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La tragedia de las niñas esclavas en Birmania

Redacción TO

Khin Khin Tun es una joven birmana de 14 años que, junto a su hermana, padeció un calvario en la casa donde vivían como empleadas del hogar. Ahora, la mujer para la que trabajaban será juzgada por quemar a la joven con agua hirviendo después de acusarla de haber robado una naranja. Este terrible suceso no es, desgraciadamente, un caso aislado sino el reflejo de la situación de miles de niñas y niños menores de edad explotados como empleados domésticos en Birmania. “Aye Soe Soe cogió una botella y vertió el contenido sobre el brazo izquierdo de mi cuerpo. Me dijo que dijera la verdad. Cuando contesté que no tenía la naranja, me pegó”, contó a la agencia AFP unos días después del comienzo del juicio contra su jefa en Mawlamyine.

Hacía tres años que Khin Khin Tun trabajaba para Aye Aye Soe y su madre, Tin Pyone, propietarias de una tienda de comida. Su padre la envió con 11 años a ella y a su hermana a trabajar como criadas porque necesitaba el dinero. “Cuando grité que me estaba quemando me pegó en la cabeza. Había mucha sangre”, añade la joven.

Khin Khin Tun trabajaba más de 17 horas al día sin siquiera percibir un salario

Al comienzo, Khin Khin Tun cobraba 30.000 kyats (unos 20 euros) al mes a cambio de más de 17 horas de trabajo diarias, pero en cuanto falleció su padre dejó de percibir su salario. Y empezaron las palizas. Como Khin Khin Tun y su herman, decenas de miles de niños trabajan en condiciones infrahumanas en Birmania. La lucha contra esta situación que vulnera los derechos humanos es un desafío para el gobierno democráticamente elegido y liderado por la Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, en el poder desde hace casi un año.

Frotar heridas con pimiento

Según Piyamal Pichaiwongse, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “la vigilancia es casi imposible, pero la mejor forma de protección es la educación y la reducción de la pobreza“. El año pasado, el país quedó conmocionado por el caso de dos adolescentes secuestradas y golpeadas durante cinco años en casa de un sastre de Rangún. Su historia llevó al gobierno a ordenar una investigación pero, por el momento, no se ha adoptado ninguna medida concreta.

En el caso de Khin Khin Tun y su hermana, contó a las autoridades que su jefa las acusaba a las dos de robar comida, las ataba y las quemaba con pedazos de madera incandescente cuando negaban las acusaciones. También las obligaba a pegarse entre ellas hasta sangrar. Después tenían que frotar las heridas con pimiento molido o vinagre. “Si nos negábamos a pegarnos, nos pegaba ella. No teníamos elección”, recuerda Khin Khin Tun, con lágrimas en los ojos. “Querían que nos odiáramos”, añade. La tía de las dos menores fue la que dio la voz de alarma ante la terrible situación y presentó una demanda, convencida de que abusaron de ellas “por ser niñas pobres”.

"En España hay muy pocos menores en situación de adoptabilidad"

Lidia Ramírez

Foto: Victor Ruiz Garcia
Reuters

Al menos 2.582 familias se encuentran a la espera de adoptar a un niño en España, muchas tendrán que esperar un mínimo de cuatro años hasta que un menor les sea asignado. La razón, según Benedicto García, coordinador de CORA (Coordinadora de Asociaciones en Defensa de la Adopción y el Acogimiento), es que “hay muy pocos menores en situación de abandono y adoptabilidad, por eso las familias tienen que esperar tanto”. Sin embargo, este dato contrasta con el incremento del número de pequeños acogidos en residencias, 13.596; así lo refleja el último Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia publicado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y que data de 2015.

El problema es que no todos los menores en instituciones de acogida son susceptibles de adopción. En palabras de Benedicto, “esto es lo que hay que trabajar, que esos chicos sean acogidos por una familia y no por una institución”. Y es que por norma general, sólo pueden ser adoptados los menores no emancipados en algunas de estas circunstancias:

·        Que sus padres fuesen privados de la patria potestad.
·        Que los padres diesen su conformidad para la adopción. En el caso de recién nacidos/as, el asentimiento de la madre no podrá prestarse hasta que hayan transcurrido seis semanas desde el parto.
·         Que fuesen abandonadas/os.

“Desmontemos el mito de que se tarda mucho en adoptar un niño en España”, insiste el coordinador de CORA.

Sin embargo, para Antonio Sánchez, padre de dos niñas adoptivas, el problema es otro. “En España el proceso de adopción es muy garantista para los padres biológicos, las administraciones tratan de agotar todas las posibilidades antes de que el menor salga de su entorno”. Así, Antonio cuenta que tras conseguir el certificado de idoneidad tras varios meses de entrevistas en las que se valoraban su estilo de vida así como su entorno y situación familiar y económica, pasó a una lista de selección a través de la cual se le asigna un menor. Ésta es la fase que puede durar años. En el caso de Antonio y su mujer, María Dolores, fueron cerca de cuatro. Una vez superada, el niño comienza a vivir en su nuevo hogar durante el llamado periodo de acogida preadoptiva, convive con la familia adoptiva en régimen de acogida, pero legalmente aún no es su hijo. “En nuestro caso fueron dos años en acogimiento preadoptivo que fueron un infierno, me podían quitar a mi niña en cualquier momento”. Así, después de seis años de espera, Antonio y María Dolores pudieron formalizar los trámites legales e inscribir a la pequeña en el Registro Civil con sus apellidos.

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Varios niños huérfanos juegan en un orfanato de la ciudad rusa de Rostov del Don. 19 de diciembre de 2012. | Foto: Vladimir Konstantinov / Reuters

A todo esto hay que añadir otra realidad. Que la mayoría de las familias quieren bebés o niños muy pequeños y sanos.  Y es que aunque la adopción de menores con algún problema o mayores es algo muy generoso, muy poca gente está dispuesta. “Estas adopciones requieren de la preparación especial de los solicitantes, así como de ayudas para el resto de su vida”, advierte Benedicto García. En la siguiente tabla vemos cómo el mayor número de niños adoptados comprende las edades de 0 a 3 años, siendo casi inexistentes los menores de entre 15 y 17 que encuentran una familia. En 2015 sólo fueron ocho, siete en Andalucía y uno en Murcia.

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Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

608 menores en 2015

A pesar del tiempo de espera y de las continuas trabas administrativas, la adopción nacional ha comenzado a crecer. En 2015 se adoptaron 608 menores dentro de España, una leve subida, en 2014 fueron 606, que rompe la tendencia descendente.
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Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Además, el informe también muestra un aumento en el número de familias interesadas en la adopción nacional: 2.872 frente a las 1.431 del año previo. ¿A qué se debe este empujón? Según el coordinador de CORA, “a las mayores trabas y retrasos en los procesos de adopción internacional – las adopciones internacionales siguen en caída, de 824 en 2014 a las 799 de 2015 –y a la reapertura en la Comunidad de Madrid de una convocatoria de búsqueda de familias dispuestas a adoptar, que estuvo siete años cerrada”.
Por comunidades, el mayor número de adopciones nacionales se ha producido en Andalucía, con el 20,7%, seguido de Comunidad Valenciana y Cataluña, con el 14,5% y el 13,5%, respectivamente. Por el contrario, Ceuta, Melilla, Navarra y Extremadura son las comunidades con menor número de adopciones.
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Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
En este sentido hay que tener en cuenta que cada Comunidad Autónoma puede establecer sus propios requisitos y de hecho las condiciones no son iguales en todas. Por ejemplo, las parejas que desean adoptar en Asturias o en Madrid han de acreditar una convivencia previa de tres años. En los siguiente enlaces se pueden ver los requisitos que exigen las distintas Comunidades Autónomas para la adopción autonómica o nacional: AndalucíaAragónPrincipado de AsturiasIslas BalearesIslas CanariasCantabriaCastilla-La ManchaCastilla y LeónCataluñaExtremaduraGaliciaLa RiojaComunidad de MadridComunidad Foral de NavarraPaís VascoRegión de MurciaComunidad Valenciana.

Gestación subrogada, ¿nueva alternativa a la adopción internacional? 

Mientras en 2015 el número de expedientes remitidos a otros países (818) y de adopciones constituidas (799) sigue disminuyendo por el endurecimiento de las leyes en países como Rusia y por la incertidumbre de estados que están en conflictos bélicos o en continuos cambios, la gestación subrogada, en muchos casos, está siendo la alternativa. Y es que según Antonio Vila-Coro, vicepresidente de la asociación Son Nuestros Hijos, esta técnica se está contemplando como “la alternativa más rápida y fácil para ser padres”. “Muchas parejas prefieren usar esta vía y pagar entre 45.000 y 120.000 euros, según países, para tener un bebé”, indica Vila-Coro.

Según la ONG suiza International Social Security, cada año nacen en todo el mundo unos 20.000 niños mediante este método. Unos 1.000 son hijos de españoles, siendo esta una cifra estimada por asociaciones de padres y agencias al no haber datos oficiales. Sin embargo, de lo que sí hay datos estatales son del número de pequeños adoptados fuera de nuestro país; si en 2004 fueron 5.541, en 2015 los datos hablan de 799 niños; la mayoría procedentes de China (138), Rusia (131) y Etiopía y Vietnam (121).
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Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
En este sentido, si la cifra sobre los nacidos por gestación subrogada es correcta, esta vía supera ya a la de la adopción internacional.

Los derechos torcidos

Néstor Villamor

Foto: SUSANA VERA
Reuters

Libertad de expresión y de reunión. Tortura y malos tratos cometidos por las autoridades. Derechos de refugiados e inmigrantes. Impunidad. Acceso a la vivienda. Violencia contra las mujeres. Son las materias en las que Amnistía Internacional suspende a España en su informe La situación de los derechos humanos en el mundo. Distintas organizaciones sociales españolas confirman el veredicto.

“Las autoridades españolas continuaron negándose a cooperar con la justicia argentina que investigaba los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo“, reprende el documento. Al organismo le preocupa especialmente que “la Fiscalía General del Estado española” haya dado “instrucciones a las fiscalías territoriales para que se opusieran a cualquier investigación judicial solicitada por la justicia argentina”. Pero la impunidad a la que se refiere el informe está lejos de ser la única inquietud del organismo.

“El gasto público en vivienda había sufrido recortes de más del 50% entre 2008 y 2015, y las ejecuciones hipotecarias seguían sin remitir”, sentencia Amnistía, que lamenta también que “hasta septiembre de 2016 había habido 19.714 desalojos por ejecución de hipoteca, y 25.688 por impago de alquiler”. Y esto ocurre en el país europeo con “más viviendas vacías y con el menor parque de viviendas sociales y el que más desahucia y menos destina a políticas públicas de vivienda”, sostiene Carlos Macías, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

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Fatima Essanhaji, en su domicilio de Parla el día de su desahucio | Foto: Juan Medina / Reuters

Para Macías, el culpable de esta deficiencia tiene nombre propio: “La respuesta del PP a medio millón de familias desahuciadas es poner 6.000 viviendas”. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el año pasado se registraron 63.037 desalojos de inmuebles (se incluyen viviendas, pero también oficinas, locales y naves). Es el sexto año consecutivo, según el CGPJ, en que la cifra anual de desahucios supera los sesenta millares. Para el portavoz de la PAH, la solución pasa por “reformar la ley hipotecaria, destinar el 3% del PIB a la vivienda y modificar la ley de alquileres para aumentar la duración [de los contratos de arrendamiento] y fijar un límite de precio”. De lo contrario, las víctimas se quedan “en la calle u ocupan viviendas vacías, porque no te ofrecen alternativa”, advierte.

Violencia machista

Quienes ocuparon no una vivienda sino la madrileña Plaza del Sol fueron las mujeres de la asociación feminista gallega Ve-la luz (Ver la luz). Eso sí, lo hicieron de forma legal y no para protestar por la política de vivienda, sino contra la situación del machismo en España. Amnistía Internacional subraya que, a pesar de la entrada en vigor de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género en 2004, no se han “evaluado los efectos de la Ley de manera participativa y transparente, a pesar de las preocupaciones expresadas respecto a la eficacia de los procesamientos y la idoneidad de las medidas de protección de las víctimas”.

Este 2017 está siendo especialmente duro para las mujeres. Solo en los dos primeros meses del año se confirmaron los asesinatos de 15 mujeres a manos de sus parejas o exparejas, según datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Hay que remontarse a 2008 para encontrar un dato igual. Y durante el año pasado aumentaron las denuncias por este delito, según un informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, publicado esta misma semana.

“Hay una normalización tremenda cuando las mujeres buscan ayuda judicial”, alerta Gloria Vázquez, presidenta de Ve-la luz. Ella fue una de las ocho mujeres que iniciaron una huelga de hambre en el kilómetro 0 de Madrid para luchar contra esta lacra. Finalmente lograron su objetivo: “Abrimos nuevos canales de comunicación” con el Gobierno.

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Un grupo de mujeres protesta en Sol contra el machismo | Foto: Mariscal / Efe

Vázquez considera, sin embargo, que la movilización no valió la pena. “Una huelga de hambre nunca merece la pena porque las secuelas son tremendas: estamos todas con dolores de estómago, nos hemos cargado la flora intestinal, yo tengo una piedra en el riñón, tengo una compañera con líquido en el pulmón”. Además de enfrentarse al machismo, las feministas de Ve-la luz se toparon con un rival con el que no contaban: “El Ayuntamiento nos trató fatal”, sentencia. Hasta tres multas, asegura Vázquez, recibieron de la Policía Local. “Yo creo que era una forma de presionarnos”, valora.

El motivo de las sanciones fue la instalación de estructuras para guarecerse del mal tiempo durante su protesta. Y esa es precisamente otra asignatura que España tiene pendiente, según el informe de Amnistía: la libertad de expresión y reunión. En el caso de la protesta de Ve-la luz, “la Policía venía cada dos por tres a llamar la atención, todo era un Cristo”.

—¿Consideran vulnerados sus derechos humanos en ese aspecto?

—Podemos decir que sí —concede.

—¿Alguna vez se llegará al machismo cero?

—Nosotros no lo veremos —responde sin titubear.

Torturas y maltrato policial

Con todo, lo que no sufrieron fue la violencia policial, otra de las preocupaciones de Amnistía: “Se denunciaron nuevos casos de tortura y otros malos tratos, uso excesivo de la fuerza y expulsión colectiva por parte de agentes de policía contra personas, entre ellas las que intentaban entrar irregularmente en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla desde Marruecos“.

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Migrantes africanos en la valla de Melilla | Foto: Jesús Blasco de Avellaneda / Reuters

La de estos últimos es una situación que preocupa especialmente a la ONG. Y también a la Red Acoge, una federación de 18 organizaciones que busca “promover los derechos de las personas inmigrantes y refugiadas en España”, según su página web.

Durante el primer semestre de 2016, último periodo del que el Instituto Nacional de Estadística dispone de datos, España registró 186.059 inmigrantes. Pero esa cifra solo hace referencia a los que residen el país de manera legal. Y para llegar a esa situación han tenido que sortear diferentes obstáculos.

“El primero es la forma de la llegada, que es muy dificultosa: es un periplo de mucho tiempo y muy peligroso“, alerta Inés Díez, abogada de la Red Acoge. “Y además no pueden regularizar su situación”. Para hacerlo, a no ser que se casen con españoles, “deben acreditar que llevan tres años en España y tener una oferta de empleo”. Pero es difícil que un empresario le haga una oferta de empleo a un inmigrante sin papeles, admite Díez: “Es un círculo vicioso”.

¿Y qué hacen durante esos tres años? “Sobrevivir, son gente que vende en el top manta o que trabaja en el campo”, expone la abogada. La letrada considera que los españoles deben esforzarse en “conocerlos, porque hay un fuerte rechazo, y no discriminarlos por tener un perfil étnico distinto al de España”.

El rechazo lo encuentran incluso desde las propias instituciones, que les niegan la asistencia sanitaria. Desde la entrada en vigor del decreto ley de 2012 que restringía el acceso médico gratuito a los extranjeros, 748.835 inmigrantes han perdido su tarjeta sanitaria, según el informe de Amnistía. ¿Acudir a la Justicia es una opción? Inés Díez lo pone en duda: “Un contencioso-administrativo tiene muchas demoras. Podemos estar hablando de dos o tres años”. Y sentencia: “Una justicia tan tardía, al final no es justicia”.

La vida de Ahmad en España después de la guerra

Jorge Raya Pons

Foto: Jorge Raya
The Objective

En el barrio madrileño de Quintana, que une la plaza de toros con la mezquita de la M-30, se encuentra una pastelería árabe con las paredes pintadas de verde y un espejo largo que se extiende al fondo. Los clientes van y vienen y no es extraño que esta conversación sufra las interrupciones lógicas de una jornada de trabajo.

Antes de trasladarse a Madrid, Ahmad era arquitecto en la ciudad siria de Alepo y se había comprado un coche nuevo, tenía un piso y esperaba su segundo hijo junto a su mujer, que es española, de origen árabe. La conoció en unas vacaciones que ella pasó en Siria. “Yo la vi, y ahí empezó todo”, cuenta. Se casaron en 2008 y un año más tarde nació su primera hija. La vida avanzaba tranquila y en calma; Ahmad tenía su oficina de arquitectura y un negocio de decoración y reformas, y su mujer trabajaba en casa y cuidaba de su hija, muy pequeña. “Éramos felices”, dice, apenado. Me da a probar una baklawa, que es un dulce tradicional hecho de hojaldre y frutos secos, y nos sentamos en dos taburetes, frente al escaparate. Desde aquí vemos la calle.

La guerra de Siria comenzó en 2011, pero no llegó a Alepo hasta un año después. Cuando echa la vista atrás, Ahmad no crea divisiones en el tiempo, conjuga en presente y en pasado sin distinción; puede ser que en su memoria las longitudes sean más cortas. “El día más triste para nosotros fue un viernes por la mañana, eran las nueve. Ese día nos despertamos por la explosión de una bomba. Yo vivo en un edificio grande y enfrente hay un centro de policía secreta. Allí hicieron explotar un coche. Dormíamos con mantas gruesas, hacía frío, y se cayó toda la casa, todo por encima de las mantas. De haber estado despiertos, no seguiríamos con vida”.

Alepo dejó de ser una ciudad segura y Ahmad supo que debían abandonar Siria por un tiempo, no demasiado. “Vinimos a España en 2012. Mis suegros viven aquí desde hace cincuenta o sesenta años, casi toda la vida, y mi mujer estaba embarazada de nuestro segundo hijo. Decidimos dejar Alepo para volver en pocos meses. Pensamos que en ese tiempo acabaría la guerra, como en Egipto. Es lo que se hablaba. Algunos decían dos meses, otros decían tres”.

Pasaban las semanas en la casa de sus suegros y Ahmad hablaba a menudo con sus padres, que se quedaron en Siria, con la firme esperanza de regresar pronto. Pero siempre ocurría la misma historia. Sus padres le insistían, semana tras semana, en que siguiera esperando, porque cada vez la situación iba a peor, todo era más peligroso, todo era más complicado. Los meses se sucedían y con este ánimo Ahmad comenzó a comprender que no volvería a casa tan pronto como suponía, que los meses en España se convertirían en años y que sus hijos tendrían una infancia lejos de su país.

Ahmad asumió el golpe. Se dijo que ya no podían vivir en la casa de sus suegros, que era hora de buscar piso, de buscar trabajo. Tenía un dinero guardado que bastaría para los primeros meses de alquiler y mientras tanto, creyó, encontraría un empleo como arquitecto. Fue a todas las oficinas, a todas las empresas. Entregó currículums por internet, en mano. Y luego de aburrirse de no encontrar nada, desesperado, renunció a la arquitectura y buscó trabajo en otro sitio: en bares, en tiendas, en supermercados. Hasta que un día le comentaron que un restaurante libanés frente a la Plaza de las Ventas buscaba empleado: “Fui al día siguiente y hablé con el jefe, le conté mi situación. Me preguntó en qué podía ayudar, de qué trabajaba, y le dije que era arquitecto. Él me dijo que lo sentía, que como arquitecto no tenía cómo ayudarme. Pero yo le dije que se olvidara, que quería trabajar de lo que fuera, y entonces me dijo que podía ofrecerme ser camarero. No me lo podía creer, yo me puse súper contento; nos salvaron de dejar el país. No teníamos dinero para pagar el alquiler del mes siguiente y hubiéramos tenido que regresar a Siria”.

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Protesta contra el presidente Bashar Al Assad en Maraa, cerca de Alepo, el 16 de marzo de 2012 | Foto: REUTERS/Shaam News Network/Handout

Otro comienzo

En este punto es difícil imaginar al arquitecto con casa propia, con el coche nuevo, con dinero en el banco. Ahmad estaba en España con dos niños que no podía alimentar y con la idea clara de volver a un país en guerra. Ahora cuenta que salieron adelante sin un euro de ayuda, que todas las solicitudes que presentaron fueron desatendidas por el Ayuntamiento de Madrid y por el Gobierno central, que no tuvieron nada salvo a ellos mismos.

Después de cinco meses en el restaurante libanés, con el fin de la temporada alta, su jefe le puso a trabajar en esta pastelería, que era otro de sus negocios. Aquí trabajó Ahmad durante dos años y medio. Porque, al tercero, su jefe le trasladó que tanto él como sus socios pretendían venderla. “No me explicaba por qué querían hacerlo. Me dijo que porque no daba los beneficios que esperaban. Volví a preocuparme, aunque me dijo que no lo hiciera, que tendría un puesto en la fábrica, que seguiría trabajando con ellos. Yo veía que la gente venía a la pastelería con ilusión, la pastelería funcionaba bien. Para mí fue un shock. Los pasteles tienen buena fama. La fábrica donde los hacen, que es de ellos, los hace muy bien. Así que le dije que si querían vender la pastelería, yo estaba dispuesto a comprarla, que podríamos seguir como socios: ellos fabricando y yo vendiendo. Y le pareció una buena idea”.

Ahmad trajo dinero de Siria, sus suegros aportaron otro poco, y a eso se sumó los ahorros de estos años. Los propietarios le pusieron facilidades con el precio de venta. El arquitecto sirio comenzó así a trabajar como autónomo, a mejorar las calidades de los pastelitos, a manejar sus propios tiempos. En su tercer año fuera de Alepo, Ahmad encontró un camino y de algún modo imprimió esa nostalgia en el nombre de su pastelería, a la que llamó Sham, como el territorio que abarca la Gran Siria.

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Miembros de la Defensa Civil y civiles, en una casa dañada por un ataque aéreo en Idilb en marzo de 2017 | Foto: Ammar Abdullah / Reuters

Volver a Alepo

La nueva vida de Ahmad se construyó sobre la tristeza y el miedo de tener a sus padres y hermanos en tierra de nadie, con la certeza bien presente de que cada día podía ser el último. Ahmad no ha hecho otra cosa que pelear por traerlos a España, pero una y otra vez se ha encontrado con una burocracia que lo impide. “He sufrido mucho”, me dice. “El Gobierno no concede ningún permiso de entrada al país a ningún sirio. Es lo que yo he visto, aunque eso no lo cuentan. He presentado todos los papeles que piden para darles el visado. Me he gastado mucho dinero. ¡Ellos se han gastado mucho dinero! Tienen que viajar de Alepo a Líbano porque la embajada española está allí…”.

Los familiares de Ahmad, como tantos otros sirios, han sufrido el cierre de la embajada de España en Damasco tras el estallido de la guerra civil en 2011. La delegación en Beirut, Líbano, asumió las funciones, pero no todo el mundo puede permitírselo.

“¡La embajada más próxima está en otro país!”, continúa Ahmad. “Son 24 horas de un viaje muy duro y muy caro que luego no sirve de nada”.

Ahmad me enseña la pastelería, me explica cada dulce. Después de cinco años en España, cuando iba a ser por unos meses, añora profundamente Alepo. Le pregunto cómo era la ciudad antes de la guerra. “Uff”, responde, emocionado. “Alepo era maravillosa”. Ahmad mantiene la esperanza intacta, es tenaz, y siente la seguridad de que regresará algún día, joven o viejo: “No he vendido mi vivienda (en Alepo) porque volveremos. Yo estoy trabajando al máximo aquí, mi mujer también, pero no me veo en España toda la vida. Planteo mis planes en Siria, no compro una casa aquí porque quiero volver. Me gusta España, es parte de mi vida, me he adaptado a las costumbres, a la comida… Pero yo nunca dejaré Siria”.

El vídeo viral que muestra la xenofobia en Dinamarca

Redacción TO

Dinamarca, ese país considerado una de las democracias más avanzadas del mundo, donde los derechos sociales y humanos son la ambición del resto de los países occidentales, es también uno de los que muestra más xenofobia. Lo ilustra un vídeo que ha querido denunciar la discriminación que sufren los niños daneses hijos de inmigrantes. Y lo hace en respuesta a unas declaraciones xenófobas realizadas en el propio Parlamento del país (Folketinget). Alex Sabour, director de la productora audiovisual Gorilla Media, ha querido manifestar su rechazo a la política antiinmigración realizando un vídeo en el que reúne a varios niños nacidos en Dinamarca y les dice que ellos no son daneses. Las respuestas de los pequeños a la xenofobia son dispares: incredulidad, confusión, tristeza, llantos.

“El Folketinget constata con preocupación que hoy en día hay zonas en Dinamarca donde el porcentaje de inmigrantes y personas descendientes de países no occidentales supera el 50%. Desde el punto de vista del Folketinget, creemos que los daneses no deberían ser minoría en urbanizaciones de Dinamarca”. El comentario con el que comienza el vídeo es de Martin Henriksen, un diputado conservador y nacionalista del Dansk Folkeparti (Partido Popular Danés), que actualmente ocupa 37 de los 179 escaños del Parlamento del país.

El vídeo, con subtítulos en español (hay que activarlos presionando el icono con forma de engranaje), lleva ya más de 130.000 reproducciones desde que fue colgado en YouTube el pasado 28 de febrero. El propio director explica el motivo que le impulsó a realizarlo: “Los políticos de derechas que están en el poder en Dinamarca han dejado muy claro que los niños nacidos en Dinamarca de padres inmigrantes (incluso si solo uno de los progenitores es extranjero) ya no son considerados daneses”. Y añade: “Esto no es un problema legal, ya que seguirán siendo ciudadanos [daneses], sino cultural, ya que han sido rebajados a ser ciudadanos de segunda clase”.

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