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Intervenidas más de 8.000 plantas de marihuana en Andalucía

Foto: Cliff DesPeaux
Reuters

La Guardia Civil ha detenido a nueve personas en Cádiz como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas por cultivar y elaborar plantaciones de marihuana, en una operación en la que los agentes han intervenido más de 8.000 plantas de marihuana “de considerable tamaño, gran cantidad de kilogramos de esta droga secados y listos para su comercialización y dos vehículos utilizados por la red”, informa en un comunicado.

La ‘operación Libreros‘ se inició cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia de un invernadero en la localidad gaditana de Libreros, donde se estarían realizando labores de cultivo y secado de plantas de marihuana. En el transcurso de las investigaciones, “los agentes localizaron una parcela agrícola ubicada en una zona apartada de la pedanía de Libreros que, supuestamente había sido alquilada para realizar labores de cultivo de flores y hortalizas“.

Posteriormente, la Guardia Civil pudo constatar, “tras una minuciosa vigilancia, un fuerte olor a marihuana en dicha parcela agrícola”. Las sospechas aumentaron tras descubrirse que responsables del invernadero habían situado la entrada al recinto en la zona de más difícil acceso y peor visibilidad. “La instalación se encontraba totalmente cerrada, con las ventanas y orificios tapados por planchas metálicas para impedir cualquier observación desde el exterior”, según el texto hecho público.

En la inspección realizada, los agentes encargados de la operación encontraron “más de 8.000 plantas de marihuana perfectamente acondicionadas con todo tipo de elementos para permitir crear las condiciones adecuadas de humedad, iluminación y ventilación para el crecimiento de las plantas”. En el interior de las edificaciones anexas los agentes también descubrieron “numerosas plantas ya extraídas que se encontraban deshojadas y colgadas en un cordel, para su secado, además de numerosas bandejas de malla para el secado de los cogollos, trituradoras, elementos de pesaje y embalado”.

Tras el hallazgo fueron detenidos nueve hombres, todos de nacionalidad española.

Continúa leyendo: La Fiscalía denuncia por sedición a organizaciones independentistas catalanas

La Fiscalía denuncia por sedición a organizaciones independentistas catalanas

Foto: JON NAZCA
Reuters

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha denunciado este viernes por sedición a los presidentes de dos organizaciones independentistas catalanas, por los disturbios ocurridos durante la operación policial de días pasados para evitar la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Aunque la denuncia, suscrita por el teniente fiscal de la AN Miguel Ángel Carballo, no va dirigida contra ninguna persona en concreto, menciona expresamente a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart.

Detalla, asimismo, todos los altercados ocurridos entre el 20 y el 21 de septiembre, cuando una multitud se manifestó ante la Consejería de Economía, donde la Guardia Civil por orden judicial llevaba a cabo un registro, y en el marco de una operación con catorce detenidos.

La denuncia de la Fiscalía señala a la ANC y a Sánchez como responsables de organizar un turno de relevo de voluntarios, “conscientes de que dificultarían la intervención policial“, haciendo un cordón frente a la Consejería de Economía.

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Los Mossos salen de la sede de la ANC en Barcelona. | Foto: Albert Gea

En el texto se explica que Sánchez pidió ante 40.000 personas que nadie se fuera a casa.

A Cuixart también le cita y le sitúa subido, junto a Sánchez, encima de un coche de la Guardia Civil pidiendo mantener la protesta, si bien, al ver que no podía controlar la concentración, pidió posteriormente a los manifestantes que se disolvieran.

“La finalidad última de estas movilizaciones es conseguir la celebración del referéndum para conseguir la proclamación de una república catalana independiente de España, siendo conscientes de que desarrollan una actuación al margen de las vías legales”, mantiene Carballo.

Según la Fiscalía, se han impulsado “movilizaciones generalizadas o movimientos populares para imponer el referéndum independentista inconstitucional por la fuerza de la intimidación, haciendo saber al Estado su intención y capacidad para actuar, incluso violentamente, ante una eventual oposición”.

La denuncia describe que los incidentes fueron protagonizados por “una turba” e interpreta “la sedición”, “forma colectiva y tumultuaria de alzamiento”, como una “rebelión en pequeño”, informa EFE.

Continúa leyendo: Macron adopta la polémica y contestada reforma laboral francesa

Macron adopta la polémica y contestada reforma laboral francesa

Foto: PHILIPPE WOJAZER
AFP

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha aprobado este viernes la polémica reforma del mercado laboral, a pesar de las importantes protestas en contra que ha recibido su proyecto, el primer gran desafío del dirigente centrista, que se ha marcado como objetivo cambiar el país.

Una de la prioridades de la reforma es dar mayor flexibilidad a las empresas para reactivar el empleo en Francia, donde el paro afecta al 9,6% de la población activa.

El texto, fruto de varias semanas de conversaciones con sindicatos y organizaciones patronales, ha sido firmado por Macron en el palacio del Elíseo, en una ceremonia oficial transmitida en directo por televisión en la que el mandatario ha subrayado que esta “reforma inédita” es “indispensable para nuestra economía”.

La reforma entrará en vigor en los próximos días y será posteriormente sometida a un voto en el Parlamento, donde Macron cuenta con una holgada mayoría, para convertirse en ley.

Macron no ha cedido a la presión de las protestas. Cientos de miles de personas se manifestaron en toda Francia, convocadas por sindicatos franceses, en dos jornadas de movilizaciones el 12 y el 21 de septiembre.

“Creo en la democracia, pero la democracia no es la calle“, sentenció el presidente el martes. “Respeto a quienes manifiestan, pero respeto también a los electores franceses que votaron por el cambio”.

Esta reforma, que fue una de las principales promesas de campaña de Macron, tiene como objetivo simplificar el código laboral, considerado como demasiado rígido y complejo para las empresas, con el riesgo de mermar los derechos de los trabajadores, denuncian los sindicatos. Para el gobierno, sin embargo, impulsará el empleo en Francia otorgando mayor flexibilidad a las empresas para contratar y despedir.

El texto incluye también límites a las indemnizaciones por despido improcedente, facilita los despidos en las multinacionales en caso de que estas atraviesen dificultades económicas a nivel nacional aunque su situación sea buena en el extranjero y simplifica las instancias de negociación dentro de las empresas.

El gobierno ha prometido compensar las concesiones a las empresas con mayor seguridad financiera para los trabajadores.

Para los líderes sindicales esta reforma es “desequilibrada” y va “en detrimento de los asalariados”.

Nueva manifestación

Se prevén nuevas manifestaciones en los próximos días, comenzando con la movilización convocada para el sábado por el líder de la izquierda radical francesa, Jean-Luc Mélenchon, quien se ha alzado como el principal opositor a Macron. “El sábado habrá una multitud… estamos apenas comenzando”, advirtió el excandidato a la presidencia, que llamó a todos los franceses a movilizarse contra un “golpe de Estado social y antidemocrático”.

La reforma laboral es una parte fundamental de la agenda de Macron y el primer paso de una revisión más general del modelo social de Francia, que incluirá otros cambios mayores en las prestaciones por desempleo y las pensiones.

El exministro de Economía, que asumió la presidencia en mayo, hizo campaña prometiendo reformar el mercado laboral en Francia para dar a las empresas mayor flexibilidad, siguiendo el modelo escandinavo.

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La Fiscalía pide investigar a los expresidentes del Banco Popular por su quiebra

Foto: ANDREA COMAS
Reuters

La Fiscalía Anticorrupción ha instado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que admita a trámite las querellas contra los expresidentes del Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, así como a sus consejos de administración, por la quiebra de la entidad, reseña EFE. De modo que parece que se convertirá en un caso judicial como el de Bankia.

El pasado 7 de junio el Santander adquirió el Popular por un euro, luego de que el Banco Central Europeo (BCE) sentenciara que el segundo no era viable.

Semanas después el Santander anunció una ampliación de capital por valor de más de 7.000 millones de euros para hacer frente a la adquisición del Popular.

En total, se ha presentado una treintena de querellas por la liquidación del Popular, intervenido el pasado 7 junio en una operación decidida por el BCE a través de la Junta Única de Resolución.

Esa operación implicó la reducción a cero del capital social del banco y la amortización o extinción de todas las acciones del banco admitidas a negociación en Bolsa, añade EFE.

Según fuentes jurídicas, si bien es partidaria de investigar a las antiguas cúpulas del banco, Anticorrupción no ve necesario incluir en las diligencias a los organismos supervisores, el Banco de España y la Comisión Nacional del Merado de Valores (CNMV).

La pérdida del dinero invertido por accionistas del Popular tras su resolución ha activado la vía civil en los juzgados españoles, donde en las últimas semanas se han registrado demanda contra la entidad.

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Los bancos británicos bloquearán las cuentas de los inmigrantes ilegales

Foto: Peter Nicholls
Reuters/Archivo

A partir del próximo enero, los bancos británicos examinarán periódicamente las cuentas de sus clientes y podrán cerrar o bloquear las de los inmigrantes en situación ilegal, informa hoy The Guardian.

En virtud de la Ley de Inmigración de 2016, los bancos estarán obligados a partir de 2018 a efectuar controles para crear lo que el Gobierno denomina un “ambiente hostil”, que disuada de permanecer en Reino Unido a personas con el visado caducado, a quienes se ha denegado asilo y a los delincuentes extranjeros pendientes de deportación.

Las entidades comprobarán el estatus de sus clientes con referencia a una base de datos suministrada por el Ministerio del Interior, en la que constan los detalles de las personas sospechosas de estar en situación ilegal por los motivos anteriores, en torno a unas 6.000, según el diario.

Un portavoz ministerial dijo a The Guardian que los chequeos bancarios, aprobados por el Parlamento en 2016, forman parte del plan del Gobierno para “combatir la inmigración ilegal“, y aseguró que el resto de los ciudadanos “no se verán afectados”.

En caso de detectar los nombres incluidos en la base de datos, los bancos podrán cerrar o congelar esas cuentas, según el periódico, que apunta que habrá salvaguardas para evitar el impago de deudas y otras situaciones límite.

Los afectados podrán recuperar entonces su dinero una vez hayan salido del país, de acuerdo con la nueva legislación.

El director del Consejo por el Bienestar de los Inmigrantes, Satbir Singh, denunció al periódico que “los inmigrantes y minorías étnicas con pleno derecho a residir aquí se verán afectados por la imposición de estos nuevos controles”.

La organización argumenta que errores anteriores cometidos por el Ministerio del Interior demuestran “que no se puede confiar en que se aplicará correctamente el sistema”.

The Guardian recuerda que, como parte de la estrategia gubernamental, se multará además a los caseros que alquilen viviendas a inmigrantes en situación ilegal y a quienes les contraten, y se efectuarán más comprobaciones de los carnés de conducir, entre otras cosas, informa EFE.

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