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La fiebre del vapeo que puede acabar con el tabaquismo

Jorge Raya Pons

Con todo este vapor suspendido casi no puede verse qué hay al fondo. Esta tienda es estrecha, pequeñita, y tiene la caja a la izquierda, junto a la puerta; una tienda como cualquier otra. Un poco más lejos, a dos o tres metros, hay dos estanterías con decenas de botecitos en orden, hay muchísimos. Le pregunto cuántos al dependiente. “197”. ¿197 botecitos? “No, 197 sabores”.

El jefe de la tienda se llama Jonatan Sanz, pero lo conocen como Johnny. Vapexpress Outlet, así se llama la tienda, abrió en octubre del año pasado y es uno de los principales comercios de cigarros electrónicos de Madrid. Johnny lleva siempre consigo un aparato metálico con boquilla, un vapeador, que es de un tamaño algo mayor que una cajetilla de tabaco y tiene las esquinas curvadas. Va dándole chupadas de tanto en tanto. Los chorros de vapor que se forman son aparatosos, como nubes.

El líquido de los botecitos en los estantes son los que dan sabor al vapor y se añaden a base de gotitas en unos algodones situados en el enlace entre el cuerpo del vapeador y la boquilla. Todos los líquidos, aun siendo tan variados, tienen en común dos componentes, además de la nicotina –que no está siempre presente-: la glicerina vegetal y el propilenglicol, tan difícil de verbalizar que los vapeadores lo llaman propi.

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Un usuario californiano vapeando | Foto: Rich Pedroncelli / AP

Investigaciones poco concluyentes

“Mucha gente piensa que los riesgos del cigarro electrónico son equiparables al cigarro convencional, pero este informe aclara cuál es la verdad”, escribió Duncan Selbie, director general del Servicio de la Salud Pública de Reino Unido, en un estudio de agosto de 2015. El debate sobre el consumo de cigarros electrónicos sigue vivo y plantea una cuestión interesante: ¿Son nocivos para la salud esos químicos que rellenan los botecitos? Y, en cualquier caso, ¿son sus efectos equiparables a los de fumar tabaco? Las principales investigaciones al respecto se han realizado en Gran Bretaña y Estados Unidos y los resultados son poco concluyentes. En el párrafo con que comienza el estudio que asume poseer “la verdad” sobre la cuestión se especifica que “los cigarros electrónicos son un 95% menos dañinos para la salud que los cigarros normales”, e interpreta que “ayudan a la mayoría de fumadores a abandonar el tabaco”.

En junio de 2016, la Escuela TH Chan de Salud Pública de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, publicó un informe en el que alertaba sobre la presencia de un químico saborizante y altamente nocivo para la salud, el diacetil, en el 75% de los líquidos analizados. El estudio se realizó sobre 51 muestras, y este parece ser un número poco significativo cuando en la actualidad existen miles.

En agosto del mismo año, los investigadores del Lawrence Berkeley National Laboratory, en Estados Unidos, encontraron 31 químicos en los vaporizadores que emplearon para el estudio, siendo dos de ellos cancerígenos. También descubrieron que conforme la temperatura de vaporización es mayor, aumentan las emisiones de estos líquidos. Hugo Detaillats, coautor de este estudio, añadió en un comunicado que si bien “las emisiones de sustancias tóxicas son menores que en los cigarros convencionales”, no puede decirse que vapear sea un ejercicio saludable. Es más, es “insalubre”.

“No hay datos científicos suficientes como para recomendar el cigarrillo electrónico”

Contando con estos conocimientos, las autoridades médicas de Gran Bretaña han aconsejado su consumo como mal menor, esto es, como herramienta sustitutiva del tabaco. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, Estados Unidos y, entre otros países, España, se resisten a hacerlo y lo desaconsejan por ser peligroso. Entre quienes lo rechazan se encuentra el doctor Carlos Jiménez, que es neumólogo e investigador de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica: “No hay datos científicos suficientes como para recomendar el cigarrillo electrónico como elemento para dejar de fumar”. El doctor español es cauto e insiste en que su mesura se debe a que se han encontrado en el cigarro electrónico sustancias tóxicas “en cantidades y concentración suficiente como para producir cáncer”.

Jiménez considera que las revelaciones científicas publicadas hasta la fecha no son concluyentes debido a que los métodos empleados son “deficientes”. Además, el cigarro electrónico es un invento muy reciente, todavía por asentar en España –y Occidente-, y su impacto es difícilmente calculable: “Su influjo es de hace pocos años y no tienen un uso generalizado, como los cigarrillos. Su consumo ha sido a muy corto plazo, no tenemos estudios a largo plazo. Por ejemplo, los profesionales sanitarios se dieron cuenta de que el cáncer de pulmón estaba producido por el tabaco en 1956, cuando la epidemia del consumo masivo comenzó después de la II Guerra Mundial. Tuvieron que pasar todos esos años para que los científicos pudiéramos ver esa relación tan clara entre una cosa y otra”.

Como recuerda el doctor Jiménez, el tabaco mata a 60.000 personas cada año en España a través de enfermedades como el cáncer de pulmón, que sería “una enfermedad rara” si no existiera el tabaco, incluso atendiendo a los niveles actuales de contaminación atmosférica.

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Una usuaria francesa exhalando vapor de su cigarro electrónico | Foto: Christophe Ena / AP

Un movimiento social

Johnny cuenta que solo el 10 por ciento de la gente que viene a la tienda “paga y se va”. Es ese 90 por ciento el que se queda, el que vapea un ratito en la tienda, el que va probando un sabor y otro. El vapeo parece tener un alto componente social. La mayor parte de los clientes de Vapexpress son hombres y mujeres que quieren dejar el tabaco y han oído hablar de esto. Johnny sueña con abrir un negocio más grande, no tanto una tienda como un club de fumadores. Aquí el billar, aquí los sillones. Cree que el vapeo ya tiene consumidores suficientes como para que sea posible.

En España, el vapeo es una actividad en auge pero minoritaria: son unos 350.000 los usuarios habituales y el sector industrial relacionado facturó cerca de 55 millones de euros en 2016, un 13 por ciento más que el año anterior, según datos de la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV) y la Asociación Nacional del Cigarrillo Electrónico (ANCE). Los números, aunque esperanzadores para comerciantes como Johnny, son todavía bajos si los comparamos con países como Reino Unido, donde el vapeo está mucho más arraigado. En las islas, de hecho, hay 3 millones de usuarios de cigarrillos electrónicos y el volumen de negocio ascendió, en 2014, a 6.300 millones de euros. La diferencia es sustancial.

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Las miserables condiciones con las que los agentes combaten el narcotráfico en Cádiz

Jorge Raya Pons

Foto: Ministerio de Interior

El pasado 18 de febrero saltó una noticia en los periódicos y las redes: la Policía intervino cuatro toneladas de hachís en el Campo de Gibraltar, comarca gaditana ubicada a 15 kilómetros de suelo africano en su punto más estrecho, y detuvo a 16 personas. La operación se celebró como un éxito y el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, visitó la zona un día después del anuncio para estrechar la mano de los agentes y convocar a los medios.

Allí, en la costa de Cádiz y con el mar a sus espaldas, informó a los periodistas sobre los recursos incautados –una estación de radar para controlar los movimientos físicos de los agentes, varios equipos de transmisiones, unos 100.000 euros en efectivo, tres escopetas, una pistola, dos embarcaciones neumáticas, dos tractores, 11 coches y dos motos– y celebró que en 2017 las intervenciones de cocaína aumentaron un 300%; las de hachís, un 40%. “Están desarrollando una gran labor”, felicitó a los agentes. “Debe quedar claro que esta no es una zona que va a estar dominada por los narcotraficantes. Esta es una zona donde el Estado de Derecho se impone y se va a combatir todo tipo de delincuencia. Van a tener la respuesta del Estado de Derecho”. Los sindicatos policiales recibieron el mensaje sin entusiasmo.

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Zoido, en su visita el 19 de febrero a La Línea. | Foto: Ministerio de Interior

El narcotráfico se apodera de la costa gaditana. Las mafias ganan lentamente terreno, poder e influencia en el Campo de Gibraltar, particularmente en ciudades como la Línea de la Concepción –con algo más de 60.000 habitantes–, y lo hacen porque la Guardia Civil y la Policía Nacional no cuentan con los medios necesarios para combatirlos. La situación es particularmente alarmante si atendemos a que el 70% del hachís que entra en Europa lo hace por España y que Cádiz, por su proximidad con Marruecos –principal productor mundial de esta sustancia–, es el puerto de desembarco. Desde enero de 2017, se han incautado más de 183 toneladas de hachís y se ha detenido a 518 personas, según las cifras aportadas por Interior.

Estamos pidiendo al menos 500 agentes más de Guardia Civil [actualmente son 2.600, repartidos entre las comandancias de Cádiz y Algeciras; en la Policía Nacional, 2.200] para toda la provincia”, explica José Encinas, secretario general provincial de la AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) en Cádiz. “Y no se trata únicamente de agentes uniformados. Necesitamos grupos de investigación, es donde se debe hacer el mayor esfuerzo: solo así se puede descabezar a las mafias y bandas de narcotráfico. Pedimos que se refuerce y que se implante un aumento en la plantilla y que haya una renovación de nuestro medios materiales. Tenemos medios muy obsoletos”.

“No puede ser que tengamos siete embarcaciones cargadas de droga y una sola patrullera para intentar interceptarlas”

Encinas explica que los cuerpos están desbordados, que el trabajo es inmenso: “Hay veces que solo llega una embarcación en todo el día. Hay días que tenemos 7 ú 8 embarcaciones –hasta 15– en una sola tarde, todas ellas pendientes de paralizar en costa. Por ejemplo, el otro día había siete embarcaciones pendientes de alijar y cada una tenía 3.000 kilos. Esto quiere decir que había 21.000 kilos pendientes de llegar a costa”. Para detectarlas, la Guardia Civil utiliza el sistema SIVE, que emplea una tecnología de cámaras, antenas y radares monitorizados desde tierra. El primer lugar donde se instauró fue en Cádiz y el portavoz argumenta que su tecnología se ha quedado antigua, que necesita una renovación: los narcotraficantes van varios pasos por delante.

“Y por otro lado”, continúa Encinas, “si los operarios del SIVE detectan embarcaciones en las cuales transportan droga, necesitan personal en tierra para su interceptación. En tierra y en mar. No puede ser que tengamos siete embarcaciones cargadas de droga y una sola patrullera en alta mar para intentar interceptarlas. Esa patrulla es insuficiente. Más si tenemos en cuenta que la potencia de los motores que llevan las patrulleras de la Guardia Civil es totalmente inoperativa respecto a la potencia de los motores con las que están dotados las embarcaciones de los traficantes. Puede haber hasta una diferencia de 10 nudos de velocidad máxima (18 kilómetros por hora)”.

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La distancia entre la costa gaditana y el continente africano es de 14 kilómetros en sus puntos más cercanos. | Fuente: Google Maps

El agente Javier López Morales conoce bien estas limitaciones. El portavoz del SUP (Sindicato Unificado de Policía) en la Línea de la Concepción recorre todos los días su ciudad con el coche patrulla. Las historias del narcotráfico parecen lejanas, pensamos en México y Colombia y quizá Bolivia, pero están en nuestras costas. “Aquí hay una escalada de violencia”, dice López Morales, con un tono preocupado. “Cada vez hay que estar más atentos, cada vez hay que ir más prevenido. Ya no se limitan a huir cuando los interceptamos: se defienden, se enfrentan a nosotros. Nos sentimos en desventaja porque ellos son más y porque no tenemos medios”.

El 6 de febrero, una veintena de hombres encapuchados irrumpió en el hospital de la Línea para liberar a un narcotraficante detenido por la Policía Nacional tras una larga persecución de la que salió herido. Los encapuchados llegaron en varios todoterrenos, los aparcaron en la puerta del hospital, se abrieron paso en los corredores, buscaron al narco y finalmente lo encontraron en una sala de espera, escoltado por dos agentes. Los encapuchados lograron liberarlo, montarlo en uno de los todoterrenos y esconderlo en un lugar que se desconoce. Los agentes apenas lograron retener a uno de los colaboradores.

El 19 de febrero, a escasas horas de la visita de Zoido, tres encapuchados asaltaron a punta de pistola el depósito judicial de Conil de la Frontera para recuperar una lancha de tres motores y 12 metros de eslora embargada a otro narcotraficante de la zona. Ninguno de ellos fue detenido y siguen en paradero desconocido, igual que la lancha. El ministro sostuvo públicamente que la Policía Nacional y la Guardia Civil cuentan con los recursos para abordar el escenario, más allá de los casos recientes.

“El siguiente paso es que se lleven a un detenido de los calabozos de la comisaría”

“Es que estamos en total desventaja”, reitera López Morales. “La sensación es de abandono total. Cada vez que pedimos algo, nos dicen que tenemos los medios adecuados. Luego ocurren cosas como lo del hospital o apedreamientos a compañeros o embestidas a nuestros coches. Nos embisten y los vehículos que tenemos no son todoterreno. Cuando nos quejamos nos dicen que son casos aislados, cosas puntuales. No hacen nada. Nosotros nos vemos abandonados porque les estamos avisando y esto está yendo a más. El siguiente paso es que se lleven a un detenido de los calabozos de la comisaría…”.

Encinas comparte su preocupación con López Morales y dice que los narcotraficantes “están subiendo un escalón” en la violencia de sus actuaciones. “Hace unos años el trato que teníamos con los narcotraficantes era relativamente correcto: ellos hacían su trabajo y nosotros el nuestro”, añade el portavoz. “Pero hoy en día eso se ha superado. Por un lado, porque ahora las mercancías son 10 veces más grandes que antes y, por tanto, la cantidad que pueden perder es mayor. Y, por otro, porque ha cambiado la generación y esta es más violenta”.

“Hay que declarar esta comarca como una zona con singularidad, con un juzgado específico contra el narcotráfico”

La Línea de la Concepción es una de las ciudades más deprimidas de España y el paro supera el 33%. El tráfico de drogas y el contrabando de tabaco están profundamente arraigados en la economía local: es difícil cuantificar el número de familias que subsisten –directa o indirectamente– por este negocio y la aceptación es notoria: se comprueba, en muchas ocasiones, en la propia forma en que reciben a los policías. “Es mucha gente la que come de esto”, cuenta López Morales. “Está bastante integrado en la sociedad. Te das cuenta incluso cuando pones en internet la noticia de la detención de un traficante. Ves un montón de comentarios en contra. La gente lo defiende. Le dan una justificación. Hay más gente en esto de lo que creíamos. Hay un sector importante de la Línea que lo defiende y que lo apoya. Es un peligro”.

Hay razones, entonces, para comprender que el desaliento se extienda en las filas. “Hay una falta de motivación…”, lamenta López Morales. “En esta comisaría no tenemos un complemento territorial que compense estas condiciones de trabajo. Todos los compañeros se quieren ir de aquí. La gente que viene es porque vive cerca, porque es natural de Sevilla o Jerez. Es una comisaría de paso y salen volando en cuanto pueden. Tenemos un problema de fuga de funcionarios; siempre hay plazas descubiertas en el catálogo. Y es normal: se gana lo mismo en la Línea que en Estepona, y te digo que Estepona no tiene nada que ver con esto”.

Las particularidades del escenario provocan que muchos funcionarios soliciten el traslado. Sin embargo, no impiden que los entrevistados conserven la esperanza de revertir la situación. López Morales tiene soluciones muy asequibles, como conseguir un furgón policial con rejas y protecciones para los días de registros en las calles más peligrosas, y otras más ambiciosas, únicamente posibles con “mucha ayuda y atención” del Gobierno central. “Si se implicasen de verdad, crearían un juzgado especial para los casos de narcotráfico”, dice. “Así agilizarían estos temas. Ahora mismo, los juzgados no dan abasto con todo lo que hay: narcotráfico, malos tratos, delincuencia común… Aquí hay muchísimo trabajo. No se iban a aburrir. Un juzgado especial despejaría mucho”.

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La Línea de la Concepción, vista desde el Peñón de Gibraltar. | Foto: Jon Nazca/Reuters

Encinas sostiene que esta medida sería decisiva. “Hay que declarar esta comarca como una zona con singularidad, con un juzgado específico contra el narcotráfico para que no haya estas dilaciones por la carga de trabajo”, dice el portavoz. “Es que por estas dilaciones, a menudo, el narcotraficante queda absuelto o con penas muy bajas”.

Hace unas semanas, en el mes de diciembre, se produjo uno de los hechos más llamativos: la defensa del narcotraficante Abdellah El Haj Sadek –conocido con el apodo de Messi– negoció su libertad provisional con el fiscal jefe de Algeciras y llegó a un acuerdo ventajoso: con el pago de 80.000 euros esquivaría temporalmente la celda. Unos días más tarde, como relata ABC, cenaba en una marisquería de Palomares junto a su familia.

Con todo, Encinas recuerda que en la lucha contra el narcotráfico, es decisivo conseguir un cambio social verdadero, que con la acción policial no basta: hay que lograr que el tráfico de drogas no sea únicamente reprobable desde un punto de vista ético, sino innecesario en términos económicos. “Hay que implantar unas medidas sociales en las que se impliquen todas las administraciones, locales y estatales”, concluye. “Hay que fortalecer los puestos de trabajo en la comarca”. Sus palabras cobran sentido si atendemos al contexto socioecónomico de la zona: con una tasa de desempleo por encima del 30%, los salarios que las mafias del narcotráfico ofrecen a los peones –tal y como informa el diario malagueño Sur– son tentadores: un aguador [informador para la organización] puede cobrar mensualmente entre 1.000 y 2.000 euros y un paquetero [colaborador en el desembarco en costa], entre 2.000 y 3.000 euros.

A tenor de las denuncias, The Objective contactó con el Ministerio de Interior para conocer su postura. No obtuvo respuesta.

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Me llena de odio -y de satisfacción-

Gonzalo Gragera

Foto: Sipi
EFE

Estrategia de comunicación: irritar al contrario. Lo vimos hace unos años en la acción política de Podemos, partido cuyo ejercicio de propaganda aprovechaba el odio visceral –como todos, supongo- que despertaba en sectores más o menos conservadores y liberales para introducir y difundir sus ideas en el conjunto de la sociedad española. De ahí, claro, que acudieran a tertulias de cadenas con público de derechas, donde de sobra sabían, y de manera inteligente, que el precio de lo viral era más asequible. De esas ya antiguas luchas dialécticas sacarían mucho más provecho que de mesas redondas de cualquier facultad o de ponencias académicas y eruditas de pasillos universitarios, e incluso más que de su capacidad de convocatoria en las redes sociales. Y es que nada como el odio, su impulso, para transmitir un mensaje; nada como la crispación del enemigo para alimentar una idea.  Rufián es otro que supo de la lección en los meses –pasados, creo, espero- más complicados de la secesión orquestada en los partidos independentistas catalanes. Mientras todos compartían, en actitud de desprecio, sus desvaríos y ocurrencias, tales desvaríos y ocurrencias circulaban, con notable éxito y acogida, por todo el país. Un diputado de un partido de escueta representación parlamentaria en el Congreso, principal imagen –discurso- de buena parte de la política española.

Y es que el público necesita –necesitamos- del odio para multitud de asuntos, pero quizá el principal es el hecho de afirmarse, el hecho de confirmarnos en nuestra propia personalidad. El odio nos aleja de aquello que no queremos ser, nos marca distancias respecto de aquello a lo que le tenemos fobia, lo que nos causa rechazo, aquello que consideramos malo incorrecto equivocado Un lector de tendencia izquierdosa necesitará compartir entre sus amigos virtuales las barbaridades que escriba un autor o periodista o columnista partidario de cualquier tesis histórica sobre –tema facilón- el franquismo y las cosas buenas que nos dejó. También al contrario, evidente: la autora de derechas se rasgará las vestiduras ante el párrafo de intención polémica de cualquier firma de izquierdas. Se intuye: en cuanto hay lucha de posiciones, o disparidad de criterios, además de argumentar el error ajeno, necesitamos, para quedar tranquilos con nuestra conciencia y con nuestro criterio, ridiculizarlo, denostarlo. Y es entonces cuando vamos a la búsqueda del odio, a ese interés por leer opiniones que consideramos irrisorias, infantiles, descabelladas; y también el interés en difundirlas, en hacer ver a los demás la estupidez en la que otros –siempre los otros- están inmersos. Un denunciar la estupidez del prójimo que es, más bien, un favor hacia este: lo vemos a diario en el periodismo sensacionalista, ahora llamado de clickbait.

Lo escribe Ricardo Dudda en Letras Libres: “Hay una parte de construcción del enemigo para justificar las propias acciones. Al elaborar un hombre de paja y luchar contra él, además, uno construye su identidad a medida. Uno puede moldear al enemigo para moldearse a sí mismo”. Necesitamos consumir el odio, y odiar, para convencernos de que no somos aquello que odiamos. El odio como bienestar narcisista de saberse distinto, seguro, cómodo –pleno convencimiento- en la idea propia. El odio como emoción para establecer la diferencia con el adversario. O con la actitud moralmente reprochable. El odio que nos llena de odio, y de satisfacción.

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¿Está amenazada la libertad de expresión en España?

Marta Ruiz-Castillo

Foto: J.J.Guillen
EFE

Por primera vez en su historia, ARCO retira una obra; una juez ordena el secuestro de un libro; un rapero es condenado a tres años de cárcel. Estas son noticias reales y ocurridas en España en apenas un par de días. La polémica está servida porque en todos los casos hay un denominador común: la defensa o vulneración de la libertad de expresión en democracia.

En medio del debate, Amnistía Internacional (AI) ha hecho público un informe en el que denuncia que 2017 ha sido un mal año para la libertad de expresión en España . “Alzar la voz, incluso en redes sociales, se ha vuelto cada vez más peligroso”, y recuerda que sólo el pasado año hubo 20 condenas dictadas por “enaltecimiento al terrorismo” y humillación a las víctimas. “Comentarios en redes sociales, letras de canciones controvertidas y bromas están siendo criminalizadas bajo esa categoría vaga de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas”, añade AI.

Una conclusión preocupante para un país donde los derechos de manifestación y de reunión, por ejemplo, también se han visto restringidos con sanciones desorbitadas recogidas en la polémica Ley de Seguridad Ciudadana del PP, más conocida como ‘ley mordaza’, aprobada por el Congreso de los Diputados en 2015 con el voto en contra de la oposición. El PP tenía entonces mayoría absoluta. La reforma de la ley, que limita también el derecho a la información, fue impulsada por el Grupo Socialista en 2016, pero el texto permanece en el olvido a la espera de que se reanude el trámite para derogar una norma que partidos, como PSOE o Podemos, utilizaron como bandera del progresismo. Ahora, al hilo de la polémica, ambos han vuelto a reivindicar la urgente necesidad de acabar con la ‘ley mordaza’.

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El PP aprobó con el voto en contra de la oposición en 2015 la llamada ley mordaza. | Foto: Congreso de los Diputados

Para el magistrado y portavoz territorial de Juezas y Jueces para la Democracia, Joaquím Bosch, “todo empezó con la Ley de Seguridad Ciudadana”. En España “tenemos menos libertades ahora que en los años 80”, asegura.

Incluso el diario The New York Times se ha hecho eco de estas polémicas decisiones, llegando a decir que “ya sea por ley o por intimidación, España se ha convertido en un país donde los riesgos para la libertad de expresión han aumentado en los últimos años”.

ARCO no quiere ‘presos políticos’

Santiago Sierra seguramente no imaginó que su obra ‘Presos políticos en la España contemporánea‘, con la que había acudido a la 37 edición de la Feria de Arte Contemporáneo de España (ARCO) iba a sentar un precedente; un polémico procedente, porque las 24 fotografías con retratos pixelados de personajes en prisión preventiva, entre las que están el exvicepresidente de la Generalitat catalana, Oriol Junqueras, y los presidentes de las organizaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural, encarcelados en relación con la investigación judicial en marcha sobre el procés, fueron retiradas.

En una entrevista concedida a Ctxt , Serrano lamentaba lo ocurrido y se declaraba perplejo. En su opinión, “vivimos una histeria colectiva con el tema del procés”, y a la pregunta de si cree que España está viviendo un proceso de involución democrático, su respuesta fue contundente: “el Estado está penetrado por el crimen organizado”.

Los responsables de IFEMA, donde se desarrolla ARCO, fueron los que pidieron a la galería de Helga de Alvear, que llevó la obra en discordia, que la retirara. El argumento fue que podía molestar y crear una controversia que perjudicara al resto de las obras. En cuanto se conoció la noticia, las redes sociales se llenaron de comentarios, la mayoría críticos con la decisión, calificándola de “censura”.  La obra fue retirada, sí, pero antes fue fotografiada y reproducida hasta la saciedad en Twitter, en los medios de comunicación…Y lo que es más, la obra fue adquirida por 90.000 euros. Probablemente, lo que IFEMA no quería que ocurriera.

Ante la avalancha de críticas, llegaron las disculpas al día siguiente de retirar la obra. La dirección del recinto ferial aseguraba que sentía lo ocurrido, que no volverá a pasar y que, en ningún caso, hubo “mala fe”. Pero la obra no retornó a ARCO cuyo director, Carlos Urroz, dejó claro desde el primer momento que no compartía la decisión.

Borrador automático 306
La obra Presos Políticos de Santiago Sierra antes de ser retirada de ARCO. | Foto: FERNANDO VILLAR / EFE

Los políticos no han permanecido ajenos a la polémica.

“La libertad de expresión en cualquier ámbito es una pieza fundamental del Estado de Derecho, y desgraciadamente, desde que tenemos un gobierno del PP, la libertad de expresión en España está muy restringida”, declaraba la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Margarita Robles. En este sentido, aseguraba que el PSOE quiere sacar adelante más pronto que tarde la derogación de la ‘ley mordaza’. Una declaración genérica de Robles cuyo partido, sin embargo, no se opuso a la retirada de la obra cuando el órgano director de IFEMA, en el que tienen representación, tomó la decisión.

“Bienvenidos a Turquía”, decía, por su parte, el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, Joan Tardá, partido del que es líder Oriol Junqueras. “Bienvenidos al régimen de Erdogan ¡Cuánta hipocresía! Es una vergüenza que tengamos que presenciar un ejercicio de hipocresía tan superlativo, porque…como que no tienen la honradez, la honestidad de decir que se trata de un ejercicio de censura”.

El Gobierno, sintiéndose aludido por esta y otras acusaciones similares, salió al paso asegurando que “nosotros no censuramos a nadie“, en palabras del portavoz y ministro de Educación y Cultura, Íñigo Méndez de Vigo. En el lado opuesto, Podemos, y como expresión del rechazo a esta retirada insólita de una obra de arte en ARCO, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, decidió no acudir a la inauguración presidida por los Reyes, al día siguiente de que estallara el caso.

El escándalo de ARCO se produjo coincidiendo con otra polémica no menos intensa. La juez de Collado Villalba (Madrid), Alejandra Fontana, ordenó el secuestro cautelar del libro ‘Fariña’, obra del periodista Nacho Carretero publicada en 2015 en la que narra con datos contrastados y reales cuenta la historia del narcotráfico gallego. La juez adoptó la medida a petición del exalcalde de O Grove (Pontevedra), José Alfredo Bea Gondar, quien demandó en enero a Carretero y a la editorial Libros del KO por supuesta vulneración de su derecho al honor.

“Creo desproporcionado secuestrar Fariña por plasmar unos hechos probados judicialmente en tres líneas del libro”, dijo Carretero.

La reacción en las redes sociales contra lo que, de forma mayoritaria se calificó de “censura”, no fue nada comparada con las ventas del libro en Amazon. ‘Fariña’ se convirtió en el libro más vendido en unas horas, mientras numerosas personas publicaron el párrafo de la discordia en Twitter.

El Gremio Libreros de Madrid publicó también un comunicado en el que expresó su “rotundo desacuerdo y unánime disconformidad con esta medida” y anunció que “Fariña se queda en las librerías”.

Para Pablo Iglesias, líder de Podemos, “la libertad de expresión está sufriendo el mayor ataque desde la dictadura y no podemos quedarnos callados”. Se refería al secuestro de Fariña y a la sentencia condenatoria contra el rapero Valtonic.

Y es que antes del secuestro de Fariña, los medios de comunicación se hicieron eco de la decisión del Tribunal Supremo de confirmar la condena a tres años de prisión contra el rapero Valtonyc por delitos de “enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona, y amenazas no condicionales”.

El rapero reaccionaba con este tuit a la sentencia

Una decisión calificada por muchos de “desproporcionada”. La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) calificó la condena al rapero de “inaudita” e “impropia de una democracia” que vulnera los principios internacionales sobre libertad de expresión. “Valtonyc va a ser el primer cantante que entre en prisión en España acusado de enaltecimiento del terrorismo. Lo que estamos viendo es inaudito e impropio de una democracia plural: la persecución de la canción protesta”, dijo en un comunicado la presidenta de la PDLI, Virginia Pérez Alonso.

Una valoración no compartida por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para quien las expresiones de odio y los extremismos deben ser perseguidos con las armas legales que ofrece el Estado de derecho; más contundente, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, dijo que “una amenaza de muerte es una amenaza de muerte independientemente de que el soporte en el que se haga sea digital o analógico”. El líder de la formación es uno de los políticos que ha recibido amenazas de muerte a través de las redes.

El caso del Valtonic no es único. Antes que él, la justicia condenó en 2014 a Pablo Hasel por enaltecimiento del terrorismo, aunque no entró en prisión porque la pena no superaba los dos años. El rapero catalán tiene varias causas abiertas por tuits publicados en su cuenta. También la justicia española ha condenado a ciudadanos por opiniones “ofensivas constitutivas de delito”. El primero en entrar en prisión fue Alfredo Remírez, arrestado en 2015, el mismo día que el cantante de Def con Dos, Cesar Strawberry, por comentaros en Twitter contra las víctimas del terrorismo. Ellos aseguran que son sólo opiniones y se defienden apelando a la libertad de expresión. La cuestión es que la justicia, en todos estos casos, entiende que la libertad de expresión tiene unos límites que terminan donde empieza el Código Penal.

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¿Por qué el metro de Madrid circula por la izquierda?

Redacción TO

Foto: Victor R. Caivano
AP

La sorpresa es común en el turista o en el recién llegado a Madrid. ¿Por qué el metro circula por la izquierda? Existen dos teorías principales.

La primera apunta a los látigos como causa fundamental de esta característica del suburbano de la capital. En el momento de la inauguración de la primera línea del metro, el 17 de octubre de 1919, los coches en Madrid circulaban por la izquierda, ya que los conductores de los carruajes llevaban las riendas de los caballos con la mano izquierda y los látigos para fustigarlos con la derecha. Por eso, para no darle un latigazo accidental a un peatón en la cara, se estableció que estos vehículos viajaran por el carril izquierdo. En consecuencia, el metro imitó esta característica y se decidió que el suburbano circulara por la izquierda. Posteriormente, cuando se estableció legalmente que el sentido de la circulación de los coches en la superficie sería el derecho, resultaba demasiado caro volver a señalizar toda la red del metro, así que la cosa se quedó como estaba.

Otra teoría tiene su epicentro en el Reino Unido. Según esta hipótesis, las infraestructuras del suburbano de la capital se compraron y se diseñaron imitando las inglesas, donde ya estaba establecido el carril izquierdo como norma de circulación, así que este sistema se importó a Madrid.

En la superficie, Madrid también circuló inicialmente por la izquierda. Pero no era así en otras ciudades españolas, como Barcelona, que siempre ha circulado por la derecha. En 1924, Madrid cambió su normativa y la circulación pasó a tener lugar por el carril derecho. No obstante, no fue hasta los años 30 del siglo pasado cuando se adoptaron normas nacionales que equipararan la circulación del tráfico en todo el territorio español.

Y el caso de los trenes no es el único en el metro de Madrid. Muchas de las escaleras mecánicas del suburbano de la capital circulan por la izquierda, pero en este punto el caos es mayor, ya que no todas lo hacen. Es decir, si uno ve un par de escaleras mecánicas en el metro, ha de prestar atención al sentido en el que circulan antes de subirse a ellas. E incluso una vez dentro de la escaleras, la dicotomía entre la izquierda y la derecha continúa: un viajero que desee quedarse parado y bajar o subir sin moverse, al ritmo de las propias escaleras mecánicas, debe arrimarse al lado derecho de las escaleras. Por contra, un viajero que tenga prisa y prefiera caminar por las escaleras mecánicas, debe hacerlo por el lado izquierdo.

Y la curiosidad del sentido de la circulación no es la única. La famosa estación fantasma de Chamberí también alimenta conversaciones entre los usuarios del metro, que diariamente cruzan una estación en la que nunca para el metro entre Iglesia y Bilbao. El motivo de que ya no esté operativa es la cantidad de usuarios que tiene el metro. Ante el aumento del uso del suburbano en los años 70, se decidió aumentar la capacidad de los trenes añadiéndoles más vagones. En consecuencia, hubo que ampliar todas las estaciones para que cupieran los nuevos trenes. La ampliación de la estación de Chamberí resultó imposible y Metro de Madrid decidió clausurarla. Eso sí, hoy sigue operativa como museo y como curiosidad histórica de la ciudad.

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