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El gran debate sobre la muerte

Verónica F. Reguillo

Foto: LAURENT DUBRULE
Reuters/Archivo

“Morir es jugarnos a una sola carta toda nuestra vida. Es apostarlo todo al deseo de encontrar un lucero que nos alumbre un nuevo camino. Y si perdemos la apuesta, solo perderemos la desesperanza y el dolor infinito”. Lo escribió Ramón Sampedro días antes de morir tras ingerir cianuro con una pajita. Este tetrapléjico pidió de manera incansable la regulación de la eutanasia o el suicidio asistido. Tras treinta años postrado en una cama,  su amiga Ramona Maneiro puso a su alcance el vaso con el veneno; poco después fue detenida y puesta en libertad por falta de pruebas. Tras siete años, y cuando el delito había prescrito, Maneiro reconoció que fue ella quien lo hizo.

Hace casi veinte años de la muerte de Sampedro, y España sigue sin debatir en profundidad la regulación de la eutanasia o el suicidio asistido, aunque en la superficie sí se dan pasos hacia adelante.

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Ramón Sampedro fue uno de los abanderados de la lucha por la legalización de la eutanasia. | Foto: Dolor Agudo / Flickr

A principios de marzo, Madrid se convertía en la novena comunidad autónoma en aprobar una ley sobre muerte digna. Esta legislación garantiza, entre otras cosas, el derecho del paciente a la sedación y a no recibir tratamiento en la última fase de la vida, también garantiza la intimidad para encarar la muerte, y el cuidado y el atendimiento de los familiares. “El lema es ayudarle a vivir sus últimos días otorgándole el mayor confort posible y atendiendo a la vez a su familia”, afirma María Dolores Espejo, presidenta de la Fundación Bioética.

Las leyes autonómicas suman y otorgan más protección a pacientes y a profesionales médicos cuando en una fase terminal no se quiere continuar con el tratamiento. Sin embargo, no presentan grandes diferencias con respecto a la legislación que ya se aprobó para todo el Estado en el año 2002, según la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente (AFDMD). “Esas leyes de muerte digna lo que hacen es desarrollar a nivel autonómico las directrices que a nivel global marca la ley de Autonomía del Paciente”, afirma Carlos Barra, uno de los portavoces de la asociación.

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Manifestantes salieron a la calle en octubre de 2015, en Nuevo México, para pedir su derecho a decidir. | Foto: Russell Contreras / AP

Desde la asociación reclaman un debate profundo que vaya a la raíz de una problemática no resuelta. “Quiero cuidados paliativos para todo el mundo, pero quiero otra cosa: si yo, a pesar de tener los mejores cuidados paliativos del mundo, entiendo que la vida me resulta insufrible porque me produce un dolor físico y psíquico que no puedo soportar, quiero tener la libertad de decir cómo y cuándo irme, y que eso esté regulado para dar también garantía a quien me ayude”.

“Es terrorífico y un peligro”

Esto le parece “terrorífico y un peligro” a la presidente de la Fundación Bioética. Espejo asegura que hay otras vías antes que quitarle la vida a un paciente, aunque este lo solicite. “Me parece terrorífico porque estás dando la posibilidad de matar a otra persona cuando existen otras posibilidades, entonces puede que a la mínima, cuando llegue un paciente diciendo “esto no lo puedo soportar”, pues lo más fácil sea quitarle la vida, si total va a morir en poco tiempo, cuando deberíamos plantearnos algo más humanitario que es ayudarle a vivir confortablemente los últimos días de su vida. A mí me parece un peligro”.

En la misma línea se muestra el Doctor Fernando García-Faria de Metges Cristians de Catalunya que asegura que con cuidados paliativos universales no es necesario “en absoluto” una ley de regulación de la eutanasia o del suicidio asistido. Porque con estos cuidados paliativos “se atenúa la angustia y la ansiedad que genera un dolor crónico y que le puede producir a cualquiera una alteración de su estado psíquico”.

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En Francia, reclamaban el cuidado de Vincent Lambert, un cuadripléjico que estaba mantenido por asistencia artificial. | Foto: Thibault Camus / AP

Situación actual

La libertad de autonomía de las personas a la hora de morir está regulada y limitada por el artículo 143.4 del Código Penal, que incluye también penas de cárcel para quien ayude a llevar a cabo un suicidio asistido o aplique la eutanasia. Esta norma solo se puede modificar a través de las Cortes Generales con la mayoría parlamentaria correspondiente.

PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos han presentado distintas proposiciones de ley sobre esta materia.
Según Carlos Barra, la única propuesta que aborda el debate sobre la legalización de la eutanasia es la de Unidos Podemos, que recoge también el derecho de objeción de conciencia para aquellos profesionales que no quisieran, llegado el caso, aplicar este procedimiento.

El debate podría darse más pronto que tarde. La responsabilidad recae en un solo partido, según el portavoz de AFDMD. “En estos momentos podría haber una mayoría parlamentaria en el Congreso que estuviera a favor de debatir esa ley en comisión y de poder aprobarla después en pleno. Dependerá de la posición de un solo partido, del PSOE. Si en el debate de esa ley ese partido vota favorablemente pues se estaría muy cerca de una mayoría absoluta”.

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Inmaculada Echevarría llevaba más de dos décadas postrada en una cama y en 2007 vio cumplido su deseo de que la desconectaran del respirador que la mantenía con vida. | Foto: Pepe Marín / AP

Además de las proposiciones de ley de los partidos nacionales, el Parlamento catalán aprobó el pasado mes de enero una moción que presentarán en el Congreso de los Diputados para instar al Gobierno central a derogar el artículo 143.4, y crear un Observatorio de Muerte Digna, a lo largo de este 2017.

“Casi el 60% estaría de acuerdo con regular la eutanasia”

¿Y cuál es el posicionamiento social con respecto a este tema? Según las últimas encuestas oficiales realizadas por el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), casi el 60% de los españoles estaría de acuerdo con la regulación por ley de la eutanasia, a lo que habría que sumar un 15,2% que contesta con un “quizás sí”. Ante esto, Carlos Barra asegura que el posicionamiento social es claro, y que por tanto, el debate se debe trasladar al Parlamento para dar respuesta a una petición social.

“Es un tema de tolerancia y de libertad, por tanto si tú y yo somos demócratas tendremos que admitir que la libertad es un valor supremo de nuestro ordenamiento jurídico. Tú serás libre para no hacer lo que no quieras, pero yo seré libre para hacer lo que quiera” argumenta Barra en su defensa del debate y regulación de una ley sobre eutanasia o suicidio asistido. Sin embargo, el doctor García-Faria afirma que un dolor lancinante o un trastorno psíquico puede hacernos perder la libertad para decidir. Asegura que se puede adquirir “una autonomía llevada a la radicalidad que te puede hacer buscar, desde mi punto de vista sin razón, eliminarte de la vida cuando la vida es un don”.


¿Y fuera de España?

Para intentar agrandar la fotografía sobre la situación de la eutanasia y el suicidio asistido fuera de España, habría que diferenciar estos dos procedimientos. El primero lo llevaría a cabo un profesional sanitario, por ejemplo, a través de una inyección a la persona que desea morir. El segundo, no obstante, lo realizaría el propio enfermo con la ayuda de otra persona.

A día de hoy, la eutanasia es legal en Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Colombia, mientras que el suicidio asistido está legalizado en Suiza, Alemania, Albania, Japón, Canadá y en algunos estados de EEUU como Oregón, Washington, Montana, California o Vermont.

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Canadá aprobó el derecho a suicidio asistido en 2016. | Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

La polémica sobre lo que es digno o no a la hora de morir también ha tenido lugar en Francia. Tras años de intenso debate, el Parlamento aprobó una normativa por la que se podría dormir al enfermo en sus últimos instantes de vida, pero no contempla la posibilidad de acelerar el proceso aplicando técnicas de suicidio asistido. Así, se ha dado carpetazo a una legislación sobre la eutanasia.

Si hoy Ramón Sampedro aún estuviera con “una cabeza viva en un cuerpo muerto”, sus palabras seguirían persiguiendo el mismo propósito. “Y si ganamos la apuesta de la muerte, si la esquiva suerte una vez nos mira; ganaremos el cielo, porque en el infierno ya hemos pasado toda nuestra vida”.

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Vox Dei

Aurora Nacarino-Brabo

Foto: JUAN MEDINA
Reuters/File

Pedro Sánchez ha asegurado que “Ciudadanos es el Vox de la política”. Palabra de Dios. Es verdad que la frase no podría estar peor construida: ¿Qué otra cosa es Vox si no un partido político? Pero atendamos a la comparación. Las encuestas señalan que el procés ha espoleado el ascenso de Ciudadanos en el conjunto de España, mientras en Cataluña la candidatura de Inés Arrimadas se ha consolidado como primera fuerza del constitucionalismo.

Entonces a Pedro Sánchez se le ocurre establecer esa equivalencia, Ciudadanos es Vox. Situar a la formación naranja a la derecha del PP no se compadece con la realidad programática ni parlamentaria, pero además sugiere una estrategia inquietante: la de equiparar la crítica al independentismo con el extremismo ideológico. Ciudadanos es el partido que más ha combatido el nacionalismo y, por tanto, según el líder del PSOE, solo cabe concluir que es un partido de extrema derecha. Sin embargo, me inclino a pensar que el líder del PSOE no se cree lo que dice.

¿O acaso hemos de pensar que el PSOE firmó un acuerdo de gobierno “reformista y de progreso” con Vox? Un pacto que incluía medidas tan reaccionarias como “reformar la Constitución para asegurar eficazmente los derechos sociales y completar el funcionamiento federal de la organización territorial de nuestro Estado”. Un pacto por una Europa “más social y más solidaria”, que diera respuesta a la emergencia que viven los refugiados. Un pacto por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Un pacto contra la pobreza. Un pacto por la ciencia.

¿Firmó un acuerdo de gobierno Sánchez con un partido de extrema derecha? Y, en Andalucía, ¿gobierna el PSOE gracias al apoyo del Vox de la política? ¿Compartirá Susana Díaz las palabras de su secretario general?

En realidad, atendiendo a su posición sobre derechos civiles y libertades individuales, Vox se parece mucho más a Uniò, el partido que se integrará en las listas del PSC de cara a las elecciones del 21 de diciembre, contrario al aborto y que presentó un veto en el Senado contra el matrimonio gay.

Las encuestas coinciden en señalar una tendencia: la subida de los partidos más próximos al centro político, PSOE y Cs, y el retroceso de PP y, sobre todo, Podemos. Aunque sin elecciones generales a la vista es pronto para lanzar vaticinios, no es descabellado pensar que, de cara a un adelanto electoral, PSOE y Cs sumarían más escaños de los que tenían cuando pactaron, tras los comicios de diciembre de 2015.

Eso plantea una posibilidad real de articular una alternativa progresista a Mariano Rajoy. De confirmarse el declive de Podemos, Pedro Sánchez necesitará contar con Ciudadanos si aspira a gobernar algún día, razón por la que haría bien en ser más prudente en sus comparaciones. Le ha dicho a sus votantes que Rivera es el líder de una formación de extrema derecha y, aunque sabemos que en los días de la política líquida las palabras se las lleva el viento, eso dificulta la capacidad de maniobra de cara a una eventual negociación. Así que mejor dejemos que sean los ciudadanos quienes decidan en qué lugar ponen a cada partido. Vox populi, vox Dei.

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¿El fin del gobierno del PP?

Aurora Nacarino-Brabo

Aurora Nacarino-Brabo analiza la posible influencia del procés de Cataluña en el arco parlamentario nacional de cara a unas futuras elecciones generales.

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España y los vacíos de poder

Josu de Miguel

Los pocos minutos que los planes de estudio le dejan a uno para explicar algo de constitucionalismo histórico español, se suelen dedicar a mostrar a los alumnos que nuestro país no es ajeno a los movimientos europeos que durante todo el siglo XIX trataron de incorporar la tradición liberal y democrática bien de forma revolucionaria o pactando con unas monarquías en retirada. Si acaso, se apunta la funesta originalidad de realizar “constituciones de partido”, lo que seguramente nos pone a la cabeza del continente en la elaboración y aprobación de normas fundamentales.

Juan Olabarría, inolvidable profesor de historia de las ideas de la Universidad del País Vasco, me ha apuntado recientemente otra característica del sistema político español poco analizada: su capacidad para crear vacíos de poder. Pasó en 1808, donde el pueblo en armas tuvo que sustituir a un Estado secuestrado y a unas estructuras de poder en franca descomposición. Pasó en 1868, cuando la Revolución Gloriosa dio paso al primer intento de establecer en España una monarquía parlamentaria moderna. Y pasó en 1931, cuando se proclamó una República cuya inestabilidad hizo imposible contener un desgarrador conflicto civil que aún nos sigue atormentando. En los casos citados, nos encontramos características comunes: la huida del Rey o la Reina, el consiguiente desorden institucional, la falta de proyecto político compartido y la emergencia de una figura singular que a través de medios extraordinarios o expeditivos logra imponer un nuevo orden (Fernando VII, Cánovas y Franco).

En 1975 las cosas fueron algo distintas. Las previsiones del propio régimen franquista, el entorno internacional favorable y la generosidad de la oposición permitieron superar un posible vacío de poder mediante la articulación de un gran acuerdo que nos trajo la Constitución más exitosa y fructífera de la historia de nuestro país. Ha pasado el tiempo y quizá no lo hemos aprovechado adecuadamente, esencialmente porque los sistemas políticos perduran si detrás hay una cultura política que los sustente. Cuando en junio de 2014 abdicó el Rey Juan Carlos el país contuvo la respiración y miró de reojo al PSOE para saber qué haría a la hora de votar la Ley Orgánica que certificaba el cambio en la Jefatura del Estado. Ya se sabe, en España todo el mundo tiene varias almas políticas cuando se trata de las cuestiones fundamentales.

Naturalmente, junio de 2014 fue el primer round. Los nacionalistas periféricos trabajaron desde 1979 en la construcción de un sujeto político que quizá algún día tendría la oportunidad de ser soberano. La izquierda antisistema aprovechó la crisis socioeconómica para alcanzar unas cotas de poder impensables unos años antes. Su objetivo, alcanzar la república plurinacional. Ambos andan ahora coaligados a la espera de un vacío de poder, que gracias a la impericia de los primeros, se ha terminado produciendo, de momento, en la propia Cataluña. No es una paradoja de la historia: es la consecuencia de no haber atendido desde la inteligencia, el consenso y una tradición filosófica de fuste nuestras carencias políticas seculares.

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Simbólica Forcadell

Melchor Miralles

Foto: JAVIER BARBANCHO
Reuters

Le entró el canguelo a la señora Forcadell, que preside con mano dura con los discrepantes el parlamento catalán, pero que ante loas ropones ha actuado blandiblú, ha acatado de modo expreso el artículo 155 y ha dicho que la declaración de independencia proclamada el 27 de octubre tuvo carácter “declarativo y simbólico”.

Vayamos a la Real Academia de la Lengua (RAE). Simbólico: “perteneciente o relativo al símbolo”. Símbolo: Acepción 1: “Elemento u objeto material que, por convención o asociación, se considera representativo de una entidad, de una idea, de una cierta condición”. Acepción 5: “Nombre que servía para reconocer fuerzas como amigas o enemigas”

No sabemos a qué se refería Forcadell al emplear el término “simbólico”. Si sabemos que la señora presidenta del Parlamento de Cataluña tiene más trayectoria en la lengua que en la suela, o sea, dispone de más currículo que vida, y ante la Justicia tiembla un poco. Y también sabemos, por lo que ha declarado, que es consciente de que la verdad no existe, solo existen las interpretaciones, y además, donde se destapa la verdad se descubre la mentira. Con un par ha dicho que ella “siempre ha permitido el debate sin prejuzgar el resultado ni el contenido”, para preservar el derecho a la actividad parlamentaria y el debate libre. Que se lo digan a los diputados de Ciudadanos, el PP y el PSOE de Cataluña, y a todos los catalanes a los que estos representan.

Hay seres humanos que sueñan con la independencia, y como escribió Reverte en el magistral tango de la guardia vieja, “hay hombres que sueñan con irse, y se atreven. Yo lo hice”, como Puigdemont, que se ha independizado de los catalanes largándose lejos, a Bélgica, después de liarla parda, dejar las arcas públicas secas y al personal en situación crítica social y política.

Forcadell no sé con qué sueña, pero ya sabemos que es una mujer simbólica, pero que desconoce que la verdad es la mejor de las defensas que pueden emplearse siempre, y toda la verdad es aún mejor. Y sabe poco de coherencia, que no es sino la coincidencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Claro que no hay pruebas en contra que valgan cuando se quiere creer, como dijo Leonardo Sciascia en su Teatro de la memoria. Demasiado nivel de lectura para tantos simbólicos del procés, claro. Pero en Cataluña hace meses que loas días son noches y las noches son visiones que llevan al día, esperando que los simbólicos entren en razón.

Al menos la simbólica Forcadell debió haber leído a Lao-Tse, que no era un filósofo simbólico: “Es fácil borrar las huellas, pero es difícil caminar sin pisar el suelo”.

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