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En defensa de la libertad de expresión

Miguel Ángel Quintana Paz

Foto: Cecilia de la Serna
The Objective

Dejemos las cosas claras desde el principio: a nadie le gusta la libertad de expresión. Que la haya implica que ese tipo con ideas tan descabelladas (tómese el lector quince segundos para determinar cuál es el campeón mundial entre todos los necios que conozca: pues sí, me refiero a ese) pueda difundir sus estupideces con exactamente igual derecho que usted. Abracadabrante. Y más si tenemos en cuenta que usted tiene las ideas más correctas, mejor formuladas y más interesantes de todas. ¿Qué necesidad hay de que la gente equivocada hable? Milenios de evolución humana, caminando entre falsedades, se justifican para que por fin usted pueda pensar como piensa (y estar en lo cierto en, seamos modestos, casi todo): ¿no es un desperdicio tolerar que aún prolifere por ahí el error?

Y, sin embargo, de manera insólita, hace unos cuatro siglos, hubo gente en Europa que comenzó a ponderar que la libertad de expresión era deseable. Hubo varios motivos para ello. El primero seguramente fue que empezó a resultar enojoso quemar en la plaza del pueblo a todos los que tuvieran ideas originales o ideas minoritarias. De todo se cansa uno en la vida.

Pero hay más motivos para estar a favor de la libertad de expresión, por engorrosa que nos resulte. En 1859 sintetizó varios de ellos el filósofo inglés John Stuart Mill. El libro en que lo hace se denomina “Sobre la libertad” aunque, significativamente, está consagrado en buena parte a una sola libertad en concreto: esta.

Un buen argumento de Mill para defender que la gente pueda decir cosas equivocadas (recordemos: a casi nadie nos molesta que haya libertad para decir esas cosas tan correctas que son las que cada uno pensamos; el problema viene con los que difunden el error) puede ilustrarse del modo siguiente. Imaginemos que queremos mantener nuestro cuerpo fuerte y sano: una estrategia equivocada para hacerlo sería protegerlo todo el día sin movernos de nuestro sofá y rodeados de una pantalla de plástico. Es cierto que de ese modo no nos picaría ningún mosquito, pero resulta dudoso que ello nos volviera más lozanos.

A la verdad le ocurre algo parecido: si evitamos que se confronte con otras opiniones (erradas), al final olvidamos cuáles son sus puntos fuertes, o incluso perdemos de vista su verdadero significado. Corremos el riesgo de que esa verdad sea un mero formalismo sobre el que nos tumbamos plácidamente, pero deja de vivificarnos y lanzarnos hacia nuevas pesquisas. Si a eso le añadimos que quizá, solo quizá, no tengamos con nosotros toda la verdad, es probable que al cotejar nuestras ideas con las de otros descubramos nuevas verdades. Es cierto que el coste de todo ello es aceptar que no somos infalibles, pero se antoja un coste pequeño en comparación con los proficuos frutos que nos puede rendir.

La historia parece confirmar las teorías filosóficas de Stuart Mill. A finales del siglo XVI, un pequeño país, Holanda, empezó a experimentar con esta posibilidad: se convirtió en el país más tolerante del mundo con las opiniones ajenas. Los beneficios no tardaron en afluir. De hecho, se conoce el siglo XVII como el Siglo de Oro neerlandés. Por allí pasaron muchos de los intelectuales más interesantes del momento: Spinoza, Descartes, Locke, Huygens padre, Huygens hijo, Hugo Grocio… El comercio y el negocio bancario floreció, la prensa vivió un auge que hoy resulta envidiable. Se crearon instrumentos científicos que nos permitían ver muy lejos (el telescopio) o muy de cerca (el microscopio). Los barcos holandeses llegaron hasta Extremo Oriente y sus médicos hasta recovecos ignotos de nuestra anatomía. No es extraño, pues, que varios países se lanzaron a robar cerebros holandeses para que les enseñaran las técnicas más avanzadas. Se trata, en suma, de unos tiempos maravillosos que, sin embargo, emiten una música familiar: un auge parecido experimentaron los Estados Unidos de Norteamérica tras que, recién fundados, establecieran como primera enmienda de su Constitución la freedom of speech.

Pero no solo la historia corrobora lo útil que nos es la libertad de expresión. En el campo de la psicología evolutiva, un libro recién publicado por Hugo Mercier y Dan Sperber, The Enigma of Reason, ha venido a confirmar ideas que llevan años avanzado, de un modo u otro, autores tan distintos como Jonathan Haidt o el matrimonio Cosmides-Tooby. Todos ellos insisten en que nuestra razón está diseñada, sobre todo, no para comprender la lógica abstracta o el mundo físico, sino para argumentar y contraargumentar con nuestros semejantes.

Las mentes de nuestros antepasados en la sabana africana no necesitaban resolver problemas de física cuántica, pero sí ganar discusiones razonando unos frente a otros: fue esto lo que explica que se desarrollara tanto su cerebro, pues. Los seres humanos no somos especialmente buenos al captar la verdad por nosotros mismos (somos proclives a decenas de sesgos y falacias), pero sí que lo somos en detectar los fallos de los demás y así, entre todos, ir superándolos. Siempre y cuando nos dejen hablar, claro. De modo que, nada menos que desde los inicios del homo sapiens, la libertad de expresión ha sido una estrategia vencedora para que los humanos avancemos.

Hay un problema, no obstante, en esto de repasar la historia de la libertad de expresión: y es que casi todos los ejemplos que se nos vienen a las mientes atañen a asuntos religiosos o cosmológicos. Tendemos a pensar en Miguel Servet, por ejemplo, o Giordano Bruno, o Galileo Galilei: y colegimos que, como ya no se persigue a nadie en Occidente por sus ideas sobre la Santísima Trinidad o por sus opiniones sobre astronomía, vivimos en un paraíso de libertad de expresión. Pero no es así: si somos más tolerantes con las ideas religiosas o cosmológicas de los demás es simplemente porque vivimos un tiempo (que muchos llaman postmetafísico) en que no damos tanta importancia a la religión o la cosmología.

Para saber si seguimos estando a favor de la libertad de expresión hay que mirar, pues, a aquellas cosas que sí nos importan. Aquellas cosas sobre las que no toleramos fácilmente opiniones discrepantes o ni siquiera risitas. Para saber si hoy aceptamos la libertad de expresión sobre lo sagrado, hay que atender a qué hemos elevado hoy al rango de sagrado.

Sospecho que una de esos nuevos ídolos es la historia. Vivimos tiempos en que algunos se afanan en elevar al rango de verdad sacra su visión, parcial e ideologizada, de la historia. En España sufrimos de esa dolencia particularmente. Y la saña contra quien se atreva a discrepar recupera uno de los rasgos menos gloriosos de nuestro pasado.

Lo hemos vivido recientemente en el caso de la condena al periodista Hermann Tertsch por un juzgado de Zamora. Avanzo que suelo discrepar de Tertsch en muchas cosas; pero no digo esto para distanciarme de él, a quien tengo por gran amigo, sino para aplicar a su caso lo que vengo diciendo en los párrafos anteriores: que, justo porque Hermann y yo discrepamos mucho, me conviene que ambos gocemos de libertad de expresión para exponer nuestras visiones. Y así dejemos que venza en la discusión pública la más razonable.

La jueza que ha condenado a Tertsch, sin embargo, parece pensar de un modo diferente al mío. Ha impuesto a Tertsch el pago de una fuerte indemnización (12.000 euros) y la obligación de borrar entero un artículo suyo de la hemeroteca de ABC porque, según la jueza, de apellido Mongil, ese artículo atenta contra el honor de Manuel Iglesias, abuelo del actual dirigente máximo de Podemos. ¿Cuál ha sido tal intromisión en el honor de tal abuelo? Que Tertsch ha recordado que fue acusado por varias personas de colaborar en el asesinato de dos civiles, Joaquín Dorado y Pedro Ceballos, durante nuestra guerra civil.

Cierto es que, en su artículo, Tertsch incurre en un error técnico: afirma que el abuelo de Pablo Iglesias llegó a ser condenado por ese motivo, cuando lo cierto es que la Justicia franquista le condenó por otro. Y yo entendería que cualquier juez, tan preocupado por la verdad histórica como lo estoy yo, obligara a incluir una rectificación de este dato al final del artículo de Hermann. Ocurre todos los días en la prensa: rectificaciones que se publican (por desgracia, menos frecuentemente de lo que se debería) para esclarecer la verdad. Esa rectificación puntualizaría que los tribunales franquistas no condenaron a Manuel Iglesias por asesinato. Ahora bien, como no vamos a convertir ahora lo que hicieron o dejaron de hacer esos tribunales dictatoriales en verdad absoluta, dejaríamos así abierta la investigación histórica de si quien acusó a Manuel Iglesias de colaborar en dos asesinatos tenía o no razón. De hecho, la jueza Mongil no aclara en ningún momento este punto, dado que es jueza, no historiadora.

En cambio, la draconiana condena a Hermann no parece interesada tanto por esa rectificación y esa verdad cuanto por impartir castigos ejemplares a quien ose investigar qué pasó en nuestra historia (sobre todo, si lo que ocurrió en nuestra historia no resulta halagüeño para ciertos líderes políticos). Es este el motivo por el que cualquier buscador de la verdad debe indignarse ante lo sufrido por Tertsch.

En el futuro, será deseable que los historiadores descubran si Manuel Iglesias colaboró, efectivamente, en sacas o no: al fin y al cabo, se trata del referente moral de uno de los candidatos a presidente del Gobierno de España. También será interesante la investigación histórica de por qué el franquismo le acabó acortando la pena de cárcel a que le condenó y por qué le recompensó luego, incluso, con un puesto de funcionario: comportamiento que solía aplicarse a quienes delataban a otros compañeros. De momento el propio Pablo Iglesias se ha mantenido sorprendentemente silencioso a este respecto, pese a su afición a rememorar a su antecesor. En el curso de esas investigaciones, habrá historiadores que emitirán hipótesis que luego pueden ser refutadas por otros historiadores; y lo deseable es que así sea, sin intromisiones de jueces que condenen a quien se salga del camino predefinido. Al fin y al cabo, si nuestra capacidad de argumentar libres nos sacó de las cavernas prehistóricas, bien puede evitar igualmente que algunos nos conduzcan de nuevo a ellas.

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España 155

Manuel Arias Maldonado

Foto: FRANCOIS LENOIR
Reuters

Tenemos tiempo -hasta la noche del lunes- para reflexionar sobre el paso sin precedentes que ha dado el gobierno con la activación del artículo 155 de la Constitución: en la vida, en fin de cuentas, siempre hay una primera vez. Pero salga lo que salga a estas alturas del Parlament, difícilmente se detendrá su aplicación, a pesar del carácter disuasorio implícito en la elucidación de las medidas que con él se proponen. Siguen unas notas al respecto.

1. Se ha venido discutiendo sobre si su aplicación está o no justificada, pues se interpreta que jamás hubo declaración de independencia; la última misiva del president vendría a confirmarlo. Sin embargo, el supuesto de hecho es incuestionable: tanto la violación de la Constitución que tuvo lugar en el Parlament los días 6 y 7 de septiembre como el daño al interés general de España (y por tanto Cataluña) pueden darse por acreditados. Si no hubo declaración de independencia (aunque mal puede “suspenderse” lo que nunca se declaró), ha habido cuando menos amenaza reiterada de declararla; a lo que se suma un estado de excepcionalidad social marcado por la movilización civil y el deterioro económico, con el consiguiente daño para los derechos e intereses de los ciudadanos catalanes.

2. Por supuesto, hemos oído ya muchas cosas: que la aplicación del 155 es “un fracaso de España”; que el artículo en cuestión es puramente ornamental; e incluso que es un artículo inconstitucional. Pero el comprensible malestar que pueda producirnos a todos su aplicación no debería conducirnos a la incongruencia (un artículo inconstitucional dentro de la constitución), los buenos deseos sin concreción de alternativas plausibles (“se podía haber evitado”) o la fuenteovejunización (fracaso de todos). Hemos llegado hasta aquí porque un gobierno autonómico se ha rebelado contra el Estado y, habiendo gozado de numerosas oportunidades para dar marcha atrás, no lo ha hecho. Habría sido deseable que la larga tradición española del amotinamiento no hubiera sido recuperada por el Govern, pero eso es exactamente lo que ha sucedido. Lo demás son paños calientes.

3. También la idea de que las medidas propuestas configuran un 155 hard pertenece al terreno de los buenos deseos, pues no se ha especificado en ninguna parte qué forma adoptaría un 155 soft. ¿O acaso puede intervenirse la autonomía, para devolverla a la legalidad, manteniendo en sus funciones a quienes la han vulnerado tan gravemente? Otra vez: que una medida nos disguste o abrume no significa que sea injustificada. Tampoco tiene mucho sentido pedir más concreción al artículo 155, pues su formulación ha de ser abierta; solo de ese modo podrá el gobierno de turno dar respuesta a un supuesto de hecho susceptible de adoptar muchas formas. En este caso, el pacto entre los partidos constitucionalistas está concebido para hacer frente a algo muy serio: la apropiación independentista de las instituciones catalanas y el empleo de todos los instrumentos públicos disponibles para la promoción de un fin -la secesión- que no cabe en el orden constitucional. Salta a la vista que ese fin se ha fomentado sin pausa mediante un ejercicio de persuasión colectiva basado en la propagación de una mentira tras otra. Aunque podemos formular el problema de otra manera: ¿de qué otro modo podría entonces el gobierno del Estado, en España o Alemania, desactivar la acción de un poder autonómico en rebeldía?

4. En un sentido puramente político, la respuesta del gobierno encaja con la definición del soberano que proporciona Carl Schmitt: soberano es quien decide en un estado de excepción. En otras palabras: quien ejerce el poder efectivo cuando reina el desorden. En nuestro caso, el Estado acaba de afirmar su poder porque otro poder, el del gobierno autonómico catalán, venía afirmándose como soberano desde los primeros días de septiembre. Sucede que el poder estatal es aquí poder legítimo, pues sus acciones están amparadas por la Constitución y las leyes e incluyen un conjunto de garantías que son propias del Estado de Derecho: entre ellas, la recurribilidad ante el Tribunal Constitucional y el derecho de intervención en el Senado de representantes de la autonomía intervenida. O sea que Schmitt sí, pero menos.

5. Asimismo, se ha cuestionado que el gobierno pueda cesar al president. Pero mal podría cumplir el artículo 155 su finalidad cuando el problema que motiva su aplicación es precisamente la conducta de un presidente autonómico. Es por eso que el texto constitucional habla de “adoptar las medidas necesarias”. O sea: no tendría sentido intervenir el gobierno autonómico manteniendo al primer responsable de su extravío constitucional. Se aduce, sin embargo, que ha sido votado democráticamente. Esto no es del todo cierto en el caso del señor Puigdemont, pero aun si lo fuera el argumento descansa en una concepción algo primitiva -o bastante poco liberal- de la democracia: ¿habría de mantenerse en el poder a cualquier dirigiente elegido por los ciudadanos, haga lo que haga con el poder que los votos le han conferido? Esto no lo admitía ni el iusnaturalismo medieval, que confería informalmente a los súbditos el derecho de rebelión allí donde el príncipe se convirtiera en tirano. Vox populi, vox dei? Ante el auge populista, volvemos siempre a la misma pregunta. Y a la misma respuesta: por supuesto que no. Esa implacable profesora que es la Historia nos ha enseñado de mil formas distintas que no puede sacralizarse la decisión popular. De ahí las cautelas contramayoritarias que distinguen a las democracias liberales: desde la división de poderes al imperio de la ley. Y es que ningún mandato democrático puede justificar un comportamiento destinado a vulnerar de manera grave el orden constitucional. Sea cual sea la cantidad de gente que salga a la calle para gritar lo contrario.

6. Con todo, una cosa es la pregunta sobre la oportunidad del artículo 155 y otra la pregunta sobre su eficacia. ¿Servirá para resolver el explosivo problema que tenemos entre manos? Se trata, me parece, de un debate distinto que no admite conclusiones tajantes; nadie lo sabe. Desde luego, el artículo no fue pensado sino para situaciones como ésta; que la ocasión misma se haya presentado es prueba irrefutable de su necesidad. Si bien se mira, solo cabía una alternativa: seguir esperando a que la situación alcanzase el grado de putrefacción. Pero ni la sociedad española ni la catalana podían seguir de manera indefinida pendientes de la conducta de un govern que ha perseguido -explícita y abiertamente- un objetivo inconstitucional, ilegal e ilegítimo. Esto hay que recordarlo: se trata de un derecho inexistente para cuya promoción se han capturado las instituciones del autogobierno catalán y una parte nada desdeñable de sus presupuestos públicos. Por supuesto, hay riesgos: desde el posible desorden público al resultado de las futuras elecciones autonómicas. Pero esos riesgos se derivan de la naturaleza misma del fenómeno secesionista y el gobierno, junto con los partidos que lealmente lo apoyan, no tiene más remedio que afrontarlos. Si es posible, con los ciudadanos detrás: porque ciudadanos concernidos somos y no meros observadores externos.

Son días vertiginosos, porque vértigo produce asomarse al abismo. Para algunos, la aplicación del artículo 155 supone de hecho arrojarse al vacío. Puede ser. Pero quizá algún día se vea como el primer paso atrás que evitó la caída: la de todos. Pronto, queramos o no, saldremos de dudas.

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Palabras que valen más que mil imágenes

Carlos Mayoral

Foto: JUAN MEDINA
Reuters

epónimo, ma

adj. cult. Dicho de una persona o de una cosa: Que tiene un nombre con el que se pasa a denominar un pueblo, una ciudad, una enfermedad, etc.

El otro día, mientras hojeaba el libro ‘50 fotografías con historia’ que edita Signo Editores (recomendadísimo), me dio por pensar en la extraordinaria habilidad que tienen algunos nombres para permanecer en el recuerdo, anclados en una imagen. Algunos, incluso, traspasan el objetivo para colarse en los diccionarios, quedándose para siempre en el imaginario popular. Son los llamados epónimos, y no descarto que por culpa de este contexto que hoy pisamos heredemos un “rajoyesco”, un “puigdemontar”, o vaya usted a saber. Vivimos en un mundo que cada día tiene más capacidad de asimilar epónimos, sobre todo si el que lo inspira es un personaje que transmita surrealismo, absurdez, locura, irracionalidad, insensatez. Así que, mezclando epónimo y contexto, me dispuse a buscarle título a esta columna. Rápido surgió la primera opción, que rezaba: “Política kafkiana”. Si kafkiano es, según la RAE, “Dicho de una situación: Absurda, angustiosa”, pensé yo que con el epónimo bastaba para definir el escenario. No parecía buena idea: sobraban cerca de cuatrocientas noventa palabras para completar las quinientas que me exige el editor para cobrar debidamente por un texto.

Así que intenté avanzar y, fíjense, que se cruzó por mi horizonte el siguiente encabezamiento: “Escenario dantesco”, pero de nuevo el problema se me presentó en forma de concreción. Sólo hay que echarle un ojo a la definición académica: “Que causa espanto”. Asustado por el poder de la palabra, que por sí sola estaba bastando para resumir el sindiós, decidí elegir cualquier otra, que de epónimos está lleno el mundo. Sin tardar me crucé con una nueva posibilidad en el horizonte: “Realidad maquiavélica”. En este caso, el problema era contrario, el titular se mostraba poco concreto. Dado que “El Príncipe” de Maquiavelo es un tratado para gobernantes canallas, no supe bien a cuál de los actores asignar un papel tan predominante. Fíjense que es todo tan rocambolesco, que siguen sobrando decenas de palabras. Por cierto, también hubiera sido una opción utilizar este adjetivo, “rocambolesco”, que según la Academia etiqueta a todo lo exagerado e inverosímil, palabras rabiosamente actuales, y que nos llega gracias a Rocambole, personaje creado por Ponson du Terrail, aquel novelista francés. Intentando no perderme entre escritores decimonónicos comprendí que, como en cualquier pregunta moderna, la respuesta tenía que estar en los clásicos, Así me topé, debo reconocerlo, con el epígrafe perfecto: “Futuro pírrico”. Muy certero este Pirro, que dejó escrito en el diccionario que pírrica es esa victoria que acaba con más daño para el vencedor que para el vencido. Con esta conclusión tan cruel cubrí el número de palabras exigido por el editor. Una cosa quedaba clara: hay palabras e imágenes que valen más que mil columnas.

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Llegó el 155

Melchor Miralles

Foto: Francisco Seco
Reuters

Era inevitable. Ya llegó el 155. Puigdemont y los suyos estarán celebrándolo. Han puesto todo de su parte. Ahora veremos lo que sucede. Es un artículo de la Constitución, como tantos otros, sin desarrollar, y dependerá de la resistencia que apliquen las autoridades, o sea, la Generalitat, que genere incidentes o no. Si cada uno cumple con sus obligaciones no sucederá nada más que seguirá aplicándose cada día la legislación que se han dado los catalanes.

Hay más de uno y de dos entre los independentistas que quiere jaleo, resistencia, más palos, fotos de altercados para ocupar escaparate en la prensa internacional y nacional. El papel de los Mossos d’Esquadra, de los mandos, va a ser esencial.

El Gobierno no tenía otra alternativa. Incluso es probable que haya puesto en marcha la maquinaria con retraso. El 155 no suspende la autonomía catalana, es un artículo que pretende que se cumpla la legalidad vigente. No es un Estado de sitio, excepción o guerra, como algunos quieren hacer ver. Lo que se pretende con su aplicación es que aquellas autoridades autonómicas que no están cumpliendo con sus obligaciones sí lo hagan, es, en definitiva, restablecer la normalidad democrática y garantizar que se respetan las leyes.

Si la Generalitat no desobedece, como viene siendo habitual desde hace tiempo, no pasará nada más en Cataluña que los ciudadanos tendrán garantías de que se cumplen la Constitución y el Estatuto en su territorio. Así de difícil y así de complicado, a la vez. El 155 que ya ha llegado.

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La fe política

Gregorio Luri

Foto: Gonzalo Fuentes
Reuters

Cuando la fe religiosa impregnaba el ambiente, depositábamos pocas esperanzas en la política. Teníamos por evidente que las cosas humanas son sui generis y que el futuro siempre llega con sorpresas. Así que confiábamos en el más allá para culminar la aspiración a la perfección que de vez en cuando nos tienta.

La fe política fue creciendo a expensas de la fe religiosa. La fe, cuando parece ausente, es que se ha ido a vivir a otro sitio, a las ideologías supuestamente laicas, por ejemplo. ¿Qué era Marx, sino un predicador que se dirigía al mundo desde un púlpito de creencias? “Esto es así”, clamaba. Pero cuando alguien de otra fe acudía a ver lo que es así, se encontraba con una jaculatoria.

Con el triunfo de la fe política se impuso la convicción de que para todo problema político hay en algún lugar una solución. Por eso el político que elevamos al poder es el que nos ofrece de manera verosímil las soluciones que no sabe que no tiene y lo bajamos en cuanto intuimos que ha descubierto que en las cuestiones políticas –digan lo que digan los profetas a posteriori- nunca sabemos muy bien ni cómo hemos ido a parar en un atolladero ni, cómo, en el caso en que lo consigamos, hemos logrado salir de él. Sabemos cómo hacerlo mal, pero no sabemos garantizar que nuestras buenas intenciones garanticen buenos resultados.

Para desesperación de los que asistían con una vela encendida al entierro de la historia, el predicador político sigue vivo y coleando. Esto del fin de la historia, dicho sea de paso, era la fe en que las categorías políticas ya no tenían nada que ver con las teológicas, pero estamos asistiendo a la entrega de la credibilidad colectiva a políticos que nos aseguran que están en condiciones de conseguir que todo lo que nos va mal nos vaya no ya bien, sino estupendamente y que, además, se muestran dispuestos a cualquier sacrificio por nuestro bien (¿no es esto, exactamente, el populismo?).

La fe, lejos de ser una muleta en la conciencia de los débiles, es la confianza ciega que los fuertes depositan en lo que admiran, sin darse cuenta de que lo admiran porque lo ilumina su fe. La fe precede al ver. De hecho, eso que vemos como mundo no es sino lo que nuestros dioses nos entregan a cambio de la fe que depositamos como ofrenda en sus altares.

Hoy por hoy, a los que vivimos en Cataluña nos separa el mundo que vemos: nos separan los hechos, lo obvio, las evidencias, las perogrulladas. Nos separa, radicalmente, nuestra manera de pensar sintiendo.

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