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Huir hacia el abismo

David Blázquez

El aislacionismo anunciado por Trump durante su campaña es la consumación de la política de “retirada” comenzada por Obama y que tantos quebraderos de cabeza dio a Hillary Clinton, Samantha Power o Susan Rice, las más agresivas dentro de su Consejo de Seguridad Nacional. Obama y Trump son una corrección al “liberalismo internacionalista” abrazado por demócratas y republicanos tras la caída del muro y encarnado en Clinton (marido) y Bush (hijo). La idea de una excepcionalidad americana como algo exportable y susceptible de ser impuesto en todos los rincones del globo ya no atrae al votante medio norteamericano como lo hacía hace 15 años. La América de Obama, desgastada financiera y humanamente por las guerras de Irak y Afganistán –apoyadas, todo sea dicho, por pesos pesados del partido demócrata–, necesitaba una “vuelta a casa” similar a la abanderada por Mc Govern tras la tragedia de Vietnam. El riesgo, cada vez más patente si miramos las primeras decisiones de Trump en materia de comercio, en su relación con algunos de sus socios tradicionalmente estratégicos o con determinados organismos internacionales, es que el volantazo corrector sea excesivo y termine por convertir a EE.UU. en un “hikikomori” de la escena internacional.

Pero Trump es, también, una reacción a Obama y a las veleidades amparadas por la mentalidad liberal de las llamadas bicoastal elites, de la que Hillary Clinton no habría sido sino una secuela todavía más radical. Algunas de las medidas sociales llevadas a cabo por Obama han sido vistas por amplios sectores conservadores norteamericanos como excesivas y poco representativas de una sociedad extremadamente plural. La más llamativa de esas medidas quizás haya sido el intento de imposición a los Estados, a golpe de orden ejecutiva del presidente –finalmente paralizada por algunos tribunales federales– de la normativa permitiendo a los transexuales elegir qué cuartos de baño utilizar.

Los volantazos electorales desde 2008 han sido bruscos. Desde la llegada de Obama al poder el partido demócrata ha perdido sus mayorías en el Senado y en la Cámara de Representantes. La elección de Donald Trump es un viraje más en ese proceso correctivo que, de no ser enderezado a tiempo, podría conducir a EE.UU. Hacia el abismo.

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Cataluña para los catalanoparlantes

Ricardo Dudda

Foto: Bernat Armangue
AP

El debate lingüístico en Cataluña nunca ha tenido que ver con la lengua, sino con la cultura.
Un ejemplo es una frase como “Cataluña es el catalán”, que se ha usado en los debates
sobre la inmersión lingüística esta semana y que difícilmente puede defenderse como una
idea liberal (lo digo porque quien la ha usado es un liberal socialdemócrata, y porque un
partido progresista como el PSC es un gran defensor del monolingüismo en la escuela).

La defensa de una sola lengua en una sociedad plurilingüe va contra el pluralismo liberal, y
en cierto modo recoge el argumentario nacionalista, que considera la lengua uno de los
hechos diferenciales. Para los clásicos nacionalistas, como Herder, la lengua refleja un
modo de pensar y una forma de ser. La lengua es la esencia del nacionalismo: una nación
para cada lengua.

Uno puede usar argumentos pragmáticos para defender la inmersión lingüística, como la
idea de que es una manera de elevación social (los castellanoparlantes catalanes tienen
mayores cifras de fracaso escolar que los catalanoparlantes). También se suele decir que la
inmersión es el gran consenso de la sociedad catalana, pero un estudio de Roberto Gravia y
Andrés Santana muestra que es falso: “existe un alto nivel de consenso sobre el modelo
lingüístico de las escuelas, pero el rasgo definitorio de dicho consenso es la pluralidad
lingüística, no la posición hegemónica de ninguna de ellas: los votantes de todos los
partidos coinciden en que al menos un 28% de las clases deben ser en catalán, un 25 % en
inglés, y un 20 % en castellano; y difieren en cómo debe impartirse el 27% restante de
horas.” Gravia y Santana afirman que “la sociedad catalana está muy lejos del amplio
consenso a favor de la inmersión lingüística, que más parece ser un mantra que reflejo de
las preferencias de la sociedad catalana”.

Al defender el modelo monolingüe se defiende la idea nacionalista de que la lengua catalana
ha de preservarse per se, sin importar su número de hablantes (son más los
castellanoparlantes en Cataluña que los catalanoparlantes). La lengua se defiende porque es
un bien en sí mismo. De ahí a preservarla para que no se contamine de otras lenguas (que
es lo que hacen las lenguas y así es como se forman) hay muy poco.

Esto crea situaciones difícilmente explicables, como explica Félix Ovejero: “que la lengua
mayoritaria y común en Cataluña sea el castellano y que sin embargo no sea la que
proporciona identidad nos lleva a situaciones conceptualmente complicadas”. La lengua va
antes que la ciudadanía. Es un argumento nacionalista. Al defender la lengua se defiende
una especie de esencia y cultura inmutable. Es una lógica peligrosa, que los más radicales
han usado para defender su idea de “Cataluña para los catalanes”.

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Me llena de odio -y de satisfacción-

Gonzalo Gragera

Foto: Sipi
EFE

Estrategia de comunicación: irritar al contrario. Lo vimos hace unos años en la acción política de Podemos, partido cuyo ejercicio de propaganda aprovechaba el odio visceral –como todos, supongo- que despertaba en sectores más o menos conservadores y liberales para introducir y difundir sus ideas en el conjunto de la sociedad española. De ahí, claro, que acudieran a tertulias de cadenas con público de derechas, donde de sobra sabían, y de manera inteligente, que el precio de lo viral era más asequible. De esas ya antiguas luchas dialécticas sacarían mucho más provecho que de mesas redondas de cualquier facultad o de ponencias académicas y eruditas de pasillos universitarios, e incluso más que de su capacidad de convocatoria en las redes sociales. Y es que nada como el odio, su impulso, para transmitir un mensaje; nada como la crispación del enemigo para alimentar una idea.  Rufián es otro que supo de la lección en los meses –pasados, creo, espero- más complicados de la secesión orquestada en los partidos independentistas catalanes. Mientras todos compartían, en actitud de desprecio, sus desvaríos y ocurrencias, tales desvaríos y ocurrencias circulaban, con notable éxito y acogida, por todo el país. Un diputado de un partido de escueta representación parlamentaria en el Congreso, principal imagen –discurso- de buena parte de la política española.

Y es que el público necesita –necesitamos- del odio para multitud de asuntos, pero quizá el principal es el hecho de afirmarse, el hecho de confirmarnos en nuestra propia personalidad. El odio nos aleja de aquello que no queremos ser, nos marca distancias respecto de aquello a lo que le tenemos fobia, lo que nos causa rechazo, aquello que consideramos malo incorrecto equivocado Un lector de tendencia izquierdosa necesitará compartir entre sus amigos virtuales las barbaridades que escriba un autor o periodista o columnista partidario de cualquier tesis histórica sobre –tema facilón- el franquismo y las cosas buenas que nos dejó. También al contrario, evidente: la autora de derechas se rasgará las vestiduras ante el párrafo de intención polémica de cualquier firma de izquierdas. Se intuye: en cuanto hay lucha de posiciones, o disparidad de criterios, además de argumentar el error ajeno, necesitamos, para quedar tranquilos con nuestra conciencia y con nuestro criterio, ridiculizarlo, denostarlo. Y es entonces cuando vamos a la búsqueda del odio, a ese interés por leer opiniones que consideramos irrisorias, infantiles, descabelladas; y también el interés en difundirlas, en hacer ver a los demás la estupidez en la que otros –siempre los otros- están inmersos. Un denunciar la estupidez del prójimo que es, más bien, un favor hacia este: lo vemos a diario en el periodismo sensacionalista, ahora llamado de clickbait.

Lo escribe Ricardo Dudda en Letras Libres: “Hay una parte de construcción del enemigo para justificar las propias acciones. Al elaborar un hombre de paja y luchar contra él, además, uno construye su identidad a medida. Uno puede moldear al enemigo para moldearse a sí mismo”. Necesitamos consumir el odio, y odiar, para convencernos de que no somos aquello que odiamos. El odio como bienestar narcisista de saberse distinto, seguro, cómodo –pleno convencimiento- en la idea propia. El odio como emoción para establecer la diferencia con el adversario. O con la actitud moralmente reprochable. El odio que nos llena de odio, y de satisfacción.

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¿Está amenazada la libertad de expresión en España?

Marta Ruiz-Castillo

Foto: J.J.Guillen
EFE

Por primera vez en su historia, ARCO retira una obra; una juez ordena el secuestro de un libro; un rapero es condenado a tres años de cárcel. Estas son noticias reales y ocurridas en España en apenas un par de días. La polémica está servida porque en todos los casos hay un denominador común: la defensa o vulneración de la libertad de expresión en democracia.

En medio del debate, Amnistía Internacional (AI) ha hecho público un informe en el que denuncia que 2017 ha sido un mal año para la libertad de expresión en España . “Alzar la voz, incluso en redes sociales, se ha vuelto cada vez más peligroso”, y recuerda que sólo el pasado año hubo 20 condenas dictadas por “enaltecimiento al terrorismo” y humillación a las víctimas. “Comentarios en redes sociales, letras de canciones controvertidas y bromas están siendo criminalizadas bajo esa categoría vaga de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas”, añade AI.

Una conclusión preocupante para un país donde los derechos de manifestación y de reunión, por ejemplo, también se han visto restringidos con sanciones desorbitadas recogidas en la polémica Ley de Seguridad Ciudadana del PP, más conocida como ‘ley mordaza’, aprobada por el Congreso de los Diputados en 2015 con el voto en contra de la oposición. El PP tenía entonces mayoría absoluta. La reforma de la ley, que limita también el derecho a la información, fue impulsada por el Grupo Socialista en 2016, pero el texto permanece en el olvido a la espera de que se reanude el trámite para derogar una norma que partidos, como PSOE o Podemos, utilizaron como bandera del progresismo. Ahora, al hilo de la polémica, ambos han vuelto a reivindicar la urgente necesidad de acabar con la ‘ley mordaza’.

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El PP aprobó con el voto en contra de la oposición en 2015 la llamada ley mordaza. | Foto: Congreso de los Diputados

Para el magistrado y portavoz territorial de Juezas y Jueces para la Democracia, Joaquím Bosch, “todo empezó con la Ley de Seguridad Ciudadana”. En España “tenemos menos libertades ahora que en los años 80”, asegura.

Incluso el diario The New York Times se ha hecho eco de estas polémicas decisiones, llegando a decir que “ya sea por ley o por intimidación, España se ha convertido en un país donde los riesgos para la libertad de expresión han aumentado en los últimos años”.

ARCO no quiere ‘presos políticos’

Santiago Sierra seguramente no imaginó que su obra ‘Presos políticos en la España contemporánea‘, con la que había acudido a la 37 edición de la Feria de Arte Contemporáneo de España (ARCO) iba a sentar un precedente; un polémico procedente, porque las 24 fotografías con retratos pixelados de personajes en prisión preventiva, entre las que están el exvicepresidente de la Generalitat catalana, Oriol Junqueras, y los presidentes de las organizaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural, encarcelados en relación con la investigación judicial en marcha sobre el procés, fueron retiradas.

En una entrevista concedida a Ctxt , Serrano lamentaba lo ocurrido y se declaraba perplejo. En su opinión, “vivimos una histeria colectiva con el tema del procés”, y a la pregunta de si cree que España está viviendo un proceso de involución democrático, su respuesta fue contundente: “el Estado está penetrado por el crimen organizado”.

Los responsables de IFEMA, donde se desarrolla ARCO, fueron los que pidieron a la galería de Helga de Alvear, que llevó la obra en discordia, que la retirara. El argumento fue que podía molestar y crear una controversia que perjudicara al resto de las obras. En cuanto se conoció la noticia, las redes sociales se llenaron de comentarios, la mayoría críticos con la decisión, calificándola de “censura”.  La obra fue retirada, sí, pero antes fue fotografiada y reproducida hasta la saciedad en Twitter, en los medios de comunicación…Y lo que es más, la obra fue adquirida por 90.000 euros. Probablemente, lo que IFEMA no quería que ocurriera.

Ante la avalancha de críticas, llegaron las disculpas al día siguiente de retirar la obra. La dirección del recinto ferial aseguraba que sentía lo ocurrido, que no volverá a pasar y que, en ningún caso, hubo “mala fe”. Pero la obra no retornó a ARCO cuyo director, Carlos Urroz, dejó claro desde el primer momento que no compartía la decisión.

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La obra Presos Políticos de Santiago Sierra antes de ser retirada de ARCO. | Foto: FERNANDO VILLAR / EFE

Los políticos no han permanecido ajenos a la polémica.

“La libertad de expresión en cualquier ámbito es una pieza fundamental del Estado de Derecho, y desgraciadamente, desde que tenemos un gobierno del PP, la libertad de expresión en España está muy restringida”, declaraba la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Margarita Robles. En este sentido, aseguraba que el PSOE quiere sacar adelante más pronto que tarde la derogación de la ‘ley mordaza’. Una declaración genérica de Robles cuyo partido, sin embargo, no se opuso a la retirada de la obra cuando el órgano director de IFEMA, en el que tienen representación, tomó la decisión.

“Bienvenidos a Turquía”, decía, por su parte, el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, Joan Tardá, partido del que es líder Oriol Junqueras. “Bienvenidos al régimen de Erdogan ¡Cuánta hipocresía! Es una vergüenza que tengamos que presenciar un ejercicio de hipocresía tan superlativo, porque…como que no tienen la honradez, la honestidad de decir que se trata de un ejercicio de censura”.

El Gobierno, sintiéndose aludido por esta y otras acusaciones similares, salió al paso asegurando que “nosotros no censuramos a nadie“, en palabras del portavoz y ministro de Educación y Cultura, Íñigo Méndez de Vigo. En el lado opuesto, Podemos, y como expresión del rechazo a esta retirada insólita de una obra de arte en ARCO, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, decidió no acudir a la inauguración presidida por los Reyes, al día siguiente de que estallara el caso.

El escándalo de ARCO se produjo coincidiendo con otra polémica no menos intensa. La juez de Collado Villalba (Madrid), Alejandra Fontana, ordenó el secuestro cautelar del libro ‘Fariña’, obra del periodista Nacho Carretero publicada en 2015 en la que narra con datos contrastados y reales cuenta la historia del narcotráfico gallego. La juez adoptó la medida a petición del exalcalde de O Grove (Pontevedra), José Alfredo Bea Gondar, quien demandó en enero a Carretero y a la editorial Libros del KO por supuesta vulneración de su derecho al honor.

“Creo desproporcionado secuestrar Fariña por plasmar unos hechos probados judicialmente en tres líneas del libro”, dijo Carretero.

La reacción en las redes sociales contra lo que, de forma mayoritaria se calificó de “censura”, no fue nada comparada con las ventas del libro en Amazon. ‘Fariña’ se convirtió en el libro más vendido en unas horas, mientras numerosas personas publicaron el párrafo de la discordia en Twitter.

El Gremio Libreros de Madrid publicó también un comunicado en el que expresó su “rotundo desacuerdo y unánime disconformidad con esta medida” y anunció que “Fariña se queda en las librerías”.

Para Pablo Iglesias, líder de Podemos, “la libertad de expresión está sufriendo el mayor ataque desde la dictadura y no podemos quedarnos callados”. Se refería al secuestro de Fariña y a la sentencia condenatoria contra el rapero Valtonic.

Y es que antes del secuestro de Fariña, los medios de comunicación se hicieron eco de la decisión del Tribunal Supremo de confirmar la condena a tres años de prisión contra el rapero Valtonyc por delitos de “enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona, y amenazas no condicionales”.

El rapero reaccionaba con este tuit a la sentencia

Una decisión calificada por muchos de “desproporcionada”. La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) calificó la condena al rapero de “inaudita” e “impropia de una democracia” que vulnera los principios internacionales sobre libertad de expresión. “Valtonyc va a ser el primer cantante que entre en prisión en España acusado de enaltecimiento del terrorismo. Lo que estamos viendo es inaudito e impropio de una democracia plural: la persecución de la canción protesta”, dijo en un comunicado la presidenta de la PDLI, Virginia Pérez Alonso.

Una valoración no compartida por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para quien las expresiones de odio y los extremismos deben ser perseguidos con las armas legales que ofrece el Estado de derecho; más contundente, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, dijo que “una amenaza de muerte es una amenaza de muerte independientemente de que el soporte en el que se haga sea digital o analógico”. El líder de la formación es uno de los políticos que ha recibido amenazas de muerte a través de las redes.

El caso del Valtonic no es único. Antes que él, la justicia condenó en 2014 a Pablo Hasel por enaltecimiento del terrorismo, aunque no entró en prisión porque la pena no superaba los dos años. El rapero catalán tiene varias causas abiertas por tuits publicados en su cuenta. También la justicia española ha condenado a ciudadanos por opiniones “ofensivas constitutivas de delito”. El primero en entrar en prisión fue Alfredo Remírez, arrestado en 2015, el mismo día que el cantante de Def con Dos, Cesar Strawberry, por comentaros en Twitter contra las víctimas del terrorismo. Ellos aseguran que son sólo opiniones y se defienden apelando a la libertad de expresión. La cuestión es que la justicia, en todos estos casos, entiende que la libertad de expresión tiene unos límites que terminan donde empieza el Código Penal.

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Estos son los sectores laborales más prometedores del futuro

Rob Smith

Foto: Mel Evans
AP Photo, File

La Inteligencia Artificial (IA) y los robots, han llegado para quedarse y automatizar el trabajo. Los trabajadores del futuro tendrán que adaptarse rápidamente y adquirir un amplio conjunto de habilidades si quieren sobrevivir al gran cambio que experimentará el mercado laboral mundial durante los próximos 10 años. Para ayudar a preparar a la fuerza de trabajo futura, un nuevo informe del World Economic Forum (WEF) y Boston Consulting Group ha analizado 50 millones de ofertas de trabajo online de Estados Unidos. Basándose en el trabajo actual de una persona, el conjunto de habilidades, la educación y la capacidad de aprender, los investigadores establecen caminos desde los trabajos que existen hoy hasta los nuevos trabajos que se espera que existan en el futuro.

La resolución de problemas, el pensamiento crítico y la creatividad, además del hábito de aprendizaje permanente, son solo algunas de las nuevas capacidades que los trabajadores deberán lograr para adaptarse al nuevo mercado laboral. WEF evalúa a continuación el trabajo que se desea realizar en función de la similitud que existe con el trabajo existente y con la cantidad de oportunidades laborales que es probable que ofrezca en el futuro.

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David Hanson, el fundador de Hanson Robotics, trabaja en el robot insignia de su compañía, Sophia. | Foto: Kin Cheung/AP Photo

Los sectores con más oportunidades

Para evaluar la compatibilidad de diferentes trabajos, el informe utiliza “puntajes de similitud”, que muestran la superposición entre educación, experiencia, capacitación, habilidades y conocimiento con un valor numérico entre 0 y 1. Los puntajes altos de similitud se describen en el informe como 0,9 o superior, mientras que los trabajos de baja similitud son los que están por debajo de 0,85. Así que los programadores, por ejemplo, se consideran aptos para trabajos en desarrollo web (0,92), pero no en antropología (0,82).

Según un análisis reciente, los trabajadores de la línea de ensamblaje, que se encuentran entre los que se consideran en mayor riesgo de perder sus empleos por la automatización, tienen 140.000 oportunidades de transición en total, la mayoría de cualquier grupo de trabajadores.

Los que tienen menos oportunidades – alrededor de 5.000 -, incluyen fabricantes de herramientas y operadores de máquinas de procesamiento, según el informe.

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Es probable que los trabajos de las mujeres se vean desproporcionadamente afectados por la automatización, al menos a corto plazo. De los 1,4 millones de empleos en EE.UU. que se prevé serán interrumpidos entre ahora y el 2026, más de la mitad (57%) son realizados por mujeres, un problema que también se refleja en el informe de Global Gender Gap Report 2017 del World Economic Forum.

Si bien se prevé que los empleos disminuyan en algunos de los sectores analizados en el informe, se espera que haya un aumento neto de empleos para el 2026 en todas las industrias, excepto en la producción, donde se pronostica que más de 360,000 empleos desaparecerán.

En la categoría de educación y capacitación, por ejemplo, se espera generar alrededor de 790,000 puestos de trabajo para el año 2026, mientras que en la sanidad habrá hasta 2,3 millones. En general, el informe predice que en los próximos años se crearán alrededor de 11 millones de empleos solamente en los Estados Unidos.

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Trabajadores en la sección de empaquetado de una fábrica en Ohio, EEUU. | Foto: John Minchillo/AP Photo

Para coincidir con el informe, el Foro publicó un estudio complementario – Ocho futuros del trabajo: escenarios y sus implicaciones – que imagina varios escenarios sobre cómo sería el futuro del trabajo para el año 2030, y cuáles son las principales implicaciones hoy.

Como era de esperar, la necesidad de anticipar los cambios en el mercado laboral y prepararse para volver a capacitar a los trabajadores, así como para ayudarlos en la transición a nuevos empleos, son las principales prioridades.

Artículo publicado originalmente en el World Economic Forum en español.

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