en ninguna circunstancia ante la Audiencia Nacional”, destacó este lunes el secretario de Organización de los socialistas, José Luis Ábalos en rueda de prensa, en la que insistió en que Rajoy “no es que pasara por allí”, sino que la Audiencia Nacional entiende que su testimonio “es relevante para el esclarecimiento de los hechos que se están juzgando”.

Felipe González y el caso Marey

La imagen de todo un presidente del gobierno en activo declarando como testigo en un juicio por corrupción no tiene precedentes en España. En otros países, sí. Pero en España, es la primera vez. De ahí la expectación creada en medios nacionales internacionales. De ahí las medidas de seguridad extremas que se han organizado en el entorno a las instalaciones de San Fernando de Henares donde la Audiencia celebra el eterno juicio de la Gürtel.

Antes que Rajoy, sin embargo hubo un caso similar. Felipe González también tuvo que pasar por el mal trago de acudir, en este caso ante el Tribunal Supremo, para declarar como testigo en el juicio por el secuestro de Segundo Marey, la primera acción de los GAL en 1983 en el marco de la guerra sucia contra ETA.

En 1998 Felipe González ya no era presidente del Gobierno pero el tribunal lo llamó a declarar en medio de una gran polémica y expectación por el secuestro de Marey, un ciudadano francés confundido con un etarra, cometido en 1983 cuando era presidente del Gobierno. Por este suceso fueron encarcelados el ex ministro del Interior, José Barrionuevo, el ex secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, y otros ex altos cargos del ministerio en septiembre de ese mismo año 98.

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Felipe González sale de testificar ante el Supremo por el caso Marey el 23 de junio de 1998. Foto: Sergio Pérez / Reuters

También Adolfo Suárez, primer presidente del Gobierno de la democracia tras 40 años de dictadura compareció como testigo en el juicio del caso Banesto, cuando hacía años que había dejado La Moncloa. La diferencia es que Suárez pidió comparecer como testigo, mientras que González y Rajoy fueron obligados.

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¿Cambio? ¿Qué cambio?

Cristian Campos

Se suele olvidar que la Generalitat de Cataluña nunca vio con buenos ojos los Juegos Olímpicos de Barcelona hasta que su éxito convenció a los líderes de CiU de que más valía subirse al carro de los entusiastas que poner palos en sus ruedas. También se suele olvidar la frase «boicotear unos Juegos Olímpicos es muy fácil pero los apoyamos por patriotismo» de Jordi Pujol, o los planes de los cachorros de CDC para reventar la ceremonia inaugural, o que la contribución financiera del Gobierno catalán fue anecdótica comparada con la del sector privado, la del Ayuntamiento de Barcelona y la del Gobierno central (socialistas ambos).

Se olvida también que el Ayuntamiento se vio obligado a negociar con la Crida, un grupo independentista cercano a ERC que amenazaba con «acciones directas» contra los voluntarios olímpicos si no se accedía a sus reivindicaciones. O que fueron los vecinos de la ciudad los que se negaron en 2014 a que se le diera una calle a Samaranch, el artífice de la llegada de los Juegos a Barcelona.

Una ciudad, por cierto, que antes de esos Juegos vivía de espaldas al mar, en la que cada semana había que recoger los cadáveres de unos cuantos yonquis a apenas unos metros de donde después se construyó el Estadio Olímpico y cuyos barrios costeros eran usados como estercoleros por las fábricas y almacenes de la zona. Una ciudad que sólo siendo muy generosos podría incluirse, incluso a día de hoy, en el pelotón de cola de las grandes capitales internacionales y cuyo principal atractivo en 2017 sigue siendo el turístico. Se olvida además que ese repudio desagradecido del principal responsable de la modernización de la ciudad es compartido por su actual alcaldesa, Ada Colau, además de por la CUP. Es decir por esa burguesía reaccionaria de izquierdas a la que jamás se le ha conocido otro salario que el procedente de los presupuestos públicos.

Se olvida, para resumir, que si por el catalanismo de derechas y la izquierda soberanista hubiera sido, los Juegos Olímpicos se habrían celebrado en Madrid o en Tombuctú y aquí miseria y después independencia.

Así que cuando Ignacio Peyró me llamó la semana pasada para encargarme un artículo sobre el cambio sufrido por Barcelona entre el 92 y ahora lo primero que me pregunté fue «¿Qué cambio?». Los barceloneses que ahora pintarrajean las paredes de su ciudad invitando a los turistas a volverse a su casa o a matarse saltando desde un balcón son los herederos de los que en 1992 veían los Juegos Olímpicos como un engorro cosmopolita en el que ni siquiera jugaría el FC Barcelona. Es decir como un evento que aseguraría, para su desgracia, dos o tres legislaturas más de gobiernos municipales españolistas en la capital de Cataluña.

Hay que entender que el mito de la Barcelona abierta y tolerante se basa en no más de dos o tres anécdotas irrelevantes. La primera de ellas esa Barcelona de los años 70, la de Carmen Balcells, Jorge Herralde y la Gauche Divine, en la que llegaron a coincidir durante un corto periodo de tiempo Vargas Llosa, García Márquez, José Donoso e incluso, muy brevemente, Cortázar (todos ellos catalanes de ocho apellidos como puede observarse), y de la que ahora apenas quedan algunas fotos de Colita.

La segunda, los voluntarios de Barcelona 92, la parte más visible de un entusiasmo ciudadano que se repite cada cuatro años, aunque con bastante menos ombliguismo, en todas y cada una de las ciudades que organizan unos Juegos Olímpicos.

La tercera, un largo historial de movimientos vecinales de izquierdas o anarquistas que jamás han logrado mejorar ni un ápice la vida de los barceloneses pero sí ralentizar, obstaculizar o impedir el crecimiento económico de la ciudad. Habrá que recordar que esa tradición contestataria de la que presume la ciudad no sirvió ni siquiera para que esta resistiera un miserable minuto la entrada de las tropas franquistas por la Avenida Diagonal. Cosa que, por cierto, sí hizo Madrid durante tres años con bastante menos mito y mucha más sangre y callo.

Así que, ¿cambios? ¿Qué cambios? Business as usual, que dicen los ingleses.

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El sueño (destruido) de Pasqual Maragall

Jordi Amat

Puede ser nuestra gran noche. Esa sí. Esa más que cualquier otra. 25 de julio de 1992. Después de tantos años, tantísimos años, de cochambrosa excepcionalidad, una normalidad pletórica. Lo pareció y en gran medida lo fue. Una normalidad que parecía secularmente imposible y que se supo convertir en realidad (Juan Antonio Samaranch mediante) sin que incluso hoy, después de tanto fango, la atenúe una sola sombra de corrupción económica.

Normalidad. Tras años de diplomáticas negociaciones políticas y tensiones apaciguadas (por la vía de la represión pura y dura, ojo, en algunos casos), una normalidad que era catalana y española al mismo tiempo proyectándose en su constitutiva pluralidad hacía Europa. La periferia convertida en centro. El centro reconciliado con la periferia. Inauguración de los Juegos Olímpicos. Barcelona 92. Medalla de oro para la CT. Una marca no superada. No hemos vivido una noche mejor.

A eso de las diez, cuando el mundo nos miraba pero para descubrir el optimismo en nuestro rostro, el alcalde Pasqual Maragall (51 años) tomó la palabra. Habló durante 3 minutos y 33 segundos usando cuatro lenguas. Nuestras lenguas. Catalán y español, inglés y francés. El sentido y tanta sensibilidad de ese discurso lo reconstruye Jaume Badia –que fue su joven editor– en un libro colectivo publicado hace pocos meses. Se titula Pasqual Maragall. Pensament i acció y lo coordina un tal Jaume Claret. Es un gran libro. Tras este verano, que en Barcelona se presenta políticamente tan y tan placido, podrá leerse también en castellano. Intuyo que su silenciosa recepción será un índice más del sueño inacabado (hoy destruido) de Maragall.

Pero esa noche de verano, esa sí, el sueño fue tan real como la vida que se toca. Maragall se ahijó a la tradición de civilidad republicana, la suya, recordando a Lluís Companys, el presidente de la Generalitat en cuyo asesinato estuvieron implicados casi todos los fascismos. Clamó por que hubiera una tregua en la antigua Yugoslavia, refiriéndose a la carta que había recibido del secretario general de Naciones Unidas. E hizo una afirmación programática que, sin olvidar América Latina, enlazaba Barcelona, Catalunya y España con Europa, “nuestra nueva grande patria”.

Gracias al éxito de los Juegos Olímpicos, que pusieron las bases para que mi ciudad fuese percibida como una de las urbes más atractivas del mundo, el alcalde Maragall conquistó un prestigio internacional considerable. Lo puso en valor para intentar un ambicioso cambio de escala. Piensa en grande. Piensa, ay, más allá de la lógica de su partido. Maduraba un nuevo horizonte político que partiendo de lo urbano trascendía los límites de la ciudad. En último término se trataba de replantear los mecanismos de gobernanza a la vista de una transformación radical del mundo que se iba a imponer tras la caída del Muro de Berlín. Lo pensó desde el territorio. El suyo. Cataluña sería el punto de partida de un proyecto que tenía como punto de llegada una vertebración europea mejor y más densa. Sostenía Maragall que Cataluña sólo maduraría un encaje positivo con España en el marco de una Europa federal en construcción.

A mediados de la década de los 90, más que un programa de acción concreto, digamos que Maragall estaba madurando una filosofía política nueva e invertebrada cuyo horizonte era continental: una reflexión que asumía el desafío de las identidades y que pretendía ir amansando en diálogo con algunos de los principales referentes morales, políticos e intelectuales europeos. Es la hora de las cartas, memorables, a Rocard y Delors, a Semprún y Havel. De esa ambición teórica a su concreción en acción política acabaría por mediar un abismo. No funcionó. Porque el primer paso para avanzar, más allá de las buenas ideas, era no sólo elaborar una alternativa de gobierno para desbancar al nacionalismo pujolista menguante sino ganar la Generalitat. Y ganarla lo suficientemente bien. El instrumento para conseguir la victoria, construido en alianza con las otras fuerzas de izquierda catalanas, acabaría por ser la propuesta de reforma del Estatut.

La idea era una más en el conjunto de propuestas de Segunda Transición que se propusieron durante esos años. Propuestas en muchos casos contrapuestas porque iban desde el descaramiento nacionalista del aznarato a la soberanista Declaración de Barcelona firmada por el BNG, CIU y el PNB. La propuesta de España plural de Maragall –la que entroncaba con su venerable abuelo poeta, la que ETA obturaba matando y matando, la que se ajusta más a la realidad plurinacional del país (así lo sigo creyendo)– nunca tuvo el aval suficiente. Ni aquí ni allí. Y acometerla en esas condiciones fue su pecado original.

Cuando llegó la hora, con la cultura política de la aznaridad convertida ya en la hegemónica, la reforma fue elaborándose a trompicones, pecando de tacticismo y sin el consenso suficiente. Al contrario. El proceso de reforma, que al fin implicaba también una reforma de la Constitución de facto (repensar España desde Cataluña, el viejo sueño del catalanismo), actuó como una taladradora de los consensos. En Cataluña y en España. La legislatura Maragall, concebida por él mismo como una fase avanzada de estabilización del sistema constitucional, fue involuntariamente desestabilizadora, como acertó a definirla Guillem Martínez en La gran ilusión.

Por entonces vivíamos nuestro momento neocon. Un momento del que habla José María Lassaslle en su espléndido ensayo Contra el populismo. Cómo olvidarlo. Se elaboraban listas de productos catalanes invitando con animosa algarabía al boicot y el Partido Popular recogía firmas contra el Estatuto por las plazas de España. Eso sí era populismo. Puro populismo cañí. Los posteriores recursos presentados ante el Tribunal Constitucional contra el Estatut ya refrendado no digo que no fueran pertinentes pero, sin duda, también tendrían un precio negativo. Lo seguimos pagando. Corregir lo que había sido refrendado no fue una anécdota. Tesis Rubio Llorente: iba a quebrarse el pacto constitucional entre las instituciones nucleares del estado y la ciudadanía de Cataluña. Declarar inconstitucional, entre otras cosas, lo que afectaba a la piel de la ciudadanía –esto es, la negación de una afirmación de identidad nacional- fue un profundo agravio emocional y por ello la sentencia debería describirse también como una victoria del nacionalismo español. Pensar que el modelo de estado así quedaba clausurado ha sido fatal. Porque así se destruyó el sueño de Pasqual Maragall. Y así estamos.

Hace pocos días se organizó una ruta literaria por el barrio de La Marina de Barcelona. Uno de los altos del camino era en las afueras del Estadi Olímpic. Sonaba la canción histriónica que cantaron a duo Freddy Mercury y Montserrat Caballé para promocionar la candidatura de la ciudad. Allí tumbado, como un indigente –resacoso, muerto o agonizante-, estaba un hombre que vestía una vieja camiseta de los Juegos. No se le veía el rostro. Lo tenía oculto. Llevaba una máscara deshinchada de la mascota del 92. No era una escena improvisada. Formaba parte de la ruta. Hoy, definitivamente, parece que Cobi haya muerto.

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El caso en contra de la izquierda

Axel Capriles

Foto: Palacio de Miraflores
Gobierno de Venezuela

Venezuela se ha convertido en una papa caliente para la izquierda política.
Es un caso embarazoso, incómodo. A pesar de que ser de izquierdas es un
significante vacío y el término nacido del lugar en que se sentaron los diputados franceses con respecto al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente del 14 de julio de 1789 ha perdido todo sentido en los tiempos contemporáneos, una especie de atonía o inercia intelectual hace que la gente de izquierdas se vea a sí misma como progresista. No es inusual escuchar a miembros de partidos socialistas definirse como reformistas, vanguardistas, democráticos, plurales, a declarar como valores propios la igualdad, el pacifismo, la honradez, el altruismo, la defensa de los menesterosos, el ecologismo. Venezuela aparece, entonces, en el escenario mundial para poner en duda todos esos principios, como evidencia empírica del fraude y fracaso del socialismo, como prueba fehaciente del engaño ideológico. Si la revolución cubana ya había servido como demostración suficiente, la revolución bolivariana actualizó y descubrió de manera burda y escabrosa la devoradora pasión que utiliza los ideales más excelsos para asaltar y preservarse en el poder.

Vista la trama de corrupción urdida por la izquierda latinoamericana, la red
de cohechos entre Hugo Chávez, Ignacio Lula da Silva, Néstor y Cristina Kirchner, Evo Morales y Daniel Ortega, ser de izquierdas en América Latina ha pasado a significar ser autoritario, corrupto y farsante, ser depredador de su propio país. Venezuela es la yaga, el espejo en el que deben reflejarse los cómodos coqueteos con las veleidades revolucionarias. Ser de izquierdas significa saquear al pueblo en nombre del pueblo, empobrecer a la gente para dominarla, darle dádivas para subordinarla. El Socialismo del siglo XXI arrasó con los medios de producción y la economía hasta producir una rara especie de escasez y hambre en medio de una abundancia y riqueza natural poco frecuente. No sólo repotenció el personalismo y el caudillismo, sino que comerció con la dignidad humana y desintegró la hebra y los nudos que constituyen la trama social. La revolución bolivariana hizo realidad las profecías fatalistas de Simón Bolívar en su carta al general Juan José Flores, en 1830: “este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada, para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles, de todos colores y razas. Devorados por todos los crímenes y extinguidos por la ferocidad…” volverá al caos
primitivo.

A pesar de que el caso Venezuela luce una caricatura, más que una
realidad, y se ha convertido en un compendio de los vicios humanos ocultos tras una doctrina política, su ejemplo ha servido para desenmascarar la sustancia de la izquierda política: ser el escondrijo de los complejos históricos y las fuerzas regresivas de la sociedad. Si la política es un terreno marcado por la distancia entre la palabra y los hechos, la izquierda es su más eximio representante. Lejos de ser una vanguardia reformista, los partidos socialistas, aún los más democráticos y modernos, defensores del Estado prestacional, son los principales obstáculos de la sociedad abierta capaz de auto-organizarse y auto-regularse al margen del dominio del Estado. Son el impedimento para el ajuste de la sociedad a los avances tecnológicos, la innovación y la evolución de la consciencia.

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