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La Audiencia Nacional da un nuevo paso contra el fraude de Volkswagen AG

El juez ha cursado este viernes una comisión rogatoria a Alemania para que la empresa designe a la persona que deberá representarla. Para el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional procede investigar la conducta de Volkswagen una vez la compañía haya reconocido públicamente la manipulación de motores diesel de 4 cilindros. En efecto, la compañía desveló el año pasado a la Junta de Recursos el Aire de California y a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos que los vehículos con motores diésel de cuatro cilindros fabricados entre 2009 y 2015 contenían un «recurso de anulación en forma de programa informático oculto que reconocía si un vehículo estaba funcionando en una prueba de laboratorio o en la carretera». Se estima que este sistema fue instalado en 10 millones de vehículos en todo el mundo.

La Audiencia Nacional da un nuevo paso contra el fraude de Volkswagen AG

Reuters

El escándalo de los motores diésel trucados por Volkswagen AG para superar el control de emisiones que estalló el pasado año cuando la propia compañía reconoció el fraude, sigue teniendo repercusiones en el ámbito judicial. En esta ocasión es la Audiencia Nacional la que, a través de un auto del juez Isamel Moreno, pretende que la firma alemana responda ante la Justicia por un presunto delito de fraude de subvenciones contra el medio ambiente.

El juez ha cursado este viernes una comisión rogatoria a Alemania para que la empresa designe a la persona que deberá representarla. Para el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional procede investigar la conducta de Volkswagen una vez la compañía haya reconocido públicamente la manipulación de motores diesel de 4 cilindros.
En efecto, la compañía desveló el año pasado a la Junta de Recursos el Aire de California y a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos que los vehículos con motores diésel de cuatro cilindros fabricados entre 2009 y 2015 contenían un «recurso de anulación en forma de programa informático oculto que reconocía si un vehículo estaba funcionando en una prueba de laboratorio o en la carretera». Se estima que este sistema fue instalado en 10 millones de vehículos en todo el mundo.

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