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El valor de la Transición, hoy

Miguel Ángel Quintana Paz

Los profesores universitarios a veces sentimos tanta curiosidad por conocer el mundo que incluso aprendemos cosas de nuestros alumnos borrachos. Es lo que les ocurrió a Daniel Katz y su mentor, Floyd Allport, con el gran número de estudiantes que, a inicios de los años 30, abusaban del alcohol en el campus de la Universidad de Princeton. Si el recurso a líquidos espirituosos era tan frecuente, se preguntaron Katz y Allport, ¿era porque verdaderamente los estudiantes ansiaban beber tanto o porque creían que la costumbre era esa y querían adaptarse a los gustos de todos? Su investigación dio como resultado que, de media, los estudiantes deseaban alcoholizarse bastante menos de lo que pensaban que la mayoría quería beber. Es decir, todos creían que había una opinión mayoritaria que, en realidad, no era mayoritaria. Katz y Allport denominaron a este hecho “ignorancia pluralista”.

Si ambos investigadores vivieran hoy en España y se interesaran por los intelectuales patrios en lugar de por los alcoholizados norteamericanos (salvadas las distancias), es probable que efectuaran idéntico hallazgo de nuevo. Prolifera en buena parte de la universidad española la idea (que a menudo los medios de comunicación o ciertos políticos se encargan de difundir) de que no hemos sido lo suficientemente críticos en España con nuestro pasado más reciente; en concreto, con la Transición española de la dictadura a la democracia. Que somos demasiado benévolos con ella, que solo destacamos sus aspectos positivos, a la par que minusvaloramos los lastres que el franquismo impuso a nuestro país.

Esta noción, sin embargo, resulta sencilla de desmontar. Aunque nuestros intelectuales incluso lleguen a perorar a veces sobre un supuesto olvido de nuestra historia próxima (con frecuencia para, acto seguido, exigir financiación para su proyecto de investigarla ahora-ya-sí-de-verdad), no es complicado acudir a bibliotecas, videotecas, catálogos y librerías para comprobar que estamos aquí ante una mera “ignorancia pluralista”: esos intelectuales “críticos” atribuyen a la mayoría de intelectuales un carácter poco crítico, pero es falso que la mayoría haya actuado así. En su reciente discurso de entrada en la Real Academia de Historia, significativamente titulado “Espacios de libertad”, Juan Pablo Fusi ofrece, por ejemplo, una buena síntesis de la inmensa cantidad de artículos, monografías, novelas, ensayos, datos, biografías, poemarios, largometrajes, dramaturgia, obras de arte y congresos que han girado en torno a nuestro pasado reciente. Que refutan, en suma, la existencia de cualquier “olvido” del mismo o “falta de crítica” hacia él.

En algunos casos, los datos son demoledores: en 1985, apenas acabada la Transición, ya existían 16.000 títulos acerca de la Guerra Civil, como ha contabilizado otro historiador, Julián Chaves. En torno a la propia Transición, la bibliografía crítica “fue enseguida casi inabarcable”, señala Fusi, que aun así se afana en el libro citado por mencionar lo más granado. Poco plausible parece pues esa idea que sostienen algunos de que la Transición se fundó sobre el olvido: bien al contrario, se fundó sobre un recuerdo vivo de lo espeluznante que resulta la violencia cuando es el medio elegido por uno u otro bando de españoles. Y ese recuerdo contribuyó seguramente a que casi todos (la excepción fueron los terrorismos de una u otra tendencia) prefirieran la concordia al enfrentamiento.

Pero no solo los datos cuantitativos, sino también los cualitativos pueden ayudarnos aquí. El que hoy muchos consideran padre de la Ética como disciplina académica en España, José Luis López Aranguren, mantuvo durante toda la Transición una postura extremadamente crítica hacia ella, hasta casi rozar el rigorismo: algo que, quizá, ha marcado el tono excesivamente moralizante que sus discípulos, mayoritariamente de izquierda, sostienen hasta hoy en día. El periódico paradigmático del momento, el nuevo diario que venía con la democracia y quería convertirse en paladín de ella, El País, asestó editoriales, titulares y artículos de opinión tan contundentes como, a veces, feroces contra muchas de sus figuras: basta echar un vistazo a la hemeroteca. Incluso un intelectual habitualmente sereno y de juicios ponderados, como Julián Marías, cambió pronto sus simpatías iniciales hacia la Transición por una honda preocupación acerca de qué derroteros tomaba nuestra democracia.

Hay algo de desfachatez intelectual, pues, en aquellos que murmuran contra nuestras clases ilustradas por un presunto panegírico permanente hacia la Transición o por un no menos presunto olvido de nuestras tragedias. Ahora bien, hemos de reconocer que sí existen dos ámbitos en que podrían cosechar algo de razón quienes así se quejan: dos ámbitos en que la evaluación de nuestra Transición sí resulta arrolladoramente positiva. El primer ámbito es el conjunto de la sociedad española. El segundo es la realidad.

En efecto, con respecto al primero, hay que recordar que, incluso en medio de nuestra reciente crisis económica, la mayoría de españoles nos hemos decantado netamente a favor de la Transición: una encuesta de enero de 2014, por ejemplo, elevaba hasta un 60 % el número de compatriotas que se sentía muy o bastante orgulloso de ella. Hace apenas diez días, con motivo de la conmemoración de nuestras primeras elecciones y Cortes democráticas, una encuesta de Invymark para La Sexta elevaba hasta casi el 86 % el porcentaje de españoles que valoramos muy positiva o positivamente la Transición, con solo un 0,4 % que la evaluaba muy negativamente. Incluso entre los votantes de Podemos, cuyos dirigentes a menudo recelan de tal éxito de nuestro pasado, los porcentajes eran, respectivamente, de un 75 % de valoración positiva o muy positiva y de un 0,9 % de evaluación muy negativa, con un mero 11,6 % de juicios negativos en tales filas.

Así que los intelectuales que desearían que predominara un juicio draconiano de nuestra Transición tienen cierto motivo para sentirse algo solitos. De hecho, tampoco parece acompañarles la realidad de las cosas. En estos últimos cuarenta años, España ha logrado convertirse en una de las únicas 19 democracias plenas de nuestro mundo, según el Democracy Index del The Economist. En términos de riqueza per cápita, hoy corresponde a cada español casi el doble (31.450 dólares) de la que le tocaba al acabar la dictadura (que era solo de 16.591 dólares, a precios constantes), y eso lo hemos hecho a la vez que hemos aumentado nuestra población en más de diez millones de personas. En un mundo tan competitivo como el actual, seguimos estando en el selecto club de las quince economías con mayor peso del globo, mientras nuestra esperanza de vida ha aumentado diez años, lo que nos ha llevado al tercer puesto mundial.

Dicho en pocas palabras, España es hoy, cuarenta años después de nuestras primeras elecciones tras Franco, y dentro de un mundo que a menudo olvidamos lo turbulento que es, uno de los mejores países para vivir. Y aunque no todo ello se deba a la propia Transición, convendremos en que sin duda esta habrá tenido que ver nuestra historia con nuestros éxitos. No somos ningún paraíso, por supuesto; nos contrarían aún problemas múltiples y acuciantes. De varios de ellos llevamos ya dos años hablando en este evento, a cuya edición de este verano aprovecho para invitar desde aquí al lector. Pero el país próspero y adulto que hoy somos debería aprender cuanto antes esta última lección: la de desconfiar de quien aprovecha esos defectos nuestros para pintarnos como un infierno y dibujar la Transición como la madriguera de tal averno. La de recelar de quienes nos prometen que, si nos echamos en sus manos, ellos sí nos guiarán, cual panda de Moisés redivivos, hacia una presunta Tierra Prometida, llámese esta “la Patria de la Gente” o “la Cataluña independiente”. Pues esto es, de hecho, lo peor que nos queda de la época franquista: el exagerado prestigio que seguimos atribuyendo aquí a populistas y nacionalistas de uno u otro jaez.

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España 155

Manuel Arias Maldonado

Foto: FRANCOIS LENOIR
Reuters

Tenemos tiempo -hasta la noche del lunes- para reflexionar sobre el paso sin precedentes que ha dado el gobierno con la activación del artículo 155 de la Constitución: en la vida, en fin de cuentas, siempre hay una primera vez. Pero salga lo que salga a estas alturas del Parlament, difícilmente se detendrá su aplicación, a pesar del carácter disuasorio implícito en la elucidación de las medidas que con él se proponen. Siguen unas notas al respecto.

1. Se ha venido discutiendo sobre si su aplicación está o no justificada, pues se interpreta que jamás hubo declaración de independencia; la última misiva del president vendría a confirmarlo. Sin embargo, el supuesto de hecho es incuestionable: tanto la violación de la Constitución que tuvo lugar en el Parlament los días 6 y 7 de septiembre como el daño al interés general de España (y por tanto Cataluña) pueden darse por acreditados. Si no hubo declaración de independencia (aunque mal puede “suspenderse” lo que nunca se declaró), ha habido cuando menos amenaza reiterada de declararla; a lo que se suma un estado de excepcionalidad social marcado por la movilización civil y el deterioro económico, con el consiguiente daño para los derechos e intereses de los ciudadanos catalanes.

2. Por supuesto, hemos oído ya muchas cosas: que la aplicación del 155 es “un fracaso de España”; que el artículo en cuestión es puramente ornamental; e incluso que es un artículo inconstitucional. Pero el comprensible malestar que pueda producirnos a todos su aplicación no debería conducirnos a la incongruencia (un artículo inconstitucional dentro de la constitución), los buenos deseos sin concreción de alternativas plausibles (“se podía haber evitado”) o la fuenteovejunización (fracaso de todos). Hemos llegado hasta aquí porque un gobierno autonómico se ha rebelado contra el Estado y, habiendo gozado de numerosas oportunidades para dar marcha atrás, no lo ha hecho. Habría sido deseable que la larga tradición española del amotinamiento no hubiera sido recuperada por el Govern, pero eso es exactamente lo que ha sucedido. Lo demás son paños calientes.

3. También la idea de que las medidas propuestas configuran un 155 hard pertenece al terreno de los buenos deseos, pues no se ha especificado en ninguna parte qué forma adoptaría un 155 soft. ¿O acaso puede intervenirse la autonomía, para devolverla a la legalidad, manteniendo en sus funciones a quienes la han vulnerado tan gravemente? Otra vez: que una medida nos disguste o abrume no significa que sea injustificada. Tampoco tiene mucho sentido pedir más concreción al artículo 155, pues su formulación ha de ser abierta; solo de ese modo podrá el gobierno de turno dar respuesta a un supuesto de hecho susceptible de adoptar muchas formas. En este caso, el pacto entre los partidos constitucionalistas está concebido para hacer frente a algo muy serio: la apropiación independentista de las instituciones catalanas y el empleo de todos los instrumentos públicos disponibles para la promoción de un fin -la secesión- que no cabe en el orden constitucional. Salta a la vista que ese fin se ha fomentado sin pausa mediante un ejercicio de persuasión colectiva basado en la propagación de una mentira tras otra. Aunque podemos formular el problema de otra manera: ¿de qué otro modo podría entonces el gobierno del Estado, en España o Alemania, desactivar la acción de un poder autonómico en rebeldía?

4. En un sentido puramente político, la respuesta del gobierno encaja con la definición del soberano que proporciona Carl Schmitt: soberano es quien decide en un estado de excepción. En otras palabras: quien ejerce el poder efectivo cuando reina el desorden. En nuestro caso, el Estado acaba de afirmar su poder porque otro poder, el del gobierno autonómico catalán, venía afirmándose como soberano desde los primeros días de septiembre. Sucede que el poder estatal es aquí poder legítimo, pues sus acciones están amparadas por la Constitución y las leyes e incluyen un conjunto de garantías que son propias del Estado de Derecho: entre ellas, la recurribilidad ante el Tribunal Constitucional y el derecho de intervención en el Senado de representantes de la autonomía intervenida. O sea que Schmitt sí, pero menos.

5. Asimismo, se ha cuestionado que el gobierno pueda cesar al president. Pero mal podría cumplir el artículo 155 su finalidad cuando el problema que motiva su aplicación es precisamente la conducta de un presidente autonómico. Es por eso que el texto constitucional habla de “adoptar las medidas necesarias”. O sea: no tendría sentido intervenir el gobierno autonómico manteniendo al primer responsable de su extravío constitucional. Se aduce, sin embargo, que ha sido votado democráticamente. Esto no es del todo cierto en el caso del señor Puigdemont, pero aun si lo fuera el argumento descansa en una concepción algo primitiva -o bastante poco liberal- de la democracia: ¿habría de mantenerse en el poder a cualquier dirigiente elegido por los ciudadanos, haga lo que haga con el poder que los votos le han conferido? Esto no lo admitía ni el iusnaturalismo medieval, que confería informalmente a los súbditos el derecho de rebelión allí donde el príncipe se convirtiera en tirano. Vox populi, vox dei? Ante el auge populista, volvemos siempre a la misma pregunta. Y a la misma respuesta: por supuesto que no. Esa implacable profesora que es la Historia nos ha enseñado de mil formas distintas que no puede sacralizarse la decisión popular. De ahí las cautelas contramayoritarias que distinguen a las democracias liberales: desde la división de poderes al imperio de la ley. Y es que ningún mandato democrático puede justificar un comportamiento destinado a vulnerar de manera grave el orden constitucional. Sea cual sea la cantidad de gente que salga a la calle para gritar lo contrario.

6. Con todo, una cosa es la pregunta sobre la oportunidad del artículo 155 y otra la pregunta sobre su eficacia. ¿Servirá para resolver el explosivo problema que tenemos entre manos? Se trata, me parece, de un debate distinto que no admite conclusiones tajantes; nadie lo sabe. Desde luego, el artículo no fue pensado sino para situaciones como ésta; que la ocasión misma se haya presentado es prueba irrefutable de su necesidad. Si bien se mira, solo cabía una alternativa: seguir esperando a que la situación alcanzase el grado de putrefacción. Pero ni la sociedad española ni la catalana podían seguir de manera indefinida pendientes de la conducta de un govern que ha perseguido -explícita y abiertamente- un objetivo inconstitucional, ilegal e ilegítimo. Esto hay que recordarlo: se trata de un derecho inexistente para cuya promoción se han capturado las instituciones del autogobierno catalán y una parte nada desdeñable de sus presupuestos públicos. Por supuesto, hay riesgos: desde el posible desorden público al resultado de las futuras elecciones autonómicas. Pero esos riesgos se derivan de la naturaleza misma del fenómeno secesionista y el gobierno, junto con los partidos que lealmente lo apoyan, no tiene más remedio que afrontarlos. Si es posible, con los ciudadanos detrás: porque ciudadanos concernidos somos y no meros observadores externos.

Son días vertiginosos, porque vértigo produce asomarse al abismo. Para algunos, la aplicación del artículo 155 supone de hecho arrojarse al vacío. Puede ser. Pero quizá algún día se vea como el primer paso atrás que evitó la caída: la de todos. Pronto, queramos o no, saldremos de dudas.

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Palabras que valen más que mil imágenes

Carlos Mayoral

Foto: JUAN MEDINA
Reuters

epónimo, ma

adj. cult. Dicho de una persona o de una cosa: Que tiene un nombre con el que se pasa a denominar un pueblo, una ciudad, una enfermedad, etc.

El otro día, mientras hojeaba el libro ‘50 fotografías con historia’ que edita Signo Editores (recomendadísimo), me dio por pensar en la extraordinaria habilidad que tienen algunos nombres para permanecer en el recuerdo, anclados en una imagen. Algunos, incluso, traspasan el objetivo para colarse en los diccionarios, quedándose para siempre en el imaginario popular. Son los llamados epónimos, y no descarto que por culpa de este contexto que hoy pisamos heredemos un “rajoyesco”, un “puigdemontar”, o vaya usted a saber. Vivimos en un mundo que cada día tiene más capacidad de asimilar epónimos, sobre todo si el que lo inspira es un personaje que transmita surrealismo, absurdez, locura, irracionalidad, insensatez. Así que, mezclando epónimo y contexto, me dispuse a buscarle título a esta columna. Rápido surgió la primera opción, que rezaba: “Política kafkiana”. Si kafkiano es, según la RAE, “Dicho de una situación: Absurda, angustiosa”, pensé yo que con el epónimo bastaba para definir el escenario. No parecía buena idea: sobraban cerca de cuatrocientas noventa palabras para completar las quinientas que me exige el editor para cobrar debidamente por un texto.

Así que intenté avanzar y, fíjense, que se cruzó por mi horizonte el siguiente encabezamiento: “Escenario dantesco”, pero de nuevo el problema se me presentó en forma de concreción. Sólo hay que echarle un ojo a la definición académica: “Que causa espanto”. Asustado por el poder de la palabra, que por sí sola estaba bastando para resumir el sindiós, decidí elegir cualquier otra, que de epónimos está lleno el mundo. Sin tardar me crucé con una nueva posibilidad en el horizonte: “Realidad maquiavélica”. En este caso, el problema era contrario, el titular se mostraba poco concreto. Dado que “El Príncipe” de Maquiavelo es un tratado para gobernantes canallas, no supe bien a cuál de los actores asignar un papel tan predominante. Fíjense que es todo tan rocambolesco, que siguen sobrando decenas de palabras. Por cierto, también hubiera sido una opción utilizar este adjetivo, “rocambolesco”, que según la Academia etiqueta a todo lo exagerado e inverosímil, palabras rabiosamente actuales, y que nos llega gracias a Rocambole, personaje creado por Ponson du Terrail, aquel novelista francés. Intentando no perderme entre escritores decimonónicos comprendí que, como en cualquier pregunta moderna, la respuesta tenía que estar en los clásicos, Así me topé, debo reconocerlo, con el epígrafe perfecto: “Futuro pírrico”. Muy certero este Pirro, que dejó escrito en el diccionario que pírrica es esa victoria que acaba con más daño para el vencedor que para el vencido. Con esta conclusión tan cruel cubrí el número de palabras exigido por el editor. Una cosa quedaba clara: hay palabras e imágenes que valen más que mil columnas.

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Llegó el 155

Melchor Miralles

Foto: Francisco Seco
Reuters

Era inevitable. Ya llegó el 155. Puigdemont y los suyos estarán celebrándolo. Han puesto todo de su parte. Ahora veremos lo que sucede. Es un artículo de la Constitución, como tantos otros, sin desarrollar, y dependerá de la resistencia que apliquen las autoridades, o sea, la Generalitat, que genere incidentes o no. Si cada uno cumple con sus obligaciones no sucederá nada más que seguirá aplicándose cada día la legislación que se han dado los catalanes.

Hay más de uno y de dos entre los independentistas que quiere jaleo, resistencia, más palos, fotos de altercados para ocupar escaparate en la prensa internacional y nacional. El papel de los Mossos d’Esquadra, de los mandos, va a ser esencial.

El Gobierno no tenía otra alternativa. Incluso es probable que haya puesto en marcha la maquinaria con retraso. El 155 no suspende la autonomía catalana, es un artículo que pretende que se cumpla la legalidad vigente. No es un Estado de sitio, excepción o guerra, como algunos quieren hacer ver. Lo que se pretende con su aplicación es que aquellas autoridades autonómicas que no están cumpliendo con sus obligaciones sí lo hagan, es, en definitiva, restablecer la normalidad democrática y garantizar que se respetan las leyes.

Si la Generalitat no desobedece, como viene siendo habitual desde hace tiempo, no pasará nada más en Cataluña que los ciudadanos tendrán garantías de que se cumplen la Constitución y el Estatuto en su territorio. Así de difícil y así de complicado, a la vez. El 155 que ya ha llegado.

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La fe política

Gregorio Luri

Foto: Gonzalo Fuentes
Reuters

Cuando la fe religiosa impregnaba el ambiente, depositábamos pocas esperanzas en la política. Teníamos por evidente que las cosas humanas son sui generis y que el futuro siempre llega con sorpresas. Así que confiábamos en el más allá para culminar la aspiración a la perfección que de vez en cuando nos tienta.

La fe política fue creciendo a expensas de la fe religiosa. La fe, cuando parece ausente, es que se ha ido a vivir a otro sitio, a las ideologías supuestamente laicas, por ejemplo. ¿Qué era Marx, sino un predicador que se dirigía al mundo desde un púlpito de creencias? “Esto es así”, clamaba. Pero cuando alguien de otra fe acudía a ver lo que es así, se encontraba con una jaculatoria.

Con el triunfo de la fe política se impuso la convicción de que para todo problema político hay en algún lugar una solución. Por eso el político que elevamos al poder es el que nos ofrece de manera verosímil las soluciones que no sabe que no tiene y lo bajamos en cuanto intuimos que ha descubierto que en las cuestiones políticas –digan lo que digan los profetas a posteriori- nunca sabemos muy bien ni cómo hemos ido a parar en un atolladero ni, cómo, en el caso en que lo consigamos, hemos logrado salir de él. Sabemos cómo hacerlo mal, pero no sabemos garantizar que nuestras buenas intenciones garanticen buenos resultados.

Para desesperación de los que asistían con una vela encendida al entierro de la historia, el predicador político sigue vivo y coleando. Esto del fin de la historia, dicho sea de paso, era la fe en que las categorías políticas ya no tenían nada que ver con las teológicas, pero estamos asistiendo a la entrega de la credibilidad colectiva a políticos que nos aseguran que están en condiciones de conseguir que todo lo que nos va mal nos vaya no ya bien, sino estupendamente y que, además, se muestran dispuestos a cualquier sacrificio por nuestro bien (¿no es esto, exactamente, el populismo?).

La fe, lejos de ser una muleta en la conciencia de los débiles, es la confianza ciega que los fuertes depositan en lo que admiran, sin darse cuenta de que lo admiran porque lo ilumina su fe. La fe precede al ver. De hecho, eso que vemos como mundo no es sino lo que nuestros dioses nos entregan a cambio de la fe que depositamos como ofrenda en sus altares.

Hoy por hoy, a los que vivimos en Cataluña nos separa el mundo que vemos: nos separan los hechos, lo obvio, las evidencias, las perogrulladas. Nos separa, radicalmente, nuestra manera de pensar sintiendo.

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