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La crisis de Cataluña obligaría al Gobierno a revisar a la baja sus previsiones de crecimiento

Foto: SERGIO PEREZ
Reuters

El Gobierno español tendría que revisar a la baja sus previsiones de crecimiento económico para 2018 si no se resuelve rápidamente la crisis política con Cataluña, ha dicho este viernes la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en una rueda de prensa desde La Moncloa.

“Si no hubiera una pronta solución a este asunto nos deberíamos ver obligados a una bajada de las expectativas de crecimiento económico para el año 2018”, que era del 2,6%, dijo la dirigente, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros del viernes.

Sáenz de Santamaría se refirió a las consecuencias económicas en Cataluña de esta crisis política que ha llevado a las principales empresas de la región a trasladar su sede social a otros lugares.

Ha habido un “parón de la inversión, una caída de un 10% de las inversiones en Cataluña, mientras que en el resto de España crecían un 13%, o la caída dramática del turismo. Del 20 al 30% de las reservas hoteleras en Barcelona se han visto afectadas”.

“La Generalitat está creando todas las condiciones para sumir a Cataluña en una aguda desaceleración, incluso en una recesión económica, según advierten los expertos”, ha añadido.

La vicepresidenta sostuvo que el próximo año debería “ser un buen año para el crecimiento y para el empleo”, pero los acontecimientos en Cataluña los llevan a “ser mas prudentes”.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dejado en suspenso el martes la independencia de Cataluña en el Parlamento regional al declararla e inmediatamente pedir la suspensión de sus efectos para facilitar un diálogo con el Gobierno central.

La confusión que surgió de la declaración de Puigdemont, ha llevado al Gobierno de Mariano Rajoy a enviarle un requerimiento formal para que aclare si había declarado la independencia, primer paso de un proceso que podría llevar a la suspensión de la autonomía de Cataluña, al amparo del Artículo 155 de la Constitución.

Sáenz de Santamaría también ha invitado a Puigdemont a un diálogo en el Congreso.

Continúa leyendo: Tres muertos, entre ellos dos guardias civiles, en un tiroteo en Teruel

Tres muertos, entre ellos dos guardias civiles, en un tiroteo en Teruel

Foto: Antonio García
EFE

Tres personas han muerto, dos de ellas guardias civiles, en un tiroteo en una pequeña masía entre las localidades turolenses de Albalate del Arzobispo y Andorra, por el que las fuerzas de seguridad han tenido que buscar a un individuo que había huido en una camioneta.

La Guardia Civil ha confirmado, a través de su cuenta oficial de Twitter, que Víctor Romero Pérez y Víctor Jesús Caballero Espinosa son los dos agentes asesinados durante el tiroteo. El organismo ha manifestado por este medio sus condolencias a la familias, a las que ha mandado “un abrazo dolorido”.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; el presidente de Aragón, Javier Lambán, y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, han expresado sus condolencias por este triple asesinato.

“Nos llena de dolor las muertes producidas cerca de Albalate del Arzobispo. Mi sentido pésame a sus familias y compañeros, y mi reconocimiento a la labor de la Guardia Civil”, ha escrito Rajoy.

Según han informado a Efe fuentes de la Delegación del Gobierno, los hechos estarían relacionados con el dispositivo de búsqueda de un individuo que el pasado 5 de diciembre protagonizó un tiroteo en otra masía en Albalate del Arzobispo. Fuentes próximas a la investigación han precisado que el presunto autor de los disparos ha huido en un vehículo tipo “pick up” de color verde.

La Guardia Civil estableció un operativo para localizar a los implicados en el suceso del día 5, en el que dispararon a dos personas cuando se dirigían a cambiar la cerradura de una casa de campo en Albalate, que creían estropeada. Cuando el propietario llegó a la casa con el cerrajero se encontraron con “una o varias personas armadas” que les causaron heridas en el brazo a uno y en el costado al otro.

La búsqueda, que ha precisado de un amplio dispositivo del equipo ROCA de la Guardia Civil, se había centrado en una zona de monte cerrado y de complicado acceso entre los términos de Andorra y Albalate del Arzobispo, y que también incluía la vecina Ariño. El delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, y el subdelegado en Teruel, José María Valero, se han desplazado al lugar del tiroteo, según las fuentes.

El delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, que se ha desplazado a Andorra nada más conocer los hechos, ha negado que el sospechoso haya sido abatido como se ha informado inicialmente.

“Esta persona va a caer, lo vamos a detener pero vamos a tener paciencia. Se están tomando las medidas y los controles necesarios. Todos somos conscientes de que de noche es difícil hacer las cosas, pero caerá. No está localizado”, ha dicho.

Continúa leyendo: El Gobierno garantiza la seguridad del 21D frente a posibles injerencias

El Gobierno garantiza la seguridad del 21D frente a posibles injerencias

Foto: QUIQUE GARCIA
EFE

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, ha avanzado este jueves que el Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior y el Centro Criptológico Nacional, está trabajando para garantizar la seguridad y la limpieza democrática de las elecciones catalanas ante las hipotéticas injerencias externas.

Sáenz de Santamaría ha comparecido este jueves durante más de dos horas a puerta cerrada ante la Comisión de Gastos Reservados del Congreso, conocida como de secretos oficiales, para informar sobre las supuestas injerencias rusas en el proceso independentista en Cataluña.

En cumplimiento de la ley, la vicepresidenta no ha querido desvelar el contenido de sus explicaciones, aunque sí ha agradecido el interés de los grupos por este problema y ha recalcado la preocupación compartida por la ciberseguridad, así como la necesidad de reforzar los mecanismos de defensa. Lo que sí ha avanzado es que varios departamentos del Ejecutivo central y los expertos en seguridad informática del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en colaboración con la empresa encargada del recuento del 21D, están ya trabajando intensamente para preservar la seguridad de los comicios. “Este país si en algo tiene experiencia es en celebrar elecciones con una absoluta limpieza y así se va a hacer siempre porque además estamos contando con la gente que desde la Generalitat ha organizado también muchos comicios”, ha remarcado.

Saenz de Santamaría ya avanzó ayer que el Gobierno pondrá en marcha en el primer semestre de 2018 un centro de operaciones de seguridad para dar una respuesta más eficaz a las ciberamenazas y combatir la desinformación en internet, con un coste inicial de 16 millones de euros. La vicepresidenta destacó que el Ejecutivo está haciendo un trabajo “muy intenso” de cara a los comicios en Cataluña para anticiparse a los problemas que puedan surgir y estar preparado ante los intentos de desinformación. “Hemos aprendido a tenor de lo que está ocurriendo y de lo que hemos vivido”, ha remarcado.

A las reuniones de la comisión de gastos reservados tienen derecho a asistir los portavoces de todos los grupos parlamentarios, entre ellos los portavoces de ERC y el PDeCAT. Ninguno de ellos ha querido informar de las explicaciones de la vicepresidenta del Gobierno, tal y como establece la ley.

La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, se ha limitado a confirmar que la preocupación por la ciberseguridad es unánime entre los grupos parlamentarios. Aunque ha insistido en la necesidad de tratar de garantizar la seguridad de los ciudadanos en las redes, ha reiterado su crítica a la actitud del Gobierno de querer imponer más recortes en los derechos y libertades fundamentales utilizando la seguridad como pretexto. Ha argumentado que así ha ocurrido con la denominada “ley mordaza“, a cuya derogación, actualmente en trámite parlamentario, se opone el PP. “Nos preocupa que el Gobierno quiera seguir por esta senda de la ley mordaza”, ha manifestado Montero, que ha recalcado que numerosos organismos internacionales la han criticado por vulnerar derechos fundamentales, como la libertad de expresión, de reunión y manifestación.

Desde el PDeCAT, Jordi Xuclá, se ha excusado por no poder informar de ningún aspecto de la reunión que, al menos ha considerado “fructífera” y de la que ha salido satisfecho y tranquilo.

Continúa leyendo: Albiol pide explicaciones a Puigdemont por usar dinero público para espiarlo

Albiol pide explicaciones a Puigdemont por usar dinero público para espiarlo

Foto: ALBERT GEA
Reuters

El candidato del Partido Popular para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, Xavier García Albiol, ha pedido explicaciones a Carles Puigdemont sobre el espionaje que llevó a cabo una unidad de inteligencia de los Mossos d’Esquadra.

“Quiero que Puigdemont explique con qué motivo me espiaron y cuánto ha costado ese espionaje”, ha dicho durante una rueda de prensa tras darse a conocer que tanto él como el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, son algunos de los políticos a los que esta unidad hizo seguimientos.

El candidato popular no descarta denunciar a Puigdemont si se confirma que el Govern cesado le espió. “Es muy probable que la denuncia vaya contra Puigdemont”, ha dicho.

Albiol ha calificado dicho seguimiento de “propio de las dictaduras”. “Los políticos independentistas han llegado a espiarnos como si fueran la Gestapo con tal de lograr sus objetivos”, ha denunciado.

Considera que “no es casual” que los independentistas hayan querido espiar al PP, pues “el gobierno de Puigdemont se ha dedicado a espiar a quienes de verdad le preocupábamos”. Ha pedido también al expresident que responda a varias preguntas: “¿Por qué nos estaba espiando, con qué dinero y cuál era el objetivo?”.

Además, ha criticado que se haya utilizado un cuerpo policial para llevar a cabo este espionaje. “Los Mossos no están para espiar a los rivales políticos, sino para defender los intereses de todos los catalanes”.

“Tenemos que enviar a esta gente a la oposición para que se descontaminen políticamente. No se puede espiar a rivales políticos porque resulten molestos”, ha dicho Albiol, refiriéndose a los políticos secesionistas.

Ha criticado también que, con esta acción, el Govern cesado haya comprometido la credibilidad y la profesionalidad del cuerpo de Mossos d’Esquadra, pero ha destacado que “la inmensa mayoría” de los miembros de este cuerpo policial “son excelentes profesionales y personas honradas”.

El supuesto espionaje se ha dado a conocer debido las pruebas halladas por la Policía Nacional en los documentos que fueron incautados a los Mossos d’Esquadra el pasado 26 de octubre, un día antes de la Declaración Unilateral de Independencia, cuando los llevaban a quemarlos a una incineradora.

Continúa leyendo: El Tribunal Supremo llama a declarar a Forn y los 'Jordis' el 11 de enero

El Tribunal Supremo llama a declarar a Forn y los 'Jordis' el 11 de enero

Foto: EMILIO MORENATTI
AP

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha llamado a declarar el 11 de enero al exconsejero de Interior de la Generalitat Joaquim Forn y a los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, según han informado varios medios.

Las defensas del exconseller y de los ‘Jordis’ pidieron al Tribunal Supremo declarar después de que Llarena decidiera mantenerles en prisión incondicional el pasado 4 de diciembre, junto al exvicepresidente Oriol Junqueras. Los cuatro están investigados por sus responsabilidades en el procés catalán que concluyó con la declaración de independencia de Cataluña, el pasado 27 de octubre.

Este jueves, el juez Llarena también ha negadoJordi Sánchez la salida de prisión para participar en la campaña de las elecciones del 21D a las que concurre en las listas de Junts per Catalunya (JxCAT).

Por su parte, el juez belga que examina la extradición de Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers fugados –Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret– ha determinado en la vista de este jueves la retirada de los cargos contra ellos en Bélgica. Los acusados se encuentran en ese país desde finales de octubre y sobre ellos pesaban sendas órdenes europeas de detención hasta la semana pasada, cuando el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ordenó que las retirasen para que no se rompiese la continencia de la causa.

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