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La Audiencia de Barcelona condena a Convergència Democràtica por el Caso Palau

Foto: Toni Albir
EFE

La Audiencia de Barcelona ha condenado a Convergència Democràtica (CDC) a pagar 6,2 millones por el expolio del Palau de la Música. También ha establecido nueve años y ocho meses de cárcel para Fèlix Millet, siete años y seis meses para Jordi Montull, y cuatro años y cinco meses para Gemma Montull. La sentencia no es firme y se puede recurrir ante el Tribunal Supremo.

Por su parte, el tesorero de la formación Daniel Osácar ha sido condenado a cuatro años y cinco meses de prisión por blanqueo y tráfico de influencias. El Tribunal de la Sección 10 de la Audiencia Provincial de Barcelona, integrado por la magistrada-presidenta Montserrat Comas-d’Argemir y los magistrados José Antonio Lagares y Julio Hernández, este último ponente del fallo, ha dictado la  sentencia, que cifra finalmente el expolio del Palau en 23 millones de euros.

Millete también ha sido sentenciado a pagar una multa de 4.120.540,17 euros, mientras que Jordi Montull deberá afrontar una multa de 2.998.284,81 euros; su hija Gemma otra de 2.663.955,16 euros y Daniel Osàcar de 3.796.555,40 euros.

El Tribunal reconoce la utilización del Palau de la Música en un entramado que permitía el cobro de comisiones ilegales a través de obra pública. El fallo sostiene que Fèlix Millet y Jordi Montull, contando desde diciembre de 2003 con la indispensable contribución de Gemma Montull, “pusieron en práctica una estrategia encaminada a disponer, ilícitamente, de cuantiosos fondos del Palau de la Música.

Los jueces consideran que Convergència se benefició con 6,6 millones. Tal como concluyó la Fiscalía, la Audiencia de Barcelona ve probado que Ferrovial pagó comisiones al partido nacionalista a cambio de la adjudicación de grandes obras públicas como la Ciudad de la Justicia o la línea 9 del metro. La constructora camuflaba esas comisiones como donaciones altruistas al Palau de la Música.

El abogado de CDC, Francesc Sánchez, ha asegurado no estar de acuerdo con la sentencia y que en en caso de que esta se confirme y sea firme, la recurrirán. “La recurriremos, tanto respecto a Daniel Osàcar como CDC. La juez ha comprado la posición de la fiscalía. No estamos de acuerdo”.

Gema Montull, condenada a 4 años y medios de prisión, ha declarado a su salida de la Audiencia que nunca confesó su autoría, “confesé ciertos hechos de una complicidad. Tengo que leer toda la sentencia con mis abogados y plantear el recurso”. “En ningún caso merezco ir a la cárcel. No he hecho nada”. Jordi Montull, ha rechazado hacer declaraciones a su salida de la Audiencia de Barcelona.

El fallo judicial explica que Félix Millet y Jordi Montull, contando desde diciembre de 2003 con la indispensable contribución de Gemma Montull, “pusieron en práctica una estrategia encaminada a disponer, ilícitamente, de cuantiosos fondos de asociación, fundación y consorcio, para aplicarlos, bien a gastos particulares de ellos o sus familias, bien a fines desconocidos, pero en todo caso ajenos por completo a los fines e intereses propios de los entes a los que dichos fondos pertenecían”.

La CUP no ha tardado en postularse sobre el caso Palau a través de las redes:

Por su parte el PDeCAT se ha desmarcado de CDC y ha reiterado su compromiso “con la transparencia y buenas prácticas en la acción política”. “El Partido Demócrata respeta las resoluciones judiciales”, se puede leer en un comunicado.

Continúa leyendo: El juez Llarena dicta una orden de detención nacional contra Anna Gabriel

El juez Llarena dicta una orden de detención nacional contra Anna Gabriel

Foto: ALBERT GEA
Reuters/Archivo

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha emitido este miércoles una orden de detención nacional contra la dirigente de la CUP Anna Gabriel después de que no se presentara a declarar en el marco de la investigación abierta relacionada con el procés catalán. La propia Gabriel, que se encuentra en Suiza desde donde había anunciado su intención de no comparecer ante el juez, ha pedido el archivo de la causa.

La ex diputada del Parlamento catalán no se ha mostrado sorprendida por la decisión judicial contra ella porque, en su opinión, la justicia española “no es imparcial”, ha dicho en una entrevista concedida a TV3 desde Ginebra. Gabriel ha indicado que la situación creada tras la declaración unilateral de independencia y la consiguiente acción judicial contra sus defensores  “no es una lucha personal sino colectiva”, por lo que “hay que seguir reivindicando que todos los presos, exiliados e imputados independentistas queden en libertad”, ha añadido.

Gabriel se refería así al expresidente catalán, Carles Puigdemont, huido de la justicia española en Bruselas desde finales de octubre junto a otros cuatro ex consellers, además de a los políticos encarcelados, el ex vicepresidente Oriol Junqueras, el ex conseller de Interior, Joaquim Forn, y los ex presidente de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

La dirigente de la CUP ha confirmado también en la entrevista que su partido ha optado por una “estrategia compartida y desdoblada” ante los tribunales, lo que implica que mientras que la también exdiputada Mireia Boya compareció ante el juez, quedando en libertad sin cargos a pesar de haber defendido la declaración de independencia de Cataluña, ella ha optado por no hacerlo y “refugiarse” en Suiza al ver que otros dirigentes sí que están en prisión.

Una vez solicitada la orden de detención, el juez Llarena deberá iniciar los trámites de extradición a través de la Interpol mediante el convenio suscrito entre ambos países, informa EFE.

El Tribunal Supremo ha ordenado que se notifique esta resolución al Ministerio Fiscal y a las partes implicadas que habían pedido la detención de Gabriel, y añade que se puede interponer un recurso de reforma o apelación en el plazo de tres días.

La Fiscalía del Tribunal Supremo había solicitado horas antes al juez que emitiera una orden de detención y prisión para la dirigente de la CUP. La Abogacía del Estado se sumó a la petición del Ministerio Público, al igual que la acusación popular representada por el partido de extrema derecha VOX.

Los fiscales han señalado que Anna Gabriel “habiendo eludido la acción de la Justicia” y “a los fines de impedir que continúe en situación de fuga”, interesa que se decrete la prisión provisional de Anna Gabriel para proceder a su posterior reclamación ante las autoridades competentes suizas.

Anna Gabriel tendría que haber declarado como investigada este miércoles por un delito de rebelión, después de el juez Llarena mantuiera la citación a pesar de que la exdiputado de la CUP ya había notificado que no acudiría por considerar que en España “no tendría un juicio justo”.

A pesar de que Suiza y España mantienen tradicionalmente relaciones de cooperación, el Gobierno suizo avanzó el martes que probablemente rechazaría una solicitud de extradición o de asistencia jurídica, dijo Folco Galli, un portavoz del Departamento de Justicia de Suiza, a EFE.  El Gobierno suizo considera que el caso de Gabriel está ligado a delitos políticos que en Suiza no tienen base jurídica, motivo por el cual no aceptaría la solicitud de extradición.

Continúa leyendo: Millet y Montull tendrán que pagar 400.000 y 100.000 euros de fianza para salir de prisión

Millet y Montull tendrán que pagar 400.000 y 100.000 euros de fianza para salir de prisión

Foto: Marta Perez
EFE

La Audiencia de Barcelona ha impuesto sendas fianzas de 400.000 y 100.000 euros a los exresponsables del Palau de la Música Fèlix Millet y Jordi Montull para salir de la cárcel, en la que ingresaron el pasado 5 de febrero para cumplir condena por el saqueo de la entidad cultural.

La sección décima de la Audiencia de Barcelona, que acordó enviar a prisión a Millet y Montull a la espera de que el Supremo resuelva los recursos contra la sentencia del ‘caso Palau’, ha estimado parcialmente los recursos presentados por sus defensas y ha acordado permitirles salir de la cárcel si pagan las fianzas fijadas.

Con todo, los magistrados consideran que sigue existiendo el riesgo de fuga y que, dado que de los “fondos malversados sólo se ha conseguido recuperar una pequeña parte”, podrían tener dinero fuera de España con el que mantenerse. A su vez, estiman que la edad o las enfermedades no son razones suficientes para rechazar la posibilidad de una fuga.

Por esta razón, la Audiencia de Barcelona les ha impuesto una serie de medidas cautelares que serán efectivas una vez depositen el importe de sus fianzas. Entre ellas se encuentra la retirada de pasaporte, la prohibición de salir del país y una comparecencia mensual ante los magistrados.

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El Supremo confirma la prisión de Valtonyc por injurias a la Corona y enaltecimiento del terrorismo

Foto: @valtonyc
Twitter

La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 3 años y medio de cárcel que la Audiencia Nacional impuso al rapero José Miguel Arenas Beltrán, mejor conocido como Valtonyc, por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona, y amenazas no condicionales. El joven ha  dicho en su cuenta en Twitter que “en cuanto tengas más información” dirá más cosas.

La condena impuesta castiga el contenido de una serie de canciones de las que era autor y que subió a internet, en las que se incluyen expresiones en apoyo y alabanza a las organizaciones terroristas GRAPO, a ETA y a algunos de sus miembros, así como contra el Rey y sus familiares, y contra el presidente del Circulo Balear, Jorge Campos, contra quien se dirigieron las amenazas.

El Tribunal Supremo ha decidido confirmar la condena, que al ser superior a dos años implica la entrada obligatoria de Valtonyc en prisión en cuanto entre en fase de ejecución. José Miguel Arenas Beltrán, hasta el momento, carece de antecedentes penales.

La Audiencia Nacional decidió imponerle la sentencia por canciones publicadas en Youtube con mensajes como “en el palacio del Borbón, Kalashnikov”, también “un pistoletazo en la frente de tu jefe está justificado o siempre queda esperar a que le secuestre algún GRAPO” y “que explote un bus del PP con nitroglicerina cargada”, entre otras.

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El juez mantiene la citación de Anna Gabriel pese a su rechazo a declarar

Foto: Vincent West
Reuters

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena mantiene para este miércoles a las 9.30 horas la cita para que la exdiputada de la CUP Anna Gabriel declare como investigada por un delito de rebelión, a pesar de que ésta ya le ha notificado que no piensa acudir y que permanecerá en Suiza. Llarena, tras recibir el escrito de Gabriel en el que expone que no irá a declarar al Supremo porque cree que en la causa abierta por el proceso hacia la independencia de Cataluña no tiene derecho a “un juicio justo”, ha optado por mantener su citación.

Una vez que se confirme su ausencia, al juez le tocará decidir qué pasos da y si inicia el procedimiento para pedir su detención y extradición a las autoridades suizas. La Fiscalía va a estudiar si solicita al juez que emprenda ese camino, al tratarse de una extradición (en Suiza no rige la euroorden), el juez podría activarla con independencia de que lo soliciten las acusaciones.

En cualquier caso, Llarena ha evitado hasta el momento activar los mecanismos internacionales para conseguir la detención y entrega de los otros cinco fugados: el expresidente Carles Puigdemont y los exconsellers Antonio Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluis Puig. De hecho, al hacerse cargo del caso optó por desactivar las órdenes (europeas e internacionales) dictadas por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela contra los fugados y tan solo mantuvo el mandato de su arresto en el caso de que regresaran a España.

Esa es una de las opciones que tiene sobre la mesa en el caso de Gabriel, al menos hasta que decida pedir a Bélgica la detención del resto, algo que prevé hacer cuando termine la investigación y dicte auto de procesamiento. En el caso de Suiza no sería aplicable la orden de detención y entrega europea (euroorden), por lo que Llarena debería solicitar la detención a través de la Interpol e iniciar los trámites de extradición mediante el convenio suscrito entre ambos países. El Gobierno suizo ha anticipado que, “a priori”, este caso parece estar ligado a delitos políticos, por lo que si España pide la extradición sería eventualmente rechazada.

La estrategia de defensa anticipada por Anna Gabriel pasará por denunciar una persecución por motivos políticos, dado que Suiza contempla el rechazo a las peticiones de extradición si el procedimiento abierto en el extranjero “tiende a perseguir o castigar la persona por sus opiniones políticas, su pertenencia a un grupo social específico, o por consideraciones de orden racial, religioso o de nacionalidad”.

La legislación suiza determina que para aceptar una petición de extradición, “por regla general”, al menos una de las infracciones imputadas debe estar sancionada tanto en Suiza como en el país solicitante y dar lugar a extradición en las dos legislaciones, informa Efe.

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