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El momento realista

Manuel Arias Maldonado

Henri Cartier-Bresson habló del “instante decisivo” como elemento fundamental del arte fotográfico: una combinación de oportunidad temporal y composición espacial capaz de revelar las esencias vitales de un solo golpe. Pero si adoptamos un punto de vista narrativo, el instante decisivo designa más bien un giro dramático, un cambio de fortuna tras el que nada vuelve a ser lo mismo: un asesinato, un enamoramiento, una bancarrota. ¡O un referéndum! Especialmente, un referéndum como los que han sacudido las sociedades democráticas en los últimos años: inesperadas decisiones populares que rompen acuerdos de integración de largo recorrido. Desde el Brexit al rechazo suizo a la libre circulación de los trabajadores comunitarios, sin olvidar la negativa danesa -por vía parlamentaria- a cooperar más intensamente con la UE en asuntos de justicia e interior. Sonoros golpes sobre la mesa del pacto liberal de posguerra.

Estos grandes momentos hacen las veces de campos magnéticos hacia los que se ve atraída nuestra atención. Nos los figuramos mentalmente, recreándonos antes de que tengan lugar, depositando en ellos altas esperanzas y una considerable inversión afectiva. En el caso de los referéndums de inspiración populista, se realiza en ellos la dimensión expresiva de la democracia: la sensación de ejercer una soberanía popular largo tiempo secuestrada por élites distantes. Take control back! Pero la vida no puede ser una sucesión de momentos decisivos, porque eso no es vida. De ahí que al día siguiente del referéndum empiece la ardua tarea de minimizar sus efectos. El momento populista da paso al momento realista. Y los poetas de la agitación son reemplazados por diligentes funcionarios.

Seis meses después, Gran Bretaña aún no sabe qué hacer con su Brexit. Aumenta la presión: las empresas de la City exigen concreciones sobre el pasaporte comunitario cuya pérdida les obligaría a mudarse al continente. Todo indica que el gobierno de May quiere irse sin irse del todo, algo a lo que Europa no parece muy dispuesta. Por su parte, Dinamarca intenta preservar los beneficios de la cooperación con Europol justo después de abandonar la organización. Y Suiza ha legislado sobre la inmigración comunitaria en términos que dan la razón a quienes sostienen que se ha adulterado la decisión popular original. A fin de cuentas, la decisión popular era un error.

Poesía plebiscitaria, prosa burocrática: así va el mundo. Y esta dinámica encierra una  lección para quienes sostienen que hay que derribar el orden liberal-democrático aunque no se disponga de un plan para el día siguiente. Porque si algo cuenta es, justamente, el día siguiente.

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Ferlosio 90

Manuel Arias Maldonado

Foto: Fernando Alvarado
EFE

Para evitar el oportunismo inherente a los obituarios, nada mejor que celebrar a los vivos mientras viven. Por eso está bien que el Ministerio de Educación y Cultura rinda homenaje hoy, cuando cumple noventa años, a Rafael Sánchez Ferlosio. Y ojalá que, a diferencia de lo que sucedió en Alcalá cuando recibió el Premio Cervantes, el augusto plumífero no tenga que pedir educadamente a la tuna que no le cante nada. También va a publicarse, según parece, una biografía que no cuenta con su aprobación. Es natural: la vida de Sánchez Ferlosio está en sus obras, en una trayectoria admirable menos por sus actos que por sus palabras y expresión, toda ella, de una dedicación vocacional al estudio. Grafómano y erudito, se diría que la edad ha convertido a Ferlosio en un tótem, un sacerdote del pensamiento uniformado con bata y pantuflas. Pero se trata de una impresión creada por el periodismo, que insiste en ir a molestarle a casa para que diga que no ha leído nunca a Proust o que la humanidad presenta cada vez peor cara. A eso responden alarmados algunos tuiteros, blandiendo estadísticas del Banco Mundial: pasatiempos de la era digital.

Ciertamente, los años y las lecturas llevan al lector más entusiasta -y en mi generación somos muchos- a elevar algunas enmiendas parciales a su vasta obra. Uno advierte su excesiva dependencia de Adorno y Benjamin y Weber, por ejemplo, o repara en que sus escritos políticos son a menudo los de un moralista. Pero nada empece el disfrute de su escritura sinuosa, ni de sus distintos registros: el novelista, el aforista, el ensayista. Si Manuel Vicent dijo una vez que Ferlosio es el hombre que más sabe de cosas que no interesan a nadie, podríamos matizar que es él quien las hace interesantes gracias a la pura potencia de su pensamiento. Interesantes, además de divertidas: el humor de Ferlosio es un rasgo que suele pasarse por alto, pero que refulge en pasajes como aquel en que, tras describir las atrocidades cometidas a lo largo de la historia en nombre del progreso, anuncia la llegada de Hegel a la hoguera donde conversan San Agustín y Menéndez Pidal. O, ya que estamos en fechas entrañables, en el villancico donde canta al Niño Negativo: “nadie, nunca, nada, no”.

De su vida sabemos lo que nos ha contado en un maravilloso texto autobiográfico y lo que dice esa corbata negra que lleva desde hace más de treinta años; a mí me basta. Lo demás está en sus libros, o en el silencio que media entre ellos: en los casi veinte años que separan El Jarama, novela de su consagración, de Las semanas del jardín, formidable ensayo con el que reapareció tras renegar -o casi- de la ficción. Y si algo ha caracterizado a nuestro hombre, desde entonces, es su emancipación psicológica del público: Ferlosio ha ido donde sus intereses y su pensamiento lo llevaban, ya fueran las crónicas indianas, la conscripción militar obligatoria o los informes del doctor Jean Itard sobre el niño feral hallado en un bosque de Aveyron a finales del siglo XVIII. Todo ello sin abandonar nunca su interés central por la lengua y el lenguaje: por lo que dice de nosotros y por lo que hacemos cuando la usamos. Esa libertad -libertad de un pesimista para quien la humanidad constituye una “interesante aunque desagradable curiosidad zoológica”- es acaso su última enseñanza. Ahora que estamos todos pendientes de los demás, él nunca ha estado pendiente de nadie. Y por eso ha logrado ser más interesante que muchos. Tenga un feliz cumpleaños.

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Tocar de oído

Manuel Arias Maldonado

Foto: YVES HERMAN
Reuters

Hablamos mucho del obstáculo que, para el gobierno democrático de las sociedades contemporáneas, representa su complejidad. ¡Y con razón! Pero la crisis catalana nos demuestra que incluso los aspectos más sencillos de la organización política democrática constituyen una fuente inagotable de confusión ciudadana. Lo que de paso nos recuerda qué difícil es construir sociedades bien ordenadas y capaces de perseguir de manera justa la realización de principios básicos como la igualdad o la libertad. Aunque damos por supuesto el relativo bienestar del que disfrutamos, bien haríamos en recordar cada mañana qué frágiles son los acuerdos básicos de los que depende su continuidad.

Según parece, el ejercicio de la ciudadanía -no digamos del famoso “pensamiento crítico” en sus expresiones más cotidianas- consiste a menudo en tocar de oído. Lo vimos la pasada semana con el encarcelamiento preventivo de la cúpula soberanista, justificado en un auto judicial al que con la ley y los hechos en la mano no pueden hacerse demasiados reproches. División de poderes, imperio de la ley, actuación judicial: no es precisamente un rompecabezas de cien mil piezas. Pero incluso esos elementales mecanismos institucionales, concebidos ya en lo esencial por John Locke en el siglo XVII, son objeto de frecuentes malentendidos.

Son así muchos los ciudadanos que dicen sentir vergüenza por la democracia española al ver a unos políticos electos entrar en prisión, piensan que el Gobierno ha dado órdenes a la jueza, entienden que el encarcelamiento responde a delitos de opinión, ejercen de juristas a tiempo parcial o creen ver la sombra del franquismo al pie de cada farola. No me refiero a la reacción del independentismo; ni siquiera a la de quienes desde la izquierda populista juegan estas semanas al “fin de régimen” echando mano de un tremendismo mendaz. No, abundan los ciudadanos que opinan de manera bienintencionada y sin embargo poseen un conocimiento muy superficial de los asuntos en juego; algo que se pone de manifiesto en cuanto se inicia una conversación al respecto. Es lógico: trabajar cansa.

También habría que suponerle buena intención los académicos extranjeros -muchos de ellos acreditados desde hace años en la más acerada crítica del capitalismo liberal- que han enviado una carta a la Comisión Europea tras conocerse el auto de la juez Lamela. Demandan algo singular: que se cumpla el imperio de la ley en Europa. O sea: que se suspenda la vigencia de las leyes españolas cuya aplicación les parece inaceptable a la luz de los hechos. Claro que su interpretación de los hechos es más que dudosa. Mis colegas, por ejemplo, consideran que el acoso multitudinario a la Guardia Civil del pasado 20 de septiembre, prolongado durante al menos 14 horas, no fue más que un ejercicio pacífico de la libertad de expresión. “Esos hechos nunca pueden constituir un delito de sedición”, añaden, sin que parezcan haber leído el artículo 544 de nuestro Código Penal. El síndrome del abajofirmante se combina aquí con el orientalismo más perezoso. Jon Lee Anderson como paradigma: Francoland como entretenimiento.

Nada de esto es sorprendente. Nuestros juicios dependen de nuestro conocimiento. A menor conocimiento -de hechos, conceptos, instituciones, leyes-, más pobreza de juicio. O más dependiente este último de una impresión superficial de los acontecimientos. En fin de cuentas, la democracia liberal es un régimen afectivo de opinión limitado por las leyes, cuya esfera pública somete cotidianamente la complejidad a un inevitable ejercicio de simplificación. Y donde, como descubrimos con melancolía en estos momentos críticos, lo más simple puede resultar también demasiado complejo.

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España 155

Manuel Arias Maldonado

Foto: FRANCOIS LENOIR
Reuters

Tenemos tiempo -hasta la noche del lunes- para reflexionar sobre el paso sin precedentes que ha dado el gobierno con la activación del artículo 155 de la Constitución: en la vida, en fin de cuentas, siempre hay una primera vez. Pero salga lo que salga a estas alturas del Parlament, difícilmente se detendrá su aplicación, a pesar del carácter disuasorio implícito en la elucidación de las medidas que con él se proponen. Siguen unas notas al respecto.

1. Se ha venido discutiendo sobre si su aplicación está o no justificada, pues se interpreta que jamás hubo declaración de independencia; la última misiva del president vendría a confirmarlo. Sin embargo, el supuesto de hecho es incuestionable: tanto la violación de la Constitución que tuvo lugar en el Parlament los días 6 y 7 de septiembre como el daño al interés general de España (y por tanto Cataluña) pueden darse por acreditados. Si no hubo declaración de independencia (aunque mal puede “suspenderse” lo que nunca se declaró), ha habido cuando menos amenaza reiterada de declararla; a lo que se suma un estado de excepcionalidad social marcado por la movilización civil y el deterioro económico, con el consiguiente daño para los derechos e intereses de los ciudadanos catalanes.

2. Por supuesto, hemos oído ya muchas cosas: que la aplicación del 155 es “un fracaso de España”; que el artículo en cuestión es puramente ornamental; e incluso que es un artículo inconstitucional. Pero el comprensible malestar que pueda producirnos a todos su aplicación no debería conducirnos a la incongruencia (un artículo inconstitucional dentro de la constitución), los buenos deseos sin concreción de alternativas plausibles (“se podía haber evitado”) o la fuenteovejunización (fracaso de todos). Hemos llegado hasta aquí porque un gobierno autonómico se ha rebelado contra el Estado y, habiendo gozado de numerosas oportunidades para dar marcha atrás, no lo ha hecho. Habría sido deseable que la larga tradición española del amotinamiento no hubiera sido recuperada por el Govern, pero eso es exactamente lo que ha sucedido. Lo demás son paños calientes.

3. También la idea de que las medidas propuestas configuran un 155 hard pertenece al terreno de los buenos deseos, pues no se ha especificado en ninguna parte qué forma adoptaría un 155 soft. ¿O acaso puede intervenirse la autonomía, para devolverla a la legalidad, manteniendo en sus funciones a quienes la han vulnerado tan gravemente? Otra vez: que una medida nos disguste o abrume no significa que sea injustificada. Tampoco tiene mucho sentido pedir más concreción al artículo 155, pues su formulación ha de ser abierta; solo de ese modo podrá el gobierno de turno dar respuesta a un supuesto de hecho susceptible de adoptar muchas formas. En este caso, el pacto entre los partidos constitucionalistas está concebido para hacer frente a algo muy serio: la apropiación independentista de las instituciones catalanas y el empleo de todos los instrumentos públicos disponibles para la promoción de un fin -la secesión- que no cabe en el orden constitucional. Salta a la vista que ese fin se ha fomentado sin pausa mediante un ejercicio de persuasión colectiva basado en la propagación de una mentira tras otra. Aunque podemos formular el problema de otra manera: ¿de qué otro modo podría entonces el gobierno del Estado, en España o Alemania, desactivar la acción de un poder autonómico en rebeldía?

4. En un sentido puramente político, la respuesta del gobierno encaja con la definición del soberano que proporciona Carl Schmitt: soberano es quien decide en un estado de excepción. En otras palabras: quien ejerce el poder efectivo cuando reina el desorden. En nuestro caso, el Estado acaba de afirmar su poder porque otro poder, el del gobierno autonómico catalán, venía afirmándose como soberano desde los primeros días de septiembre. Sucede que el poder estatal es aquí poder legítimo, pues sus acciones están amparadas por la Constitución y las leyes e incluyen un conjunto de garantías que son propias del Estado de Derecho: entre ellas, la recurribilidad ante el Tribunal Constitucional y el derecho de intervención en el Senado de representantes de la autonomía intervenida. O sea que Schmitt sí, pero menos.

5. Asimismo, se ha cuestionado que el gobierno pueda cesar al president. Pero mal podría cumplir el artículo 155 su finalidad cuando el problema que motiva su aplicación es precisamente la conducta de un presidente autonómico. Es por eso que el texto constitucional habla de “adoptar las medidas necesarias”. O sea: no tendría sentido intervenir el gobierno autonómico manteniendo al primer responsable de su extravío constitucional. Se aduce, sin embargo, que ha sido votado democráticamente. Esto no es del todo cierto en el caso del señor Puigdemont, pero aun si lo fuera el argumento descansa en una concepción algo primitiva -o bastante poco liberal- de la democracia: ¿habría de mantenerse en el poder a cualquier dirigiente elegido por los ciudadanos, haga lo que haga con el poder que los votos le han conferido? Esto no lo admitía ni el iusnaturalismo medieval, que confería informalmente a los súbditos el derecho de rebelión allí donde el príncipe se convirtiera en tirano. Vox populi, vox dei? Ante el auge populista, volvemos siempre a la misma pregunta. Y a la misma respuesta: por supuesto que no. Esa implacable profesora que es la Historia nos ha enseñado de mil formas distintas que no puede sacralizarse la decisión popular. De ahí las cautelas contramayoritarias que distinguen a las democracias liberales: desde la división de poderes al imperio de la ley. Y es que ningún mandato democrático puede justificar un comportamiento destinado a vulnerar de manera grave el orden constitucional. Sea cual sea la cantidad de gente que salga a la calle para gritar lo contrario.

6. Con todo, una cosa es la pregunta sobre la oportunidad del artículo 155 y otra la pregunta sobre su eficacia. ¿Servirá para resolver el explosivo problema que tenemos entre manos? Se trata, me parece, de un debate distinto que no admite conclusiones tajantes; nadie lo sabe. Desde luego, el artículo no fue pensado sino para situaciones como ésta; que la ocasión misma se haya presentado es prueba irrefutable de su necesidad. Si bien se mira, solo cabía una alternativa: seguir esperando a que la situación alcanzase el grado de putrefacción. Pero ni la sociedad española ni la catalana podían seguir de manera indefinida pendientes de la conducta de un govern que ha perseguido -explícita y abiertamente- un objetivo inconstitucional, ilegal e ilegítimo. Esto hay que recordarlo: se trata de un derecho inexistente para cuya promoción se han capturado las instituciones del autogobierno catalán y una parte nada desdeñable de sus presupuestos públicos. Por supuesto, hay riesgos: desde el posible desorden público al resultado de las futuras elecciones autonómicas. Pero esos riesgos se derivan de la naturaleza misma del fenómeno secesionista y el gobierno, junto con los partidos que lealmente lo apoyan, no tiene más remedio que afrontarlos. Si es posible, con los ciudadanos detrás: porque ciudadanos concernidos somos y no meros observadores externos.

Son días vertiginosos, porque vértigo produce asomarse al abismo. Para algunos, la aplicación del artículo 155 supone de hecho arrojarse al vacío. Puede ser. Pero quizá algún día se vea como el primer paso atrás que evitó la caída: la de todos. Pronto, queramos o no, saldremos de dudas.

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Pudieron

Manuel Arias Maldonado

Foto: JUAN MEDINA
Reuters

La celebración de la asamblea de cargos públicos convocada por Podemos, que tuvo lugar ayer en Zaragoza, dejó dos noticias. Una es el lamentable incidente protagonizado por la “masa de acoso” (la categoría es de Elías Canetti) de extrema derecha que se congregó en Zaragoza para proferir insultos a los asistentes, tirar una botella a la Presidenta de las Cortes de Aragón y romper las lunas de un coche de TV3. Sucedía esto al final de la semana en que fue ordenado el ingreso en prisión del líder de Falange española por el asalto a la librería Blanquerna durante la Diada de 2013. La segunda noticia es el fracaso de la asamblea misma. Era previsible, dada lea extravagancia de la idea: reunir a representantes políticos de todo el país con objeto de crear una legitimidad paralela a la de las Cortes Generales. O sea, una suerte de poder dual capaz de debilitar la autoridad de Ejecutivo y Legislativo, haciendo frente común contra la “represión del PP” y defender el “derecho de autodeterminación de Cataluña”. Pero la noticia no está en la pobre asistencia, sino en el hecho mismo de la convocatoria. Es, como otras iniciativas de Podemos durante las últimas semanas, síntoma de una degradación.

Ya que Podemos, enfrentado a la más importante crisis institucional que ha vivido España desde el golpe de Estado del 23-F (crisis, me atrevo a decir, menos grave que ésta si pensamos que Tejero no iba a ninguna parte), no ha optado por la defensa del orden constitucional. Más bien se ha dedicado a denunciarlo como autoritario y represivo: hablando de unos inexistentes “presos políticos”, denunciando un inexistente “Estado de excepción”, alineándose con los partidos separatistas que demandan la celebración de un referéndum ilegal. ¡Incluso colapsaron la calle Zurita de Lavapiés! Abundan así en su “resignificación” de la sociedad española como mera continuidad del franquismo, que tanto furor causa entre jóvenes y nostálgicos. Han confirmado así que prefieren ser una fuerza destructiva antes que constructiva, dejando de paso al PSOE el espacio que necesitaba para relanzarse electoralmente a su costa prometiendo diálogo dentro de la ley. Mejor desestabilizar en los márgenes que influir en el centro.

¡Ocasión perdida! La democracia española es, como todas, imperfecta. Podría haberse beneficiado de la acción de un partido que, habiendo demostrado una gran habilidad a la hora de canalizar en su favor legítimos sentimientos de frustración y nobles deseos de cambio, los ha distorsionado por fidelidad a su estrategia: divisiva a fuer de populista. De manera que Podemos ha preferido la hipérbole al realismo, la agitación al diálogo, el rupturismo al reformismo. Y con ello, perdemos todos. Es una lástima, porque pudieron. Pero nunca quisieron.

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