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Los déficit de la Justicia española

Redacción TO

El correcto funcionamiento de la Justicia en España está en entredicho por las organizaciones de Derechos Humanos y los expertos en la materia, que ponen en duda la independencia del poder judicial y que denuncian el cada vez más difícil acceso a la Justicia por parte de la ciudadanía. Esta circunstancia ha empujado a la ONG de Derechos Humanos Rights International Spain, junto con la asociación Jueces para la Democracia, a dirigir una carta al Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas con ocasión de la toma de posesión de su nuevo titular. La misiva tiene el fin de instar al nuevo Relator, el peruano Diego García-Sayán, a realizar una visita en misión especial a España.

La independencia del poder judicial es fundamental en un Estado de Derecho, así como el derecho de acceso a la Justicia, cuestiones que para ambas organizaciones no están siendo aseguradas en España, por lo que piden al Relator una “visita en misión oficial” al país. Éstos son los principales déficit en torno al funcionamiento de la Justicia española que exponen en la misiva al Relator García-Sayán:

Intromisiones del poder político en los nombramientos del CGPJ

En la carta se señala el sistema de nombramiento de los integrantes del Consejo General del Poder Judicial, el cual posibilita las intromisiones del poder político en el órgano de gobierno de la Justicia. La situación se ha agravado con las reformas promovidas por el Gobierno de Mariano Rajoy en la X Legislatura, dado que desde entonces, cuando un único grupo cuenta con una mayoría cualificada de 3/5 en una Cámara (como la que contaba el PP en la anterior legislatura en el Senado), se puede nombrar a miembros del CGPJ sin necesidad de llegar a consenso con otros partidos. Esta reforma ha sido duramente criticada, no solo por las organizaciones firmantes, sino también por informes de diversos organismos del Consejo de Europa.

Sucesivas reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial

Las organizaciones también ponen de manifiesto el elevado número de reformas a la LOPJ -hasta nueve- en la X Legislatura lo que, además de vulnerar el principio de seguridad jurídica, se realizó sin hacer consulta alguna a los operadores de justicia y con el apoyo único del Partido Popular. En cuanto al contenido de las reformas, cabe mencionar la posibilidad de que el presidente del CGPJ, nombrado por el poder político, pueda realizar propuestas vinculantes, lo que va en detrimento del carácter colegiado de la institución y de la propia independencia judicial.

Reducción de los plazos de instrucción de delitos sin dotación de recursos

Asimismo, las organizaciones firmantes denuncian la reforma a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que introdujo el plazo máximo de entre 6 y 18 meses para concluir la fase de investigación de los delitos. Esta medida, unida a la falta de recursos y la sobrecarga de trabajo que enfrentan jueces y magistrados, lejos de agilizar la Justicia, como justificaron los autores de la reforma, “contribuirá en la práctica a una mayor impunidad, particularmente en los casos de corrupción política, y a un aumento de la desconfianza en los tribunales”.

Los recortes también se han cebado con el sistema judicial español. (Foto: milio Morenatti / AP)
Los recortes también se han cebado con el sistema judicial español. (Foto: milio Morenatti / AP)

Falta de medios

En la carta también se menciona, como una de las principales trabas a la independencia judicial y la separación de poderes, la falta de recursos “tanto humanos como económicos”, agravada durante la X Legislatura. En este sentido, se apunta al mal lugar que ocupa España en los informes europeos sobre eficiencia en Justicia; suele ser uno de los países con peores datos en lo referente a los recursos dedicados a este sector. Esta situación tiene “un impacto en la capacidad de los tribunales para ejercer el control jurisdiccional necesario sobre el poder ejecutivo y legislativo”, y además afecta negativamente a “la opinión que el público general tiene acerca de la institución”.

Interferencias políticas

Las organizaciones también aluden a la presión ejercida por políticos, incluidos algunos miembros del Gobierno, a jueces particulares en el curso de sus investigaciones “a través de descalificaciones y ataques a sus competencias profesionales”. Esta circunstancia se da más a menudo “en casos muy sensibles, por ejemplo, relativos a la libertad de expresión y reunión, corrupción y terrorismo”.

Recortes a la Justicia gratuita

En la carta se pone de manifiesto otra dificultad que enfrenta la ciudadanía a la hora de acceder a una Justicia independiente: los recortes a la Justicia Gratuita operados por una reforma del anterior Gobierno. Con la nueva normativa menos personas pueden beneficiarse de un(a) abogado/a de oficio y el proceso de solicitud es más complejo, lo que supone un obstáculo añadido al acceso a este servicio púbico esencial.

Puesta en marcha del proyecto Papel 0 “con 0 recursos”

Finalmente, la carta se refiere a la reforma que estableció la obligación para que los Juzgados trabajasen exclusivamente a través de medios electrónicos a partir del 1 de enero de 2016. Este sistema suscita muchos problemas ya que se instauró “sin medios ni una inversión pública adecuada”, sin existir un criterio unificado de los órganos judiciales (con la consiguiente inseguridad jurídica) y su gestión depende del Ministerio de Justicia, por lo que el Gobierno tendría acceso a todas las notificaciones judiciales, “lo que supone un ataque adicional y peligroso a la división de poderes”.

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España 155

Manuel Arias Maldonado

Foto: FRANCOIS LENOIR
Reuters

Tenemos tiempo -hasta la noche del lunes- para reflexionar sobre el paso sin precedentes que ha dado el gobierno con la activación del artículo 155 de la Constitución: en la vida, en fin de cuentas, siempre hay una primera vez. Pero salga lo que salga a estas alturas del Parlament, difícilmente se detendrá su aplicación, a pesar del carácter disuasorio implícito en la elucidación de las medidas que con él se proponen. Siguen unas notas al respecto.

1. Se ha venido discutiendo sobre si su aplicación está o no justificada, pues se interpreta que jamás hubo declaración de independencia; la última misiva del president vendría a confirmarlo. Sin embargo, el supuesto de hecho es incuestionable: tanto la violación de la Constitución que tuvo lugar en el Parlament los días 6 y 7 de septiembre como el daño al interés general de España (y por tanto Cataluña) pueden darse por acreditados. Si no hubo declaración de independencia (aunque mal puede “suspenderse” lo que nunca se declaró), ha habido cuando menos amenaza reiterada de declararla; a lo que se suma un estado de excepcionalidad social marcado por la movilización civil y el deterioro económico, con el consiguiente daño para los derechos e intereses de los ciudadanos catalanes.

2. Por supuesto, hemos oído ya muchas cosas: que la aplicación del 155 es “un fracaso de España”; que el artículo en cuestión es puramente ornamental; e incluso que es un artículo inconstitucional. Pero el comprensible malestar que pueda producirnos a todos su aplicación no debería conducirnos a la incongruencia (un artículo inconstitucional dentro de la constitución), los buenos deseos sin concreción de alternativas plausibles (“se podía haber evitado”) o la fuenteovejunización (fracaso de todos). Hemos llegado hasta aquí porque un gobierno autonómico se ha rebelado contra el Estado y, habiendo gozado de numerosas oportunidades para dar marcha atrás, no lo ha hecho. Habría sido deseable que la larga tradición española del amotinamiento no hubiera sido recuperada por el Govern, pero eso es exactamente lo que ha sucedido. Lo demás son paños calientes.

3. También la idea de que las medidas propuestas configuran un 155 hard pertenece al terreno de los buenos deseos, pues no se ha especificado en ninguna parte qué forma adoptaría un 155 soft. ¿O acaso puede intervenirse la autonomía, para devolverla a la legalidad, manteniendo en sus funciones a quienes la han vulnerado tan gravemente? Otra vez: que una medida nos disguste o abrume no significa que sea injustificada. Tampoco tiene mucho sentido pedir más concreción al artículo 155, pues su formulación ha de ser abierta; solo de ese modo podrá el gobierno de turno dar respuesta a un supuesto de hecho susceptible de adoptar muchas formas. En este caso, el pacto entre los partidos constitucionalistas está concebido para hacer frente a algo muy serio: la apropiación independentista de las instituciones catalanas y el empleo de todos los instrumentos públicos disponibles para la promoción de un fin -la secesión- que no cabe en el orden constitucional. Salta a la vista que ese fin se ha fomentado sin pausa mediante un ejercicio de persuasión colectiva basado en la propagación de una mentira tras otra. Aunque podemos formular el problema de otra manera: ¿de qué otro modo podría entonces el gobierno del Estado, en España o Alemania, desactivar la acción de un poder autonómico en rebeldía?

4. En un sentido puramente político, la respuesta del gobierno encaja con la definición del soberano que proporciona Carl Schmitt: soberano es quien decide en un estado de excepción. En otras palabras: quien ejerce el poder efectivo cuando reina el desorden. En nuestro caso, el Estado acaba de afirmar su poder porque otro poder, el del gobierno autonómico catalán, venía afirmándose como soberano desde los primeros días de septiembre. Sucede que el poder estatal es aquí poder legítimo, pues sus acciones están amparadas por la Constitución y las leyes e incluyen un conjunto de garantías que son propias del Estado de Derecho: entre ellas, la recurribilidad ante el Tribunal Constitucional y el derecho de intervención en el Senado de representantes de la autonomía intervenida. O sea que Schmitt sí, pero menos.

5. Asimismo, se ha cuestionado que el gobierno pueda cesar al president. Pero mal podría cumplir el artículo 155 su finalidad cuando el problema que motiva su aplicación es precisamente la conducta de un presidente autonómico. Es por eso que el texto constitucional habla de “adoptar las medidas necesarias”. O sea: no tendría sentido intervenir el gobierno autonómico manteniendo al primer responsable de su extravío constitucional. Se aduce, sin embargo, que ha sido votado democráticamente. Esto no es del todo cierto en el caso del señor Puigdemont, pero aun si lo fuera el argumento descansa en una concepción algo primitiva -o bastante poco liberal- de la democracia: ¿habría de mantenerse en el poder a cualquier dirigiente elegido por los ciudadanos, haga lo que haga con el poder que los votos le han conferido? Esto no lo admitía ni el iusnaturalismo medieval, que confería informalmente a los súbditos el derecho de rebelión allí donde el príncipe se convirtiera en tirano. Vox populi, vox dei? Ante el auge populista, volvemos siempre a la misma pregunta. Y a la misma respuesta: por supuesto que no. Esa implacable profesora que es la Historia nos ha enseñado de mil formas distintas que no puede sacralizarse la decisión popular. De ahí las cautelas contramayoritarias que distinguen a las democracias liberales: desde la división de poderes al imperio de la ley. Y es que ningún mandato democrático puede justificar un comportamiento destinado a vulnerar de manera grave el orden constitucional. Sea cual sea la cantidad de gente que salga a la calle para gritar lo contrario.

6. Con todo, una cosa es la pregunta sobre la oportunidad del artículo 155 y otra la pregunta sobre su eficacia. ¿Servirá para resolver el explosivo problema que tenemos entre manos? Se trata, me parece, de un debate distinto que no admite conclusiones tajantes; nadie lo sabe. Desde luego, el artículo no fue pensado sino para situaciones como ésta; que la ocasión misma se haya presentado es prueba irrefutable de su necesidad. Si bien se mira, solo cabía una alternativa: seguir esperando a que la situación alcanzase el grado de putrefacción. Pero ni la sociedad española ni la catalana podían seguir de manera indefinida pendientes de la conducta de un govern que ha perseguido -explícita y abiertamente- un objetivo inconstitucional, ilegal e ilegítimo. Esto hay que recordarlo: se trata de un derecho inexistente para cuya promoción se han capturado las instituciones del autogobierno catalán y una parte nada desdeñable de sus presupuestos públicos. Por supuesto, hay riesgos: desde el posible desorden público al resultado de las futuras elecciones autonómicas. Pero esos riesgos se derivan de la naturaleza misma del fenómeno secesionista y el gobierno, junto con los partidos que lealmente lo apoyan, no tiene más remedio que afrontarlos. Si es posible, con los ciudadanos detrás: porque ciudadanos concernidos somos y no meros observadores externos.

Son días vertiginosos, porque vértigo produce asomarse al abismo. Para algunos, la aplicación del artículo 155 supone de hecho arrojarse al vacío. Puede ser. Pero quizá algún día se vea como el primer paso atrás que evitó la caída: la de todos. Pronto, queramos o no, saldremos de dudas.

Continúa leyendo: Estas son las 41 mujeres asesinadas por sus parejas en España en 2017

Estas son las 41 mujeres asesinadas por sus parejas en España en 2017

Redacción TO

Foto: Marcos Brindicci
Reuters

Se confirma la muerte de otra mujer en España. No conocemos su nombre, pero tenía 66 años y vivía en Rubí, muy cerca de Barcelona. La asesinó presuntamente su expareja, que fue detenida horas más tarde.

Su nombre se suma a una larga lista de víctimas que, ya en el último trimestre del año, alcanza las 41 mujeres asesinadas. En 2016 fueron 44. Desde 2003, 912. Los datos pertenecen al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Los números podrían ser más alarmantes, según el portal Feminicidio.net, que aporta información sobre sus identidades y circunstancias.

Estas son las mujeres asesinadas por sus parejas desde el pasado 1 de enero en España:

1 de enero:

Matilde Teresa de Castro. 40 años. En Rivas Vaciamadrid (Comunidad de Madrid). Había denunciado y tenía una orden de protección activa; su pareja la quebrantó por consentimiento mutuo.

Identidad desconocida. 25 años. En Madrid (Comunidad de Madrid). Deja un hijo huérfano.

14 de enero:

Blanca Esther Marqués Andrés. 48 años. En Burlada (Navarra).

15 de enero:

Antonia García Abad. 33 años. En Huércal de Almería (Almería, Andalucía).

27 de enero:

J.D.L.M. 40 años. En Seseña (Toledo, Castilla-La Mancha). Había denunciado. Deja un hijo huérfano.

29 de enero:

Virginia Ferradás Varela. 55 años. En O Carbaliño (Orense, Galicia).

5 de febrero:

Cristina Martín Tesorero. 38 años. En Mora (Toledo, Castilla-La Mancha).

7 de febrero:

Carmen González Ropero. 79 años. En Suria (Barcelona, Cataluña).

11 de febrero:

Laura Nieto Navajas. 26 años. En Seseña (Toledo, Castilla-La Mancha).

13 de febrero:

Ana Belén Ledesma. 46 años. En Daimiel (Ciudad Real, Castilla-La Mancha).

19 de febrero:

Margaret Stenning. 79 años. El Campello (Comunidad Valenciana).

21 de febrero:

Gloria Amparo Vásquez. 48 años. En Valencia (Comunidad Valenciana). Deja una hija huérfana.

Dolores Correa. 47 años. En Gandía (Valencia, Comunidad Valenciana). Había denunciado y tenía una orden de alejamiento activa.

22 de febrero:

Identidad desconocida. 91 años. En Villanueva del Fresno (Badajoz, Extremadura).

Leydi Yuliana Díaz Alvarado. 34 años. En Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona, Cataluña). Había denunciado y tenía orden de alejamiento activa. Deja a cinco hijos huérfanos.

1 de marzo:

Erika Lorena Bonilla Almendárez. 32 años. En Madrid (Comunidad de Madrid).

29 de marzo:

Ana María Rosado. 42 años. En Campo de Criptana (Ciudad Real, Castilla-La Mancha).

31 de marzo:

Yurena López Henríquez. 23 años. En Telde (Las Palmas, Canarias).

1 de abril:

María Victoria Zanardi Maffiotte. 44 años. En La Laguna (Tenerife, Canarias).

10 de abril:

Andra Violeta Nitu. 24 años. En El Alquián (Almería, Andalucía).

16 de abril:

María Rosario Luna Barrera. 39 años. En Alcolea del Río (Sevilla, Andalucía). Deja una hija huérfana.

21 de abril:

Rosa. 45 años. En Barcelona (Cataluña).

2 de mayo:

Raquel López Airas. 45 años. En Alcobendas (Madrid, Comunidad de Madrid).

12 de mayo:

Eliana González Ortiz. 27 años. En Madrid (Comunidad de Madrid).

27 de mayo:

Susana Galindo Morena. 55 años. En Madrid (Comunidad de Madrid).

Valentina Chirac. 37 años. En Collado Villalba (Comunidad de Madrid). Deja una hija huérfana.

28 de mayo:

Beatriz Ros. 31 años. En Molina de Segura (Región de Murcia).

13 de junio:

Encarnación García Machado. 55 años. En Las Gabias (Granada, Andalucía).

24 de junio:

Encarnación Barrero Marín. 39 años. En Sevilla (Andalucía). Había denunciado y tenía una orden de alejamiento activa. Deja varios hijos huérfanos.

25 de junio:

Fadwa Talssi. 29 años. En Salou (Tarragona, Cataluña).

15 de julio:

Mari Carmen Carricondo Reche. 66 años. En Huéscar (Granada, Andalucía).

16 de julio:

Irina G. 38 años. En Valencia (Comunidad Valenciana).

2 de agosto:

María Raquel Castaño Fenoll. 63 años. En Getafe (Comunidad de Madrid).

5 de agosto:

Ana Belén García Pérez. 38 años. En Santa Cruz de Tenerife (Canarias).

16 de agosto:

Catalina Méndez García. 48 años. En Totana (Región de Murcia).

24 de agosto:

María Sofía Tato Pajares. 42 años. En Arroyo de la Luz (Cáceres, Extremadura). No solicitó orden de alojamiento. Deja dos hijas huérfanas.

25 de septiembre:

Rosa María Sánchez Pagán. 20 años. En Canteras (Cartagena, Región de Murcia). Había denunciado.

28 de septiembre:

Noelia Noemí Godoy Martínez. 32 años. En Sestao (Vizcaya, País Vasco).

1 de octubre:

Felicidad Bruhn. 25 años. En Barcelona (Cataluña). Deja una hija menor huérfana.

3 de octubre:

Ana Belén Jiménez. 44 años. En Miranda de Ebro (Burgos, Castilla y León). Deja un hijo menor huérfano.

14 de octubre:

Identidad desconocida. 66 años. En Rubí (Barcelona, Cataluña).

Estas son las 40 mujeres asesinadas por sus parejas en España en 2017 1
MAPA ELABORADO POR THE OBJECTIVE. | FUENTE: MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIO SOCIALES E IGUALDAD

Este mapa de 2017 evidencia aquellas regiones donde se han producido más casos. Así, la Comunidad de Madrid lidera la lista con 8 feminicidios, y le siguen Cataluña y Andalucía (6),  Castilla La-Mancha (5), Comunidad Valenciana (4), Canarias y Región de Murcia (3), Extremadura (2) y País Vasco, Navarra, Castilla y León y Galicia (1).

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Tener pene

Aurora Nacarino-Brabo

Foto: Erol Ahmed
Unsplash

Para esa mitad aproximada de la población que dispone de uno, tener pene puede parecer algo más o menos trivial. En realidad no lo es. Tener pene es importante. O, mejor dicho, no tenerlo lo es. Cuando empecé a relacionarme con politólogos e intelectuales en seguida noté algo extraño: era como si no existiera. Los corros siempre se cerraban ante mis narices, casi nadie prestaba atención si me atrevía a decir algo y con frecuencia no llegaba a terminar mi excurso porque alguien me interrumpía antes.

Era una situación desconcertante por nueva. Nunca me había pasado en un aula, donde uno sabe que se sienta entre semejantes y donde la brillantez de las ideas y la cuantía de los conocimientos las examina un evaluador externo al grupo: un profesor.

Al principio achaqué estas reticencias a mi edad. Era un poco más joven que la mayoría de ellos, así que pensé que quizá se tratara de eso. Y, claro que tenía que ver, pero pronto noté que había otros chavales a los que se integraba y se dispensaba el trato considerado que a mí me negaban. Aquel entorno era muy masculino, pero imagino que muchas mujeres habrán vivido experiencias similares en ámbitos distintos.

Yo decía algo y nadie se dignaba mirarme. Un rato después, algún tenedor de pene repetía el mismo argumento y era recibido con asentimiento y celebración. Así asumí que mi problema era no tener pene. La otra opción era aceptar que era más tonta que el resto, y yo, que me tengo por una persona segura, alguna vez dudé de mí, y me avergoncé de mis opiniones y pensé que quizá no estuviera a la altura.

Escribir se convirtió en la única forma de poder expresarme sin interrupciones, sin sonrisas paternalistas ni gestos de desdén. Después, claro, mis artículos no se leían como los de ellos y mucho menos se compartían. Todavía es así. Cuando eres mujer es duro labrarte un espacio propio. Tienes que ganarte el respeto de todos: de los desconocidos, de los amigos y hasta de tu novio. Aprendí que, a veces, para obtener la bendición de los cercanos tienes que conquistar primero el favor de los extraños. También, que es más fácil conseguir el aplauso de los próceres que de quienes creen competir contigo. Pero sería injusto generalizar y no admitir que me he cruzado con hombres estupendos que me han tratado como a una igual y que hoy me son muy queridos.

Como soy muy cabezota, no dejé de escribir. Me dije: “Te va a costar un poco más que a ellos, pero, al final, llegarás tan lejos como te propongas”. Sigo convencida de ello. No me malinterpreten: no creo en esas frases de autoayuda barata que lo conminan a uno a perseguir sus sueños, como si la intención forjara el éxito. Pero creo tener algún talento, aunque publicarlo sea probablemente pretencioso y poco femenino. No escribo esto buscando explotar el victimismo con el que tontea algún feminismo. No soy débil. Me gustan las personas fuertes. Me gustan las mujeres fuertes.

Una vez, cuando era pequeña, una mujer (una amiga de mi familia, además) me preguntó, casi retóricamente, si yo quería ser un chico. Supongo que lo decía porque me pasaba el día saltando, trepando, corriendo, jugando al fútbol. No me gustaban las muñecas ni esos vestidos incómodos. Me identificaba con personajes como Peter Pan, Tintín, Basil, aquel ratón émulo de Sherlock Holmes, o Arturo, en la película que Disney dedicó al mago Merlín. Me aburrían los cuentos de princesas, pobres muchachas pasivas a la espera de un señor guapo, y me daban miedo las brujas. Nunca respondí a aquella pregunta, “¿A que te gustaría ser un chico?”, porque me quedé sin palabras. El mensaje era aterrador: todo lo que me hacía feliz era impropio de una chica. Estaba íntimamente escandalizada y furiosa, aunque fui incapaz de manifestar escándalo o furia.

La contestaré hoy, cuando han pasado más de veinte años y tengo, por fin, algún público que me lea: no quiero ser un chico. No queremos ser hombres. Solo queremos ser iguales.

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La retirada melancólica

Ricardo Dudda

Foto: SUSANA VERA
Reuters

Es difícil ser optimista con el problema del independentismo catalán. El procés puede durar eternamente porque es un fenómeno retórico, eufemístico, una sucesión de escenificaciones. Pero sus efectos en la sociedad catalana son reales y se perciben. Aunque las sociedades son muy volubles y nada es nunca irreversible, el esfuerzo de unir a las dos Cataluñas será enorme; el esfuerzo del independentismo para reconducir el entusiasmo hacia cauces menos rupturistas también.

Es posible que, del mismo modo que desde 2012 hasta hoy el independentismo ha crecido radicalmente, podrá retroceder. Pero tardarán en desaparecer el victimismo, el resentimiento y el rencor, la cultura del agravio, el uso de la memoria, siempre selectiva, la política como un acto expresivo, épico y “divertido”, más allá de la transacción y la negociación. Vivimos una época en la que cada generación necesita un momento épico fundacional, una Transición a nuestra medida. Como escribía un difunto tuitero, cada nueva generación piensa que el colectivismo (y puede sustituirse con cualquier otro ideal político) falló porque no lo lideraron ellos.

El procés vive jornadas históricas casi cada semana; acostumbrados a esto, los independentistas, y quizá no solo ellos, exigirán algo más que bienestar o reconocimiento. Quizá exijan entretenimiento, emoción, pasión. Durante años, millones de ciudadanos catalanes han depositado mucho capital emocional en el procés. El processisme ha devuelto eufemismos, hipérboles, momentos históricos, pero es posible que su impresionante capacidad para renovarse llegue a su fin. Difícilmente habrá un momento de responsabilidad colectiva de las élites, y dudo que llegue el momento de la rendición de cuentas. El procés intentará sobrevivir. La sociedad civil se decepcionará. Y, cuando esto ocurra, quizá lo mejor sea una lenta y melancólica retirada.

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