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Barbarie en Japón

Melchor Miralles

Foto: KIM KYUNG-HOON
Reuters/File

Este jueves han sido ahorcados dos hombres en Japón que habían sido condenados a muerte. Suponen la decimoctava y decimonovena ejecuciones bajo el actual Gobierno de Shinzo Abe. Primero fue ajusticiado Masakatsu Nishikawa, de 61 años, condenado por el asesinato de cuatro mujeres en los años 90. Después Koichi Sumida, de 34 años, que asesinó a una compañera de trabajo en 2011.

El ministro de Justicia, Katsutoshi Kaneda, dice que firmó las ejecuciones tras “pensarlo cuidadosamente”. Con un par. La realidad es que en Japón se sigue practicando la barbarie, como en los Estados Unidos de Norteamérica, los dos únicos países industrializados que mantienen la pena capital. Una barbarie con la que no se hace justicia, sino que es un ejercicio de venganza social. Intolerable. Arcaico. Inútil. Porque, además, allí donde hay pena de muerte existe la posibilidad de que un inocente sea ejecutado, lo cual es barbarie, pura barbarie.

Desde Cesare Beccaria a otros menos ilustres penalistas no hay uno que se precie que no esté en contra de la pena de muerte. Y menos aún en el Siglo XXI. Resulta inconcebible en todos lados, pero más aún en países que son punteros en desarrollo tecnológico, cultural y en todos los ámbitos. No debemos parar de denunciarlo. Los delitos cometidos por los ejecutados, si eran culpables, son terribles, odiosos. No hay duda. Merecen una severa sanción penal. Pero la pena de muerte es inaceptable. Y como escribió Martin Luther King, lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos ante la barbarie. Hoy en Japón, mañana en cualquiera de los 60 países que la mantienen vigente.

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#NoSeasAnimal, la campaña de la Junta de Andalucía contra los piropos indeseados

Redacción TO

Foto: Instituto Andaluz de la Mujer
Twitter

#NoSeasAnimal es la última campaña del Instituto Andaluz de la Mujer y el Instituto Andaluz de la Juventud contra el acoso callejero, y su objetivo es prevenir una forma de violencia de género que consideran que está “socialmente aceptada” y que normaliza el papel de la mujer como objeto sexual.

Para visibilizar este fenómeno, la campaña compara a los acosadores con una ‘fauna callejera’ formada por búhos, buitres, cerdos, gallitos, gorriones y pulpos.

Así, los búhos son aquellos que “no te quitan el ojo de encima”, los buitres “están siempre al acecho”, los cerdos “gritan barbaridades”, el gallito “dice piropos a unos metros de distancia”, el gorrión “reclama tu atención silbándote” y el pulpo “se pega cada vez que puede”.

Con estas comparaciones, la campaña quiere hacer ver que “estos comportamientos no son propios de personas”. Para acabar finalmente con esta “fauna callejera”, un vídeo muestra situaciones cotidianas en las que se repiten constantemente acciones de acoso callejero que en ocasiones son percibidas como algo normal, pero que en realidad son una práctica machista que favorece la vulnerabilidad de las mujeres. Piropos no deseados, roces en el transporte público, fotografías sin permiso… todo ellos son comportamientos que suponen un acto de machismo y que, con esta campaña, la Junta de Andalucía quiere erradicar de las calles.

El acoso callejero es la práctica “machista y sexual más comúnmente aceptada”, ha dicho el director del Instituto Andaluz de la Juventud, Francisco Pizarro. “Se trata de comportamientos sexuales explícitos o implícitos que los hombres hacen cotidianamente a las mujeres en las calles, sin ver en ello violencia”, ha añadido.

Reacciones a la campaña

Como era de esperar, esta campaña ha generado reacciones de todo tipo. Desde los que la aplauden y creen que su objetivo es necesario, hasta los que consideran que es una exageración considerar los piropos como acoso callejero, las redes sociales han tardado poco en reaccionar a esta sorprendente campaña.

Entre los que la defienden, hay quien incluso considera que los hombres retratados en estas imágenes son indignos de ser comparados con los animales.

Ampliación del programa contra las agresiones sexuales

Con esta campaña, el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ha anunciado que este año se ampliará la atención psicológica a las víctimas de agresiones sexuales a través del Teléfono de Información de la Mujer (900 200 999).

El IAM ha asistido a 4.420 víctimas de violencia sexual, un “reflejo escalofriante de un problema social de intolerancia y permisividad ante uno de los mayores delitos contra las personas”, ha dicho Elena Ruiz, la directora de esta institución, que ha animado a llamar a todas las mujeres que sufran una agresión o abuso sexual.

Hasta ahora, el Teléfono de Información de la Mujer derivaba los casos de agresiones al Servicio de Información Jurídica, Asistencia Legal y Atención Psicológica, pero ahora se reforzará esta atención poniendo a disposición de las usuarias una asistencia telefónia urgente por parte de un equipo de psicólogas que atenderá las primeras necesidades de estas mujeres. El servicio funcionará de jueves a domingo y días festivos, cuando se concentra mayor número de agresiones y abusos en torno a las fiestas locales.

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De Greyball a Ripley: las armas secretas de Uber para eludir la justicia

Tal Levy

Foto: RAFAEL MARCHANTE
Reuters

No es ciencia ficción, sino un modo de enfrentar a un intruso indeseado sin necesidad de llegar al extremo de gritarle “Aléjate de ella, perra”, como en una de las más míticas escenas de la saga Alien.

El protocolo de visitantes inesperados activado en secreto por Uber hace años ha salido a la luz. Conocido sólo por un grupo selecto de empleados de la compañía, este software terminó siendo llamado Ripley en alusión al personaje central de la serie que encarnó icónicamente en la gran pantalla la actriz estadounidense Sigourney Weaver y que estaba dispuesto incluso a aniquilarse si con ello lograba acabar con sus enemigos alienígenas.

En el caso de Uber, el “supuesto invasor”: la policía o las autoridades que querían realizar inspecciones en sus oficinas. Y el mecanismo para afrontarlo: una suerte de black out informático.

“Destruye todo el sitio desde la órbita. Es la única forma de estar seguros”, es la frase de Ellen Ripley que inspiró el apodo del programa utilizado por Uber, aunque su aplicación no llegó a tanto pues lo que hacía era blindar los sistemas y bloquear el acceso a la información para evitar que fueran revisados por los funcionarios.

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Protesta a las afueras de Uber Technologies en Lisboa | Imagen: REUTERS/Rafael Marchante

La compañía de servicio alternativo a los taxis ha reconocido que usó este software desde mayo de 2015, cuando una decena de agentes de Quebec intentaron hacer una inspección fiscal en las oficinas de Montreal y se encontraron con que los equipos informáticos estaban completamente bloqueados, por lo que no pudieron recolectar ninguna evidencia. Se fueron con las manos vacías.

Hoy se sabe la razón: empleados de la oficina canadiense notificaron a los ingenieros ubicados en San Francisco para que pusieran en funcionamiento a Ripley. Y es que este programa permite que desde la sede general de Uber en California se modifiquen los passwords y sea denegado todo acceso a los móviles y a los ordenadores portátiles y de escritorio de la compañía en cualquier parte del mundo.

Pero ¿cómo nació? Incidentes durante una misma semana de marzo de 2015, en París y Bruselas, alentaron su creación. En la capital belga la justicia ordenó el cese de las actividades de Uber después de que las autoridades, que acusaban a la compañía de operar sin disponer de permisos adecuados, inspeccionaron sus oficinas y lograron acceder al sistema de pagos, a la información de clientes y trabajadores.

De allí que la empresa de transporte de pasajeros ideara el establecimiento de este tipo de mecanismo de seguridad. Lo que en un principio se limitaba a finalizar las sesiones cuando un ordenador pasaba 60 segundos sin actividad alguna se extendió.

Melanie Ensign, portavoz de Uber, ha reconocido que Ripley fue utilizado en ciudades como París, Hong Kong y Bruselas hasta fines de 2016, según ha recogido USA Today.

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Trabajador del edificio de Uber en Queens | Imagen: REUTERS/Brendan McDermid

“Al igual que todas las empresas con oficinas en todo el mundo, tenemos procedimientos de seguridad para proteger los datos corporativos y la información de los clientes. Cuando se trata de investigaciones gubernamentales, nuestra política es cooperar con todas las búsquedas y solicitudes válidas de información”, agregó Ensign.

“Una compañía como Uber, que maneja altos volúmenes de datos de sus usuarios y de los coches de sus conductores, debe tener una estrategia de protección muy robusta y cumplir con altos estándares de seguridad. El problema aquí es cuándo decide ejecutar esos controles o bloqueos.”

“La información es lo más valioso que puede tener una organización. Una compañía como Uber, que maneja altos volúmenes de datos de sus usuarios y de los coches de sus conductores, debe tener una estrategia de protección muy robusta y cumplir con altos estándares de seguridad. El problema aquí es cuándo decide ejecutar esos controles o bloqueos. Entonces, ya hablamos no del sistema o la solución, sino de su política o su estrategia de contingencia o atención a incidencias. Un cierre de los sistemas no es tanto una solución, sino una estrategia que puede tener la organización dada determinada incidencia”, explica a The Objective el consultor en seguridad de la información Manuel Piña.

De acuerdo con la agencia Bloomberg, que destapó el jueves 11 de enero la existencia del software en cuestión, “se pueden encontrar alusiones a su naturaleza en ciertos documentos judiciales, pero sus detalles, alcance y origen no han sido reportados previamente”.

La pregunta que resuena, tan en boga en la era Trump, es si su uso podría constituir obstrucción de la justicia. El juez que lleva el caso contra la compañía en Quebec así lo cree. “Uber quiso ocultar evidencia de sus actividades ilegales”, apuntó en el expediente tras el fracaso de la redada en Montreal.

No obstante, la defensa lo negó alegando que los archivos no fueron borrados y que luego la información requerida fue entregada ante una solicitud judicial posterior más concreta.

No es la primera vez que Uber echa mano de este tipo de procedimiento controvertido, al que habría recurrido en más de veinte ocasiones. En efecto, está en la mira del Departamento de Justicia de Estados Unidos debido a otras cinco herramientas informáticas: Greyball, Hell, Heaven View, Surfcam y Firehouse.

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Greyball también fue usado en China y Corea del Sur | Imagen: REUTERS/Tyrone Siu

Aplicación fantasma

En febrero de 2017, el diario The New York Times reveló la existencia de Greyball, un programa de espionaje informático utilizado desde 2014 por Uber para tratar de evitar que las autoridades descubrieran que operaba en ciudades donde este servicio estaba prohibido o sometido a vigilancia estricta.

Tras recopilar información del cliente, el software permitía identificar a supuestos pasajeros que en verdad lo que buscaban era conseguir algún tipo de evidencia violatoria de la ley por parte de la compañía, por lo que cancelaba sus viajes o sencillamente los coches jamás llegaban a recoger a estos presuntos clientes.

Este dispositivo estaba incluido dentro del programa Violación de Términos de Servicio para detectar a quienes usaran la aplicación de manera inadecuada. Creado para evadir a pasajeros peligrosos o malintencionados, terminó empleándose con otros fines.

¿Cómo identificaba a los funcionarios encubiertos? Si la localización desde la que se solicitaba el servicio era próxima a alguna oficina gubernamental o la tarjeta de crédito aportada por el usuario para pagar estaba asociada a un organismo oficial, una versión falsa de la aplicación se ponía en marcha con coches fantasma pues estos aparecían en pantalla pero en realidad no se encontraban circulando en la zona.  Era la forma de evitar cualquier tipo de sanción.

Un mes después de ser desvelada públicamente la utilización de Greyball en ciudades estadounidenses como Boston y Las Vegas, así como en Francia, Australia, China y Corea del Sur, al director de seguridad de la compañía para el momento, Joe Sullivan, no le quedó más remedio que sentenciar: “A partir de ahora estamos prohibiendo de manera expresa el uso del programa para evitar las acciones que tomen autoridades locales”.

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Josh Mohrer, antiguo gerente general de Uber | REUTERS/Eduardo Munoz

Bajo la mirada divina

En noviembre de 2014, la reportera de Buzzfeed Johana Bhuiyan se llevó una sorpresa cuando al llegar a la sede de Uber en Nueva York para entrevistar al entonces gerente general de la empresa en esa ciudad, Josh Mohrer, él le mostró su móvil y le dijo que a través de este había estado haciendo seguimiento de su desplazamiento hasta esa oficina.

Mohrer había usado God View (Vista de Dios), una herramienta de la que dispone Uber para conocer la ubicación de sus conductores y clientes. Sin embargo, al rastrear a la periodista sin su consentimiento con este programa pudo haber violado las normas de privacidad de la compañía, lo que derivó en una investigación interna.

Entre cielo e infierno

En septiembre de 2017, The Wall Street Journal informó sobre la apertura de una averiguación por parte del FBI contra Uber por el software llamado Hell (Infierno), que supuestamente empleó entre 2014 y 2016 para hacerle seguimiento a los conductores de Lyft, una de las empresas rivales.

El programa creaba cuentas falsas de pasajeros en Lyft por medio de las cuales podía monitorear cuántos coches tenía en ciertos lugares a determinadas horas. Luego Uber sacaba provecho de esa información. Su nombre respondía a que era el complemento de God View, después rebautizado como Heaven View (Vista del Cielo), con el que la compañía hacía seguimiento a sus propios conductores.

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Taxistas en protesta contra la desleal de competencia de Uber en el Salvador | Imagen: REUTERS/Jose Cabezas

La ola de la competencia

En octubre de 2017, Bloomberg reportó la existencia de Surfcam, gracias al cual Uber usó la información en línea de sus competidores para saber en tiempo real el número de conductores que tenían trabajando en un momento concreto y su ubicación exacta.

Esta herramienta habría sido desplegada fundamentalmente en Singapur, donde Uber se disputa el mercado con una compañía denominada Grab.

Precios en juego

En su búsqueda por innovar también recurrió al programa Firehouse, que le permitía ofrecer a los usuarios una tarifa fija inicial que era estimada mediante cálculos efectuados por ordenadores sobre cuál era el precio que la gente que hacía una ruta específica estaría dispuesta a pagar. Al mismo tiempo, experimentaba brindando descuentos pero sólo a ciertos clientes.

Estas pruebas provocaron malestar entre sus conductores que notaban una creciente diferencia entre las tarifas aplicadas a los pasajeros y la compensación que ellos recibían por prestar el servicio.

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Óscar Pérez, breve y mediático

Andrés Cañizález

Foto: CHRISTIAN VERON
Reuters

El paso de Óscar Pérez por la vida pública venezolana ha sido breve y sin duda con un claro impacto comunicacional. Desde que apareció montado en un helicóptero disparando a la sede del Tribunal Supremo de Justicia hasta la difusión de sus últimos videos (rodeado en El Junquito), este inspector agregado del CICPC dejó una estela de interrogantes.

El gobierno tardó más de doce horas en informar que Óscar Pérez estaba entre los fallecidos (nueve en total, dos efectivos de la PNB), pero posiblemente nunca informen con precisión sobre lo ocurrido. Diversos periodistas especializados en la fuente policial han dado por cierta la versión de que Pérez murió tras un ataque masivo y de alto calibre por parte de una acción conjunta de varios cuerpos de seguridad del Estado.

Esto ha ocurrido medio año después de su cinematográfica irrupción en la escena venezolana, dentro de un helicóptero oficial evidenciando una grieta en el sistema de seguridad de un régimen que se precia de tener las cosas bajo control, al menos cuando de uniformes se trata.

Un sinfín de preguntas, sospechas y admiraciones despertó al mediático piloto de helicópteros policía tras sobrevolar y disparar contra la sede del Tribunal Supremo de Justicia el 27 de junio de 2017, en medio de la efervescencia de una ola de protestas que comenzaba francamente a extinguirse por la falta de conducción y de objetivos alcanzables.

¿Óscar Pérez actuaba solo con un pequeño grupo de policías descontentos o su acción representaba un descontento de más largo alcance? ¿Era en verdad un romántico que creía que una acción solitaria despertaría una ola de respuestas o fue parte de una acción con otros factores que sencillamente a última hora lo dejaron solo? ¿Se trata de una estrategia genuina o es una fachada promovida por el propio gobierno?

Estas son algunas de las preguntas que rodeaban a Pérez a mitad de 2017.

A mitad del primer mes de 2018 (un año que sin duda será candente en Venezuela), Óscar Pérez deja una nueva estela de interrogantes: ¿Su afán de protagonismo, por ejemplo brindando hace pocos días una entrevista a CNN, le hizo descuidar medidas de seguridad? ¿Si representaba a un movimiento más amplio porque al final sólo estaba con tan pocas personas? ¿El gobierno conocía su paradero con antelación y activó la operación en un momento propicio para sus fines?

En mi opinión, sin embargo, subyace una pregunta crucial que tiene que ver con lo comunicacional: ¿Por qué el gobierno le permitió a Óscar Pérez transmitir todos los videos que transmitió una vez que se sabía de su ubicación?

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La educación de un instinto

Juan Claudio de Ramón

Foto: Markus Schreiber
AP Photo

Yo era, lector, de los que pedían permiso. Con el paso de los años, y aminorado ya el sentimiento de ridículo que aún me suscitan no pocos episodios de mi torpe adolescencia –mas por amor se puede hacer el ridículo– crece en mi ánimo la sospecha de haber perdido, por timidez, más de un beso, o lo que es peor y más grotesco, de haberlo perdido por la vanidad, propia del pedante, de pensar que al amor se llega a través de las palabras. Con admirado pasmo observaba la muy otra manera de actuar de mis amigos más duchos, peritos en el arte de deshacer las situaciones de incertidumbre sexual con un gesto y no como yo pretendía, ay, con un verso; gesto, para mí mágico, que bauticé con el nombre de «maniobra x»: la acción audaz y relampagueante que rompe, con permiso solo intuido, y por tanto nunca seguro, el hiato entre dos cuerpos que se atraen.

Me pregunto hoy si la «maniobra x» no estará en vías de extinción. La campaña de concienciación contra el acoso sexual a raíz el caso Weinstein ha dado fuerza a una idea que lleva tiempo sugiriéndose como el modo más eficaz de evitar situaciones violentas y potencialmente traumáticas durante los encuentros románticos: transitar de una cultura donde el consentimiento sexual suele ser tácito o presentido, a una en que sea expreso y certificado. Se trata de la política del «ask first» o «pregunta primero», presente desde hace tiempo en muchos campus de Estados Unidos, y ahora facilitada por la tecnología del smartphone. Estos días, se discute en Suecia una reforma legal que, con objeto de facilitar la prueba de violación, hará necesario el previo consentimiento explícito antes de iniciar una relación sexual. La propuesta tiene sus críticos: compraríamos seguridad al oneroso precio de protocolizar al máximo las relaciones eróticas, privándolas de toda espontaneidad e instalando un contraproducente clima de suspicacia entre los sexos.

La cuestión del consentimiento, expreso o tácito, es clave tanto en el movimiento #metoo como en la réplica –o matizada y parcial crítica– contenida en el manifiesto con el que cien mujeres francesas han salido al paso de lo que creen contraproducentes excesos vindicativos. Cuesta entender, en todo caso, la necesidad de tomar partido. Las activistas del #metoo han mejorado el mundo, librándolo o achicando el espacio de los déspotas sexuales, y las intelectuales francesas disidentes han mejorado el debate, librándolo de maniqueísmos y simplificaciones. Las primeras invitan a los hombres a hacer examen de conciencia en su relación con las mujeres. Las segundas invitan a las mujeres a comprender que los riesgos en el ejercicio de la libertad incluyen también el que otra persona libre no sepa hacer un uso virtuoso de la suya. Unas y otras, estoy seguro, estarían de acuerdo en que algunos casos son difíciles de juzgar. Como todos los debates interesantes, este es un debate de límites, donde la frase lapidaria tiene todas las papeletas para ser una tontería. Y donde es probable que toda postura extrema quede arrinconada en la práctica: en el tira y afloja entre el instinto y la educación, aspiremos a tener unos instintos educados.

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