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Tres años sin Leopoldo López

Lidia Ramírez

Este próximo sábado 18 de febrero se cumplen tres años desde que el preso político más conocido de Venezuela y líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, ingresara en prisión acusado de varios delitos entre los que se incluyen incendio intencional, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir. 1095 días han pasado ya desde que Leopoldo se entregara a las autoridades durante una concentración en la plaza José Martí de Chacaito, en Caracas,  tras varios días en la clandestinidad con una orden de búsqueda y captura por haber impulsado una protesta para lograr una salida democrática del poder del presidente Nicolás Maduro. “Aquí los días transcurren tan lentos que parecen semanas y estas parecen meses, meses que se convierten en años”, narra el líder de Voluntad Popular en su libro Preso pero libre desde la cárcel militar de Ramo Verde.

Desde allí, y mediante su cuenta de Twitter (@leopoldolopez), hace un llamamiento a la población para que organicen una marcha contra el Gobierno de Maduro el próximo 18 de febrero. En Madrid, el mismo sábado a las 11.00 se ha organizado una concentración en la Plaza Colón para pedir la liberación de Leopoldo.

18 de febrero, Plaza Colón de Madrid: concentración por la liberación de Leopoldo

Los días de Leopoldo en prisión

Su abogado, Roberto Marreño, asegura a The Objective que las condiciones de reclusión de Leopoldo, tras la publicación de ese texto en julio pasado, han empeorado. “Se encuentra en una celda de 2×2, sin nevera, ni televisión, sin papel…”. Aislado en una torre del anexo B de la cárcel militar de Ramo Verde, en la ciudad de Los Teques, a las siete de la tarde se le apaga la luz y hasta las siete de la mañana no puede salir de la celda. “Leopoldo se despierta a las cinco de la mañana, a oscuras -porque no dispone de ningún aparato para alumbrarse- hace la cama, se lava la cara, toma café y se sienta a rezar. Luego, hace ejercicio en el calabozo”. Además, Marreño nos cuenta que todos los presos tienen terminantemente prohibido hablar con Leopoldo. “Cuando los guardias están de buenas le abren la celda, sin embargo, no puede hablar con nadie, ni con otros compañeros, ni con guardias”, apunta el abogado, quien asegura que incluso los familiares de los otros presos tienen prohibido hablar con los familiares de Leopoldo. “Si esto ocurre los prisioneros son castigados”.

14 de febrero de 2014. Leopoldo López es detenido. (Jorge Silva | Reuters)
14 de febrero de 2014. Leopoldo López es detenido. (Jorge Silva | Reuters)

A la pregunta de si López podría estar perdiendo la cordura producto del encierro, el letrado se muestra firme y contundente: “todo lo contrario”. “Ellos quisieran que la perdiera, pero él sabe que lo que está haciendo vale la pena, ve logros, se siente correspondido y querido por su pueblo y eso hace que se mantenga fuerte en sus ideas y convicciones”. De hecho asegura que Leopoldo volvería a rebelarse mil veces más contra el régimen si esto sirve para desenmascarar a Maduro. Así lo ha manifestado también en varias ocasiones el mismo opositor en su cuenta de Twitter.

En cuanto a su aspecto físico, Marreño cuenta que está delgado y luce barbudo –una imagen desconocida hasta sus días en prisión–, sin embargo, “goza de buena salud”.  “Es el tipo que te recibe siempre con una sonrisa”, y aunque la cárcel tiene como principal objetivo quebrar su voluntad “no lo van a lograr, se mantiene incólume”, sentencia.

Situación penal actual

Condenado a 13 años, 9 meses y 7 días de prisión, fue acusado de incitar a la violencia por azuzar en 2014 a sus seguidores en un estallido de violencia contra el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro que comenzaron en febrero y se alargaron hasta junio, y en las que fueron asesinadas 43 personas. Aunque en un principio se le atribuyeron también los delitos de homicidio y terrorismo, estos fueron posteriormente desestimados ya que sus abogados evidenciaron que estos asesinatos fueron cometidos por “los propios funcionarios del Estado”. En este momento, Marreño, que jura que Leopoldo no cumplirá esta condena, cuenta a The Objective que han presentado un recurso de casación penal en el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, el diario venezolano El Estímulo ha anunciado que el Tribunal Superior de Justicia ha desestimado dicho recurso, de modo que el coordinador nacional del partido Voluntad Popular debe cumplir los 13 años nueve meses y siete días de prisión, a los que fue sentenciado. Llevar el caso ante la Sala de Casación Penal es el último recurso que contempla la legislación venezolana para hacer un análisis de la sentencia.

“Leopoldo López es el premio gordo del Gobierno. No saldrá de prisión”

– Luis Salamanca, politólogo

Por el contrario, el politólogo venezolano Luis Salamanca, se muestra contundente: “Mientras haya Gobierno madurista o chavista, Leopoldo López no saldrá de prisión”. Y argumenta: “Es el premio gordo del Gobierno. López en la calle es un dolor de cabeza muy grande para Maduro y es un candidato potente para las próximas presidenciales de diciembre de 2018”.  Y es que según el experto, el preso político supera ya en 10 puntos a Henrique Capriles, dirigente del partido Primero Justicia y actual gobernador del Estado Miranda. “Leopoldo ha logrado lo que él quería, ser un líder político, pero está preso”.

En este sentido, el opositor Leopoldo López ha asegurado desde la cárcel en una entrevista exclusiva con Efe que el considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, reconoció poco antes de su detención ante su esposa, Lilian Tintori, y sus padres que él era “inocente” y que su situación obedecía a una “medida política”.

Líderes mundiales unidos para pedir la liberación de Leopoldo

La oposición asegura que en las cárceles de Venezuela hay más de 100 presos políticos. El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, se ha manifestado a favor de los presos políticos a través de un tuit en el que pide “justicia, Derechos Humanos y libertad para los presos políticos venezolanos”. El texto va acompañado con una fotografía con la mujer del líder venezolano, Lilian Tintori, paseando por los jardines de su residencia del Palacio de la Moncloa, a las afueras de Madrid.

Por su parte, los ex presidentes Felipe González y José María Aznar se han unido en un acto inédito, titulado ‘Europa por la libertad de Venezuela’, para condenar esta situación en el país latinoamericano. “Con presos políticos no hay democracia”, ha dicho González. “No puede haber presos de conciencia en Venezuela y sentarse a hablar sin sonrojarse con el Gobierno”, ha añadido. Ideas que han sido secundadas por su opositor en otros tiempos políticos: “El diálogo es una farsa para garantizar la continuidad de régimen de Maduro”, ha asegurado Aznar. Fuera de España, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también se ha mostrado solidario con los presos venezolanos. Mediante un mensaje en su cuenta de Twitter, como ya nos tiene acostumbrados, Trump ha pedido la liberación del opositor. “Venezuela debería sacar de prisión inmediatamente a Leopoldo López, prisionero político y esposo de @liliantintori (la acabo de conocer con @marcorubio)”.

El tuit de Trump, en el que también ha publicado una foto junto a Lilian, que ha viajado a Washington para plantear en el Senado de EEUU su visión sobre la crisis que atraviesa Venezuela, es el primer gesto político del presidente estadounidense hacia el país latinoamericano y supone una toma de posición firme con la causa de la oposición de Venezuela.

Los derechos torcidos

Néstor Villamor

Foto: SUSANA VERA
Reuters

Libertad de expresión y de reunión. Tortura y malos tratos cometidos por las autoridades. Derechos de refugiados e inmigrantes. Impunidad. Acceso a la vivienda. Violencia contra las mujeres. Son las materias en las que Amnistía Internacional suspende a España en su informe La situación de los derechos humanos en el mundo. Distintas organizaciones sociales españolas confirman el veredicto.

“Las autoridades españolas continuaron negándose a cooperar con la justicia argentina que investigaba los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo“, reprende el documento. Al organismo le preocupa especialmente que “la Fiscalía General del Estado española” haya dado “instrucciones a las fiscalías territoriales para que se opusieran a cualquier investigación judicial solicitada por la justicia argentina”. Pero la impunidad a la que se refiere el informe está lejos de ser la única inquietud del organismo.

“El gasto público en vivienda había sufrido recortes de más del 50% entre 2008 y 2015, y las ejecuciones hipotecarias seguían sin remitir”, sentencia Amnistía, que lamenta también que “hasta septiembre de 2016 había habido 19.714 desalojos por ejecución de hipoteca, y 25.688 por impago de alquiler”. Y esto ocurre en el país europeo con “más viviendas vacías y con el menor parque de viviendas sociales y el que más desahucia y menos destina a políticas públicas de vivienda”, sostiene Carlos Macías, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

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Fatima Essanhaji, en su domicilio de Parla el día de su desahucio | Foto: Juan Medina / Reuters

Para Macías, el culpable de esta deficiencia tiene nombre propio: “La respuesta del PP a medio millón de familias desahuciadas es poner 6.000 viviendas”. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el año pasado se registraron 63.037 desalojos de inmuebles (se incluyen viviendas, pero también oficinas, locales y naves). Es el sexto año consecutivo, según el CGPJ, en que la cifra anual de desahucios supera los sesenta millares. Para el portavoz de la PAH, la solución pasa por “reformar la ley hipotecaria, destinar el 3% del PIB a la vivienda y modificar la ley de alquileres para aumentar la duración [de los contratos de arrendamiento] y fijar un límite de precio”. De lo contrario, las víctimas se quedan “en la calle u ocupan viviendas vacías, porque no te ofrecen alternativa”, advierte.

Violencia machista

Quienes ocuparon no una vivienda sino la madrileña Plaza del Sol fueron las mujeres de la asociación feminista gallega Ve-la luz (Ver la luz). Eso sí, lo hicieron de forma legal y no para protestar por la política de vivienda, sino contra la situación del machismo en España. Amnistía Internacional subraya que, a pesar de la entrada en vigor de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género en 2004, no se han “evaluado los efectos de la Ley de manera participativa y transparente, a pesar de las preocupaciones expresadas respecto a la eficacia de los procesamientos y la idoneidad de las medidas de protección de las víctimas”.

Este 2017 está siendo especialmente duro para las mujeres. Solo en los dos primeros meses del año se confirmaron los asesinatos de 15 mujeres a manos de sus parejas o exparejas, según datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Hay que remontarse a 2008 para encontrar un dato igual. Y durante el año pasado aumentaron las denuncias por este delito, según un informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, publicado esta misma semana.

“Hay una normalización tremenda cuando las mujeres buscan ayuda judicial”, alerta Gloria Vázquez, presidenta de Ve-la luz. Ella fue una de las ocho mujeres que iniciaron una huelga de hambre en el kilómetro 0 de Madrid para luchar contra esta lacra. Finalmente lograron su objetivo: “Abrimos nuevos canales de comunicación” con el Gobierno.

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Un grupo de mujeres protesta en Sol contra el machismo | Foto: Mariscal / Efe

Vázquez considera, sin embargo, que la movilización no valió la pena. “Una huelga de hambre nunca merece la pena porque las secuelas son tremendas: estamos todas con dolores de estómago, nos hemos cargado la flora intestinal, yo tengo una piedra en el riñón, tengo una compañera con líquido en el pulmón”. Además de enfrentarse al machismo, las feministas de Ve-la luz se toparon con un rival con el que no contaban: “El Ayuntamiento nos trató fatal”, sentencia. Hasta tres multas, asegura Vázquez, recibieron de la Policía Local. “Yo creo que era una forma de presionarnos”, valora.

El motivo de las sanciones fue la instalación de estructuras para guarecerse del mal tiempo durante su protesta. Y esa es precisamente otra asignatura que España tiene pendiente, según el informe de Amnistía: la libertad de expresión y reunión. En el caso de la protesta de Ve-la luz, “la Policía venía cada dos por tres a llamar la atención, todo era un Cristo”.

—¿Consideran vulnerados sus derechos humanos en ese aspecto?

—Podemos decir que sí —concede.

—¿Alguna vez se llegará al machismo cero?

—Nosotros no lo veremos —responde sin titubear.

Torturas y maltrato policial

Con todo, lo que no sufrieron fue la violencia policial, otra de las preocupaciones de Amnistía: “Se denunciaron nuevos casos de tortura y otros malos tratos, uso excesivo de la fuerza y expulsión colectiva por parte de agentes de policía contra personas, entre ellas las que intentaban entrar irregularmente en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla desde Marruecos“.

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Migrantes africanos en la valla de Melilla | Foto: Jesús Blasco de Avellaneda / Reuters

La de estos últimos es una situación que preocupa especialmente a la ONG. Y también a la Red Acoge, una federación de 18 organizaciones que busca “promover los derechos de las personas inmigrantes y refugiadas en España”, según su página web.

Durante el primer semestre de 2016, último periodo del que el Instituto Nacional de Estadística dispone de datos, España registró 186.059 inmigrantes. Pero esa cifra solo hace referencia a los que residen el país de manera legal. Y para llegar a esa situación han tenido que sortear diferentes obstáculos.

“El primero es la forma de la llegada, que es muy dificultosa: es un periplo de mucho tiempo y muy peligroso“, alerta Inés Díez, abogada de la Red Acoge. “Y además no pueden regularizar su situación”. Para hacerlo, a no ser que se casen con españoles, “deben acreditar que llevan tres años en España y tener una oferta de empleo”. Pero es difícil que un empresario le haga una oferta de empleo a un inmigrante sin papeles, admite Díez: “Es un círculo vicioso”.

¿Y qué hacen durante esos tres años? “Sobrevivir, son gente que vende en el top manta o que trabaja en el campo”, expone la abogada. La letrada considera que los españoles deben esforzarse en “conocerlos, porque hay un fuerte rechazo, y no discriminarlos por tener un perfil étnico distinto al de España”.

El rechazo lo encuentran incluso desde las propias instituciones, que les niegan la asistencia sanitaria. Desde la entrada en vigor del decreto ley de 2012 que restringía el acceso médico gratuito a los extranjeros, 748.835 inmigrantes han perdido su tarjeta sanitaria, según el informe de Amnistía. ¿Acudir a la Justicia es una opción? Inés Díez lo pone en duda: “Un contencioso-administrativo tiene muchas demoras. Podemos estar hablando de dos o tres años”. Y sentencia: “Una justicia tan tardía, al final no es justicia”.

La vida de Ahmad en España después de la guerra

Jorge Raya Pons

Foto: Jorge Raya
The Objective

En el barrio madrileño de Quintana, que une la plaza de toros con la mezquita de la M-30, se encuentra una pastelería árabe con las paredes pintadas de verde y un espejo largo que se extiende al fondo. Los clientes van y vienen y no es extraño que esta conversación sufra las interrupciones lógicas de una jornada de trabajo.

Antes de trasladarse a Madrid, Ahmad era arquitecto en la ciudad siria de Alepo y se había comprado un coche nuevo, tenía un piso y esperaba su segundo hijo junto a su mujer, que es española, de origen árabe. La conoció en unas vacaciones que ella pasó en Siria. “Yo la vi, y ahí empezó todo”, cuenta. Se casaron en 2008 y un año más tarde nació su primera hija. La vida avanzaba tranquila y en calma; Ahmad tenía su oficina de arquitectura y un negocio de decoración y reformas, y su mujer trabajaba en casa y cuidaba de su hija, muy pequeña. “Éramos felices”, dice, apenado. Me da a probar una baklawa, que es un dulce tradicional hecho de hojaldre y frutos secos, y nos sentamos en dos taburetes, frente al escaparate. Desde aquí vemos la calle.

La guerra de Siria comenzó en 2011, pero no llegó a Alepo hasta un año después. Cuando echa la vista atrás, Ahmad no crea divisiones en el tiempo, conjuga en presente y en pasado sin distinción; puede ser que en su memoria las longitudes sean más cortas. “El día más triste para nosotros fue un viernes por la mañana, eran las nueve. Ese día nos despertamos por la explosión de una bomba. Yo vivo en un edificio grande y enfrente hay un centro de policía secreta. Allí hicieron explotar un coche. Dormíamos con mantas gruesas, hacía frío, y se cayó toda la casa, todo por encima de las mantas. De haber estado despiertos, no seguiríamos con vida”.

Alepo dejó de ser una ciudad segura y Ahmad supo que debían abandonar Siria por un tiempo, no demasiado. “Vinimos a España en 2012. Mis suegros viven aquí desde hace cincuenta o sesenta años, casi toda la vida, y mi mujer estaba embarazada de nuestro segundo hijo. Decidimos dejar Alepo para volver en pocos meses. Pensamos que en ese tiempo acabaría la guerra, como en Egipto. Es lo que se hablaba. Algunos decían dos meses, otros decían tres”.

Pasaban las semanas en la casa de sus suegros y Ahmad hablaba a menudo con sus padres, que se quedaron en Siria, con la firme esperanza de regresar pronto. Pero siempre ocurría la misma historia. Sus padres le insistían, semana tras semana, en que siguiera esperando, porque cada vez la situación iba a peor, todo era más peligroso, todo era más complicado. Los meses se sucedían y con este ánimo Ahmad comenzó a comprender que no volvería a casa tan pronto como suponía, que los meses en España se convertirían en años y que sus hijos tendrían una infancia lejos de su país.

Ahmad asumió el golpe. Se dijo que ya no podían vivir en la casa de sus suegros, que era hora de buscar piso, de buscar trabajo. Tenía un dinero guardado que bastaría para los primeros meses de alquiler y mientras tanto, creyó, encontraría un empleo como arquitecto. Fue a todas las oficinas, a todas las empresas. Entregó currículums por internet, en mano. Y luego de aburrirse de no encontrar nada, desesperado, renunció a la arquitectura y buscó trabajo en otro sitio: en bares, en tiendas, en supermercados. Hasta que un día le comentaron que un restaurante libanés frente a la Plaza de las Ventas buscaba empleado: “Fui al día siguiente y hablé con el jefe, le conté mi situación. Me preguntó en qué podía ayudar, de qué trabajaba, y le dije que era arquitecto. Él me dijo que lo sentía, que como arquitecto no tenía cómo ayudarme. Pero yo le dije que se olvidara, que quería trabajar de lo que fuera, y entonces me dijo que podía ofrecerme ser camarero. No me lo podía creer, yo me puse súper contento; nos salvaron de dejar el país. No teníamos dinero para pagar el alquiler del mes siguiente y hubiéramos tenido que regresar a Siria”.

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Protesta contra el presidente Bashar Al Assad en Maraa, cerca de Alepo, el 16 de marzo de 2012 | Foto: REUTERS/Shaam News Network/Handout

Otro comienzo

En este punto es difícil imaginar al arquitecto con casa propia, con el coche nuevo, con dinero en el banco. Ahmad estaba en España con dos niños que no podía alimentar y con la idea clara de volver a un país en guerra. Ahora cuenta que salieron adelante sin un euro de ayuda, que todas las solicitudes que presentaron fueron desatendidas por el Ayuntamiento de Madrid y por el Gobierno central, que no tuvieron nada salvo a ellos mismos.

Después de cinco meses en el restaurante libanés, con el fin de la temporada alta, su jefe le puso a trabajar en esta pastelería, que era otro de sus negocios. Aquí trabajó Ahmad durante dos años y medio. Porque, al tercero, su jefe le trasladó que tanto él como sus socios pretendían venderla. “No me explicaba por qué querían hacerlo. Me dijo que porque no daba los beneficios que esperaban. Volví a preocuparme, aunque me dijo que no lo hiciera, que tendría un puesto en la fábrica, que seguiría trabajando con ellos. Yo veía que la gente venía a la pastelería con ilusión, la pastelería funcionaba bien. Para mí fue un shock. Los pasteles tienen buena fama. La fábrica donde los hacen, que es de ellos, los hace muy bien. Así que le dije que si querían vender la pastelería, yo estaba dispuesto a comprarla, que podríamos seguir como socios: ellos fabricando y yo vendiendo. Y le pareció una buena idea”.

Ahmad trajo dinero de Siria, sus suegros aportaron otro poco, y a eso se sumó los ahorros de estos años. Los propietarios le pusieron facilidades con el precio de venta. El arquitecto sirio comenzó así a trabajar como autónomo, a mejorar las calidades de los pastelitos, a manejar sus propios tiempos. En su tercer año fuera de Alepo, Ahmad encontró un camino y de algún modo imprimió esa nostalgia en el nombre de su pastelería, a la que llamó Sham, como el territorio que abarca la Gran Siria.

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Miembros de la Defensa Civil y civiles, en una casa dañada por un ataque aéreo en Idilb en marzo de 2017 | Foto: Ammar Abdullah / Reuters

Volver a Alepo

La nueva vida de Ahmad se construyó sobre la tristeza y el miedo de tener a sus padres y hermanos en tierra de nadie, con la certeza bien presente de que cada día podía ser el último. Ahmad no ha hecho otra cosa que pelear por traerlos a España, pero una y otra vez se ha encontrado con una burocracia que lo impide. “He sufrido mucho”, me dice. “El Gobierno no concede ningún permiso de entrada al país a ningún sirio. Es lo que yo he visto, aunque eso no lo cuentan. He presentado todos los papeles que piden para darles el visado. Me he gastado mucho dinero. ¡Ellos se han gastado mucho dinero! Tienen que viajar de Alepo a Líbano porque la embajada española está allí…”.

Los familiares de Ahmad, como tantos otros sirios, han sufrido el cierre de la embajada de España en Damasco tras el estallido de la guerra civil en 2011. La delegación en Beirut, Líbano, asumió las funciones, pero no todo el mundo puede permitírselo.

“¡La embajada más próxima está en otro país!”, continúa Ahmad. “Son 24 horas de un viaje muy duro y muy caro que luego no sirve de nada”.

Ahmad me enseña la pastelería, me explica cada dulce. Después de cinco años en España, cuando iba a ser por unos meses, añora profundamente Alepo. Le pregunto cómo era la ciudad antes de la guerra. “Uff”, responde, emocionado. “Alepo era maravillosa”. Ahmad mantiene la esperanza intacta, es tenaz, y siente la seguridad de que regresará algún día, joven o viejo: “No he vendido mi vivienda (en Alepo) porque volveremos. Yo estoy trabajando al máximo aquí, mi mujer también, pero no me veo en España toda la vida. Planteo mis planes en Siria, no compro una casa aquí porque quiero volver. Me gusta España, es parte de mi vida, me he adaptado a las costumbres, a la comida… Pero yo nunca dejaré Siria”.

Trump y los culpables

Gonzalo Gragera

Si tuviéramos que elegir entre las conductas universales, en tiempo y en espacio, en época y en contexto, de los mandatarios con dotes y facilidades para el arte de lo excéntrico, una de ellas sería la del principio de exclusión. O de negación de lo propio y retrato malvado y conspirador de lo ajeno. Con tal de no irnos demasiado lejos en la historia, dejaremos algunos ejemplos recientes. Y es que Franco tuvo a sus masones como Chávez y Castro tuvieron al imperialismo yanqui, como el nacionalismo presume de un Estado en el que viven pero oprime. Trump, siguiendo esta actitud –acaso mejor hablar de conductas o gestos, de estrategias para colmar titulares, que de política-, la ha tomado con el periodismo y con Obama, a quienes acusa de enemigos del pueblo en el primer caso y de filtrar informaciones en el segundo.

Esta campaña de Trump, el ademán, no nos asombra: se puede ver a diario en colegios de primaria. Así que apuntemos la obviedad: no es de este asunto la postura infantil lo que extraña sino que esta haya alcanzado altas cotas de la administración del Estado. Que el Despacho Oval de la Casa Blanca se convierta en un jardín de infancia, vaya. Si quieren mayores pruebas, busquemos en Google la foto de una de sus asesoras. Aunque cabe decir que esta falta de consideración por el bien público no es exclusiva del gobierno de Trump –hubo quien aplaudió, en otros dirigentes, esa “naturalidad”-. Pero acaso sí premeditada. O buscada. O quién sabe. Ventajas del populismo: al no tener principios ni ideario definido más allá de la voluntad de un pueblo, voluntad acotada a conveniencia desde el seno de un partido, el contrario nunca intuye lo que va a suceder, o cuáles son las intenciones de sus actos. En la nada de su ideología, el todo de su impredecible pensamiento.

Trump llegó al poder gracias a la confrontación de opuestos que no existen, al menos desde el retrato que nos ofreció. Ahora es el momento, cuarenta días después, de consolidar ese conflicto, vacío y ficticio. Del también sencillo e infantil tirar la piedra y esconder la mano. Desde la ocurrencia, hay que dar motivos para el titular de la prensa y para el debate en el mundo. Debate no solo del hecho, también de la finalidad que esconde el hecho, incluso de su propia veracidad, de que sea real, de que quiera llegar a algo más allá del simple escándalo. Pero en esa cuestión, parece, solo nos calma el tiempo. Qué buen socio de gobierno. Qué encuestador. Qué gran politólogo.

La presa etarra Sara Majarenas convivirá con su hija tras concedérsele el segundo grado

Redacción TO

El pasado 15 de enero, a las 10:30 de la mañana, un hombre se presentó en el cuartel del pequeño pueblo valenciano de Benifaió confesando que había apuñalado a Izar, su hija de dos años, una vez en el tórax y otra más en la espalda. Una unidad de la Guardia Civil fue rápidamente hasta su casa y allí vieron a la niña, inconsciente pero con vida, a la que ingresaron con urgencia en el Hospital La Fe de Valencia. Pasó poco tiempo hasta que supieron que la mamá de Izar es Sara Majarenas, que cumple condena en la cárcel de Picassent desde 2005 por su pertenencia al Comando Levante de la banda terrorista ETA. Allí mismo ha crecido hasta hoy, 2 de marzo, día que cumple tres años, edad estipulada por Ley como límite para vivir dentro del régimen penitenciario.

“Estoy viviendo el momento más duro y difícil de mi vida”, ha escrito Majarenas en una carta que publica el diario Gara. Izar ha estado hospitalizada durante cinco semanas y un juez autorizó que su madre la acompañara durante las dos primeras. En las tres siguientes -con la menor fuera de peligro-, admitió visitas de una hora cada dos días. “Izar no entiende qué le hizo su propio padre, y no entiende tampoco por qué ha desaparecido de su vida de repente”, ha añadido. Majarenas se proclama como víctima de la violencia machista y solicita que no la separen de su hija, asumiendo que de lo contrario “no habrá reparación posible”.

El deseo de Sara Majarenas se ha cumplicado. Este mediodía, la Audiencia Nacional ha concedido a la presa etarra el segundo grado y podrá convivir con su hija en un centro de acogida. El juez José Luis Castro ha justificado su decisión apelando a la necesidad de Izar de recibir “el apoyo y afecto que necesitan madre e hija para solventar las dificultades que derivarían de una separación”, otorgando así prioridad a la protección de la menor sobre la pena de Majarenas.

La hija de la etarra Sara Majarenas no permanecerá en prisión 2
Sara Majarenas, junto a Mikel Orbegozo en un juicio de septiembre de 2007, donde se les juzgó por pertenencia a la banda terrorista ETA. (Foto: Sergio Barrenechea/EFE)

El caso había llegado incluso al Senado, donde Juan Ignacio Zoido, ministro de Interior, respondió a una demanda del senador Jon Iñarritu, de EH Bildu, para resolver un asunto tan sensible. El ministro aseguró que trabajaban “desde el primer día” para que Majarenas y su hija “puedan estar juntas”, pero no se sabía si dentro o fuera de prisión. En San Sebastián se había organizado una marcha para reclamar que no separaran a Izar de su madre. Bildu, uno de los movilizadores de la manifestación, exigía, además, que Majarenas fuera puesta en libertad. “Izar necesita el apoyo y protección de su madre las 24 horas del día para poder llevar una vida a futuro lo más normalizada posible y Majarenas tiene cumplidas hace tiempo las tres cuartas partes de su condena. ¿Qué argumento, que no sea el de la venganza, puede hacer que separen ahora a Sara e Izar?”, emitió en un comunicado. La voluntad del partido fue atendida.

Majarenas fue condenada a 13 años de prisión por la Audiencia Nacional en 2007 junto con el también etarra Miguel Orbegozo, con quien planeaba atentar contra militares y guardias civiles en ciudades de la Costa Brava, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Murcia.

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