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El caso Nóos: punto y seguido a seis años de proceso judicial

Marta Ruiz-Castillo

El esperado fallo sobre el caso Nóos emitido por las magistradas de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Eleonor Moyà, Rocío Martín y Samantha Romero, supone un punto y seguido a este largo proceso judicial relacionado con el escándalo de corrupción más mediático que se recuerda. Y el más extraordinario, porque, por primera vez, un miembro de la familia real española se ha sentado en el banquillo de los acusados. Una imagen devastadora para la Monarquía, institución que ha sufrido un gran desgaste desde que comenzó todo. Y es un punto y seguido porque el fallo puede ser recurrido ante el Supremo, como ya han avanzado las defensas de algunos de los procesados, y porque aún está por ver si los dos principales condenados a penas de cárcel, Iñaki Urdangarín y Diego Torres, entrarán o no en prisión.

El Origen

Antes de caer en desgracia, Iñaki Urdangarín no sólo era Duque de Palma y marido de una infanta de España, sino también el yerno favorito del rey Juan Carlos I, además de cuñado y amigo del príncipe Felipe. Así que el ex jugador de balonmano decidió aprovechar esa situación de privilegio que le daba formar parte de la Familia Real para emprender su propio negocio junto con su ex profesor, Diego Torres, y ambos crearon el instituto Nóos en 1999.

Urdangarín con sus suegros, los reyes Sofía y Juan Carlos, cuando era el yerno ejemplar. (Foto: Susana Vera / Reuters)
Urdangarín con sus suegros, los reyes Sofía y Juan Carlos, cuando era el yerno ejemplar. (Foto: Susana Vera / Reuters)

Empezaron a reunirse con dirigentes políticos para acceder a diferentes administraciones con objeto de obtener contratos millonarios por trabajos de asesoramiento sin necesidad de someterse a concurso público. La impunidad con la que la pareja se movía estuvo a punto de irse al traste al poco de comenzar cuando un periodista de Mallorca desveló la existencia de negocios de dudosa legalidad por parte del yerno del rey. Casa Real, que sabía de dichos negocios según aseguró en el juicio el propio Urdangarín, y que no había puesto reparos hasta entonces, ante esa primera información decidió llamar a capítulo al marido de la infanta. Un miembro de la Casa Real no podía hacer negocios, le dijeron.

Casa Real advirtió al yernísimo que dejara la Fundación Nóos ante las primeras informaciones sobre posibles actuaciones poco ejemplares

Le recomendaron, todo según las declaraciones de Urdangarín y Torres durante el juicio oral, que hicieran de Nóos una fundación, una entidad “sin ánimo de lucro”, no “sinónimo de lucro” como siguió siendo, a tenor de la fiscalía anticorrupción, que terminó acusándoles de desviar más de seis millones de euros de fondos públicos entre 2003 y 2010. Con la impunidad de quien se sabe intocable por ser miembro de la primera institución del Estado, Iñaki siguió ganando dinero de forma irregular. Además, para evitar pagar impuestos y que no se conociera su actividad mercantil, el Duque de Palma creó Aizoon, una empresa familiar que funcionó como pantalla para evadir impuestos y que, según Urdangarín, su mujer – licenciada en Ciencias Políticas y con un trabajo fijo de responsabilidad en la Fundación La Caixa – “conocía vagamente” lo que se hacía en esta empresa participada por el matrimonio al 50%.

Las primeras sospechas 

En 2006, el Grupo Socialista pregunta al gobierno balear de Jaume Matas que explique el pago de 1,2 millones de euros al Instituto Nóos para organizar un encuentro internacional sobre turismo y deporte, ya que considera la cantidad desorbitada. Empezó entonces el comienzo del fin para Nóos, porque los medios se hicieron caso de dicha pregunta y, posteriormente y, de forma casual, el juez de la Audiencia Provincial de Palma, José Castro, y el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, se encontraron con Nóos cuando investigaban el famoso caso Palma Arena. Su principal encausado era el presidente del Gobierno balear y ex ministro del PP, Jaume Matas. A los investigadores les llaman la atención dos pagos de más de dos millones de euros al Instituto Nóos entre 2005 y 2006 por parte del gobierno balear.

Y así fue cómo, tirando del hilo, el juez se encontró con que Nóos también había recibido importantes cantidades de dinero de otras administraciones como la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia y el de Madrid. Ante la gravedad de los hechos, Castro abrió una pieza separada en 2010: el caso Nóos.

Según el fiscal Pedro Horrach, “el Instituto Nóos se presentaba ante terceros como una entidad sin ánimo de lucro con la misión de realizar investigaciones de interés general sobre los procesos de formulación e implementación de las estrategias de patrocinio, mecenazgo y responsabilidad social, así como sobre la importancia de los sistemas de inteligencia de mercado para medir su eficacia”. Pero en realidad “solo era humo” e Iñaki Urdangarin se aprovechó de su posición social “para generar confianza en los interlocutores y potenciales clientes, aparentado solidez científica y técnica (de Nóos)”.

El juez Castro y el fiscal Horrach 

Cuando el juez José Castro, instructor de la causa, se hizo cargo de este caso, sabía que tenía entre sus manos lo que de forma coloquial se conoce como una ‘patata caliente’. Supo que recibiría presiones, críticas, pero no se imaginó que acabaría con la hasta entonces estrecha amistad que mantenía desde hacía años con Pedro Horrach, fiscal anticorrupción de Palma con el que había trabajado estrechamente hasta que se interpuso entre ellos la infanta Cristina.

Caso Noos, el juez Jose Castro, instructor del caso
El juez instructor del caso Nóos, José Castro. (Foto: Andrea Comas / Reuters)

Un Pedro Horrach que por momentos actuó como si fuera el abogado defensor de la infanta y que trató por todos los medios que la hija y hermana de reyes no se sentara en el banquillo, tratando de exculparla y echando sobre su marido toda la responsabilidad de la trama de corrupción. La insistencia del juez Castro en que la infanta conocía perfectamente el entramado y las numerosas pruebas que así lo atestiguaban, acabó por romper una amistad de años. Castro no logró imputar a la infanta más que por dos delitos fiscales.

El fin de la impunidad

En julio de 2011, el ya ex socio de Urdangarín, Diego Torres, declara como imputado. Hasta entonces nadie se atreve a tocar al todavía Duque de Palma, entre otras cosas, porque la Casa Real se había encargado por entonces de ‘sacarlo’ de España. En 2009, cuando Nóos ya aparece en los medios de comunicación y empiezan las sospechas sobre posibles irregularidades, Urdangarín y su familia se van a Washington a vivir. El presidente de Telefónica, César Alierta, ficha al duque como un favor personal del rey.

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach trató por todos los medios evitar que la infanta fuera imputada, cargando toda la responsabilidad de los presuntos delitos a su marido

Mientras, el juez Castro sigue trabajando y en 2011 cita a Diego Torres como imputado. El ex socio de Urdangarín no está dispuesto a comerse el ‘marrón’ solo y empieza hacer públicos correos electrónicos entre él y Urdangarín, entre éste y miembros de la Casa Real, como el secretario de las infantas, Carlos García Revenga. Los medios de comunicación se hacen eco de estas informaciones y la Corona comprende que aquello ya no hay quien lo pare, así que en diciembre de ese año, Urdangarín es apartado de las actividades oficiales. El rey Juan Carlos había decidido dejar caer a su yerno. El 24, durante el tradicional discurso de Nochebuena, recuerda que la ley es igual para todos, y el día 29, el Duque de Palma es imputado por presuntos delitos en relación con el caso Nóos.

Iñaki, imputado

En febrero de 2012, se produce la primera declaración de Urdangarín ante la justicia, en la que asegura que hace años que no tiene nada que ver con Nóos y acusa a su ex socio de haber seguido con los negocios en solitario. Torres mantiene su defensa centrada en tratar de implicar a la Casa Real con los famosos correos y con el mismo caso Nóos. Durante ese año 2012 se suceden las noticias. Por un lado, se publica que el conde de Fontao, asesor de la Casa Real, había hablado con Urdangarín para transmitirle el mensaje del rey de que dejara su actividad en Nóos, ya convertido en Fundación. El propio asesor del rey así lo reconoció después cuando tuvo que prestar declaración en el juicio en calidad de testigo. Según las investigaciones y las declaraciones de Torres, el Duque hizo caso omiso a la sugerencias de su suegro. Al mismo tiempo, el fiscal Horrach sigue empeñado en evitar la imputación de la infanta, frente a la opinión del juez instructor que considera necesario que la hija del rey declare.

Los antiguos socios y amigos, Iñaki Urdangarín y Diego Torres, en el banquillo de los acusados. (Foto: Ballesteros / Reuters)
Los antiguos socios y amigos, Iñaki Urdangarín y Diego Torres, en el banquillo de los acusados. (Foto: Ballesteros / Reuters)

Con la llegada de 2013, Urdangarín y Torres reciben un jarro de agua fría cuando la fiscalía les imputa un presunto delito fiscal. La situación penal del Duque tiene una respuesta contundente por parte de la Casa Real, que le retira de la web oficial. Lo peor estaba aún por llegar y en abril de ese año el juez imputa a la infanta Cristina. Anticorrupción se opone a la imputación y comienza un tira y afloja entre juez y fiscal respecto a si la hija del rey debe o no declarar ante la justicia. El fiscal recibe el apoyo de la Abogacía del Estado y de la propia Audiencia de Palma, que rechaza el auto del juez citando a Cristina de Borbón como imputada por el caso Nóos.

Castro es acusado en varios medios de querer ser un “juez estrella”, incluso de ser republicano y hay incluso un intento por manchar su imagen. Otros sectores apoyan públicamente al juez por su “valentía”, sobre todo, después de pedir a la Agencia Tributaria que investigue supuestas irregularidades por parte de la infanta, una medida que vuelve a encontrarse con la oposición de la fiscalía.

La infanta, imputada

En enero de 2014, el juez Castro imputa a la infanta, y un mes después, la imagen de la hija del rey acudiendo a la Audiencia de Palma para ser interrogada da la vuelta al mundo. En su declaración, Cristina de Borbón asegura que no tiene nada que ver con la empresa familiar Aizoon y mucho menos con Nóos. Ella confiaba plenamente en su marido, declara. A pesar de eso, el juez dicta meses después un auto donde mantiene su imputación por dos delitos fiscales y blanqueo, y propone que se juzgue a un total 17 personas. El fiscal recurre la imputación de la infanta por considerar que está basada en “meras conjeturas”.

Declaración de Cristina de Borbón durante el juicio en la Audiencia Provincial de Palma. (Foto: Joan Lladó / AP)
Declaración de Cristina de Borbón durante el juicio en la Audiencia Provincial de Palma. (Foto: Joan Lladó / AP)

En noviembre, sin embargo, la Audiencia confirma la imputación de la infanta como cooperadora en dos delitos fiscales pero rechaza la imputación por el delito de blanqueo de capital. La abogada de Manos Limpias mantiene la acusación contra la infanta y pide para ella ocho años de cárcel. La Fiscalía sólo pide que abone 587.413 euros por haberse lucrado y la Abogacía del Estado le solicita 168.571 euros. Para Urdangarín la fiscalía pide 19 años y medio de cárcel mientras que Manos Limpias solicita 26 años y medio. En diciembre, la noticia de portada es el auto dictado por el juez Castro en el que anuncia apertura de juicio oral contra Cristina de Borbón, Iñaki Urdangarín y otras 15 personas, por su presunta relación con el caso Nóos. En 2015, el rey Felipe VI decide retirarles el título de Duques de Palma a Cristina e Iñaki que Don Juan Carlos les había concedido cuando se casaron en 1997. Además, les excluye como miembros de la Familia Real en un último intento por preservar la imagen de la Corona.

El juicio y la sentencia

El sumario del caso Nóos cuenta con 100 tomos y más de 76.000 folios. El juicio oral se fija para el 11 de enero de 2016 y se confirma que la infanta deberá sentarse en el banquillo de los acusados, aunque hay un intento para evitarlo a través de la denominada doctrina Botín. Al final, no se acepta y, de nuevo, la hija y hermana de reyes es portada en todos los medios nacionales e internacionales. Su imagen, sentada en la sala junto al resto de encausados es devastadora, como lo fue también cuando se sentó delante del tribunal para declarar y contestar a las preguntas de sus abogados y del tribunal, el 3 de marzo de 2016. Casi 600 periodistas se acreditaron para cubrir el juicio del año. Durante seis meses se sucedieron las declaraciones de imputados y de testigos. El juicio quedó visto para sentencia en junio después de 5 años y 11 meses de proceso.

Iñaki Urdangarín, durante el juicio en el que era el principal acusado por la trama de corrupción. (Foto: Pool News / Reuters)
Iñaki Urdangarín, durante el juicio en el que era el principal acusado por la trama de corrupción. (Foto: Pool News / Reuters)

El 17 de febrero se hace pública la sentencia en la que la infanta queda exonerada del delito de cooperadora necesaria en dos delitos fiscales atribuidos a su marido. Su satisfacción, como ha contado su abogado, Miquel Roca, se ha visto empañada por el “disgusto” por la condena a seis años y tres meses de cárcel para su marido. “Considera que es injusto y ella sigue confiando en inocencia de su marido”, ha dicho Roca. La fiscalía pedía para Urdangarín más de 19 años de prisión por los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude, tráfico de influencias, delitos contra la Hacienda Pública, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo de capitales. Los mismos delitos por los que ha sido condenado el ex socio Diego Torres, sobre el que ha recaído la mayor condena: ocho años y seis meses.

La cuestión ahora es saber si el cuñado del rey entrará en prisión y, en caso afirmativo, cuándo. En unos días, la respuesta.

Texto de la Sentencia publicada el 17 de febrero de 2017.

Urdangarín y su abogado, Pascual Vives, abandonan la Audiencia de Palma después de su primera declaración ante el juez instructor. (Foto: Enrique Calvo / Reuters)
Urdangarín y su abogado, Pascual Vives, abandonan la Audiencia de Palma después de su primera declaración ante el juez instructor. (Foto: Enrique Calvo / Reuters)

Motivos para recelar

Pilar Cernuda

Foto: Pool new
Reuters

Con cuarenta años de periodismo a la espalda, es lógico el escepticismo ante las casualidades, que las más de las veces son “causalidades”. Cualquier profesional con una mínima experiencia y cierto olfato, adivina a la primera qué es una exclusiva, un scoop que le habría gustado tener en su mano, y qué es una noticia que a alguien le conviene hacer pública por las razones que sean, con frecuencia como venganza por no haber logrado determinado objetivo.
Viene al caso de las informaciones sobre la vida privada del Rey Juan Carlos y la transcripción de unas conversaciones que confirman una relación extramatrimonial que se prolongó durante años y que era sobradamente conocida. Como era conocido que en el CESID había personajes que se dedicaban a grabar a las más altas autoridades. Personajes a los que solo se puede calificar de traidores, por la deslealtad a una institución fundamental para la seguridad de su país, por extralimitarse vergonzosamente en sus funciones, por hacer negocios al amparo de esa institución y por quebrar el patriotismo que se supone a los militares.
Hablando de patriotismo, en los años últimos, no solo los de gobierno del PP, un grupo de policías se autodenominaban precisamente patriotas, cuando lo que hacían era moverse en las aguas más oscuras, más fétidas, alegando que alguien debe hacer el trabajo sucio para el Estado. Mentían como bellacos, el juego sucio no cabe en un Estado democrático. Están ya oficialmente fuera de juego pero, en su eterna suciedad, sacan ahora grabaciones del CESID para desacreditar a un Rey que, sin duda, ha cometido graves errores en su vida personal, pero como Jefe de Estado ha hecho un trabajo impecable, valiente e inequívocamente patriota –él sí- , que ha asombrado al mundo.
No se entiende que periodistas de importante trayectoria pongan en circulación documentos que no aportan nada, aunque llenan de satisfacción a quienes se han movido en las cloacas y quieren demostrar, a quien les ha parado finalmente los pies, que tienen mucho “material” y más vale que no vayan muy lejos en sus investigaciones sobre su trabajo. Porque eso es lo que ha detrás de la “exclusiva”: un grupo de policías que no merecían la placa y que después de años de hacer y deshacer a su antojo han perdido su inmenso poder.

Todos a la cárcel

Melchor Miralles

Me lo cuenta un colega que estaba allí, en la Audiencia de Palma. Entraba Urdangarín y la peña, cabreada, le gritaba “ladrón, ladrón”, e incluso una señora, muy caliente, exaltada, lanzó un “todos a la cárcel” rotundo. Todos. Todos al talego. Y me espanta. No. Yo no quiero que vayan todos a la cárcel. No sé a qué “todos” se refería la señora, pero yo quiero que solo vayan a la cárcel quienes hayan sido declarados culpables en sentencia firme. O quienes esperan el fallo definitivo, pero en circunstancias que objetivamente hagan previsible una fuga, o la destrucción de pruebas. O sea, quiero vivir en un Estado de Derecho. Lo siento. ¿Debo pedir perdón a las masas? Pues no lo voy a hacer. No quiero que vayan todos a la cárcel, así, porque sí. Ojo por ojo y todos nos quedaremos ciegos.

Dicho eso, la sentencia del “Caso Nóos” me pareció excesivamente benévola, sobre todo en comparación con otras recientes con la de Fitur. La absolución de la infanta Cristina me resultó incomprensible. Y la decisión de que Urdangarín y su socio no vayan a prisión sin pagar fianza y no se les retire el pasaporte me parece que no resiste comparación con otras decisiones recientes, como por ejemplo la de meter entre rejas a Alvaro Pérez, “El bigotes”, con el que objetivamente hay menos riesgo de fuga que con Urdangarín, y que lleva años sin pasaporte. O sea, que sí, que la ley es igual para todos, pero su interpretación y aplicación no. Y es insoportable. Porque, además, los que salen beneficiados son siempre los mismos. Los que están cerca del poder político, económico o mediático.
Ahora a ver qué pasa con Blesa y Rato, también condenados. Esto es un no parar. Ha habido mucha corrupción, unos pocos se han llevado mucho y muchos llevan años jodidos como consecuencia de la actuación de estos golfos apandadores que no debieran irse de rositas. Pero dicho, esto, comprendido el cabreo general, dejo constancia. No quiero que vayan todos a la cárcel, así, a boleo, a granel. Sólo quiero que vayan a la cárcel quienes hayan sido condenados en sentencia firme. Prefiero cien culpables en libertad a un inocente entre rejas.

La Justicia en pelota

José Antonio Montano

Esta mañana, mientras se esperaba con una ansiedad un tanto plebeya la sentencia sobre el caso Nóos, se coló en Twitter un poeta romántico: Gustavo Adolfo Bécquer. Es que nació un 17 de febrero (de 1836) y muchos se han puesto a recordar sus romanticismos: sus golondrinas, sus lunas, sus “yo no sé qué te diera por un beso”… La compartimentada mente española no retiene que es también el coautor del álbum satírico-pornográfico ‘Los Borbones en pelota’. Por eso, cuando ha salido la sentencia, le ha faltado el gancho que lo mantuviese en los ‘trending topics’…

Una lástima, porque el trasunto de la mañana era justamente ese: el de dejar a los Borbones en pelota, por medio de la infanta Cristina. Y si la Infanta resultaba absuelta, como ha ocurrido, la que se quedaba en pelota era la Justicia. La banca antimonárquica siempre gana. (Nótese que no se trataba aquí de señalar que la Infanta, o los Borbones, o la Justicia iban desnudos como en el cuento, sino de desnudarlos).

Lo más divertido ha sido la reacción de Miquel Roca, abogado de la Infanta, padre de la Constitución y miembro de un partido nacionalista e independentista (¡que España es mucha España!): ha dicho que estaba “levitando” con la absolución de su defendida. Lo que ha arrojado una sombra en lo que ya estaba judicialmente claro: ¿es que pensaba que la sentencia solo podría serle favorable de un modo milagroso, o místico? En la mañana se ha quedado flotando un ectoplasma de cloaca celestial.

Pero hay que aceptar la sentencia, en sus absoluciones y en sus condenas. Los que no tenemos formación jurídica nos encontramos siempre en estos casos en la misma situación. Por un lado, incapaces de juzgar técnicamente el asunto, y en su defecto dando por bueno el resultado (y aceptando el principio general de que hay que juzgar actuaciones concretas, con pruebas, según la ley, etcétera). Y por otro lado, proyectando impresiones, observaciones o reflexiones que ya caen fuera de lo judicial. Juicios al paso que no tienen que ver, propiamente, con el juicio.

En el caso Nóos, lo abrumador ha sido su carácter sintomático: la corrupción que han podido permitirse quienes optaban por ella en las altas esferas, (incluidas las monárquicas, donde estaba el condenado Urdargarín); el dinero que afloraba por estrictas razones de cortesanía; y la extendida conciencia de impunidad. Muchos han estado levitando por encima de sus posibilidades. Ahora, aunque el abogado Roca suba, es el momento de bajar. Pero, ¿volverán las oscuras golondrinas?

La condena o el beneplácito

Andrea Mármol

En su ensayo en forma de libro ‘El mal consentido: la complicidad del espectador indiferente’, Aurelio Arteta aborda con laboriosa y precisa prosa las diversas formas del mal a lo largo de más de 300 páginas que el propio autor califica de ‘incómodas’ para el lector. Arteta justifica esa faceta del ensayo por la propia naturaleza perturbadora del asunto que lo vertebra. El mal que cometemos nos pesa lo suficiente como para que siquiera relatarlo nos haga perder nuestra condición de personas íntegras.

Sin embargo, no es el libro una suerte de tesis moralista que condena esta o aquella equivocación íntima. Como el propio autor advierte, “un criminal mata en su nombre, un criminal político no: lo hace en nombre de todos”. ‘El mal consentido’ retrata al daño que se comete en beneficio o para la consecución de alguna causa pública, esto es: causado por unos pocos, sufrido por unos cuantos más y contemplado por la sociedad en conjunto. Con fecha de 2010, el ensayo se erige como un alegato en contra de todos los silencios y miradas desviadas alrededor de la violencia ejercida por la banda armada ETA en España y en particular en el País Vasco. La derrota del grupo criminal organizado no hace menos urgente la lección de Arteta, que nos recuerda que en una situación de mal político, todos estamos llamados a tomar partido.

La semana pasada dos guardias civiles sufrieron una paliza en la localidad navarra de Alsasua a manos de un grupo de violentos. Geroa Bai, Podemos y PSOE firmaron una destilada declaración institucional que además justificaba el mal cometido por el difícil clima de convivencia que a su juicio genera la Guardia Civil en el municipio. Hace pocos días, un expresidente democrático no pudo hablar en una universidad pública de su país al ser increpado por un numeroso grupo de personas con el rostro cubierto. Podemos se resistió a condenar la efectiva violencia ejercida y algunos portavoces nacionalistas hablaron de provocación por parte de Felipe González.

Ambas agresiones nos conciernen a todos por cuanto menguan la libertad de nuestros iguales, del mismo modo que la violencia de ETA impedía el desarrollo público de las ideas de los demás. De muchos socialistas, por cierto. En democracia los líderes políticos tienen la capacidad de hablar en nombre de la ciudadanía a la que representan y por eso se insiste en exigir la condena de los hechos violentos, para dignificar a la sociedad en nombre de la que se habla. Arteta nos recuerda que es necesario abandonar la comodidad complaciente ante el mal público. De lo contrario, uno no acaba de militar del lado del bien. Eso último es lo que hicieron muchos estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid tras el ataque a González, quienes en una loable iniciativa condenaron los hechos ocurridos y exigieron responsabilidades. El mal fue así un poco menos consentido.

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