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Barbarie en Japón

Melchor Miralles

Foto: KIM KYUNG-HOON
Reuters/File

Este jueves han sido ahorcados dos hombres en Japón que habían sido condenados a muerte. Suponen la decimoctava y decimonovena ejecuciones bajo el actual Gobierno de Shinzo Abe. Primero fue ajusticiado Masakatsu Nishikawa, de 61 años, condenado por el asesinato de cuatro mujeres en los años 90. Después Koichi Sumida, de 34 años, que asesinó a una compañera de trabajo en 2011.

El ministro de Justicia, Katsutoshi Kaneda, dice que firmó las ejecuciones tras “pensarlo cuidadosamente”. Con un par. La realidad es que en Japón se sigue practicando la barbarie, como en los Estados Unidos de Norteamérica, los dos únicos países industrializados que mantienen la pena capital. Una barbarie con la que no se hace justicia, sino que es un ejercicio de venganza social. Intolerable. Arcaico. Inútil. Porque, además, allí donde hay pena de muerte existe la posibilidad de que un inocente sea ejecutado, lo cual es barbarie, pura barbarie.

Desde Cesare Beccaria a otros menos ilustres penalistas no hay uno que se precie que no esté en contra de la pena de muerte. Y menos aún en el Siglo XXI. Resulta inconcebible en todos lados, pero más aún en países que son punteros en desarrollo tecnológico, cultural y en todos los ámbitos. No debemos parar de denunciarlo. Los delitos cometidos por los ejecutados, si eran culpables, son terribles, odiosos. No hay duda. Merecen una severa sanción penal. Pero la pena de muerte es inaceptable. Y como escribió Martin Luther King, lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos ante la barbarie. Hoy en Japón, mañana en cualquiera de los 60 países que la mantienen vigente.

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Garzón en Münzer

José Carlos Rodríguez

Foto: Luca Piergiovanni
EFE

Bernt Rothmann, amigo de Lutero, sufrió una violenta conversión a la nueva fe desde su acendrado catolicismo. Era un hombre elocuente, y forjó una pléyade de seguidores en Munzer que creían a pies juntillas la necesidad de imponer el comunismo más estricto. Ya no había tuyo, o mío. Jan Matthys, anabaptista, envió a sus “apóstoles” a la ciudad para que bautizasen a todo Münzer. Rothmann volvió a convertirse y abrazó la fe anabaptista. Aquél 1534 la ciudad alemana era ya un hervidero religioso cuando otro hombre, Jan Bockelson, con el apoyo de un rico industrial inició su apostolado particular. Andaba por las calles profiriendo alaridos y llamando a los vecinos al arrepentimiento por sus pecados. A su paso se retorcían los cuerpos de los vecinos, atormentados por las imágenes de un apocalipsis inminente. En ese ambiente de excitación, los anabaptistas, apoyados por los gremios, tomaron el ayuntamiento. Muchos luteranos, aterrorizados, abandonaron Münzer. La ciudad veía la llegada de anabaptistas procedentes de otros lugares, ávidos por ver con sus propios ojos la Nueva Jerusalén. Se hicieron con el control de la ciudad, lo que celebraron con una inmensa pira de libros, pinturas, estatuas. Una revuelta, una locura, que sólo necesitaba de un líder para que su éxito fuera completo. Fue entonces cuando llegó el propio Jan Matthys.

Matthys se convirtió en el dictador de la ciudad. Ordenó el degollamiento de católicos y luteranos, pero oyó los consejos que le decían que una mera expulsión crearía menos recelos en el negro mar que rodeaba la isla de santidad que era Münzer. Confiscó la propiedad de los expulsados. Un herrero protestó por la política impuesta por un extranjero (Matthis era de Haarlem), y pagó con una ejecución pública su atrevimiento. El terror se combinaba con severas advertencias de que poseer dinero atentaba contra el cristianismo.

La ciudad estaba sitiada por fuerzas católicas. Matthys salió de la ciudad para librarla del cerco junto con unos cuantos hombres, pero fue aplastado. Entonces Münzer cayó en manos de Bockelson. Él abolió todas las instituciones municipales e instituyó un gobierno formado por doce ancianos y él mismo, a los que confirió poder absoluto sobre la vida y la propiedad de los vecinos. La pena capital era la respuesta a cualquier tipo de insubordinación.

Cuando cedió el cerco sobre la ciudad, Bockelson se proclamó Rey y Mesías de los Últimos Días. Comenzó a vestir con todo lujo. Colocó en el centro de la plaza un trono revestido de paño de oro. Bockelson ordenó cambiar los nombres de todas las calles. Confiscó todos los caballos y se los entregó a sus hombres, que pronto comenzaron a compartir los frutos del expolio. Se imponían trabajos forzados y cualquier “excedente” en manos de un ciudadano era penado con la muerte.

El entusiasmo del pueblo por el anabaptismo y la Nueva Jerusalén empezó a brillar mucho menos. Entonces, Bockelson expuso ante todo Münzer cuál era la justificación del nuevo sistema. Él, y los suyos, habían muerto al mundo y a la carne. Eran, pues, espíritus “puros”. Y no importa lo que hicieran, eran incapaces de pecar. Los que aún albergasen alguna duda sólo debían esperar, pues Bockelson y los suyos eran sólo la avanzadilla de un nuevo orden, en el cual también ellos podrían disfrutar de esos lujos. Un nuevo cerco a la ciudad dio fin al régimen del amor impuesto en Münzer, un año después. El final fue agónico para la población, que veía cómo los dictadores de la ciudad comían con desmesura los víveres que a ellos les faltaban.

Predicar el comunismo, la justicia infinita y el gobierno basado en el amor y seguir personalmente un comportamiento contrario no es un invento de Alberto Garzón.

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Los crímenes del lesa humanidad que se cometen en Venezuela

Anna Carolina Maier

Foto: Marco Bello
Reuters

“Armando fue en la mañana a la Universidad Central de Venezuela a meter sus papeles para estudiar Medicina. Quería ser anestesiólogo y tener seis hijos. Ese día, 3 de mayo, suspendieron las clases en el conservatorio, en El Paraíso, donde estudiaba chelo. Decidió irse a la protesta con su hermano mayor, Alejandro (21), donde se encontraría con su padre. Había cumplido 18 años dos meses atrás”, relató para el portal venezolano Prodavinci, Mónica Carillo D’Lacoste, madre de Armando Cañizales, uno de los 124 muertos, según el Ministerio Público, en las protestas antigubernamentales en Venezuela que se dieron con más fuerza entre el 1 de abril y el 31 de julio.

Carillo declaró que antes de eso no le permitían asistir a las protestas a pesar de que el joven insistía en que quería luchar para lograr un país que se pareciera, “aunque fuera un poco”, al que le habían contado sus padres haber vivido.

“En la tarde, recibí una llamada de mi esposo:  ‘Mónica, te voy a buscar, a Armando se lo llevaron al Hospital Domingo Luciani’.  Soy médico. Y Armando estaba manifestando en Las Mercedes. Sabía que de estar herido lo habrían llevado a la Policlínica Las Mercedes o al CDI. Cuando le vi la cara al médico, no hubo necesidad de que me dijera nada. Es la misma cara que me ha tocado poner muchas veces. Es algo que se aprende con los años de servicio. Solo pedí verlo. Me entregaron la ropa primero y supe que era un tiro. Lo destapé, estaba envuelto. No tenía dolor en la cara. Era un rostro en paz”, añadió para Prodavinci.

El asesinato de Cañizales forma parte de las cientos de razones por las que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, ha instado este lunes para que se abra una investigación internacional por los “crímenes contra la humanidad” que, según afirmó, se han podido producir en Venezuela durante las manifestaciones de este año.

Según un informe reciente de la ONU, entre estos delitos, cometidos tanto por funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro como por las fuerzas de seguridad del Estado, destacan los asesinatos durante las protestas, el uso de fuerza excesiva y letal, posibles ejecuciones extrajudiciales, malos tratos e incluso torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas temporales, allanamientos ilegales y violentos de viviendas particulares, juicios militares contra civiles y ataques contra periodistas.

¿Cuáles son los crímenes del lesa humanidad que la ONU pide investigar en Venezuela?
Imagen: ACNUDH

Asesinatos

De acuerdo con el Foro Penal venezolano, son 136 las personas muertas en el marco de las manifestaciones. Una cifra mayor a las que ha registrado el Ministerio Público. Específicamente, durante el mes de agosto fueron asesinadas dos personas en ese contexto, ambas por impacto de bala en la cabeza, presuntamente por disparos realizados por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Asimismo, la ONG sostiene que 46 manifestantes murieron a manos de las fuerzas de seguridad del Estado y 27 por colectivos armados afectos al Gobierno.

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Imagen: ACNUDH

Según el ACNUDH, la mayoría de las víctimas eran hombres jóvenes, de 27 años de media. También murieron 15 niños y 7 mujeres. En general, las víctimas eran estudiantes o personas que acababan de terminar sus estudios.

Entre estos jóvenes, además de Cañizales estaba Juan Pablo Pernalete de 20 años. El caso del estudiante de Contabilidad y jugador de baloncesto se convirtió en uno de los más polémicos cuando la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, recientemente destituida por la Constituyente, se pronunció al respecto mostrando su rechazo al uso excesivo de la fuerza en la represión de manifestaciones.

Durante una rueda de prensa, la primera que hacía Ortega Díaz de manera abierta a todos los medios tras largos años de apoyo al chavismo, sorprendió a la ciudadanía al sacar de una bolsa de cartón una bomba lacrimógena como la que presuntamente fue asesinado Pernalete. “¿Quién la disparó?”, soltó un periodista aún ante la advertencia de que ella no ofrecería respuestas sino que sólo daría una declaración. “La guardia”, respondió sin titubear. Bajó nuevamente la mirada al papel que llevaba con datos.

Contradijo así también al ministro de Comunicación e Información del Gobierno Nacional, Ernesto Villegas, quien había informado al país y “al mundo” sobre la tesis oficial que, como portavoz del ejecutivo, manejaba sobre la causa y móvil del homicidio.

“Todo indica la posibilidad de que esta pistola de perno cautivo haya podido ser el arma que causó el impacto en el pecho del joven Pernalete causándole la muerte”, dijo Villegas, mostrando otra arma e inclusive una foto del cuerpo del joven, lo que representó una violación al Código Orgánico Procesal Penal, porque esa imagen era parte del expediente prohibido a terceros, perteneciente a la Fiscalía.

Los análisis del Ministerio Público demostraron que la teoría del Gobierno era falsa. Y entre mentiras, los padres de Perlanete sólo claman justicia. En la puerta de su habitación cuelga un letrero que reza: “Mantener cerrada por favor”.

Las fuerzas de seguridad, asimismo emplearon armas de fuego con municiones tales como perdigones, “metras” (canicas) y piezas de varilla metálica, prohibidas para reprimir manifestaciones. El ACNUDH examinó el caso de Cañizales, entre estos ejemplos.

Además, el Ministerio Público inició investigaciones sobre al menos 1.958 denuncias por lesiones sufridas en el contexto de las manifestaciones.

Entre los casos están el de Yolyter Rodríguez, de 56 años, ama de casa y madre de tres hijos, quien denunció a Reuters que resultó herida en la cabeza con una bomba lacrimógena presuntamente disparada por las fuerzas de seguridad del Estado. El impacto le causó fracturas del cráneo y daño cerebral.

¿Cuáles son los crímenes del lesa humanidad que la ONU pide investigar en Venezuela? 5
Foto: Uselei Marcelino | Reuters

Arrestos

Por su parte, la organización defensora de DDHH Foro Penal -una de las fuentes que ha utilizado la ONU para su informe- destaca que el número total de arrestos arbitrarios fue de 5.341 desde el 1 de abril al 31 de agosto. 410 de estos fueron niños. Además, señala que aún permanecen 822 personas detenidas.

Destaca que en el mes de agosto hubo 156 detenciones arbitrarias, por lo que se notó “una disminución en la cantidad de personas detenidas con respecto a los meses anteriores” lo que para la ONG responde a una baja en las convocatoria de manifestaciones de calle por parte de la oposición venezolana durante ese mes, lo que “evidencia que los arrestos arbitrarios practicados por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado de manera sistemática, obedecen a fines netamente políticos y de represión contra manifestantes”.

A esto se le suma que ACNUDH identificó un patrón de violaciones graves del debido proceso en los casos de detención documentados, como la falta de órdenes de arresto, la detención en régimen de incomunicación, la falta de acceso a un abogado y el incumplimiento del principio de presunción de inocencia.

De hecho, 705 civiles detenidos durante las manifestaciones fueron sometidos a la jurisdicción militar y acusados de delitos de naturaleza militar, en violación de las garantías de un juicio justo previstas en el derecho internacional de los DDHH.

Torturas y malos tratos

ACNUDH documentó también el empleo de diferentes formas de tortura y malos tratos. Según el informe, muchos de los detenidos que fueron entrevistados por las distintas ONG les propinaron fuertes palizas en todo el cuerpo, incluidos los genitales, con palos, barras de metal, alicates, cascos, bates de béisbol y armas.

“A veces, se envolvió a los detenidos en colchonetas para evitar que la paliza dejara marcas”.

Asimismo, fue noticia que unos guardias esposaron y suspendieron a un hombre en la tubería de un tanque de agua durante nueve horas con solo la punta de los dedos de sus pies tocando el suelo. Durante ese tiempo, recibió golpes sin interrupción y no se le dio agua ni comida.

Un abogado contó a ACNUDH que su cliente sufrió quemaduras hechas con cigarrillos y con el cañón caliente de un arma. Otros detenidos fueron obligados a arrodillarse durante largo tiempo y otros, a escuchar canciones y consignas progubernamentales durante horas.

Entre el 1 de abril y el 10 de julio de 2017, el Defensor del Pueblo -identificadi con el Ejecutivo- recibió dos denuncias de tortura y 122 denuncias de tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Allanamientos ilegales

Otro de los crímenes que denuncia ACNUDH fueron los allanamientos ilegales y violentos en conjuntos residenciales por parte de las fuerzas de seguridad con el objetivo de detener a manifestantes.

Uno de los que resultó especialmente violento fue en el conjunto residencial El Paraíso, comúnmente conocido como Los Verdes, formado por varios edificios de apartamentos donde viven unas 1.200 personas, en el lado oeste de Caracas.

El 13 de junio de 2017, de 6 a 9 de la mañana aproximadamente, unos 40 apartamentos fueron objeto de registro sin orden judicial. En la operación se produjo la destrucción generalizada de bienes y hubo 23 detenidos.

Algo similar sucedió en otro emblemático conjunto residencial de la misma zona llamado las Residencias Victoria, cuando el 2 de mayo la guardia comenzó a lanzar bombas a los edificios donde protestaban algunas personas en contra de la convocatoria hecha por Maduro de una Asamblea Nacional Constituyente.

En principio, las bombas fueron disparadas hacia los estacionamientos, incendiando dos vehículos que estaban allí, pero luego comenzaron a dispararlas directamente hacia los edificios incendiando incluso pisos.

Según la ONU, la crisis que atraviesa Venezuela ha empeorado este año. El país tiene un 82% de pobreza, de acuerdo con Caritas de Venezuela y una inflación anual de 700%.

Además, para que una familia de cinco miembros pueda adquirir una canasta alimentaria básica se requieren 18,9 salarios mínimos, reseña el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS-FVM). Desde el 1 de enero hasta el 13 de agosto, se habían registrado 9,927 homicidios, según el Observatorio Venezolano de Seguridad.

Todo esto ha conllevado a un incremento del número de solicitantes de asilo. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, calcula que, para mediados de julio de 2017, cincuenta mil venezolanos habían solicitado asilo, cifra que era casi el doble del número de solicitantes registrado en 2016.

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Banderas de nuestros amos

Ferrán Caballero

Foto: ALBERT GEA
Reuters

La imagen más significativa del pleno fue probablemente la de una señora diputada retirando las banderas españolas que los populares habían dejado en su retirada. La señora diputada no era independentista, sino de Cataluña Sí Que Es Pot, la coalición electoral que integra a Podemos. Y con su gesto dio una buena muestra del papel que su partido, o su coalición, ha tenido y sigue teniendo en el proceso independentista. Ella es capaz de retirar la bandera española y dejar la catalana, pero sólo en ausencia de los afectados. Nunca jamás se le ocurriría arrancársela de las manos a un diputado unionista, pero si se van se crece. 

Porque su partido está aquí para recoger las sobras, y sabe Dios que sobras habrá. Poco antes, o poco después, su partido se abstuvo en la votación de la ley del Referéndum, porque una cosa es jugar a romper España y otra cosa es jugar a que Cataluña sea independiente. Como los buenos conservadores, saben bien que es más fácil destruir que construir. Pero, a diferencia de los buenos conservadores, prefieren la destrucción de España a la creación de una Cataluña independiente.

Hace pocos días, el teniente de alcalde de Barcelona Gerardo Pisarello despertó las iras de muchos unionistas al declarar que había que ir a votar el 1 de Octubre, pero que había que hacerlo en clave de protesta contra el Partido Popular. Quieren votar en el referéndum, pero no votar a favor del referéndum. Es una posición que irrita por igual a independentistas y unionistas pero que no debería. Porque, pierda quien pierda, siempre los tendrá a ellos para pactar o para culpar según convenga. Y no debería porque, gane quien gane, lo hará aprovechándose de ellos. 

Si el independentismo tiene alguna posibilidad de celebrar un referéndum con credibilidad internacional que pueda forzar una negociación y/o blablabla depende precisamente de que vaya a votar mucha gente y que una parte significativa de esa gente vote que No. Y la única gente que puede ir a votar que No en masa son los comunes y podemitas. Si el Estado es capaz de evitar las votaciones, no tiene nada que temer de esta posible participación y podrá cobrarse su deslealtad. Si, por el contrario, el Estado no es capaz de pararlas, necesitará a alguien que desvirtúe la radicalidad del acto, folklorizando y banalizando las votaciones al negarse a reconocer el resultado como vinculante. Lo que va quedando claro es que en esta tragedia a los comunes les ha tocado el papel de tontos útiles, pero todavía no se sabe de qué causa.

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El desengaño

Josu de Miguel

Todos podemos convenir que el problema con el independentismo en Cataluña tiene su origen en un conflicto histórico de carácter territorial. Es algo objetivo. Así se ha entendido creo hasta hoy: pero después de presenciar el debate en el Parlament, con el objeto de discutir e intentar aprobar una Ley de Referéndum que permita hacer una consulta secesionista, creo que muchos ya no compartirán esta interpretación de forma completa. Habrá que introducir nuevas variables. De hecho, las batallas que hasta hoy tenía por ejemplo el PSOE sobre el número de naciones que constituyen España o el consenso para empezar a discutir en la Comisión Constitucional de las Cortes el futuro del Estado autonómico, suenan ya como acontecimientos de un pasado lejano.

La forma en la que la mayoría ha laminado a través de los órganos de gobierno de la cámara los derechos de oposición en Cataluña, tendrá un efecto político inesperado. Estoy seguro. Los que creían que estábamos ante meras provocaciones que no caerían en la ilegalidad flagrante, pensando que el conflicto sería reconducible después del 1 de octubre a través de una negociación política sobre la identidad y el autogobierno, estaban equivocados. El problema territorial parece esconder la emergencia de actitudes y comportamientos que ponen en serio peligro la pervivencia y viabilidad de la democracia representativa en nuestro país.

La manera en la que se ha desarrollado la sesión demuestra que el método asambleario se ha introducido en el proceso político. La Presidenta de la institución rechazaba una tras otra las advertencias de los letrados, la mayoría parlamentaria se ha hecho dueña del Boletín de la Cámara y una parte de la Mesa se inventaba sobre la marcha un procedimiento ad hoc para aprobar la Ley. Creo no tener constancia de hechos así en el parlamentarismo civilizado en las últimas décadas. La Constitución, el Estatuto de Autonomía y el Reglamento que protegen a los diputados y las minorías parlamentarias han quedado en suspenso. Las CUP, verdaderas triunfadoras de lo sucedido hoy y de lo que pueda venir con posterioridad, sonreían en sus escaños sin participar en el debate.

Entiendo que muchos se habrán desengañado. Venían identificando nacionalismo y democracia desde tiempos inmemoriales, pese a las señales que han llegado y siguen llegando desde la historia. Ahora recogemos lo sembrado: décadas de prácticas y discursos ajenos a la tradición republicana y liberal. Décadas de ensimismamiento constitucional en las que se descuidó la legitimidad política de ejercicio y el consenso en torno a lo básico. Apunten esta frase de Puigdemont y contengan la respiración: “la democracia no se define ni se justifica por el respeto a los procedimientos”.  Europa, siglo XXI.

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