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Colombia, ante el reto de poder salvar vidas

Raquel Céspedes Guirao

Foto: Raquel Cespedes

El plebiscito convocado es el último acuerdo necesario para poder legitimar el proceso de paz que durante cuatro años han mantenido el Estado colombiano y la guerrilla, y que culminó esta semana con la firma del acuerdo en un histórico acto en Cartagena.

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El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, alias Timochenko, se estrechan la mano tras la firma del acuerdo de paz. (LUIS ACOSTA / AFP)

El debate interno que tienen que dirimir millones de colombianos no es tan simplista como una papeleta lo plantea. No se trata únicamente de un sí o de un no. Se trata de reconstruir un país fracturado por un enfrentamiento armado que acumula 260.000 muertos y casi ocho millones de víctimas. “Con su voto, cada colombiano tendrá un poder inmenso: el poder de salvar vidas”. Así resume el presidente José Manuel Santos, principal valedor del proceso de paz, la responsabilidad que debe asumir el país antes de emitir el voto.

“Yo creo que finalmente se va a imponer el sí. Hay por un lado, diversos sectores que apuestan por el sí, con diferente entusiasmo. Hay sectores que están muy identificados con la paz, hay otros sectores que lo están menos, pero ven que el acuerdo es lo único posible y, sobre todo, que este acuerdo permite evitar la continuidad de la guerra y asegura que en tanto la paz se consolida no habrá más muertos. Por ello, el precio de la paz hace que sea un valor por encima de otras consideraciones”, apunta el investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano, Carlos Malamud.

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Cartel a favor del Sí en el referéndum sobre el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC. ( LUIS ROBAYO / AFP)

Ese precio también implica un gesto difícil de acometer cuando ha habido tanta sangre derramada: el perdón. El reconocimiento de la responsabilidad en la violencia por ambas partes del conflicto ha supuesto un acicate para un exitoso proceso negociador. Las FARC han admitido el dolor causado tras años de violencia, secuestros exprés y extorsiones. “En nombre de las FARC-EP ofrezco perdón a todas las víctimas del conflicto”, aseguró durante su discurso el líder de la guerrilla, alias Timochenko, ya presentado en sociedad con su nombre civil, Rodrigo Londoño. Y el Gobierno, por su parte, reconoció la implicación de agentes del Estado en la matanza, durante los años noventa, de miles de miembros de la Unión Patriótica, un partido formado por guerrilleros desmovilizados. “Esa es la liberación que da el perdón. El perdón que no solo libera al perdonado, sino también –y sobre todo– al que perdona”, recalcó por su parte, el presidente Juan Manuel Santos en el acto de escenificación de la paz.

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Cartel a favor del No en el referéndum sobre el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC. ( LUIS ROBAYO / AFP)

Un contexto favorecedor para la paz

Para entender mejor cómo se ha forjado este hito en Colombia hay que poner en valor el escenario en el que se ha producido. “Uno de los grandes méritos es del propio presidente Santos que confió en la negociación y optó por llegar hasta las últimas consecuencias y en ese sentido supo reunirse de un equipo negociador adecuado. Y en segundo lugar, la situación de las FARC. No estaban derrotadas militarmente, pero sabían que estaban en una clara situación de desventaja estratégica respecto a las fuerzas de seguridad colombianas. Las posibilidades a través de los adelantos tecnológicos de las fuerzas de seguridad y militares colombianas de perseguirlos hasta el último rincón eran cada vez mayores”, explica el investigador Carlos Malamud.

CORRECTS DATE PHOTO TAKEN - In this Aug. 13, 2016 photo, a rebel soldier of the 48th Front of the Revolutionary Armed Forces of Colombia, or FARC, poses for a photo with his dog in the southern jungles of Putumayo, Colombia. As the country’s half-century conflict winds down, with the signing of a peace deal with the Government perhaps just days away, thousands of FARC rebels are emerging from their hideouts and preparing for a life without arms. (AP Photo/Fernando Vergara)
Un soldado rebelde de las FARC posa junto a su perro al sur de la jungla de Putumayo, Colombia. (FERNANDO VERGARA / AP PHOTO)

Durante el Gobierno de Álvaro Uribe, con el actual presidente Juan Manuel Santos como ministro de Defensa, se hizo un esfuerzo militar sin precedentes para combatir a la guerrilla. Durante los ocho años de Uribe, que guardaba una relación emocional con el conflicto armado por el asesinato de su padre a manos de las FARC, se logró disminuir los secuestros y se redujo a la mitad los efectivos de la guerrilla (de 20.00 a 10.000 hombres armados). Sin embargo, a día de hoy, los combatientes seguían secuestrando, asesinando y alimentándose del narcotráfico, limitando así las posibilidades de un futuro en paz para Colombia. Ese enquistamiento ha propiciado la puesta en marcha de una solución negociada que, por primera vez en la historia del país, culmina con un presidente colombiano y un líder guerrillero estrechándose la mano.

Carolina, a rebel of 49th front  of the Revolutionary Armed Forces of Colombia, FARC, poses at a camp in the southern jungles of Putumayo, Colombia, Monday, Aug. 15, 2016. Carolina said she is 18 and has spent three years in the FARC, and would like to study engineering after the peace deal with the government. (AP Photo/Fernando Vergara)
Carolina, guerrillera de las FARC, posa con el uniforme del ejército revolucionario y con ropa de civil. (FERNANDO VERGARA/ AP PHOTO)

Los retos e incertidumbres del proceso

La historia nos ha demostrado que el proceso negociador de un conflicto armado conlleva concesiones por todas las partes implicadas. Los preacuerdos plasmados sobre el papel se enfrentan a la nada desdeñable fase de integrarlos en la sociedad civil. Una tarea que conlleva muchas inquietudes y no pocas certezas. “La negociación de estos cuatro años ha sido relativamente “sencilla” en relación con los desafíos que implica el postconflicto. El primer gran desafío es el plebiscito del domingo, lograr un sí, y cuanto más masivo mejor, servirá para legitimar el proceso de paz. Luego se plantea la puesta en marcha del propio proceso. Primero hay que consolidar la desmovilización y el desarme de las FARC. Una vez ocurrido esto el siguiente paso va en paralelo. Por un lado, está la reinserción social, económica y laboral de los desmovilizados. Y por otro lado, la reinserción política, lo que implica el nada fácil ejercicio de convertir un aparato militar como el de las FARC en un partido político moderno capaz de concurrir a elecciones y obtener buenos resultados”, detalla el profesor Malamud.

Por parte del Estado, los retos no son menores y los esfuerzos son aún mayores. “El Estado colombiano tiene grandes déficits de presencia en algunas zonas ocupadas por las FARC y otros movimientos, por lo que ahora tiene que intentar llegar a los últimos rincones del país. Otro desafío está vinculado con el anterior. Se trata de la construcción de una red de infraestructuras que permita la comunicación con algunas regiones aisladas, por ejemplo la red secundaria de caminos, que llevaba décadas sin que se invirtiera en ella, entre otras cuestiones porque esos caminos podían ser utilizados para la movilización de la guerrilla y esto provocaba el aislamiento de las regiones remotas. Esto implicará grandes inversiones”, advierte el investigador del Real Instituto Elcano.

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Uno de los escollos históricos en el proceso de paz entre el Estado y las FARC es el reparto de la tierras. (FERNANDO VERGARA/AP Photo)

Hay una parte de Colombia que se ha sentido desamparada por las instituciones durante años. Una falta de fé institucional que ha derivado en un miedo aprovechado por la guerrilla para convertir la extorsión en una fuente de ingresos. Si un ciudadano de la zona rural de Colombia no sentía que el Estado le defendía, no le quedaba otra que pagar para que no secuestraran a alguno de sus hijos o, peor aún, evitar que le mataran. La oportunidad que ofrece el proceso de paz supone también una oportunidad para que el Estado recompense tantos años de desamparo hacia la población rural.

Otro de los puntos importantes que constituye un obstáculo para la paz es el reparto de la tierra, un escollo histórico y una de las principales causas que sustentan el conflicto. Una de las grandes preocupaciones de las FARC-EP durante las negociaciones es mejorar la situación de los campesinos. Por eso el primer acuerdo alcanzado durante las negociaciones de La Habana se refería al desarrollo agrario. El acuerdo estima que el Gobierno y las FARC tienen que reunir tres millones de hectáreas, como fondo para campesinos sin tierra. Además, se debe conceder la titularidad de más de 6,6 millones de hectáreas abandonadas por la violencia. La reintegración de los guerrilleros en el campo dependerá de unas nuevas cooperativas que impulsarán proyectos productivos con fondos públicos. Si durante la puesta en marcha de este proyecto hubiera alguna diferencia o falta de consenso ya no serán las armas las que se impongan al debate.

In this Aug. 12, 2016 photo, rebels of the 48th Front of the Revolutionary Armed Forces of Colombia walk on a makeshift footbridge in the southern jungles of Putumayo, Colombia. With the peace accords about to signed between the FARC and the governemt, gone are the days when they had to change camp every few days for fear of being stunned in their sleep by bombs falling from the skies.  (AP Photo/Fernando Vergara)
El acuerdo entre el Gobierno y las FARC estima que se tienen que reunir tres millones de hectáreas para los campesinos sin tierra. (FERNANDO VERGARA/AP Photo)

Una vez se lleve a cabo el desarme de la guerrilla, la política será el terreno donde el Gobierno y las FARC dirimirán sus diferencias, siendo este el principal hecho histórico. “Uno no negocia con los amigos, negocia con los enemigos. Y toda negociación supone cesiones y concesiones. La contrapartida es algo inaudito y de lo que se habla muy poco. Las FARC han aceptado el orden constitucional colombiano y esto es un logro totalmente desconocido, y supone un gran avance en la normalización democrática del país. Que las FARC reconozcan la Constitución colombiana, la ley colombiana y las instituciones colombianas es un paso positivo e importante”, destaca Malamud.

¿Habrá condenas para los guerrilleros?

Otro de los puntos más difíciles de implementar será la justicia que se aplicará a los terroristas. Por segunda vez en su historia en medio de un proceso de paz con un grupo armado ilegal, el Estado colombiano ha acordado un modelo de justicia transicionalque permitirá penas alternativas para responsables de delitos de guerra y de lesa humanidad a cambio de verdad, reparación a las víctimas y compromisos de no repetición. Esto no quiere decir impunidad total. Los responsables de delitos atroces, como el secuestro, pagarán hasta ocho años de “restricción efectiva de la libertad”, es decir, no estarán en una cárcel, sino que se someterán a las condiciones acordadas por el Tribunal Especial para la Paz. Esa libertad condicionada sólo será posible si confiesan sus crímenes antes del juicio, si lo hacen durante el proceso su privación de libertad sí será en una cárcel. Y en el caso de que no lleguen a confesar sus delitos o sean derrotados en juicio, deberán cumplir una pena de 20 años de prisión. En todo caso, haber participado en un proceso colectivo de paz es el salvoconducto para acceder al nuevo modelo de justicia.

Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) leader Ivan Marquez (R) embraces a victim of the 1994 La Chinita slaughter as a gesture of atonement in  Apartado, Antioquia department, Colombia on September 30, 2016.  On January 23, 1994, a group of FARC guerrillas, stormed into La Chinita neighborhood, shooting indiscriminately and killing 35 people in which was one of the first massacres committed by the FARC. / AFP PHOTO / RAUL ARBOLEDA
Iván Márquez, miembro del Secretariado de las FARC, abraza a una de las víctimas de la masacre de La Chinita: “Ese atentado no debió suceder”. (RAUL ARBOLEDA/ AFP PHOTO)

Carlos Malamud también apunta como posible escollo en el proceso de paz el papel que jugará el Tribunal Constitucional, que podría invalidar algún punto del acuerdo o alguna votación del Congreso. “Pero teniendo en cuenta que el tiempo juega a favor de los acuerdos, cuanto más tiempo pase más posibilidad habrá de que la paz se implante, triunfe y consolide en Colombia”, matiza.

¿Y las víctimas?

El éxito que ha llevado a la firma de un acuerdo de paz se explica en parte por la participación en el mismo de las víctima del conflicto. El proceso de paz de Santa Fe Ralito, uno de los últimos intentos de Uribe por lograr lo que ha logrado Santos, no contó con la voz de las víctimas de los paramilitares. Mientras que en el proceso de paz de La Habana participaron un grupo de 60 víctimas del conflicto armado en Colombia, que tuvieron la oportunidad de decirles a los guerrilleros el dolor que les habían causado.

Pese a los avances conseguidos, aún hay voces críticas y contrarias al proceso de paz. Voces tan autorizadas como los ex presidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana están haciendo campaña por el “no” en el referéndum de este domingo por las claudicaciones que a su juicio ha hecho el Gobierno con los guerrilleros. Pero, incluso entre los críticos con el proceso, emergen voces a favor del sí, como es el caso del director ejecutivo de Américas de Human Rights Watch, José Vivanco. “Si se quería sumar a las FARC a un acuerdo de este tipo era necesario aceptar algunas condiciones. Y toda negociación supone cesiones y concesiones”, arguye el profesor Malamud.

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En este proceso de paz se ha escuchado por primera vez a las víctimas del conflicto armado. (RAUL ARBOLEDA/AFP PHOTO)

Entre las víctimas, como es comprensible, los argumentos a favor o en contra del proceso son igual de válidos y respetables. Una de esas víctimas es el escritor y periodista colombiano, Héctor Abad Faciolince, que perdió a su padre Héctor Abad Gómez tras ser asesinado por los paramilitares y un ex cuñado suyo fue secuestrado por las FARC hasta en dos ocasiones. Es una voz autorizada para hablar del daño ocasionado por un conflicto que dura ya 52 años y conocer su opinión pone de manifiesto los valores que han propiciado la firma de un acuerdo entre la guerrilla y el Estado. Faciolince escribe en este recomendable artículo que su ex cuñado, víctima de las FARC, es partidario del no. Sin ánimo de convencerle de que su postura no es la correcta, le lanza una pregunta, que al mismo tiempo le responde: “¿No es mejor un país donde tus mismos secuestradores estén libres haciendo política, en vez de un país en que esos mismos tipos estén cerca de tu finca, amenazando a tus hijos, mis sobrinos, y a los hijos de tus hijos, a tus nietos? La paz no se hace para que haya una justicia plena y completa. La paz se hace para olvidar el dolor pasado, para disminuir el dolor presente y para prevenir el dolor futuro”.

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La comunidad internacional se manifiesta acerca de la votación de la Constituyente de Maduro

Redacción TO

Foto: Henry Romero
Reuters

La jornada electoral de este domingo 30 de julio en el que los venezolanos estaban llamados a escoger los 545 asambleístas que se sentarán a reformar la Constitución de Venezuela, convocada por el presidente Nicolás Maduro, y condenada por un amplio sector de la comunidad internacional, ha llegado a su fin, luego de haber sido extendida por una hora por el Consejo Nacional Electoral.

Esta tensa jornada ha dejado hasta el momento 16 fallecidos, según informó Henrique Capriles en rueda de prensa a las 3:00 am (hora peninsular de España), con lo que la cifra de muertos asciende a 125 desde que el 1 de abril se iniciaron las protestas en contra del Gobierno.

A mediados de la tarde de este domingo (hora local de Venezuela) gobiernos y líderes internacionales comenzaron a expresar su opinión acerca de esta consulta que se ha realizado sin haber cumplido el debido proceso que especifica la actual constitución y con un restringidísimo acceso a la prensa y a los observadores internacionales.

Al poco tiempo de finalizar la jornada, las cancillerías de Perú, Argentina y Brasil twittearon sus comunicados.

Parte del comunicado de Brasil afirma que “la iniciativa del gobierno de Nicolás Maduro viola el derecho al sufragio universal, irrespeta el principio de soberanía popular y confirma la ruptura del orden constitucional en Venezuela“.

A la 1:38 am (hora peninsular) Chile sacó su comunicado: “El Gobierno de Chile manifiesta su profunda decepción ante la decisión del Gobierno venezolano de haber materializado el día de hoy un proceso de elección de representantes a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sin las más mínimas garantías para una votación universal y democrática, ni cumplir con los requisitos establecidos en la propia Constitución de ese país. Esta decisión ilegítima ha profundizado aún más la división en la sociedad venezolana.” Se puede leer en el primer párrafo del comunicado del gobierno de Chile.

A la 2:13 am (hora peninsular) la Secretaría de Relaciones Exteriores de México se pronunció destacando que las medidas instrumentadas a lo largo del día, sembraron temor entre la población e impidieron la libre manifestación pacífica y el trabajo de la prensa, reflejando el nivel de intolerancia que prevalece a lo largo del país. Y asimismo señala que “es momento de privilegiar el diálogo y la reconciliación.”

El presidente de Panamá Juan Carlos Varela, por su parte, expresaba su condena desde su cuenta personal.

Al igual que el ex primer ministro francés Manuel Valls. En su tweet se lee: “Esto que pasa en Venezuela requiere una reacción más firme. Maduro busca imponer una dictadura. La comunidad internacional debe reaccionar.”

Asimismo, el ex presidente de Colombia, Andrés Pastrana, quien se ofreció de observador en el pasado plebiscito convocado por la oposición el 16 de julio y quien fuera declarado persona non grata por el gobierno de Nicolás Maduro, también ha expresado su opinión por Twitter.

También se ha sumado a las críticas internacionales Paraguay, cuyo Ministerio de Asuntos Exteriores asegura que no reconoce ni la convocatoria ni los resultados de la Asamblea Constituyente de Venezuela.

Estados Unidos, que en los últimos días ha impuesto sanciones a funcionarios y exfuncionarios venezolanos y ha sacado a su personal diplomático del país, ha condenado en un comunicado del Departamento de Estado las elecciones “impuestas” para la Asamblea Constituyente, que “disminuyen el derecho de los venezolanos a la auto determinación”.

“Estados Unidos apoya a la gente de Venezuela, y a sus representantes constitucionales, en su búsqueda para restaurar su país y convertirlo en una próspera democracia”, dice el comunicado.  Además, Estados Unidos pide a los Gobiernos de todo el mundo que tomen acciones contra aquellos que “minan la democracia, niegan los derechos humanos, son responsables de violencia y represión o están involucrados en prácticas corruptas”.

Nikky Haley, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, califica a la elección como una farsa y agrega que es un paso más hacia el establecimiento de una dictadura. “No aceptaremos un gobierno ilegítimo, el pueblo y la democracia venezolana prevalecerán”, agrega.

Otro país que ha rechazado la Constituyente ha sido Canadá, que pide al Gobierno venezolano que libere a todos los presos políticos y devuelva sus derechos constitucionales a los venezolanos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha señalado que “el Gobierno de España estudiará, junto con sus socios de la Unión Europea y países amigos de la región, las medidas adicionales que puedan ser efectivas para promover una restauración de la institucionalidad democrática y constitucional en la República Bolivariana de Venezuela.”

También han manifestado su opinión los Socialistas Españoles en el Parlamento Europeo.

Respecto a los representantes de los principales políticos españoles, el único en manifestarse públicamente respecto al proceso de la Constituyente ha sido Alberto Garzón, de Izquierda Unida, que responsabiliza a la oposición de la violencia en Venezuela y asegura que quienes votaron el domingo en las elecciones para la Constituyente han votado a favor de la paz y el futuro del país.

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Sexo furtivo junto al Templo de Debod

Néstor Villamor

Foto: Thomas Eakins
Amon Carter Museum

Oscuridad y silencio. Matorrales frondosos y sombras. Se mueven sin hacer ruido. Susurran. Son sigilosos. Son discretos. Son hombres, decenas de ellos, que se reúnen en los jardines aledaños al Templo de Debod, en el madrileño Parque del Oeste, para mantener relaciones sexuales con desconocidos al caer el sol. Cada noche son distintos los hombres, pero siempre es igual la mecánica: encuentros furtivos con extraños entre los arbustos.

A medianoche de un lunes cualquiera, la fiesta ya ha arrancado hace rato pero es ahora cuando empieza a haber más movimiento. La hora punta de la jornada, la happy hour. No es, sin embargo, la noche más concurrida con la que uno puede toparse. “Cuando más gente viene es el fin de semana, a última hora“, aclara un habitual de la zona. Los viernes y sábados a las seis o siete de la madrugada, puntualiza, acuden aquellos que, tras no haber tenido suerte en bares y discotecas, quieren desahogarse y acuden al parque a practicar cruising, como se conoce a esta práctica.

Los escenarios de la acción son el recinto del ahora abandonado restaurante El molino de los porches (cuya alambrada está oportunamente rota en dos puntos distintos) y los matorrales que lo rodean. En el suelo, abundan los residuos plásticos, recuerdo de pasiones pretéritas; en el aire, el hedor es intenso. Entre la valla del restaurante y los arbustos circundantes hay una suerte de pasadizo del que entra y sale un goteo constante de hombres. Un lugar para ver y ser visto, cubierto siempre por la intimidad que proporciona la vegetación. Las pisadas de esa especie de pasillo han hecho que ya no crezca allí el césped: ahora solo hay tierra y hojas caídas. Algunos usuarios fingen hacer footing en ese jardín, vestidos únicamente con calzado deportivo y un bañador. Es decir, están a una prenda de la desnudez. La elección del atuendo no es casual: será útil minutos después.

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Los residuos que dejan los ‘cruisers’ se amontonan en la zona. | Foto: Néstor Villamor / The Objective

No hay códigos establecidos entre los participantes (algunos veinteañeros, algunos sexagenarios; algunos con camisa, algunos con chándal). El primer contacto es tan simple como efectivo: “Métele mano, aquí con timidez no te vas a comer una rosca, vete a saco”, aconseja un veterano. Tiene razón. Esa suele ser la mecánica. La parte del cuerpo que se estimule en este primer paso revela el rol sexual de cada uno y establece el tipo de relación que se busca. Si el compañero acepta el tocamiento, empieza el juego; si no, se busca otro.

Los acercamientos pueden rozar la agresividad. Un hombre mira de arriba abajo a otro, que inmediatamente le da la espalda en señal de rechazo. Error de novato. El primero no se rinde y acto seguido… frottage. Movimientos violentos y rápidos. Manos convenientemente colocadas rodeando la cintura de su desprevenido compañero para reducir su movilidad.

—Para.

—…

—Para.

—…

—¡Que pares! —finalmente, el cruiser afloja las manos tras un leve forcejeo.

—¿Te vienes conmigo al coche?

—No.

—Te doy cien euros: te llevas propina. Tengo el coche aquí al lado.

—No… ¿Cuántos años tienes?

—Treinta y cinco —miente; supera holgadamente los cincuenta.

Los hay más recatados, cuya técnica es menos invasiva: una mirada de unos pocos segundos a los ojos, un acercamiento de un paso, otro paso. Se establece un contrato tácito de confianza para jugar con el cuerpo del compañero. Algunos comienzan desabrochándose la cremallera, otros prefieren preguntar primero el rol sexual de su interlocutor. Hechas las presentaciones, los participantes pueden continuar su actividad en el pasadizo o en el recinto vallado del restaurante (donde se exponen a las miradas, e incluso a la interacción, de terceras personas) o retirarse a otros jardines que, si bien no tienen lugares tan ocultos, sí están mucho menos concurridos.

Sexo grupal y popper

Uno de los pseudodeportistas ha prescindido del bañador y, entre los matorrales, se divierte con otros tres compañeros. Gang bang. Comparten cuerpos y popper. A unos metros de distancia, otros cuatro hombres hacen manualidades. Mientras, finaliza el ménage à trois que venía celebrándose a las puertas del restaurante y un usuario solitario continúa dando vueltas por el recinto. Buscando, buscando, buscando.

Todo el fenómeno es imperceptible para un viandante que desconozca lo que ocurre. De hecho, en el cercano restaurante Palacete de Rosales, la gente toma algo, charla y ríe, ajena a lo que ocurre a unos treinta metros. Una encargada del establecimiento, que prefiere no identificarse, asegura que los trabajadores conocen la actividad. Y no les molesta, afirma. “Son muy tranquilos, no hacen ruido”, explica. Los que sí “dan problemas”, se queja, son los indigentes que viven allí como okupas, porque “hacen ruido” y cuando se acercan a pedir limosna “molestan a los clientes”.

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El escenario del ‘cruising’, de día. De noche, en la parcela de la izquierda tiene lugar la actividad sin que se enteren los clientes del local de la derecha. | Foto: Néstor Villamor / The Objective

También molestan a los cruisers, explica un usuario. “Hay un gitano que, si oye ruidos, se despierta y a veces sale con una botella gritando y dice que va a llamar a la policía”, advierte. Pero esto tampoco es un inconveniente ni un freno. En la cercana comisaría de la Unidad Integral de la Policía Municipal del distrito de Moncloa, un agente que prefiere no dar su nombre explica que, mientras mande la discreción y el consentimiento mutuo y, sobre todo, mientras no haya menores delante, no hay delito. Además, en los “cerca de diez años” que lleva funcionando la zona, no ha habido incidentes notables, dice el agente. El Ayuntamiento de Madrid tiene una versión ligeramente diferente. Efectivamente, practicar sexo en lugares públicos no está tipificado como delito, pero la capital tiene una ordenanza —señala una responsable del Consistorio— que contempla estas actividades como una “infracción que puede suponer una sanción”. Ahora, esta normativa está abierta a interpretaciones: “No es lo mismo que estén en un lugar abierto que si están escondidos para que nadie les pille”, matiza la misma fuente. ¿Qué hace, entonces, la policía? “A veces te piden que les enseñes el DNI, pero tú estás paseando, no estás haciendo nada malo”, se excusa el cruiser que previamente recomendaba vehemencia.

¿Qué busca un cruiser?

“Lo que hace atractivo al cruising es lo furtivo de la práctica. Mantener relaciones con personas que no conoces absolutamente de nada, en espacios públicos o al aire libre, de manera anónima y sin compromiso, sin prolegómenos y con el riesgo de poder ser visto por otras personas”, explica Héctor Galván, psicólogo, sexólogo y director clínico del Instituto Madrid de Sexología. “El cruising cultiva la parte más irracional de nosotros mismos, la faceta más instintiva, el desprendimiento de prejuicios y escrúpulos para rendir culto al placer sexual”. Galván considera el cruising una expresión más de la sexualidad. Él mismo lo explica: “Definitivamente, tener una vida sexual activa y no convencional no es patológico, siempre y cuando no se utilice el sexo como una vía de escape compulsiva para aliviar un malestar emocional o afectivo”. Y ahonda: “Hay otros factores a tener en cuenta para considerar o no esta práctica como patológica. Si la búsqueda constante de estos encuentros domina los pensamientos de la persona, si afecta directamente en otras áreas de su vida, o si pone en riesgo su salud de manera imprudente, es probable que la práctica pase de ser simplemente una preferencia sexual a un comportamiento patológico”.

Dicen los usuarios de la zona que el Parque del Oeste no suele ser un lugar peligroso para estas actividades, pero recomiendan dejar el móvil y la cartera en casa o en el coche. “A veces, sobre todo los fines de semana”, aclara uno de ellos, “vienen rumanos y marroquíes a robar y hay que tener cuidado”. Con lo que también hay que tener cuidado es con que no se venga abajo el restaurante, un edificio propiedad del Ayuntamiento. El inmueble está en desuso desde que finalizó “una antigua concesión” a la que ahora nadie concursa, explica el Consistorio. Tras un “pequeño incendio” registrado el pasado 6 de abril, “Patrimonio y bomberos inspeccionaron el edificio”, determinaron que está “en pésimo estado” y el Ayuntamiento ha decidido derribarlo. El Consistorio, que no ha concretado la fecha de la demolición, asegura que la decisión “no es una judicalización” de las actividades de cruising y okupación, “sino una cuestión de seguridad”. Queda por ver si los usuarios continuarán con su actividad tras la operación o si migrarán a otras zonas (el aparcamiento exterior de Las Ventas o el Parque del Retiro son dos opciones, según un portal especializado).

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El Ayuntamiento demolerá el edificio del antiguo restaurante El molino de los porches por estar “en pésimo estado”. | Foto: Néstor Villamor / The Objective

De momento, la fiesta continúa. A las dos de la madrugada se encienden los aspersores en el jardín del pasadizo. El chorro que riega el césped, sin embargo, no detiene la actividad. Doce horas después, sobre la una y media de la tarde, un grupo de amigos hace picnic en ese mismo jardín.

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'Workaholic' o la imposibilidad de desconectar del trabajo

Verónica F. Reguillo

Foto: Richard Drew
AP Photo

“Me di cuenta de mi adicción en 2008, cuando acabé mi máster y después de haber cursado el doctorado durante cinco años en las mejores universidades y consiguiendo las mejores becas. Mi obsesión y compulsión por obtener los mejores trabajos me llevaron a la actividad y a la preocupación constante por el trabajo y el dinero. Me di cuenta de que me enfadaba fácilmente con cualquier persona y con las relaciones humanas en general, que no me servían para mis objetivos profesionales”.

Así es como nos relata Jorge el sufrimiento que le provocaba su adicción al trabajo. Lleva casi ocho años asistiendo al grupo estadounidense Workaholics Anonymous, un programa sin ánimo de lucro en el que “nos ayudamos mutuamente en base a la experiencia colectiva de los adictos al trabajo”. Este grupo también tiene sesiones online gratuitas presenciales, telefónicas y por Skype.

“Comencé a aislarme de mi familia; a sentir un cansancio crónico que me mantenía en un constante mal humor y me provocaba estados de ira cuando las cosas no salían como quería y que ocultaban, en realidad, mi miedo al fracaso, a perder el prestigio y el reconocimiento de los demás. Mi baja autoestima se ocultaba bajo las máscaras de la propiedad, el dinero y el prestigio”.

“El estrés ciega los ojos del alma”

Al igual que Jorge, la coordinadora del grupo Workaholics Anonymous aún se está recuperando de la misma adicción. Tiene 39 años, y lleva cuatro asistiendo a las sesiones de este colectivo. JC -así prefiere que la citemos- cuenta a The Objective que esta problemática la arrastró a la “soledad, a la pérdida de amigos y al egoísmo en las relaciones sentimentales”. A todos estos efectos más psicológicos, JC suma un dolor abdominal crónico y problemas cardiacos relacionados con el estrés.

'Workaholic' o la imposibilidad de desconectar del trabajo
El estrés vivido en determinados trabajos hace que sea muy difícil la desconexión. | Foto: Richard Drew / AP Photo

Las consecuencias psicológicas y las somáticas son las que, generalmente, sufren las personas adictas al trabajo. El catedrático emérito de Psicología y Psiquiatría Médica de la Universidad Complutense de Madrid, Francisco Alonso Fernández, las traduce en la depresión y la enfermedad cardiovascular que pueden llegar incluso a causar la muerte. “El estrés ciega los ojos del alma” y dificulta el disfrute de las cosas pequeñas, cotidianas; de las relaciones humanas en nuestro tiempo libre, explica Franciso Alonso.

Los denominados workaholic “tienen imposibilidad de dedicar tiempo satisfactorio a las relaciones humanas, a las relaciones de familia, a las diversiones”. Este psiquiatra y autor, entre otros libros, de Las nuevas adicciones afirma que “cada vez hay más adictos al trabajo” que han encontrado su complemento perfecto en las nuevas formas de comunicación (WhatsApp, acceso al email corporativo a cualquier hora, facebook, etc)

Los expertos coinciden en que tiene que haber una personalidad vulnerable a este tipo de adicción pero Francisco Alonso pone el foco también en los factores ambientales. El trabajo es “como la segunda cuna” que de alguna manera te hace, te forma y te influye en tu desarrollo a todos los niveles. “El ambiente de trabajo puede estimular la adicción o puede moderarla. Las empresas que más cultivan la adicción al trabajo son las empresas que se preocupan exclusivamente de los rendimientos, y en las que hay muy poca relación entre los trabajadores”. Es ahí cuando entra en juego el estrés que no deja apagar el cerebro.

Por su parte, el psicólogo clínico y psicoterapeuta Fernando Mansilla asegura que las nuevas tecnologías y formas de comunicación son solo “un elemento precipitante” y es la propia personalidad de cada uno la que tiene más peso a la hora de desarrollar esta adicción. “Para que haya un elemento precipitante tiene que haber una personalidad subyacente que sea vulnerable a este problema. Una persona que no puede desconectar del trabajo tiene una dependencia emocional al trabajo”.

“Perfeccionistas, narcisistas y con baja autoestima”

Mansilla afirma a The Objective que no es tan sencillo ser un adicto al trabajo propiamente dicho. Este psicólogo describe ciertas cualidades imprescindibles en una persona adicta o vulnerable de serlo:

1. Perfeccionistas y con baja autoestima.

2. La mayoría de los adictos al trabajo son personas con un puesto de responsabilidad y con posibilidades de ascenso, es decir, que están inmersos en una problemática donde tienen cierto grado de competencia con los compañeros.

3. Personas narcisistas que cuando consiguen puestos con poder se deshumanizan.

Los adictos al trabajo suelen trabajar más de 12 horas diarias y “están más pendientes del trabajo que de su familia”, nos cuenta Fernando Mansilla. “Quizá el adicto al trabajo sea el último en darse cuenta de que lo es, pero su familia y sus amigos sí lo sabrán”.

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En Japón, la muerte por exceso de trabajo o karoshi está afectando a muchos trabajadores. | Foto: Toshifumi Kitamura / AFP

¿Se debería regular por ley este problema?

En numerosas ocasiones, y cada vez más, tanto los adictos al trabajo como las personas que no lo son, reciben comunicaciones fuera del horario laboral por parte de los responsables o jefes de las empresas, algo que genera dos tipos de estrés en los trabajadores, según el psicólogo clínico, Fernando Mansilla. “Sufren por un lado por el trabajo, porque las demandas pueden ser a cualquier hora y no se tiene control sobre ellas; eso es estrés laboral. Pero además se sufre estrés familiar porque cada vez que llaman al trabajador, este se tiene que marchar y puede darse un problema con su familia. Vive amenazado por dos tipos de estrés”.

“El 56% no puede desconectar en sus vacaciones”

La reacción de una persona adicta al trabajo ante estas interferencias en periodos de descanso es diferente a la del resto de trabajadores, o eso es lo que afirma la especialista en psiquiatría Rosa Sender, autora del libro El trabajo como adicción. “El sujeto que no tiene una adicción al trabajo maldice al jefe que le pone correos o mensajes fuera de horario laboral. Estamos viendo cómo se intenta reglamentar este asunto en algunos países, lo que da idea del grado de interferencia que ha alcanzado. Sin duda los sujetos adictos al trabajo han sido los promotores del conflicto”. Según Sender, las personas con este problema aprovechan las nuevas formas de comunicación para estar “todo el día conectadas con rapidez a sus asuntos y evitar lo que entienden como esperas inútiles”.

Y sí, hay países que están regulando la llamada desconexión digital como es el caso de Francia, donde a principios de este 2017 entró en vigor una ley que no exige apagar el teléfono ni prohíbe el envío de correos electrónicos, pero sí insta a buscar soluciones negociadas entre los agentes sociales y las empresas. Quizá lo más novedoso de todo esto sea que se haya puesto sobre la mesa un problema que se ha incrementado en los últimos años y que cada vez afecta a un mayor número de trabajadores.

'Workaholic' o la imposibilidad de desconectar del trabajo 3
Algunos aprovechan las salas habilitadas para descargar el estrés rompiendo objetos. | Foto: Koji Sasahara / AP Photo

En España tienen vigencia normativas y tratados internacionales que protegen el derecho al descanso y la salud de los trabajadores, asegura Ana Gómez Hernández, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas (Asnala). “Los trabajadores por cuenta ajena están muy protegidos. El tiempo que dedican al trabajo tiene una limitación y tiene unos descansos que están muy regulados. Todo aquello que sobrepase del tiempo de trabajo ordinario entra en materia de horas extraordinarias y hay regulación abundante que limita todo ese tipo de cosas”. Sin embargo, la regulación es una cosa y la realidad es otra. Según un estudio publicado por Randstad, el 39% de los trabajadores en España no desconecta durante sus vacaciones, pero actúa así por voluntad propia; sin embargo, un 56% afirma que tampoco desconecta y alega que no lo hace porque su responsable espera que esté pendiente del teléfono o del correo electrónico.

Ante todo esto, la vicepresidenta de Asnala afirma que las normativas vigentes en España y en otros países de Europa “se han quedado bastante atrás, y la revolución digital, la influencia de las nuevas tecnologías en las relaciones de trabajo no tienen plasmación en nuestro ordenamiento”. Además, asegura que la normativa francesa es una buena noticia ya que “ha puesto nombre a la desconexión, y muy acertadamente porque es una demanda de la sociedad”.

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El despliegue público contra crisis privadas

Antonio García Maldonado

Foto: Francisco Seco
AP Photo

La intervención de Electricaribe por parte de las autoridades colombianas es un ejemplo interesante de una de las debilidades empresariales españolas en su proceso de internacionalización, que además afecta a eso que hemos dado en llamar Marca España. La mala gestión privada se convierte en un problema público para el país de origen de la inversión, no sólo para el de destino. Pensemos en el deterioro internacional de la imagen de España tras el caso de Panamá y Sacyr, o el de OHL y el AVE a la Meca.

Las ayudas explícitas, discretas o directamente opacas que el Estado provee a muchas empresas en sus grandes inversiones se basan también en el Too Big to Fail, esto es, en el chantaje. Todo un país se convierte en rehén de decisiones corporativas erradas fruto bien de malas prácticas habituales (como la de acudir a concursos internacionales con precios artificialmente bajos) o bien de una pésima o inexistente gestión de la anticipación de riesgos. La diplomacia española lidia con demasiadas crisis privadas cuando ya se han convertido en problemas políticos de todos.

No es tanto que el gasto público de dinero y esfuerzo en estas crisis sea cuestionable –que lo es– sino que el Primo de Zumosol público entra cuando el daño ya está hecho y dejará cicatriz. Solo queda, por tanto, minimizarlos, no evitarlos. Y existe el coste de oportunidad: mientras el Estado saca las castañas del fuego a quienes no debe, deja de atender otras obligaciones que se le presuponen más propias. Habría que comenzar por endurecer y redefinir qué debe considerar el Estado de “intereses estratégico” cuando una compañía privada de las dimensiones de las que hablamos pide ayuda de forma pública, tácita u opaca.

En el caso Electricaribe, Colombia acusa a la filial de Gas Natural de no invertir en mejoras de un suministro malo y que ve peligrar. La empresa replica que los impagos de organismos públicos y clientes privados hacen inviables esas inversiones. ¿Quién tiene razón ante el próximo arbitraje del Banco Mundial? En parte, los dos. Gas Natural reclama 355 millones de euros a organismos públicos morosos, cifra que Colombia reduce a 50. Unos blanden contadores, otros, libros contables. ¿No sabía Gas Natural en qué región colombiana entraba? ¿Creyó en las cifras de los registros públicos y libros contables privados con los que estudió la operación? ¿Alguien con hilo directo con la empresa se dio un paseo en coche durante unos días por la zona para comprobar de primera mano que lo que se observaba concordaba con lo que se leía en los panfletos de los intermediarios? Cuesta imaginar a empresas estratégicas francesas cometiendo estos errores en África, o a las alemanas en el este de Europa, sus zonas naturales de influencia económica. En el contexto de la expansión internacional llevan décadas de ventaja en la recogida y utilización eficiente de información con unidades internas de inteligencia competitiva. Prevén y previenen más crisis. No se las endosan al Estado y a los contribuyentes.

La implicación de cualquier organismo público para ayudar en casos como los de Gas Natural en Colombia, Sacyr en Panamá, OHL en Arabia Saudí o Unión Fenosa en Nicaragua deberían ser objeto de debate e investigación natural en el Congreso de los Diputados, no con intención punitiva sino pedagógica sobre el valor de la información corporativa. Se trata también de prever y prevenir riesgos en vez de gestionar crisis que afectan a nuestra reputación como país. No se puede competir en una economía globalizada con algunas de las prácticas con las que lo hacen algunas grandes empresas españolas. Y si se puede, no se debe, porque afecta a las arcas y a la reputación pública de todos. Esta debería ser la tarea principal del Alto Comisionado para la Marca España. Un vistazo rápido a algunos Consejos de Administración de las grandes no ayuda a ser optimista.

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