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Los impuestos confiscatorios

Melchor Miralles

Foto: zipi
EFE

No es por jorobar ni aguarle la fiesta a los jefes de la casa. Que se nos recuerden las fechas clave para cotizar al fisco es un favor, una ayuda útil que puede evitar errores fatales. Porque esta Hacienda en la que mandan Rajoy y Montoro es insaciable, y se ceba con los débiles que es un primor. Si uno, al que le va bien si se compara con otros, suma los impuestos directos con los indirectos, los recargos y toda la pesca fiscal, se lleva la sorpresa de que desde enero a agosto trabaja para el Estado, y solo la mitad del año lo hace para uno mismo. A eso en mi pueblo se le llama impuesto confiscatorio. Y cada vez que me los citan el cabreo es africano.

Al PP, especialista en incumplir promesas electorales, se le da de miedo subir los impuestos. Es lo contrario de lo que se comprometen a hacer en campaña y lo que predican en los Think Tank y las fundaciones que se montan a nuestra costa, con el dinero de nuestros impuestos, para ponerse estupendos, pensar, elaborar documentos teóricos (“papeles” le dicen, o “papers” los más puestos) y construir grandes ideas que nunca se llevan a la práctica.

Los impuestos son confiscatorios. No son justos. Hacienda se ceba, inmisericorde, con las clases medias y bajas, y es blandita y amable con quienes más tienen. Ello conforma un Estado con un Gobierno que es injusto, nada democrático, insensible a los dramas que se viven por la crisis a la que nos llevaron y de la que no se sale. Y de vez en cuando, una amnistía fiscal para recaudar más, dicen, aunque en realidad sirva para que algunos amigos, colegas, conocidos o cuates blanqueen su dinero sucio a un 10% cuando el resto del personal ha cotizado hasta a un 48%.

La fechas clave ya se las cuenta The Objective. Han eliminado el Programa Padre y lo han sustituido por el programa Renta Web. Ahora solo falta eliminar (políticamente claro) a Montoro, sustituirle por otro con al menos algo de alma, sensibilidad y principios sólidos, y que la política fiscal se corresponda con lo que nos vendieron. Casi nada.

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Tascas históricas: aún quedan unas cuantas

Víctor de la Serna

Foto: Tamorlan
Wikimedia Commons

En el Madrid decimonónico y de la primera mitad del siglo XX hubo tascas y casas de comidas. No eran lo mismo: en las primeras sólo se bebía, con la barra de cinc y los viejos barriles o incluso los odres en los que se transportaba el vino peleón, que solía venir de Valdepeñas. Cuando alguien, generalmente una mujer, de la familia que regentaba una tasca empezaba a cocinar algún plato para aumentar la oferta líquida, la tasca se convertía en ‘ilustrada’. El fenómeno es lo más parecido al de los ‘bouchons’ de Lyon -esa capital culinaria europea que tiene más que ver con Madrid de lo que se suele decir-, cuyas ‘mères’ los elevaron de meras tabernas a cumbres gastronómicas.

¿Qué queda de todo ello en el Madrid de 2018, qué podemos degustar aún hoy que nos devuelva el sabor de antaño?

La ‘mère’ Eugénie Brazier, en Lyon, fue la lejana colega de doña María Aroca, en Madrid, que llevó su taberna de la plaza de los Carros de la nada hasta el Olimpo gastronómico desde los años 20 hasta los 80 del siglo pasado, con unos pollos al ajillo y unos langostinos de leyenda. Pero, claro, la guía Michelin dio seis estrellas a la Mère Brazier y ninguna a doña María.

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Interior de un bouchon en Lyon | Foto: Trishhhh vía Wikimedia Commons

Ninguna estrella tiene tampoco doña Julia Bombín, de Asturianos (Vallehermoso, 94, tel. 91 533 59 47), dignísima sucesora de doña María, con medio siglo de fabadas y flanes de queso excelsos a sus espaldas. Nunca cuenten con Michelin para hacer justicia a la cocina castiza española…

Todo esto nos lleva a la cuestión mencionada más arriba: ahora que asistimos a una renovación o recuperación del concepto de “tasca ilustrada”, aunque sea a veces bajo la enseña penosa de “gastrobar”, ¿quedan en Madrid reliquias de la época histórica, tascas con más de 50 o 60 años de existencia que mantengan viva la llama histórica, que nos permitan redescubrir la cocina tabernera y castiza tal y como era entonces? Pues, milagrosamente, algo sí que queda, además de la gran casa que es Asturianos, aunque no mucho. Apunten ustedes.

Si volvemos a una fuente como es la primera guía de restaurantes de Madrid (1973) de la entonces neonata Cofradía de la Buena Mesa, guía redactada por el gran crítico de cine Alfonso Sánchez, nos quedan en activo hoy los siguientes establecimientos que aparecían en ella y que pueden calificarse como tascas ilustradas:

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Mesón extraordinario en La Gran Tasca | Imagen cortesía del restaurante

La Gran Tasca (Santa Engracia, 161, tel. 915 34 46 34), cuyo cocido madrileño sigue siendo en 2018 de nivel galáctico.

Casa Salvador (Barbieri, 12, tel. 91 5 521 45 24)), que desde 1942 ofrece sus merluzas rebozadas… aunque ya no encontremos en su carta aquellas pechugas de pollo salteadas con vino blanco, acompañadas de champiñón y puré de patatas. No todo sobrevive…

Casa Ciriaco (Mayor, 84, tel. 91 548 06 20), en el edificio desde el cual en 1906 el famoso anarquista Mateo Morral lanzó una bomba escondida en un ramo de flores al paso del cortejo nupcial de Alfonso XIII, no mantiene el nivel histórico, pero los callos y la perdiz co judiones alimentan la nostalgia.

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Comida Casera de Casa Salvador | Imagen cortesía del restaurante

No las reconocía la Cofradía hace 45 años, pero algunas tascas históricas nos parecen dignas de mención aún hoy:

Casa Alberto (Huertas, 18, tel. 91 429 93 56), con su encantador ambiente decimonónico, sigue sirviendo una dignísima cocina tradicional, con ese bacalao rebozado, esos callos, esa carrillada de ternera o esas manitas de cordero.

Los Galayos (Botoneras, 5, tel. 91 366 30 28), maravilloso conservatorio de la vieja Plaza Mayor, y con una buena y honrada cocina, con sus patatas con morcilla de Burgos o su impecable cocido madrileño.

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Setas en Casa Alberto | Imagen cortesía del restaurante

Casa Ricardo (Fernando El Católico, 31, tel. 91 447 61 19), con una azarosa vida desde 1935, pero que ha revivido con su morcilla toledana, extraordinaria, o sus riñones al jerez.

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Los archivos del Pentágono y los obstáculos familiares que enfrenta el periodismo

Romhy Cubas

Foto: Fox Searchlight Pictures

Publicar y difundir información nunca ha sido tarea ligera. Es cierto que el papel aguanta tinta y sudor, pero precisamente por esto el enlace causa/consecuencia que surge a raíz de transmitir noticias encarna mayores riesgos y recompensas. El periodista argentino Rodolfo Walsh tiene una excluyente para sopesar la importancia de la prensa: si el periodismo no es libre, es una farsa; en un presente en donde la lucha de los medios de comunicación por informar verídica y libremente es interceptada por autoritarismos y fuerzas externas, las farsas caen fácilmente en el ala de la información que le llega a las masas.

La desinformación es un riesgo atemporal, y a modo de recordatorio cinematográfico este año Steven Spielberg ha recreado la historia detrás de uno de los secretos mejor guardados del gobierno de los Estados Unidos de América: un estudio de 7.000 páginas, elaborado por el Departamento de Defensa sobre las acciones/omisiones políticas y militares cometidas durante la guerra de Vietman entre 1945 y 1967. Estos fueron filtrados a la prensa en 1971.

Conocidos como los Papeles del Pentágono su contenido fue entregado en primera instancia al diario New York Times, revelando explosivos documentos clasificados que probaban que la población y los medios de comunicación habían sido falsamente informados sobre las posibilidades del país de ganar una guerra anunciada.


La historia es verídica, y aunque con algunas licencias creativas, Los Papeles del Pentágono logra recuperar no solo elementos históricos del periodismo, sino pronunciarse sobre la discriminación de género, el poder y deber de las entidades gubernamentales y la mujer como cabecera institucional. Es además un recordatorio de la prensa como factor de supervivencia cuando la libertad de información se fragmenta entre intereses personales.

La película de Spielberg protagonizada por Meryl Streep y Tom Hanks se centra en la cobertura de los documentos que realizó el periódico The Washington Post, en ese entonces a cargo de Katharine Graham; Graham fue además la primera mujer en frente de la directiva de un periódico en el país. No obstante en la realidad la mayor esfera de acoso y persecución la recibieron el New York Times –quien obtuvo el Premio Pulitzer por su cobertura del caso- y el responsable de filtrar los documentos, Daniel Ellsberg. Este es fácilmente uno de los “espías” terminantes para la historia contemporánea junto con Edward Snowden.

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Katharine Graham y Ben Bradlee saliendo de la Corte de Estados Unidos en Washington, D.C., el 21 de junio de 1971 | Foto vía: AP Fotos

El trabajo de Ellsberg (Matthew Rhys en la película) en  el Departamento de Estado de América le daba acceso a información privilegiada. Eventualmente las dudas y la desconfianza ante las relaciones entre América y Vietnam durante la guerra hicieron que fotocopiara miles de documentos militares clasificados, en violación con el acta de espionaje de 1917 y arriesgándose a una condena de 115 años en prisión. Ellsberg experimentó el asedio del FBI y fue sujeto de escuchas telefónicas ilegales. Mientras tanto, el Times trabajó durante tres meses para verificar y publicar el contenido de los papeles desafiando a la administración de turno. Esa administración encabezada por Richard Nixon emitió una orden preliminar contra el periódico para evitar que continuaran publicando sus secretos.

Es aquí cuando entra el Washington Post en juego, para entonces un periódico local y mucho más pequeño que el que conocemos hoy en día. Al continuar con la investigación iniciada por el Times, el Post se enfrentó a las mismas consecuencias judiciales y a un gobierno que interfería entre la prensa y la libertad de información garantizada por la Primera Enmienda.

Durante la película el Washington Post es excluido de coberturas en la Casa Blanca producto de su rol en la publicación de los documentos. Sin embargo, esto  es algo que no sucedió hasta 1972 cuando el escándalo Watergate puso fin a la administración de Nixon.

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Escena de Los papeles del Pentágono | Foto vía: Fox Searchlights

Hay un sentido de urgencia y relevancia en todo esto que va más allá de escándalos pasados: el rol auxiliar de los medios de comunicación como informantes al servicio de la población y no del gobierno de turno.

Más allá de los fallos y tinos históricos, es el análisis de las relaciones entre prensa y gobierno durante el periodo administrativo de un jefe de Estado lo que crea similitudes con el presente. Bien podríamos estar hablando de la década de los 70 como del año pasado, cuando el presidente Donald Trump asumió la jefatura de Estado entre insultos hacia la prensa y embarazosas escenas para con los medios de comunicación.  

La familiaridad con la que los hombres en el poder obstaculizan y escoden calendarios enteros de sucesos también sirve como recordatorio de que la información en manos equivocadas se convierte en un riesgo colectivo. Ese coctel entre poder, secretos y excesiva confianza explota en escenarios que tientan la veracidad y la realidad.

Spielberg ha dicho en diferentes entrevistas que la película fue una forma de responder a través de la historia a los asaltos de Trump hacia la libertad de prensa. Una respuesta que viene de la mano de una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood, como se refirió el mismo Donald Trump a la actriz Meryl Street en la red social de Twitter. `

La réplica ha vuelto a enfocar la atención del público en el caso de los papeles del Pentágono por servir como recordatorio de un escenario cíclico de amenazas que se producen en las administraciones presidenciales, especialmente cuando la información no es favorecedora.  Por otro lado, la más clara advertencia expone cómo la retórica de los gobiernos y su relación con los medios de comunicación son el perfecto indicio para revelar a las gerencias autoritarias.

Los documentos del Pentágono fueron desclasificados en 2011 y están disponibles para leer en línea.

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Cataluña para los catalanoparlantes

Ricardo Dudda

Foto: Bernat Armangue
AP

El debate lingüístico en Cataluña nunca ha tenido que ver con la lengua, sino con la cultura.
Un ejemplo es una frase como “Cataluña es el catalán”, que se ha usado en los debates
sobre la inmersión lingüística esta semana y que difícilmente puede defenderse como una
idea liberal (lo digo porque quien la ha usado es un liberal socialdemócrata, y porque un
partido progresista como el PSC es un gran defensor del monolingüismo en la escuela).

La defensa de una sola lengua en una sociedad plurilingüe va contra el pluralismo liberal, y
en cierto modo recoge el argumentario nacionalista, que considera la lengua uno de los
hechos diferenciales. Para los clásicos nacionalistas, como Herder, la lengua refleja un
modo de pensar y una forma de ser. La lengua es la esencia del nacionalismo: una nación
para cada lengua.

Uno puede usar argumentos pragmáticos para defender la inmersión lingüística, como la
idea de que es una manera de elevación social (los castellanoparlantes catalanes tienen
mayores cifras de fracaso escolar que los catalanoparlantes). También se suele decir que la
inmersión es el gran consenso de la sociedad catalana, pero un estudio de Roberto Gravia y
Andrés Santana muestra que es falso: “existe un alto nivel de consenso sobre el modelo
lingüístico de las escuelas, pero el rasgo definitorio de dicho consenso es la pluralidad
lingüística, no la posición hegemónica de ninguna de ellas: los votantes de todos los
partidos coinciden en que al menos un 28% de las clases deben ser en catalán, un 25 % en
inglés, y un 20 % en castellano; y difieren en cómo debe impartirse el 27% restante de
horas.” Gravia y Santana afirman que “la sociedad catalana está muy lejos del amplio
consenso a favor de la inmersión lingüística, que más parece ser un mantra que reflejo de
las preferencias de la sociedad catalana”.

Al defender el modelo monolingüe se defiende la idea nacionalista de que la lengua catalana
ha de preservarse per se, sin importar su número de hablantes (son más los
castellanoparlantes en Cataluña que los catalanoparlantes). La lengua se defiende porque es
un bien en sí mismo. De ahí a preservarla para que no se contamine de otras lenguas (que
es lo que hacen las lenguas y así es como se forman) hay muy poco.

Esto crea situaciones difícilmente explicables, como explica Félix Ovejero: “que la lengua
mayoritaria y común en Cataluña sea el castellano y que sin embargo no sea la que
proporciona identidad nos lleva a situaciones conceptualmente complicadas”. La lengua va
antes que la ciudadanía. Es un argumento nacionalista. Al defender la lengua se defiende
una especie de esencia y cultura inmutable. Es una lógica peligrosa, que los más radicales
han usado para defender su idea de “Cataluña para los catalanes”.

Continúa leyendo: Las miserables condiciones con las que los agentes combaten el narcotráfico en Cádiz

Las miserables condiciones con las que los agentes combaten el narcotráfico en Cádiz

Jorge Raya Pons

Foto: Ministerio de Interior

El pasado 18 de febrero saltó una noticia en los periódicos y las redes: la Policía intervino cuatro toneladas de hachís en el Campo de Gibraltar, comarca gaditana ubicada a 15 kilómetros de suelo africano en su punto más estrecho, y detuvo a 16 personas. La operación se celebró como un éxito y el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, visitó la zona un día después del anuncio para estrechar la mano de los agentes y convocar a los medios.

Allí, en la costa de Cádiz y con el mar a sus espaldas, informó a los periodistas sobre los recursos incautados –una estación de radar para controlar los movimientos físicos de los agentes, varios equipos de transmisiones, unos 100.000 euros en efectivo, tres escopetas, una pistola, dos embarcaciones neumáticas, dos tractores, 11 coches y dos motos– y celebró que en 2017 las intervenciones de cocaína aumentaron un 300%; las de hachís, un 40%. “Están desarrollando una gran labor”, felicitó a los agentes. “Debe quedar claro que esta no es una zona que va a estar dominada por los narcotraficantes. Esta es una zona donde el Estado de Derecho se impone y se va a combatir todo tipo de delincuencia. Van a tener la respuesta del Estado de Derecho”. Los sindicatos policiales recibieron el mensaje sin entusiasmo.

Las miserables condiciones con que los agentes combaten el narcotráfico en Cádiz 1
Zoido, en su visita el 19 de febrero a La Línea. | Foto: Ministerio de Interior

El narcotráfico se apodera de la costa gaditana. Las mafias ganan lentamente terreno, poder e influencia en el Campo de Gibraltar, particularmente en ciudades como la Línea de la Concepción –con algo más de 60.000 habitantes–, y lo hacen porque la Guardia Civil y la Policía Nacional no cuentan con los medios necesarios para combatirlos. La situación es particularmente alarmante si atendemos a que el 70% del hachís que entra en Europa lo hace por España y que Cádiz, por su proximidad con Marruecos –principal productor mundial de esta sustancia–, es el puerto de desembarco. Desde enero de 2017, se han incautado más de 183 toneladas de hachís y se ha detenido a 518 personas, según las cifras aportadas por Interior.

Estamos pidiendo al menos 500 agentes más de Guardia Civil [actualmente son 2.600, repartidos entre las comandancias de Cádiz y Algeciras; en la Policía Nacional, 2.200] para toda la provincia”, explica José Encinas, secretario general provincial de la AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) en Cádiz. “Y no se trata únicamente de agentes uniformados. Necesitamos grupos de investigación, es donde se debe hacer el mayor esfuerzo: solo así se puede descabezar a las mafias y bandas de narcotráfico. Pedimos que se refuerce y que se implante un aumento en la plantilla y que haya una renovación de nuestro medios materiales. Tenemos medios muy obsoletos”.

“No puede ser que tengamos siete embarcaciones cargadas de droga y una sola patrullera para intentar interceptarlas”

Encinas explica que los cuerpos están desbordados, que el trabajo es inmenso: “Hay veces que solo llega una embarcación en todo el día. Hay días que tenemos 7 ú 8 embarcaciones –hasta 15– en una sola tarde, todas ellas pendientes de paralizar en costa. Por ejemplo, el otro día había siete embarcaciones pendientes de alijar y cada una tenía 3.000 kilos. Esto quiere decir que había 21.000 kilos pendientes de llegar a costa”. Para detectarlas, la Guardia Civil utiliza el sistema SIVE, que emplea una tecnología de cámaras, antenas y radares monitorizados desde tierra. El primer lugar donde se instauró fue en Cádiz y el portavoz argumenta que su tecnología se ha quedado antigua, que necesita una renovación: los narcotraficantes van varios pasos por delante.

“Y por otro lado”, continúa Encinas, “si los operarios del SIVE detectan embarcaciones en las cuales transportan droga, necesitan personal en tierra para su interceptación. En tierra y en mar. No puede ser que tengamos siete embarcaciones cargadas de droga y una sola patrullera en alta mar para intentar interceptarlas. Esa patrulla es insuficiente. Más si tenemos en cuenta que la potencia de los motores que llevan las patrulleras de la Guardia Civil es totalmente inoperativa respecto a la potencia de los motores con las que están dotados las embarcaciones de los traficantes. Puede haber hasta una diferencia de 10 nudos de velocidad máxima (18 kilómetros por hora)”.

Las miserables condiciones con que los agentes combaten el narcotráfico en Cádiz 2
La distancia entre la costa gaditana y el continente africano es de 14 kilómetros en sus puntos más cercanos. | Fuente: Google Maps

El agente Javier López Morales conoce bien estas limitaciones. El portavoz del SUP (Sindicato Unificado de Policía) en la Línea de la Concepción recorre todos los días su ciudad con el coche patrulla. Las historias del narcotráfico parecen lejanas, pensamos en México y Colombia y quizá Bolivia, pero están en nuestras costas. “Aquí hay una escalada de violencia”, dice López Morales, con un tono preocupado. “Cada vez hay que estar más atentos, cada vez hay que ir más prevenido. Ya no se limitan a huir cuando los interceptamos: se defienden, se enfrentan a nosotros. Nos sentimos en desventaja porque ellos son más y porque no tenemos medios”.

El 6 de febrero, una veintena de hombres encapuchados irrumpió en el hospital de la Línea para liberar a un narcotraficante detenido por la Policía Nacional tras una larga persecución de la que salió herido. Los encapuchados llegaron en varios todoterrenos, los aparcaron en la puerta del hospital, se abrieron paso en los corredores, buscaron al narco y finalmente lo encontraron en una sala de espera, escoltado por dos agentes. Los encapuchados lograron liberarlo, montarlo en uno de los todoterrenos y esconderlo en un lugar que se desconoce. Los agentes apenas lograron retener a uno de los colaboradores.

El 19 de febrero, a escasas horas de la visita de Zoido, tres encapuchados asaltaron a punta de pistola el depósito judicial de Conil de la Frontera para recuperar una lancha de tres motores y 12 metros de eslora embargada a otro narcotraficante de la zona. Ninguno de ellos fue detenido y siguen en paradero desconocido, igual que la lancha. El ministro sostuvo públicamente que la Policía Nacional y la Guardia Civil cuentan con los recursos para abordar el escenario, más allá de los casos recientes.

“El siguiente paso es que se lleven a un detenido de los calabozos de la comisaría”

“Es que estamos en total desventaja”, reitera López Morales. “La sensación es de abandono total. Cada vez que pedimos algo, nos dicen que tenemos los medios adecuados. Luego ocurren cosas como lo del hospital o apedreamientos a compañeros o embestidas a nuestros coches. Nos embisten y los vehículos que tenemos no son todoterreno. Cuando nos quejamos nos dicen que son casos aislados, cosas puntuales. No hacen nada. Nosotros nos vemos abandonados porque les estamos avisando y esto está yendo a más. El siguiente paso es que se lleven a un detenido de los calabozos de la comisaría…”.

Encinas comparte su preocupación con López Morales y dice que los narcotraficantes “están subiendo un escalón” en la violencia de sus actuaciones. “Hace unos años el trato que teníamos con los narcotraficantes era relativamente correcto: ellos hacían su trabajo y nosotros el nuestro”, añade el portavoz. “Pero hoy en día eso se ha superado. Por un lado, porque ahora las mercancías son 10 veces más grandes que antes y, por tanto, la cantidad que pueden perder es mayor. Y, por otro, porque ha cambiado la generación y esta es más violenta”.

“Hay que declarar esta comarca como una zona con singularidad, con un juzgado específico contra el narcotráfico”

La Línea de la Concepción es una de las ciudades más deprimidas de España y el paro supera el 33%. El tráfico de drogas y el contrabando de tabaco están profundamente arraigados en la economía local: es difícil cuantificar el número de familias que subsisten –directa o indirectamente– por este negocio y la aceptación es notoria: se comprueba, en muchas ocasiones, en la propia forma en que reciben a los policías. “Es mucha gente la que come de esto”, cuenta López Morales. “Está bastante integrado en la sociedad. Te das cuenta incluso cuando pones en internet la noticia de la detención de un traficante. Ves un montón de comentarios en contra. La gente lo defiende. Le dan una justificación. Hay más gente en esto de lo que creíamos. Hay un sector importante de la Línea que lo defiende y que lo apoya. Es un peligro”.

Hay razones, entonces, para comprender que el desaliento se extienda en las filas. “Hay una falta de motivación…”, lamenta López Morales. “En esta comisaría no tenemos un complemento territorial que compense estas condiciones de trabajo. Todos los compañeros se quieren ir de aquí. La gente que viene es porque vive cerca, porque es natural de Sevilla o Jerez. Es una comisaría de paso y salen volando en cuanto pueden. Tenemos un problema de fuga de funcionarios; siempre hay plazas descubiertas en el catálogo. Y es normal: se gana lo mismo en la Línea que en Estepona, y te digo que Estepona no tiene nada que ver con esto”.

Las particularidades del escenario provocan que muchos funcionarios soliciten el traslado. Sin embargo, no impiden que los entrevistados conserven la esperanza de revertir la situación. López Morales tiene soluciones muy asequibles, como conseguir un furgón policial con rejas y protecciones para los días de registros en las calles más peligrosas, y otras más ambiciosas, únicamente posibles con “mucha ayuda y atención” del Gobierno central. “Si se implicasen de verdad, crearían un juzgado especial para los casos de narcotráfico”, dice. “Así agilizarían estos temas. Ahora mismo, los juzgados no dan abasto con todo lo que hay: narcotráfico, malos tratos, delincuencia común… Aquí hay muchísimo trabajo. No se iban a aburrir. Un juzgado especial despejaría mucho”.

Las miserables condiciones con que los agentes combaten el narcotráfico en Cádiz 3
La Línea de la Concepción, vista desde el Peñón de Gibraltar. | Foto: Jon Nazca/Reuters

Encinas sostiene que esta medida sería decisiva. “Hay que declarar esta comarca como una zona con singularidad, con un juzgado específico contra el narcotráfico para que no haya estas dilaciones por la carga de trabajo”, dice el portavoz. “Es que por estas dilaciones, a menudo, el narcotraficante queda absuelto o con penas muy bajas”.

Hace unas semanas, en el mes de diciembre, se produjo uno de los hechos más llamativos: la defensa del narcotraficante Abdellah El Haj Sadek –conocido con el apodo de Messi– negoció su libertad provisional con el fiscal jefe de Algeciras y llegó a un acuerdo ventajoso: con el pago de 80.000 euros esquivaría temporalmente la celda. Unos días más tarde, como relata ABC, cenaba en una marisquería de Palomares junto a su familia.

Con todo, Encinas recuerda que en la lucha contra el narcotráfico, es decisivo conseguir un cambio social verdadero, que con la acción policial no basta: hay que lograr que el tráfico de drogas no sea únicamente reprobable desde un punto de vista ético, sino innecesario en términos económicos. “Hay que implantar unas medidas sociales en las que se impliquen todas las administraciones, locales y estatales”, concluye. “Hay que fortalecer los puestos de trabajo en la comarca”. Sus palabras cobran sentido si atendemos al contexto socioecónomico de la zona: con una tasa de desempleo por encima del 30%, los salarios que las mafias del narcotráfico ofrecen a los peones –tal y como informa el diario malagueño Sur– son tentadores: un aguador [informador para la organización] puede cobrar mensualmente entre 1.000 y 2.000 euros y un paquetero [colaborador en el desembarco en costa], entre 2.000 y 3.000 euros.

A tenor de las denuncias, The Objective contactó con el Ministerio de Interior para conocer su postura. No obtuvo respuesta.

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