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Colombia, ante el reto de poder salvar vidas

Raquel Céspedes Guirao

Foto: Raquel Cespedes

El plebiscito convocado es el último acuerdo necesario para poder legitimar el proceso de paz que durante cuatro años han mantenido el Estado colombiano y la guerrilla, y que culminó esta semana con la firma del acuerdo en un histórico acto en Cartagena.

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El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, alias Timochenko, se estrechan la mano tras la firma del acuerdo de paz. (LUIS ACOSTA / AFP)

El debate interno que tienen que dirimir millones de colombianos no es tan simplista como una papeleta lo plantea. No se trata únicamente de un sí o de un no. Se trata de reconstruir un país fracturado por un enfrentamiento armado que acumula 260.000 muertos y casi ocho millones de víctimas. “Con su voto, cada colombiano tendrá un poder inmenso: el poder de salvar vidas”. Así resume el presidente José Manuel Santos, principal valedor del proceso de paz, la responsabilidad que debe asumir el país antes de emitir el voto.

“Yo creo que finalmente se va a imponer el sí. Hay por un lado, diversos sectores que apuestan por el sí, con diferente entusiasmo. Hay sectores que están muy identificados con la paz, hay otros sectores que lo están menos, pero ven que el acuerdo es lo único posible y, sobre todo, que este acuerdo permite evitar la continuidad de la guerra y asegura que en tanto la paz se consolida no habrá más muertos. Por ello, el precio de la paz hace que sea un valor por encima de otras consideraciones”, apunta el investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano, Carlos Malamud.

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Cartel a favor del Sí en el referéndum sobre el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC. ( LUIS ROBAYO / AFP)

Ese precio también implica un gesto difícil de acometer cuando ha habido tanta sangre derramada: el perdón. El reconocimiento de la responsabilidad en la violencia por ambas partes del conflicto ha supuesto un acicate para un exitoso proceso negociador. Las FARC han admitido el dolor causado tras años de violencia, secuestros exprés y extorsiones. “En nombre de las FARC-EP ofrezco perdón a todas las víctimas del conflicto”, aseguró durante su discurso el líder de la guerrilla, alias Timochenko, ya presentado en sociedad con su nombre civil, Rodrigo Londoño. Y el Gobierno, por su parte, reconoció la implicación de agentes del Estado en la matanza, durante los años noventa, de miles de miembros de la Unión Patriótica, un partido formado por guerrilleros desmovilizados. “Esa es la liberación que da el perdón. El perdón que no solo libera al perdonado, sino también –y sobre todo– al que perdona”, recalcó por su parte, el presidente Juan Manuel Santos en el acto de escenificación de la paz.

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Cartel a favor del No en el referéndum sobre el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC. ( LUIS ROBAYO / AFP)

Un contexto favorecedor para la paz

Para entender mejor cómo se ha forjado este hito en Colombia hay que poner en valor el escenario en el que se ha producido. “Uno de los grandes méritos es del propio presidente Santos que confió en la negociación y optó por llegar hasta las últimas consecuencias y en ese sentido supo reunirse de un equipo negociador adecuado. Y en segundo lugar, la situación de las FARC. No estaban derrotadas militarmente, pero sabían que estaban en una clara situación de desventaja estratégica respecto a las fuerzas de seguridad colombianas. Las posibilidades a través de los adelantos tecnológicos de las fuerzas de seguridad y militares colombianas de perseguirlos hasta el último rincón eran cada vez mayores”, explica el investigador Carlos Malamud.

CORRECTS DATE PHOTO TAKEN - In this Aug. 13, 2016 photo, a rebel soldier of the 48th Front of the Revolutionary Armed Forces of Colombia, or FARC, poses for a photo with his dog in the southern jungles of Putumayo, Colombia. As the country’s half-century conflict winds down, with the signing of a peace deal with the Government perhaps just days away, thousands of FARC rebels are emerging from their hideouts and preparing for a life without arms. (AP Photo/Fernando Vergara)
Un soldado rebelde de las FARC posa junto a su perro al sur de la jungla de Putumayo, Colombia. (FERNANDO VERGARA / AP PHOTO)

Durante el Gobierno de Álvaro Uribe, con el actual presidente Juan Manuel Santos como ministro de Defensa, se hizo un esfuerzo militar sin precedentes para combatir a la guerrilla. Durante los ocho años de Uribe, que guardaba una relación emocional con el conflicto armado por el asesinato de su padre a manos de las FARC, se logró disminuir los secuestros y se redujo a la mitad los efectivos de la guerrilla (de 20.00 a 10.000 hombres armados). Sin embargo, a día de hoy, los combatientes seguían secuestrando, asesinando y alimentándose del narcotráfico, limitando así las posibilidades de un futuro en paz para Colombia. Ese enquistamiento ha propiciado la puesta en marcha de una solución negociada que, por primera vez en la historia del país, culmina con un presidente colombiano y un líder guerrillero estrechándose la mano.

Carolina, a rebel of 49th front  of the Revolutionary Armed Forces of Colombia, FARC, poses at a camp in the southern jungles of Putumayo, Colombia, Monday, Aug. 15, 2016. Carolina said she is 18 and has spent three years in the FARC, and would like to study engineering after the peace deal with the government. (AP Photo/Fernando Vergara)
Carolina, guerrillera de las FARC, posa con el uniforme del ejército revolucionario y con ropa de civil. (FERNANDO VERGARA/ AP PHOTO)

Los retos e incertidumbres del proceso

La historia nos ha demostrado que el proceso negociador de un conflicto armado conlleva concesiones por todas las partes implicadas. Los preacuerdos plasmados sobre el papel se enfrentan a la nada desdeñable fase de integrarlos en la sociedad civil. Una tarea que conlleva muchas inquietudes y no pocas certezas. “La negociación de estos cuatro años ha sido relativamente “sencilla” en relación con los desafíos que implica el postconflicto. El primer gran desafío es el plebiscito del domingo, lograr un sí, y cuanto más masivo mejor, servirá para legitimar el proceso de paz. Luego se plantea la puesta en marcha del propio proceso. Primero hay que consolidar la desmovilización y el desarme de las FARC. Una vez ocurrido esto el siguiente paso va en paralelo. Por un lado, está la reinserción social, económica y laboral de los desmovilizados. Y por otro lado, la reinserción política, lo que implica el nada fácil ejercicio de convertir un aparato militar como el de las FARC en un partido político moderno capaz de concurrir a elecciones y obtener buenos resultados”, detalla el profesor Malamud.

Por parte del Estado, los retos no son menores y los esfuerzos son aún mayores. “El Estado colombiano tiene grandes déficits de presencia en algunas zonas ocupadas por las FARC y otros movimientos, por lo que ahora tiene que intentar llegar a los últimos rincones del país. Otro desafío está vinculado con el anterior. Se trata de la construcción de una red de infraestructuras que permita la comunicación con algunas regiones aisladas, por ejemplo la red secundaria de caminos, que llevaba décadas sin que se invirtiera en ella, entre otras cuestiones porque esos caminos podían ser utilizados para la movilización de la guerrilla y esto provocaba el aislamiento de las regiones remotas. Esto implicará grandes inversiones”, advierte el investigador del Real Instituto Elcano.

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Uno de los escollos históricos en el proceso de paz entre el Estado y las FARC es el reparto de la tierras. (FERNANDO VERGARA/AP Photo)

Hay una parte de Colombia que se ha sentido desamparada por las instituciones durante años. Una falta de fé institucional que ha derivado en un miedo aprovechado por la guerrilla para convertir la extorsión en una fuente de ingresos. Si un ciudadano de la zona rural de Colombia no sentía que el Estado le defendía, no le quedaba otra que pagar para que no secuestraran a alguno de sus hijos o, peor aún, evitar que le mataran. La oportunidad que ofrece el proceso de paz supone también una oportunidad para que el Estado recompense tantos años de desamparo hacia la población rural.

Otro de los puntos importantes que constituye un obstáculo para la paz es el reparto de la tierra, un escollo histórico y una de las principales causas que sustentan el conflicto. Una de las grandes preocupaciones de las FARC-EP durante las negociaciones es mejorar la situación de los campesinos. Por eso el primer acuerdo alcanzado durante las negociaciones de La Habana se refería al desarrollo agrario. El acuerdo estima que el Gobierno y las FARC tienen que reunir tres millones de hectáreas, como fondo para campesinos sin tierra. Además, se debe conceder la titularidad de más de 6,6 millones de hectáreas abandonadas por la violencia. La reintegración de los guerrilleros en el campo dependerá de unas nuevas cooperativas que impulsarán proyectos productivos con fondos públicos. Si durante la puesta en marcha de este proyecto hubiera alguna diferencia o falta de consenso ya no serán las armas las que se impongan al debate.

In this Aug. 12, 2016 photo, rebels of the 48th Front of the Revolutionary Armed Forces of Colombia walk on a makeshift footbridge in the southern jungles of Putumayo, Colombia. With the peace accords about to signed between the FARC and the governemt, gone are the days when they had to change camp every few days for fear of being stunned in their sleep by bombs falling from the skies.  (AP Photo/Fernando Vergara)
El acuerdo entre el Gobierno y las FARC estima que se tienen que reunir tres millones de hectáreas para los campesinos sin tierra. (FERNANDO VERGARA/AP Photo)

Una vez se lleve a cabo el desarme de la guerrilla, la política será el terreno donde el Gobierno y las FARC dirimirán sus diferencias, siendo este el principal hecho histórico. “Uno no negocia con los amigos, negocia con los enemigos. Y toda negociación supone cesiones y concesiones. La contrapartida es algo inaudito y de lo que se habla muy poco. Las FARC han aceptado el orden constitucional colombiano y esto es un logro totalmente desconocido, y supone un gran avance en la normalización democrática del país. Que las FARC reconozcan la Constitución colombiana, la ley colombiana y las instituciones colombianas es un paso positivo e importante”, destaca Malamud.

¿Habrá condenas para los guerrilleros?

Otro de los puntos más difíciles de implementar será la justicia que se aplicará a los terroristas. Por segunda vez en su historia en medio de un proceso de paz con un grupo armado ilegal, el Estado colombiano ha acordado un modelo de justicia transicionalque permitirá penas alternativas para responsables de delitos de guerra y de lesa humanidad a cambio de verdad, reparación a las víctimas y compromisos de no repetición. Esto no quiere decir impunidad total. Los responsables de delitos atroces, como el secuestro, pagarán hasta ocho años de “restricción efectiva de la libertad”, es decir, no estarán en una cárcel, sino que se someterán a las condiciones acordadas por el Tribunal Especial para la Paz. Esa libertad condicionada sólo será posible si confiesan sus crímenes antes del juicio, si lo hacen durante el proceso su privación de libertad sí será en una cárcel. Y en el caso de que no lleguen a confesar sus delitos o sean derrotados en juicio, deberán cumplir una pena de 20 años de prisión. En todo caso, haber participado en un proceso colectivo de paz es el salvoconducto para acceder al nuevo modelo de justicia.

Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) leader Ivan Marquez (R) embraces a victim of the 1994 La Chinita slaughter as a gesture of atonement in  Apartado, Antioquia department, Colombia on September 30, 2016.  On January 23, 1994, a group of FARC guerrillas, stormed into La Chinita neighborhood, shooting indiscriminately and killing 35 people in which was one of the first massacres committed by the FARC. / AFP PHOTO / RAUL ARBOLEDA
Iván Márquez, miembro del Secretariado de las FARC, abraza a una de las víctimas de la masacre de La Chinita: “Ese atentado no debió suceder”. (RAUL ARBOLEDA/ AFP PHOTO)

Carlos Malamud también apunta como posible escollo en el proceso de paz el papel que jugará el Tribunal Constitucional, que podría invalidar algún punto del acuerdo o alguna votación del Congreso. “Pero teniendo en cuenta que el tiempo juega a favor de los acuerdos, cuanto más tiempo pase más posibilidad habrá de que la paz se implante, triunfe y consolide en Colombia”, matiza.

¿Y las víctimas?

El éxito que ha llevado a la firma de un acuerdo de paz se explica en parte por la participación en el mismo de las víctima del conflicto. El proceso de paz de Santa Fe Ralito, uno de los últimos intentos de Uribe por lograr lo que ha logrado Santos, no contó con la voz de las víctimas de los paramilitares. Mientras que en el proceso de paz de La Habana participaron un grupo de 60 víctimas del conflicto armado en Colombia, que tuvieron la oportunidad de decirles a los guerrilleros el dolor que les habían causado.

Pese a los avances conseguidos, aún hay voces críticas y contrarias al proceso de paz. Voces tan autorizadas como los ex presidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana están haciendo campaña por el “no” en el referéndum de este domingo por las claudicaciones que a su juicio ha hecho el Gobierno con los guerrilleros. Pero, incluso entre los críticos con el proceso, emergen voces a favor del sí, como es el caso del director ejecutivo de Américas de Human Rights Watch, José Vivanco. “Si se quería sumar a las FARC a un acuerdo de este tipo era necesario aceptar algunas condiciones. Y toda negociación supone cesiones y concesiones”, arguye el profesor Malamud.

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En este proceso de paz se ha escuchado por primera vez a las víctimas del conflicto armado. (RAUL ARBOLEDA/AFP PHOTO)

Entre las víctimas, como es comprensible, los argumentos a favor o en contra del proceso son igual de válidos y respetables. Una de esas víctimas es el escritor y periodista colombiano, Héctor Abad Faciolince, que perdió a su padre Héctor Abad Gómez tras ser asesinado por los paramilitares y un ex cuñado suyo fue secuestrado por las FARC hasta en dos ocasiones. Es una voz autorizada para hablar del daño ocasionado por un conflicto que dura ya 52 años y conocer su opinión pone de manifiesto los valores que han propiciado la firma de un acuerdo entre la guerrilla y el Estado. Faciolince escribe en este recomendable artículo que su ex cuñado, víctima de las FARC, es partidario del no. Sin ánimo de convencerle de que su postura no es la correcta, le lanza una pregunta, que al mismo tiempo le responde: “¿No es mejor un país donde tus mismos secuestradores estén libres haciendo política, en vez de un país en que esos mismos tipos estén cerca de tu finca, amenazando a tus hijos, mis sobrinos, y a los hijos de tus hijos, a tus nietos? La paz no se hace para que haya una justicia plena y completa. La paz se hace para olvidar el dolor pasado, para disminuir el dolor presente y para prevenir el dolor futuro”.

El despliegue público contra crisis privadas

Antonio García Maldonado

Foto: Francisco Seco
AP Photo

La intervención de Electricaribe por parte de las autoridades colombianas es un ejemplo interesante de una de las debilidades empresariales españolas en su proceso de internacionalización, que además afecta a eso que hemos dado en llamar Marca España. La mala gestión privada se convierte en un problema público para el país de origen de la inversión, no sólo para el de destino. Pensemos en el deterioro internacional de la imagen de España tras el caso de Panamá y Sacyr, o el de OHL y el AVE a la Meca.

Las ayudas explícitas, discretas o directamente opacas que el Estado provee a muchas empresas en sus grandes inversiones se basan también en el Too Big to Fail, esto es, en el chantaje. Todo un país se convierte en rehén de decisiones corporativas erradas fruto bien de malas prácticas habituales (como la de acudir a concursos internacionales con precios artificialmente bajos) o bien de una pésima o inexistente gestión de la anticipación de riesgos. La diplomacia española lidia con demasiadas crisis privadas cuando ya se han convertido en problemas políticos de todos.

No es tanto que el gasto público de dinero y esfuerzo en estas crisis sea cuestionable –que lo es– sino que el Primo de Zumosol público entra cuando el daño ya está hecho y dejará cicatriz. Solo queda, por tanto, minimizarlos, no evitarlos. Y existe el coste de oportunidad: mientras el Estado saca las castañas del fuego a quienes no debe, deja de atender otras obligaciones que se le presuponen más propias. Habría que comenzar por endurecer y redefinir qué debe considerar el Estado de “intereses estratégico” cuando una compañía privada de las dimensiones de las que hablamos pide ayuda de forma pública, tácita u opaca.

En el caso Electricaribe, Colombia acusa a la filial de Gas Natural de no invertir en mejoras de un suministro malo y que ve peligrar. La empresa replica que los impagos de organismos públicos y clientes privados hacen inviables esas inversiones. ¿Quién tiene razón ante el próximo arbitraje del Banco Mundial? En parte, los dos. Gas Natural reclama 355 millones de euros a organismos públicos morosos, cifra que Colombia reduce a 50. Unos blanden contadores, otros, libros contables. ¿No sabía Gas Natural en qué región colombiana entraba? ¿Creyó en las cifras de los registros públicos y libros contables privados con los que estudió la operación? ¿Alguien con hilo directo con la empresa se dio un paseo en coche durante unos días por la zona para comprobar de primera mano que lo que se observaba concordaba con lo que se leía en los panfletos de los intermediarios? Cuesta imaginar a empresas estratégicas francesas cometiendo estos errores en África, o a las alemanas en el este de Europa, sus zonas naturales de influencia económica. En el contexto de la expansión internacional llevan décadas de ventaja en la recogida y utilización eficiente de información con unidades internas de inteligencia competitiva. Prevén y previenen más crisis. No se las endosan al Estado y a los contribuyentes.

La implicación de cualquier organismo público para ayudar en casos como los de Gas Natural en Colombia, Sacyr en Panamá, OHL en Arabia Saudí o Unión Fenosa en Nicaragua deberían ser objeto de debate e investigación natural en el Congreso de los Diputados, no con intención punitiva sino pedagógica sobre el valor de la información corporativa. Se trata también de prever y prevenir riesgos en vez de gestionar crisis que afectan a nuestra reputación como país. No se puede competir en una economía globalizada con algunas de las prácticas con las que lo hacen algunas grandes empresas españolas. Y si se puede, no se debe, porque afecta a las arcas y a la reputación pública de todos. Esta debería ser la tarea principal del Alto Comisionado para la Marca España. Un vistazo rápido a algunos Consejos de Administración de las grandes no ayuda a ser optimista.

Personajes del año

Enrique García-Máiquez

El lenguaje es un espectáculo, y esconde —en la superficie, como en el cuento de Poe— verdades profundas. Se trata simplemente de fijarse en lo que decimos y ahí está, comprimida, toda la lección. Analicemos un ritual de estas fechas: la elección de los “personajes del año”.

Algo llama la atención al primer golpe de vista: casi todos son políticos (y políticas, por supuesto). Escama. Pero no debería, porque la misma etiqueta (en un sentido, además, literal: #personajesdelaño) avisa. Ante todo, son “personajes”, esto es, nos movemos en la esfera de la observación shakespeariana: “All the world’s a stage”. O dicho en latín, por Petronio, pero con la aquiescencia del gran William: “Totus mundus agit histrionem”. Si eligiésemos “personas del año”, nos saltarían todas las alarmas ontológicas, porque entraríamos en un terreno sagrado, reacio a las comparaciones y a las contrarrelojes de popularidad. Tratándose de personajes, la cosa se asemeja a la histriónica e inofensiva ceremonia anual de entrega de los Oscars o, más exactamente aún, a la de los Premios Max.

Encima, la coletilla “del año” lo desactiva todo todavía más. Quisiera ser un encomio, pero es una fecha de caducidad, sobre todo porque hablamos de los personajes del año… que se acaba. Y cuando nos ponemos estupendos y decimos, tratando de contrarrestar la ironía con la hipérbole, “personaje del siglo”, nos sale del fondo del almario el San Pablo que oponía el siglo a la eternidad.

Ahora bien, lejos de nosotros reírnos del rito. Bien está que haya personajes del año o del lustro o del lustre o del siglo, incluso. La semilla está, como da gusto recordar hoy, día de los Santos Inocentes, en la intrahistoria, en la intimidad y en el fecundo anonimato, pero el teatro del mundo tiene su interés, su morbo y, encima, es, más o menos, necesario. Shakespeare, del que acabábamos el año de su esplendoroso aniversario, sabía ambas cosas, y no dejó de divertirse con el escenario mundano, por más que la verdad fuese por dentro. Por fuera, show must go on, corriendo por las bandas.

Santos, el éxito del fracaso

Melchor Miralles

Es lo que tiene formar parte del establishment y estar apoyado por los que manejan el cotarro. Que fracasas estrepitosamente, en un asunto peliagudo, con una masa de cadáveres de fondo, conflicto grave y de fuste, y te conviertes en un tipo con éxito, te dan el Nobel de la paz y Rajoy te entrega el premio al Desarrollo Económico y la Cohesión Social. Me refiero al presidente colombiano, Juan Manuel Santos.

Santos se cocinó con los narcoterroristas de las FARC un plan de paz más que discutible, le apoyó todo dios, desde Obama hasta el Papa, pasando por la inmensa mayoría de los medios de comunicación y personas influyentes del planeta, instaló los cuarteles de invierno de los negociadores en La Habana, entre cohíbas y jineteras de prestigio castrista, convocó un plebiscito que todos daban por ganado de calle, y lo perdió. Y aquí no ha pasado nada, ahí sigue, aunque la paz de Colombia, como la canción de Sabina, no amanece jamás.

 

Y en vez de irse a casa, Santos, consumada la derrota, sigue erre que erre, y en paralelo, se ha trajinado distinciones y se ha convertido en un callejeros por el mundo, pero recogiendo premios. Ya se sabe, en este planeta donde mandan quienes más alejados andan de las realidades sociales de los países, no hay como fracasar para que te pongan medallas. El fracaso es lo que mola. Excepto que fracases tú, porque entonces esos mismos prebostes de la cosa te machacan por inútil.

El negocio de la 'fiebre verde' de la marihuana en EEUU y España

Raquel Cespedes y Christian Rubio

Foto: Raquel Cespedes y Christian Rubio

Si vas a Colorado (EEUU) es más probable que des antes con una tienda que dispensa marihuana que con un Starbucks. Esta realidad es un ejemplo del creciente e imparable negocio del cannabis en Estados Unidos. En las pasadas elecciones del 8 de noviembre los norteamericanos no sólo decidieron fumarse al stablishment eligiendo a un candidato como Donald Trump, sino que también dieron un espaldarazo al consumo y venta de marihuana. Los habitantes de California, Massachusetts, Nevada y Maine aprobaron en las urnas la legalización de la marihuana con fines recreativos. Esto implicará que los mayores de 21 años podrán poseer la sustancia, así como cultivar plantas de marihuana en sus residencias privadas y comprar 28,5 gramos de marihuana para usarla con fines recreativos. Esta cobertura de legalidad va acompañada de una gravada de impuestos, como ocurre con el tabaco y el alcohol.

Tras este respaldo, ya son ocho los estados donde se permite el consumo recreativo de la marihuana (Colorado, Alaska, Oregón , Washington, California, Massachusetts, Nevada y Maine), además del Distrito federal de Washington DC. Mientras que en otros 29 estados está permitido su empleo con fines terapéuticos y medicinales. Pese a esta corriente de permisividad, la ley federal lo considera ilegal sin excepción. Una paradoja que amenaza y ralentiza la proliferación de un negocio que ha demostrado su potencial y beneficios en aquellos estados en los que ha podido desarrollarse.

FILE -- HOLD FOR TUESDAY NOV. 15, 2016 EARLY RISER BY BOB SALSBERG -- In this Wednesday, Nov. 9, 2016 file photo a marijuana joint is rolled in San Francisco. Newly-approved laws in four states allowing the recreational use of marijuana are seen as unlikely to change rules regarding use of the drug in the workplace.  (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)

Son ocho los estados de EEUU donde se permite el consumo recreativo de la marihuana. (Marcio Jose Sanchez/AP)

Un ejemplo de la emergente industria del cannabis es Colorado, que aprobó la legalización de la marihuana en 2014. Seis meses después, los beneficios no sólo se notaron en las arcas públicas sino también en las calles, gracias a un importante descenso en los índices de criminalidad. Según Policy Mac, el estado ganó el primer semestre tras su legalización 20 millones de dólares al mes, un aumento de más del 50% con respecto a lo que se esperaba en un principio.

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Los campesinos transportan plantas de marihuana recién cosechadas, en Los Suenos Farms, la mayor granja de marihuana legal al aire libre de América, en Avondale, en el sur de Colorado. (Foto: Brennan Linsley/AP)

Además de la recaudación por impuestos, el estado estima que ha ahorrado entre 12 y 40 millones de dólares al reducir drásticamente las detenciones relacionadas con la marihuana, que suponen cerca del 50% de todos los delitos vinculados con las drogas en Estados Unidos. Este ahorro permite al mismo tiempo destinar más recursos a la lucha contra otros crímenes. De acuerdo con datos del gobierno, en la ciudad y el condado de Denver el índice de homicidios descendió un 42% desde la legalización del cannabis.

La salida de la clandestinidad dio la oportunidad a pequeños productores y comerciantes a afianzar un negocio con unas perspectivas de crecimiento más altas incluso que el sector de la telefonía. La profesionalización y la mejora de la calidad han dado lugar a empresas muy punteras provistas de las últimas tecnologías que se alejan de la típica imagen de un invernadero zarrapastroso gestionado por alguien que nada tiene que ver con un empresario. Tripp Keber, es la personificación del futuro de la marihuana. Este ex promotor inmobiliario fundó, junto a Chuck Smith, Dixie Brands, una de las empresas más vanguardistas en la industria del cannabis. Desde hace cinco años, estos pequeños magnates han convertido Dixie en una de las marcas líderes del sector y tienen participaciones de propiedad en 17 empresas relacionadas con el cannabis.

La legalización en California, uno de los estados más ricos y poblados, espoleará el negocio de la marihuana. (Haven Daley/AP)

La legalización en California, uno de los estados más ricos y poblados, espoleará el negocio de la marihuana. (Haven Daley/AP)

Keber lo vio claro desde el principio como demuestra esta declaración realizada hace dos años en una entrevista para la revista Rolling Stone: “En Colorado, 100.000 pacientes crearon una industria de 300 millones de dólares el año pasado (2013, cuando se legalizó la marihuana con uso medicinal). Ahora imagina cómo sería el mercado legal para todos los adultos (con la legalización del consumo recreativo en 2014). Los estudios muestran que alrededor del 10% de ellos tiene alguna relación con el cannabis. El 10% de los 5 millones de habitantes de Colorado es alrededor de medio millón de personas. Recibimos 60 millones de turistas cada año. Incluso si tan sólo el 5% de esos turistas hiciera una compra, eso es 3 millones de personas al año. Estamos hablando de un crecimiento vertical”, auguraba.

Teniendo en cuenta que más de 32 millones de estadounidenses ya consumen marihuana, en el horizonte se vislumbra un vasto mercado parcialmente establecido. Según la consultora Arcview Market Research, el año pasado las ventas legales llegaron a los 6.000 millones de dólares. Y para el año 2020, estima que se multiplicarán por tres.

Director of Quality Assurance Thomas Shipley prunes dry marijuana buds before they are processed for shipping at Tweed Marijuana Inc  in Smith's Falls, Ontario, April 22, 2014.   REUTERS/Blair Gable/File Photo - RTSU7W7

Laboratorio de calidad de la empresa de marihuana ‘Tweed’, radicada en Ontorio, Canadá. (Foto: Blair Gable/Reuters)

De esta gran tarta de consumidores también están sacando tajada las startup, que contemplan esta industria como un vivero virgen e inexplorado, con infinitas posibilidades de negocio. Un  estudio de New Frontier estima que las startups relacionadas con el mundo del cannabis recaudaron en Estados Unidos 213 millones de dólares a lo largo de 2015. Unas cifras que esperan duplicarse con el consumo legalizado en más estados y gracias a la cada vez mayor aceptación por parte de la sociedad americana, con un 58% a favor de la legalización.

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Encuesta sobre la opinión de los ciudadanos norteamericanos en cuanto a la legalización de la marihuana. (Gráfico: Gallup)

El sector ya tiene algunos inversionistas estrella. Como el famoso rapero Snoop Dogg, que asegura que fuma 81 porros al día. Dogg, de 44 años, se asoció con la empresa canadiense Tweed, que provee marihuana y accesorios y ha invertido en una aplicación llamada Eaze, que se dedica a la entrega de marihuana a donde tú la necesites. Además, uno de los hijos de Bob Marley, Ky-Mani Marley, se ha reunido con funcionarios en busca de permisos para la marihuana que se cultiva en California. Hasta un gigante tecnológico como Microsoft ha decidido entrar en este floreciente negocio. El gigante de Redmond se ha asociado con una startup de Los Ángeles, Kind, para crear un software que ayude a realizar un estricto seguimiento del proceso que va desde la semilla hasta la venta final. Este software estaría impulsado por la plataforma en la nube de Microsoft, Azure, y con su desarrollo se espera que se faciliten tanto las ventas como el comercio.

Prueba de la alta aceptación de la sociedad americana fue la última Conferencia anual de negocios de la marihuana que tuvo lugar en Las Vegas en el mes de noviembre. Fue la más numerosa de cuantas se recuerda, pasando de apenas 400 personas en 2012 a más de 10.000 en esta quinta edición. En este encuentro se mostraron las infinitas diversificaciones del sector del cannabis: equipos de extracción, infusiones, dulces, bebidas, servicios de consultoría para inversionistas, medios de comunicación especializados, servicios de etiquetas, cigarrillos electrónicos, y mucho más. La gran cantidad de avances que se exhibieron dan cuenta de que el futuro de la marihuana pasa por la alta tecnología.

Sesgo racial en las detenciones 

Pero estas ganancias y grado de aceptación tienden a oscurecerse ante la triste realidad que se desarrolla en muchos otros estados. Mientras en Colorado y Washington se licitan a productores y vendedores de marihuana, en otros lugares la policía continúa llevando a cabo redadas contra las plantaciones.

El cambio de tendencia en Estados Unidos, un país de tantos contrastes y tan puritano en algunos aspectos, viene desde abajo. Lo que está ocurriendo forma parte de un movimiento político en el que se ha impuesto la voluntad popular. Porque la marihuana no sólo es dinero, también es un estigma. La lucha para acabar con la Guerra contra las Drogas en el fondo es un movimiento para detener el encarcelamiento masivo de minorías. “El consumo de la marihuana, como el de todas las drogas ilícitas, es casi igual en todas las razas, excepto que la población afroamericana es arrestada en una tasa cuatro veces mayor que la gente blanca”, reconoció Stephen Downing, antiguo subjefe de la Policía de Los Ángeles (LAPD) y dirigente del grupo Agentes del Orden Contra la Prohibición (LEAP).

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Los datos de arrestos relacionados con la marihuana en EEUU revelaron una tendencia consistente de sesgos raciales significativos. (Foto: Henry Romero/Reuters)

Un análisis de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) encontró que las detenciones hechas por posesión de marihuana representan más de la mitad de todas las detenciones relacionadas con drogas en EEUU. De los 8,2 millones de arrestos hechos por el cannabis entre 2001 y 2010, el 88% fueron simplemente por portación de hierba. En todo el país, los datos de arrestos revelaron una tendencia consistente de sesgos raciales significativos.

Los que defienden la legalización argumentan que normalizar el consumo de la ‘maría’ reduce los costes del sistema de justicia, el hacinamiento en las cárceles y la violencia entre los grupos de narcotraficantes. Teniendo en cuenta que la marihuana representa el 50% de los ingresos de los carteles, darle a este negocio una pátina de legalidad supondría un duro golpe contra el crimen organizado.

¿Qué pasará con el cannabis en la era Trump?

La época de mayor esplendor de la marihuana ha sido bajo la administración Obama. Además del éxito de las consultas populares, la razón principal por la que los profesionales del cannabis no están siendo arrestados por agentes federales y procesados por la corte federal es por un memorando de 2013 del fiscal general James M. Cole que dirigía a los fiscales federales a centrar sus esfuerzos en actividades delictivas, con el mensaje implícito de tolerar traficantes de marihuana regulados por el estado.

Pero con Donald Trump en la Casa Blanca esto puede cambiar. Sobre todo conociendo el nombre del nuevo secretario de Justicia, el senador por Alabama, Jeff Sessions. Sessions es un ultraconservador y quizás uno de los mayores oponentes contra el movimiento de reforma de la marihuana. Su nombramiento al frente del Departamento de Justicia de Estados Unidos podría poner fin a la legalización del cannabis. Sus declaraciones destilan cierta nostalgia de la época de Ronald Reagan, cuando la por entonces Primera Dama Nancy Reagan encabezó una campaña a favor de la guerra contra las drogas. Sessions incluso ha llegado a sugerir que sólo “las malas personas” se involucran con las drogas.

La posición del nuevo secretario de Justicia es una amenaza para el gran esquema de la legalización en Estados Unidos, pero ¿qué posición tiene Trump sobre la marihuana? En 1990, Trump dijo que estaba a favor de legalizar todas las drogas, pero recientemente durante la campaña electoral aseguró que se opone a legalizarla, pero apoya su acceso médico y cree que los estados deberían ser libres para adoptar sus propias políticas con respecto al uso recreativo.

Perspectivas

Si la tendencia en Estados Unidos continúa por la senda de la legalización de la marihuana y la regulación federal no le pone palos en las ruedas, nuevas leyes pueden abrir perspectivas importantes para los empresarios. Actualmente la principal traba para la expansión del sector son las contradicciones entre la legislación estatal y federal, que impide que un brownie de marihuana cocido en Oregón pueda ser vendido en Washington, pese a que en ambos estados está permitido el uso recreativo pero con diferentes disposiciones.

La firma de investigación y asesoría financiera GreenWave Advisors estima que las ventas de productos de marihuana en Estados Unidos serán de 6.500 millones de dólares en 2016 y de unos 30.000 millones de dólares en 2021, si los productos derivados del cannabis estuvieran legalizados en los 50 estados del país.  Sin duda, en Estados Unidos está naciendo una de las mayores oportunidades de negocio del siglo XXI.

¿Y si todo esto pasara en España?

La legislación española con respecto a la marihuana se ha ido flexibilizando con el paso del tiempo. De hecho, España es en la actualidad uno de los países europeos más liberales en cuanto al cannabis. Su política descentralizada impulsa un alto grado de autogestión por parte de las comunidades autónomas, cada una de las cuales desarrolla sus propias medidas sobre el negocio y consumo de esta sustancia.

Sin embargo, la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana establece en su artículo 36 una serie de normas de obligado cumplimiento a nivel nacional. El párrafo 16 dice así: “El consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares” será considerado una infracción grave. Por tanto, consumir marihuana de forma legal queda relegado a los lugares especialmente habilitados para ello. Son los llamados clubs de cannabis.

La legislación española con respecto a la marihuana se ha ido flexibilizando con el paso del tiempo. (Foto: Julie Gordon/Reuters) .

Podría decirse que estos clubs hicieron su aparición formal en España en 2001 de la mano del Club de Catadores de Cannabis de Barcelona. Pero la primera piedra de su organización se remonta a 1993, cuando la Asociación Ramón Santos de Estudios Sobre el Cannabis (ARSEC, con sede en Barcelona) envió una carta a la Fiscalía Antidroga preguntando si sería un delito cultivar marihuana para el consumo personal de un grupo de usuarios adultos. La respuesta fue clara: su propuesta no podría considerarse una conducta delictiva. Con el beneplácito jurídico en la mano, la agrupación decidió plantar marihuana destinada a unas 100 personas. Se llegó incluso a hacer una intensa campaña divulgativa en los medios de comunicación al respecto. Sin embargo, la plantación fue incautada. La Audiencia Provincial absolvió a los responsables y el caso fue recurrido ante el Tribunal Supremo. La sentencia final fijaba una condena mínima de prisión (que quedó suspendida) y sanciones económicas para los directivos de ARSEC. El Supremo argumentó que, aunque en este caso no se pretendía traficar, el cultivo de cannabis era peligroso en sí mismo y debía ser castigado.

La puerta parecía cerrarse para la expansión de los clubs de cannabis, pero muchas otras asociaciones recogerían el testigo de ARSEC. En 1997, la agrupación vasca Kalamudia cultivó 600 plantas destinadas a cerca de 200 personas, entre las que había parlamentarios regionales, concejales de varios partidos políticos y profesionales de múltiples disciplinas. La cosecha tuvo qu recogerse poco después sin consecuencias legales. Dos años después, en 1999, repitió su plantación y tampoco contó con el rechazo de las autoridades. Las asociaciones dieron un carácter estable a sus cultivos, apoyados jurídicamente por un informe del gobierno regional de Andalucía que impulsaba el establecimiento de estos clubs para obtener marihuana de forma legal.

REUTERS/Vincent West

La industria del cannabis ha ido expandiéndose por España con diferente calado. (Foto: Vincent West/REUTERS).

Desde entonces, la industria del cannabis ha ido expandiéndose por todo el territorio nacional con diferente calado. Sin lugar a dudas, Barcelona se ha convertido en el epicentro del negocio con más de 200 clubs de cannabis, cuando en todo el país existen unos 800. Su crecimiento se ha desarrollado a la par que la normativa española, cuyo mencionado artículo 36 de la Ley de Seguridad Ciudadana prohíbe su venta pero no su consumo. Así, es legal la venta de semillas y el cultivo de marihuana para el consumo personal en estos lugares privados. Los usuarios pagan una determinada cuota para un periodo concreto, reciben la cantidad de marihuana correspondiente y la pueden consumir únicamente dentro de los clubs. Para convertirse en miembro sólo hay que tener 18 años y el respaldo de otro socio.

La controversia jurídica del mercado del cannabis llega con el párrafo 18 de la ley: “La ejecución de actos de plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares visibles al público, cuando no sean constitutivos de infracción penal” también será considerado una infracción grave. Esta aparente contradicción provoca que los clubs se muestren muy reticentes a la hora de exhibir públicamente sus campos de cultivo. Se han dado numerosos casos de incautaciones de cosechas cuando la asociación cumplía con la legalidad. Por ejemplo, el del club Pannagh -un referente para los usuarios españoles-, que fue intervenido en 2005 y en 2011.

Cerca de cuatro millones de españoles, el 10% de la población de entre 15 y 64 años, declaran haber fumado cannabis (AP Photo/Rich Pedroncelli)

Cerca de cuatro millones de españoles, el 10% de la población de entre 15 y 64 años, declaran haber fumado cannabis (Foto: Rich Pedroncelli/AP)

Sus miembros fueron acusados de un delito de tráfico de drogas y su cultivo fue incautado. La Federación de Asociaciones de Usuarios de Cannabis de Euskadi declaró en su momento que no entendía cómo se estaba regulando el negocio por un lado y contrarrestándolo con “estrategias represivas” por el otro. Por tanto, el vacío legal favorece el negocio de la marihuana en los clubs y los locales comerciales, los llamados grow shops, donde se vende todo el material necesario para su cultivo doméstico. Algunos de estos establecimientos son franquicias cuyo desembolso inicial de apertura puede sobrepasar los 10.000 euros. Una inversión que se suele recuperar al cabo de un año, lo que se traduce en un rendimiento muy atractivo para muchas personas que quieren salir de las listas del paro.

El Ayuntamiento de Rasquera, en Tarragona, se prestó voluntario para acoger un proyecto de plantación de marihuana de la Asociación Cannábica Barcelonesa de Autoconsumo. El pueblo tiene 900 habitantes y hay un 40% de paro. El club estaba dispuesto a pagar 650.000 euros al año por las tierras, que en su momento significaba una especie de tabla de salvación para las arcas municipales. Pero la Justicia paralizó la operación y el alcalde, defensor de la idea, tuvo que abandonar su puesto.

Cerca de cuatro millones de personas, el 10% de la población española entre 15 y 64 años, declaran haber fumado cannabis alguna vez. Casi un 2% fuma de manera habitual cada día, según datos del Ministerio de Sanidad. Los partido políticos, a raíz de la formación de un nuevo Gobierno, han planteado sus propias medidas con relación al mercado de la marihuana en España. Un negocio que maneja cifras millonarias y que en 2016 sigue estancado en arenas movedizas, entre la ética y la legalidad.

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