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El Gobierno estudia denunciar por malversación al Parlament por querellarse contra Llarena

El Gobierno está estudiando ya la posibilidad de denunciar por malversación de fondos públicos a la Mesa del Parlament por la querella que va a presentar contra el juez del Supremo Pablo Llarena.

El Gobierno estudia denunciar por malversación al Parlament por querellarse contra Llarena

El Gobierno está estudiando ya la posibilidad de denunciar por malversación de fondos públicos a la Mesa del Parlament por la querella que va a presentar contra el juez del Supremo Pablo Llarena, y lo haría por la vía penal, no a través del Tribunal Constitucional, según informa Efe.

La Mesa del Parlament, con mayoría soberanista, decidió ayer querellarse contra Llarena por presunta prevaricación, pese a las reticencias de los letrados de la Cámara y la oposición y la advertencia del Gobierno de que podrían incurrir en un delito de malversación.

Fuentes del Ejecutivo han informado este sábado de que la abogacía del Estado ha pedido ya la documentación sobre la decisión de la Mesa de presentar la querella. Van a estudiar, han añadido, si esta decisión es constitutiva de un delito de malversación. De ser así, el Ejecutivo iría a los tribunales por la vía penal, han explicado.

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ya advirtió ayer de que la querella que el Parlament ha decidido presentar puede constituir «malversación de fondos, aparte de otros delitos».

La Mesa del Parlament aprobó este viernes en una reunión extraordinaria querellarse contra Llarena con el objetivo de defender los “derechos políticos” de los diputados, después de que el magistrado denegara la salida de prisión del parlamentario de Junts per Catalunya Jordi Sànchez para ser investido presidente de la Generalitat. Los partidos independentistas, que cuentan con mayoría en la Mesa, no han escuchado las voces de la oposición ni de los letrados del Parlament, que consideran que la querella debería ser presentada por partidos políticos o personas concretas ya que no son de “interés común” para el Parlament.

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