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Con la sangre no se negocia ¿o sí?

Marta Ruiz-Castillo

Foto: martaruizcastillo

En España está prohibida la venta de sangre y su comercialización. Donar es un acto altruista y voluntario. Su extracción y procesamiento dependen exclusivamente de las administraciones públicas a través de la red nacional de servicios y centros de transfusión con el Ministerio de Sanidad como última “autoridad competente”, según la legislación vigente.

En Madrid, sin embargo, la polémica está servida y hay sectores que acusan al Gobierno regional de comercializar con las donaciones de sangre, de utilizar el plasma que los ciudadanos donan para ayudar a salvar vidas, como una forma encubierta de subvencionar a Cruz Roja, que cobra 67 euros cada bolsa de sangre que extrae en la calle. Esto es, al menos, lo que denuncia la Asociación de Empleados del Centro de Transfusión de Madrid (ADECETMA). Las autoridades regionales y la propia ONG niegan las acusaciones.

La culpa de todo este debate que ha sido llevado a los tribunales y a las calles con manifestaciones varias, la tiene el Convenio Específico entre el Servicio Madrileño de Salud, a través del Centro de Transfusión y el Comité Autonómico de Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid, firmado en diciembre de 2013 y que entró en vigor a comienzos del año siguiente. Desde entonces y hasta el 31 de julio de 2016, el Gobierno regional ya ha desembolsado 16 millones de euros a esta institución.

Es este un asunto delicado porque estamos hablando de vidas humanas, de personas que ceden, nada más y nada menos, que su sangre a cambio de nada; bueno, sí, a cambio de algo tan importante como dar vida, permitir que otras personas se recuperen de una enfermedad o de un accidente, que puedan ser sometidas a una operación y tantas otras actuaciones que se logran con este gesto, sin duda, altruista como pocos.

Atrás quedaron esos oscuros años en los que en España estaba permitida la venta de sangre, en los que las extracciones se realizaban por diferentes entidades públicas y privadas sin orden ni concierto. En Madrid se crea a mediados de los 80 el Centro de Transfusión para organizar, gestionar y unificar todo esto y dar al proceso de las donaciones la seguridad y calidad necesarias para donantes y receptores. Por eso, resulta cuanto menos alarmante la sospecha de que en la capital pueda existir en torno a esta actividad pública y gratuita un componente económico.

Esta es la tesis que mantiene ADECETMA. Sus denuncias se han hecho eco entre colectivos que defienden la sanidad pública y critican la privatización más o menos encubierta de la misma por parte del Gobierno regional, como Marea Blanca, con denuncias por escrito y en forma de protesta en las calles de la capital y la propia ADECETMA con campañas propias.

Campaña contra la venta de sangre. (Autor: ADECETMA)
Campaña contra la venta de sangre. (Autor: ADECETMA)

“Esto es algo que sólo ocurre en Madrid”, asegura la portavoz de la Asociación, Deli Edreira, que nos cuenta que en ese proceso de unificación de la gestión de todo lo que tenía que ver con la hemodonación, todas las organizaciones que extraían sangre se fusionaron en torno a la Unidad de Centro de Transfusión (UCT). Todas menos Cruz Roja. “Por algún motivo que nunca hemos entendido, Cruz Roja seguía extrayendo sangre, procesando y distribuyéndola paralelamente a la UCT. Eso fue así durante veintitantos años y en diciembre de 2013 la Comunidad de Madrid dice que va a firmar un convenio, que ya está cerrado, que sólo falta la firma con Cruz Roja para que sea ésta la que se encargue de la extracción de sangre en los puntos de calle”. En dicho convenio se le da a la ONG la exclusividad en cuanto a extracciones en la vía pública.

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Mujer protesta con la frase “Yo la dono, no la vendas” en Madrid durante una manifestación (Autor: Susana Vera / Reuters)

Desde el Servicio Madrileño de Salud, un portavoz rechaza una por una las críticas de quienes cuestionan el fondo del convenio. Explica que antes de dicho acuerdo, en la Comunidad de Madrid había dos unidades que gestionaban las donaciones de sangre, el Banco Público y Cruz Roja. “Eso en el panorama nacional era una anomalía, en el sentido de que es la Administración la responsable de la gestión de las donaciones y de los derivados de la sangre y demás”. Para acabar con dicha anomalía y teniendo en cuenta “el buen trabajo de Cruz Roja, y en especial el que atañe a la donación en vía pública, se consideró que una buena forma de integrar esa actividad y que hubiera un solo banco público, que el es Centro de Transfusión, Cruz Roja continuara con su actividad a través de un convenio”. Lo que la Consejería mantiene es que “es una actividad de la administración que, como otras, se realiza a través de una concesión a una entidad que, en este caso, es una ONG, no una empresa”.

GASTOS ¿QUÉ GASTOS?

“Con lo que no estamos de acuerdo es con ese detalle. ¿Por qué tiene que ser Cruz Roja la que extraiga la sangre?”, se pregunta la representante de ADECETMA, para quien lo lógico hubiera sido que fuera el propio Centro de Transfusión, de carácter público, el que absorbiera la actividad que está realizando Cruz Roja. Edreira va más allá al apuntar que el verdadero problema es que la Comunidad de Madrid, con el dinero de todos los madrileños, “está pagando 67 euros por cada bolsa de sangre que aporta” la ONG.

¿67 euros por qué?, preguntamos al portavoz del Servicio Público de Salud de Madrid. “Esa es la valoración que se ha hecho del coste. Incluye el combustible, los salarios, algunos materiales – otros no, porque son del Centro de Transfusiones –  y recursos. Se hace un baremo y se establece por unidad, y lo que da es 67 euros”, responde. ¿Cruz Roja no gana nada?, preguntamos. “¡Claro que no! Porque si ganara sería una actividad comercial. No puede ganar nada y no gana nada. Está establecido así y baremado así para que sea así, pero, lógicamente, esa actividad tiene un coste que se repercute para que la entidad pueda llevar a cabo esa actividad”.

Bolsas de sangre donadas. (Autor: Michaela Rehel / Reuters)

Para ADECETMA, la respuesta no aclara nada. “Eso lo dicen pero no lo demuestran. Nosotros, desde que empezó todo el proceso estamos hartos de solicitarles a través de numerosas vías, a través de un juez, a través de la Consejería, información sobre los gastos. Esa cantidad, esos 67 euros ¿en concepto de qué? ¿Por qué se ha llegado a esa cantidad? ¿Por qué son 67 y no 90 ó 30? Pero no conseguimos que nos lo expliquen. Lo único que dicen es que tienen que soportar los gastos. Evidentemente, los habrá, pero nosotros decimos: unidades móviles son las de la Comunidad de Madrid, que se las han cedido; el material para hacer la extracción de sangre se les cede también gratuitamente, es decir, lo compra el Centro de Transfusión y se les suministra. Lo paga el Centro de Transfusión, lo pagamos todos los madrileños”, comenta Edreira.

Ni siquiera en el tema de los sueldos la Asociación está de acuerdo con lo que dice la Consejería. “Y luego, efectivamente, hay que pagar al personal que realiza esa actividad. Pero eso tampoco nos convence demasiado porque aquí, en el Centro de Transfusión, el personal que estaba realizando esa actividad se le ha quitado de la ubicación donde estaba para dárselo a Cruz Roja. Así que no hubiera sido necesario si esto hubiera seguido siendo un servicio público. No hubiera sido necesario pagar a una segunda persona para hacer lo mismo que hacía la primera. Es quitar a unos para poner a otros”.

Cruz Roja ha salido al paso también de este debate. Ya lo hizo en su día con una ilustrativa nota de prensa que nos reenvían ahora en la que, entre otras cosas, asegura que “Cruz Roja jamás ha hecho ni hará negocio con esto”. Su experiencia en más de 161 países trabajando en este ámbito lo confirma. Pero, aunque sea altruista tiene un coste, indica la ONG. ¿Qué coste? “De contratación de profesionales sanitarios que garanticen el proceso de la hemodonación, de mantenimiento de autobuses, de compra de material… La Comunidad de Madrid cuantifica estos costes y, en nuestro caso, ha calculado una tarifa de 67 euros por bolsa de sangre”. Una cantidad que la propia entidad asegura que es insuficiente ya que la actividad le resulta “deficitaria”. Otra cosa es que, como dice, tenga todo el derecho a recuperar parte de los costes a través de esos 67 euros.

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Cruz Roja explica en qué gasta los 67 euros que le paga la Comunidad de Madrid por cada bolsa de sangre (Autor: Cruz Roja)

Sospechas

La pregunta es: ¿por qué se firma un convenio con Cruz Roja cuando existe una entidad pública que puede hacer ese mismo trabajo y que lo hacía sin sobrecoste, teniendo en cuenta que el Centro de Transfusión tiene el personal adecuado y es en el propio centro donde esa sangre extraída por Cruz Roja se procesa y se distribuye a los hospitales?

El portavoz de la Sanidad Pública Madrileña explica que “partimos de una situación en la que hay una entidad, una ONG con mucho arraigo que es Cruz Roja, con un funcionamiento muy bueno, sobre todo en donaciones en vía pública, que obtenía muchísimo más que el Centro de Transfusión”; a esto se añade que en el Centro “no se contaba con el personal suficiente como para asumir la actividad que tenía Cruz Roja, y en lugar de decidir que todo lo asuma el Centro y decir ‘se acabó la actividad de Cruz Roja porque sí’, se entendió que era mejor unificar las dos actividades, siempre siendo actividad de la administración”. Insiste mucho el portavoz en que se optó por el convenio porque “Cruz Roja tenía más actividad y lo hacía muy bien”; un convenio como “cualquier otro de la administración”, puntualiza.

Por ejemplo y, para que se entienda mejor, explica que en el caso de la drogodependencia, muchísimas actividades de prevención y asistencia las realizan ONGs y “no son subvenciones, son convenios, son contratos, y no pasa absolutamente nada, y es obligación y es titularidad de la administración hacer esa labor”. “Es que en ese caso, si sabemos que las madres contra la droga en tal sitio llevan tiempo haciendo esa labor y son las que mejor lo hacen, pues se les concede esa actividad pero con las directrices y la cobertura que hay que dar y que es de la Administración”, insiste.

Volviendo al tema de las donaciones de sangre subraya que “cuando la realidad es que tienes una ONG que está haciendo un gran trabajo y especialmente en lo que es donación en vía pública, se valora y se decide que la mejor forma de integrar ambas actividades de la administración, pero que se hagan aparte, sea a través de un convenio con quien lo está haciendo en mayor volumen y muy bien. Ya está”. Esto no significa que el Centro de Transfusión lo fuera a hacer mal, puntualiza, pero “se valoró el hecho de que Cruz Roja tenía más peso en vía pública, una imagen más potente, y mucha más presencia en aquel momento que el Centro de Transfusión y por eso se decidió que se quedara con eso”.

Bolsas de sangre de donaciones. (Autor: Michaela Rehel / Reuters)
Tubos de ensayo en un centro de la Cruz Roja. (Autor: Gary Cameron / Reuters)

ADECETMA pone en duda esta explicación. “Eso no es verdad porque el Centro de Transfusión funcionaba con unos niveles de calidad muy altos, con lo cual lo único que chirriaba era que se estuviera haciendo por dos vías. La solución habría sido que se absorbiera por el Centro lo que estaba haciendo Cruz Roja”. Aunque en la Asociación admiten que no saben “mucho más”, sí tienen sus sospechas de qué hay detrás del convenio y explican cuáles son éstas. “Si se está realizando una actividad en buenas condiciones, con excelentes resultados y de pronto alguien decide dárselo a una entidad que, no nos equivoquemos, es una entidad privada, es una empresa y funciona como tal, realizando actividades y cobrando por ellas, como subvención o como lo que sea, pero está realizando una actividad por la que cobra; si esta es la situación, nosotros lo que sospechamos y lo que puede sospechar cualquiera es que se ha hecho por el dinero; porque de alguna manera había que beneficiar económicamente a Cruz Roja, para ayudarle en su mantenimiento o lo que sea“.

En este apunto, Eli Edreira recuerda que el convenio se firmó coincidiendo con la crisis económica en España, momento en el que las subvenciones a organizaciones no gubernamentales y humanitarias se redujeron mucho. “Y Cruz Roja se vio afectada como Cáritas o cualquier otra asociación”. “Sospechamos, porque realmente nadie nos lo ha confirmado, que aquí se está funcionando por dinero” e insiste en que “realmente, no sería necesario pagar esos 67 euros por cada bolsa para que se realice la actividad porque se estaba haciendo sin necesidad de desembolsar ese dinero”. Esto es así, además, porque si un donante va a un hospital público, “ese sobre coste de 67 euros, desaparece. Porque no nos olvidemos que ese dinero se paga única y exclusivamente por extraer la sangre y llevarla al Centro de Transfusión que es el que se encarga de procesarla y distribuirla, que tiene un coste añadido. Al final, el precio de la bolsa es mucho más que esos 67 euros. No habría que pagar ese dinero si todo esto lo hicieran los trabajadores del Centro de Transfusiones que lo estaban haciendo”, concluye.

Vetos políticos y batalla judicial

Para el Gobierno de la Comunidad de Madrid el convenio “ha sido criticado por algunos grupos de la oposición que, en algunos casos, han llegado a que en determinados ayuntamientos de la región se esté dificultando el acceso de las unidades móviles de Cruz Roja. El portavoz de Sanidad está convencido de que la polémica se ha politizado “y, a partir de ahí, el lío”. Toda actividad tiene unos costes pero “claro, cuando hablas de dinero parece que el discurso como que se corrompe, pero está la gente que trabaja en Cruz Roja, el combustible de los autobuses, etcétera – pero no de ahora, sino de toda la vida – y lo mismo cuando hay una cesión de compuestos sanguíneos de una comunidad a otra, los costes repercuten, de siempre, y eso no significa que haya una ganancia, que haya un beneficio o que haya una actividad comercial porque no la hay, entre otras cosas porque en España está prohibido desde los años 80”. Además, añade, al hablar de costes, parte de los trabajadores del Centro de Transfusión o de representantes sindicales no estaban de acuerdo por su propio interés o por lo que ellos defiendan, y se generó un poco este debate que lleva años”.

No sólo no supone ningún problema, asegura el portavoz, sino que la gestión de las donaciones a partir del convenio “funciona correctamente”, hasta el punto que “la Comunidad de Madrid este año pasado, por primera vez estaba en autoabastecimiento prácticamente de forma global; de forma puntual hacemos llamamientos a la donación, de siempre. Pero de forma global, prácticamente no tenemos que solicitar absolutamente nada a ninguna otra Comunidad Autónoma y eso antes no era así. Es decir, que el funcionamiento real último está siendo muy bueno”. E insiste en que “se ha politizado, se ha mezclado, se ha querido confundir lo que son unos costes que se bareman y que se repercuten, porque así tiene que ser, con una actividad comercial que no existe”.

Unidad Móvil de Cruz Roja
Unidad Móvil de Cruz Roja (Autor: cruzroja3cantos.blogspot.com)

Nos cuenta también que los críticos no dicen que “en virtud de este convenio la actividad de procesado de sangre y distribución de sus derivados dejó de hacerlo Cruz Roja para hacerlo el Centro de Transfusión”. Es cierto que el Centro ya lo hacía pero también es verdad que la ONG tenía su propio laboratorio y toda esa actividad dejó de hacerla. “Lo que quiero decir es que no es un convenio de cesión de una actividad, es un convenio en el que una ONG deja de hacer una actividad para que la asuma la administración porque ésta tiene más recursos“. “Quizá no lo hemos sabido contar”, admite después de explicar que el convenio, en definitiva, lo que hace es un reparto de tareas.

Más allá de este debate, lo que preocupa a los responsables de la Sanidad Pública de la Comunidad es la actitud de algunos ayuntamientos de la región con las donaciones en puntos de calle. “Lo grave es que para oponerse al convenio se dificulte el acceso de unidades móviles a determinados ayuntamientos“. ¿Eso está ocurriendo?, preguntamos alarmados. “Sí, claro. Hay cuatro o cinco municipios, el primero fue San Fernando de Henares, luego Mejorada, no sé si Velilla…todos del Corredor del Henares”. Unas actuaciones con las que no está de acuerdo el Partido Socialista en la Asamblea, según cuentan desde la Consejería de Sanidad, a pesar de que “algún ayuntamiento socialista con apoyo de Podemos también ha entrado en esto”. “Entendemos que puedes estar más o menos de acuerdo con el convenio, a pesar de que nos hemos desgañitado explicándolo; será mejorable o no, pero no se comercializa nada; lo que es terrible es no dejar a tus ciudadanos que tengan esa opción de donar sangre porque en esos municipios no hay hospital, no hay punto de donación fijo”.

El convenio de la discordia tiene una duración de seis años. Cruz Roja seguirá cobrando 67 euros por bolsa de sangre extraída en la calle durante otros tres años lo que supondrá unos 52 millones de euros, según cálculos de la ADECETMA. Donar seguirá siendo una actuación voluntaria y altruista, más allá del debate político.

El asunto, mientras, permanece abierto a la espera del recurso ante el Tribunal Supremo presentado recientemente por los trabajadores del Centro de Transfusiones, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazara en abril un recurso contra el acuerdo. Los motivos para no admitir la demanda no dejan de ser sorprendentes puesto que en la resolución, la justicia de Madrid considera que el convenio denunciado “no repercute directamente” en los intereses de los empleados del citado organismo público. Ni siquiera entró a valorar el fondo de la denuncia. ADECETMA espera que el Supremo sí lo haga y estime si la denuncia tiene o no fundamento jurídico.

Donante de sangre. (Autor: donasangre.org)
Donante de sangre. (Autor: donasangre.org)

Macron y los estados de gracia

Valenti Puig

Foto: Etienne Laurent
AFP

La norma no escrita de dar una tregua crítica a los cien primeros días de todo gobierno ha ido quedando arrumbada como un uso vetusto. En coincidencia cuantitativa con la duración del retorno de Napoleón desde la isla de Elba hasta Waterloo, esos cien primeros días a veces han ido a la par con el estado de gracia, un período de levitación en el que la confianza en el nuevo elegido parece casi unánime. No lo hemos visto con Theresa May pero sí con Macron. En general, una nueva presidencia de la Quinta República garantiza ese período de gracia. Tras la victoria presidencial, haber conseguido una nueva mayoría parlamentaria –para un partido de hace dos días- convierte a Macron en un político en estado de gracia, llegado en el momento más oportuno para, después del “Brexit”, rehacer el eje franco-alemán dándole un toque gaullista. ¿Hasta cuándo? En un mundo tan acelerado, la erosión política parece haber liquidado los privilegios del estado de gracia. Lo hemos visto otras veces: un político de nuevo cuño –caso Obama- se convierte en paradigma, para acabar entrando y saliendo del taller de reparaciones.

Ahora la fulguración del nuevo presidente de la República Francesa genera un efecto mimético aunque lo realmente significativo es que haya llegado al poder gracias al hundimiento del socialismo francés y las torpezas habituales de la derecha. ¿Macron o Corbyn? ¿Macron o Bernie Sanders? ¿Qué queda del modelo Blair? Son interrogantes que pueden aplicarse al retorno de Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE, más bien dispuesto a romper con las tesis de centro-izquierda propias del felipismo y presuroso por expansionarse hacia la izquierda, colindando arriesgadamente con Podemos para conjugar una alternativa.

La posición de Sánchez en contra del acuerdo comercial con Canadá –CETA- ha resultado incómoda para Bruselas, como ya se ha cuidado de exponer el comisario Moscovici, procedente de la izquierda radical y luego ubicado en el sector rocardiano del socialismo francés. Curiosamente, Sánchez ha sido proclamado a menudo por sus partidarios como gran conocedor del laberinto comunitario, dado que de muy joven fue asesor en Bruselas antes de ser jefe de gabinete de Carlos Westendorp, alto representante de las Naciones Unidas en Bosnia, en pleno conflicto de Kosovo.

Tampoco en la oposición perduran los efectos del estado de gracia. El futuro de Pedro Sánchez, por ejemplo, depende mucho de que logre zafarse de la presión de Podemos y de la militancia socialista más radical para lograr la adhesión del electorado real de centro-izquierda, marcando de cerca a un gobierno de Rajoy debilitado por la corrupción siempre que decida, cuanto antes mejor, si quiere ser un Macron o un Corbyn. La crisis del socialismo europeo tiene una sombra muy alargada. Ahora mismo, para Bruselas, aunque Donald Tusk parafrasee a John Lennon, un PSOE deslizándose hacia la izquierda es una mala noticia. Hay abundantes quejas sindicalistas pero el PSOE todavía no ha dado un contenido coherente a su rechazo a los acuerdos comerciales EU-Canadá. ¿Qué hay de malo en mantener relaciones de libre comercio con Canadá?

Cataluña: fiarlo todo al día después

Iñaki Ellakuría

Foto: ALBERT GEA
Reuters

En estos días de verano, cuando el curso político catalán se acerca al breve parón estival, una pregunta se cuela en la mayoría de conversaciones: ¿Qué ocurrirá en otoño? A veces es planteada con una mueca de satisfacción, la del independentista que anhela tras cinco años de proceso que se rompa la baraja; otras, con un rictus de preocupación y hartazgo por un horizonte de agitación, inestabilidad y más ruido. Y en ninguno de los casos, actores del proceso, espectadores o rehenes del mismo, nadie sabe exactamente qué responder. ¡Qué decir si los dirigentes en Barcelona y Madrid parecen huidizos adolescentes cuando se les cuestiona sobre el cacareado choque de trenes!

El proceso se ha instalado en un tiempo de espera e incertidumbre, donde cualquier predicción es una osadía. Con todo, hay elementos que no invitan al optimismo de los moderados. Veamos:

Los funcionarios. El informe de los letrados del Parlament expresando su preocupación y consejos técnicos a la propuesta de modificar el reglamento de la Cámara, una treta urdida por el bloque separatista para agilizar la tramitación de la llamada ley de “desconexión”, pone en evidencia como la estrategia de la confrontación iniciada por el Gobierno de Puigdemont empieza a romper las costuras de las instituciones catalanas e incomodar a muchos funcionarios que no quieren subvertir el marco legal. Ya sea por convicción o simplemente para evitar una inhabilitación.

Escalada verbal. A medida que el proceso se ha ido acercando a la frontera que separa la retórica de los hechos (y sus consecuencias), el discurso independentista ha optado por dividir, ya sin disimulo, la sociedad entre el pueblo, los independentistas, y los “antidemócratas”, todo aquel (persona, partido o institución) que no asuma como legítimo un referéndum unilateral. Esta escalada verbal recibe, ciertamente, el aplauso del núcleo duro separatista, al tiempo que enciende redes sociales y tertulias radiofónicas, pero también agranda la brecha político/sentimental que reflejaron las urnas el 27-S. Incomoda, asimismo, al independentismo moderado y expulsa a los catalanes que apuestan por modificar desde el pacto el actual marco constitucional. Mientras, el inmovilismo del Gobierno central alimenta a los predicadores de la confrontación.

Abucheos. Un síntoma del malestar que acumulan los tildados de “antidemócratas”, fueron los abucheos dirigidos a Puigdemont en Llefiá (Badalona) y Meridiana (Barcelona), dos barrios populares y populosos, donde, como en tantos otros del área metropolitana, el artero relato del “España nos roba” no cuela. La reacción de algunos independentistas, incluido un alto cargo de la Generalitat, fue la de calificar a los presentes de arrabaleros, colonos y fascistas.

Resignación. Recientes declaraciones confirman que Gobierno y Generalitat, uno confiado en la acción de la justicia, el otro anhelando una movilización como la de la cairota plaza Tahir, dan por hecho el choque otoñal. Soraya Sáenz de Santamaría, en un acto en Barcelona, afirmó: “Se habla mucho del 1 de octubre, pero la inmensa mayoría de los que están en el debate público están pensando en el 2 de octubre, y espero que sea el día del sosiego”. Oriol Junqueras, en La Vanguardia, declaró: “Hay que pensar en el día después del 1-O y actuar con responsabilidad”.

Nos aventuramos, pues, a tres mes de larga cuenta atrás y guerra de posiciones. Paciencia y cuerpo a tierra.

Refugee Food Festival: cuando el chef es un refugiado

Jorge Raya Pons

Foto: Jorge Raya
The Objective

Pierre perdió a toda su familia y ahora está solo en Madrid, arrastra una mirada triste y su pelo es rubio en un tono intenso. “La vida es complicada”, dice, bajando la mirada. “Estoy aquí como refugiado político”. Tiene 27 años y salió de Camerún siendo muy joven; apenas 22 años y no tuvo más remedio que dejar atrás su vida en África. Después de un largo camino llegó en 2015 a España, vivió 10 meses en un centro de Ceuta hasta que le concedieron el asilo. Pierre se fue de Camerún acosado por ser homosexual.

“En mi país hay mucha tradición, no se acepta”, dice Pierre, en un castellano todavía pobre. “En África no tienes libertad si eres homosexual, transexual o lesbiana. Allí existe la mutilación genital. En África es complicado. En África matan por eso”. Pierre cuenta que su padre lo rechazó, que tiene un hermano en Francia con quien no se habla, que su madre fue la única que lo protegió. “Pero mi madre está muerta”, dice. “Yo estaba aquí cuando murió”.

Refugee Food Festival: cuando el chef es un refugiado 2
Pierre, refugiado camerunés, en el restaurante L’Artisan. | Foto: J.R./The Objective

Y aunque no pudo terminar la escuela, siempre se interesó por la cocina; ahora estudia en una escuela gastronómica en Alonso Cano y vive como puede en Madrid, en un piso compartido que le dispuso un amigo dominicano. Cuenta que le interesa la comida francesa, la americana, que va conociendo la española. “Hago cocido”, dice. Ahora participa en una iniciativa, Refugee Food Festival, que nació de la sinergia de la ONG Food Sweet Food y de Acnur, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Pierre estará este fin de semana cocinando en el restaurante L’Artisan, en la calle Ventura de la Vega.

España solo ha acogido a 744 de los 17.000 refugiados a los que se comprometió en Bruselas

En esta campaña, puesta en marcha el año pasado en París y extendida en esta ocasión a ciudades como Madrid, Florencia o Ámsterdam, varios cocineros –todos ellos refugiados- comparten su cultura a través de la cocina en una serie de restaurantes que se prestan como voluntarios. El resultado en Madrid es nueve restaurantes que dan empleo a ocho refugiados de cuatro nacionalidades durante una semana –en días alternos-, ofreciéndoles la oportunidad de compartir sus inquietudes culinarias con sus comensales.

Refugee Food Festival, que termina su segunda edición este domingo, es una ocasión para dar visibilidad a los desplazados. Hay historias trágicas detrás de cada uno de ellos; esta iniciativa nos empuja a esforzarnos por comprenderlos, por escucharlos. España es el país que más donativos privados aporta a Acnur. Sin embargo, es el mismo país que incumple los acuerdos de acogida de refugiados pactados en Bruselas: se comprometió a acoger a 17.000 personas y solo han llegado 744.

Refugee Food Festival: olvidando entre fogones la tragedia de ser refugiado
Mariana, ofreciendo uno de sus postres. | Foto: J.R./The Objective

Mariana también tuvo que abandonar Ucrania con su marido y con su hijo. Tiene 24 años y estudió Económicas en la universidad de su ciudad, Ternópil, a 200 kilómetros de Polonia. Llegó hace un año y medio y su gran barrera, confiesa, es el idioma. “Quiero vivir en España, quiero trabajar en la repostería”, dice Mariana, que prepara postres en el restaurante Keyaan’s (Blasco de Garay, 10). “Me gusta muchísimo la gente de aquí”. Mariana huye de un país en guerra, con todas sus consecuencias, y sigue en contacto con su madre, a la que escribe por WhatsApp. “España nos ha ayudado muchísimo”, dice, agradecida. “En un futuro me gustaría abrir una pequeña pastelería”. Mariana no piensa en regresar a Ucrania.

Tampoco lo hace Pierre, que remueve una tila que no ha probado. “No puedo volver a Camerún, no tengo familia allí”, dice, muy serio. “Yo sueño con estar en España, con tener mi propio negocio: un restaurante con comida de cuatro continentes –África, América, Asia, Europa-. Y ya está”.

Algunas verdades desagradables

Andrés Cañizález

Foto: Cristian Hernandez
EFE

En estos días atroces que vive Venezuela, cuando logro desconectarme de la mecánica nacional, he vuelto sobre las páginas de un texto clásico de la historia del siglo XX. Se trata de “La República española y la guerra civil (1931-1939)” del estadounidense Gabriel Jackson, que ni más ni menos permite entender, literalmente desde su incubación, cómo se fueron dando los pasos hasta llegar a la guerra civil, cuyas heridas aún no están curadas del todo en la España del siglo XXI.

No trazaré acá un paralelismo entre aquello y lo que vivimos en Venezuela, aunque no tengo dudas de que sería un terreno de interesante indagación. En realidad, Jackson me ha permitido dar con algo que desde hace varias semanas me viene dando vueltas en la cabeza. Se trata de las verdades incómodas, aquellas que nadie quiere oír, pese a que pocos segundos antes en una reunión social o familiar alguien te dice ¿Y cómo ves la vaina?

Jackson lo sintetiza de esta forma: “las pasiones políticas impidieron a la mayoría de los observadores reconocer las verdades desagradables con respecto al bando con el cual simpatizaban”. En no pocas ocasiones he manifestado públicamente mi voto de confianza a la dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). En mi rol de periodista e intelectual público intento que el apoyo a la MUD no me empañe la visión y el análisis del momento tan dramático y definitorio que vivimos.

Esta adhesión pública, sin que medie un interés económico o un vínculo partidista, no la hago sólo ahora cuando día por medio tenemos a algún diputado opositor herido o vejado por estar al frente de las manifestaciones de calle. Lo expresé sin ambages en noviembre-diciembre del año pasado, cuando la vocería opositora pasaba por una hora oscura tras el fracasado diálogo con el gobierno y lo que fue, en el imaginario popular, el enfriamiento de la calle.

Sobre esto último hay mucha tela para cortar, pues si se revisan las cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social en realidad la calle tiene bastante tiempo sin estar lo que se dice fría, aún pese a la represión y la criminalización de la protesta popular, ésta última ampliamente denunciada por Provea.

Primera verdad. No hay ninguna señal de un resquebrajamiento serio al interior de las Fuerzas Armadas, al menos al momento en que escribo estas líneas. Hay malestar en mandos medios y cansancio en los uniformados que deben salir a la calle, pero el duopolio represivo de alto mando de la FAN y gobierno de Nicolás Maduro se mantiene amalgamado. Sin una ruptura en esta alianza no habrá cambio. La represión de la protesta, junto a las muertes a cuentagotas que se vienen registrando, hay que decirlo, se pueden mantener por largo tiempo.

Segunda verdad. Un escenario de cambio no nos conducirá necesariamente a la democracia. Como demócrata que soy y venezolano que vive en Venezuela sin plan B de emigrar, deseo profundamente que cualquier posibilidad de cambio desemboque en la restauración democrática, bajo los principios trazados en la Constitución de 1999. Ese es, sin duda, mi deseo más profundo.

Pero existe un claro riesgo (y la constituyente empujada por Maduro le pone fecha a ese escenario) de que pasemos no a más democracia sino a más dictadura. La represión puede subir de tono, se eliminen instancias judiciales independientes y sencillamente se militariza todo aquello que tenga que ver con la protesta política (ya hay bastante señales de que se puede ir en esa dirección). El punto culminante de tener más dictadura podría ser la salida de Maduro del poder y su reemplazo por alguna junta militar que asuma bajo la lógica de que “hay que poner orden”.

Tercera verdad. La caída de la dictadura no se resolverá en cuestión de horas con la huida del tirano. En el imaginario venezolano pesa mucho la visión idílica de que una vez que Pérez Jiménez huyó hubo en el país un florecimiento democrático inmediato, en 1958.

El madurismo, como degeneración autocrática del chavismo, combina no sólo la condición de una dictadura convencional (represión, censura, control de las instituciones) sino que hay dos elementos que a veces soslayamos. Por un lado, la condición de narcotraficantes que han adquirido muchos de quienes son figuras oficiales, junto al poder tras bambalinas que tiene la dictadura cubana en Venezuela, asunto que se ha acrecentado tras la muerte de Hugo Chávez y la asunción de Nicolás Maduro.

Cuarta verdad. Tarde o temprano llegaremos a una mesa de negociación. El enquistamiento del chavismo en la estructura del Estado y la adhesión sin reticencias del sector militar (que además se encarga del trabajo represivo) no se acabará solamente con la renuncia de Maduro (en caso de que éste renuncie por voluntad propia o forzado por los militares).

Algunas verdades desagradables 1
Las autoridades venezolanas reprimen con violencia las protestas de la oposición. | Foto: Ivan Alvarado / Reuters

Lo último que se ha discutido, de un grupo de países “amigos”, con naciones que sean colocadas a partes iguales por el gobierno y la oposición, podría ser una vía concreta no de dialogar (el tiempo del diálogo creo yo se acabó el 1 de diciembre de 2016) sino de negociar. Si usted le da crédito a lo que he dicho en las líneas anteriores entenderá que hay mucho que negociar.

Ni la crisis económica (aún agudizándose como se prevé) ni una agenda permanente de protestas en la calle (con la intensidad que viene sucediendo) generarán –por sí solas- el anhelado cambio democrático.

Ni será rápido, ni será fácil. Esa es la quinta verdad. Un buen amigo me considera un pesimista, cuando le comparto esta visión. Trato de mirar la realidad sin que los cristales de mis anteojos estén empañados por lo que deseo para mis hijos (que vivan en un país libre y próspero). No estoy diciendo que estamos condenados como sociedad, sólo que debemos afrontar este momento definitorio para la vida nacional mirando no sólo las posibilidades, sino también los riesgos.

Se trata de mantenerse, en esta hora de crisis, con convicciones firmes y resiliencia en la actuación cotidiana, tanto social como individualmente.

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