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La fiscalía se querella contra dirigentes de las asociaciones municipales independentistas catalanas

A las querellas criminales contra los miembros de la Mesa del Parlament y el gobierno presidido por Carles Puigdemont tras la aprobación de las llamadas leyes de desconexión, se suman ahora otras dos anunciadas este jueves por la Fiscalía Superior de Catalunya contra la diputada del Parlament de Catalunya y alcaldesa de Vilanova i la Gelgtrú, Neus Lloveras i Masana, y el alcalde de Premiá de Mar, Miquel Buch, «por la posible comisión de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación», informa el TSJC.

La fiscalía se querella contra dirigentes de las asociaciones municipales independentistas catalanas

Dos nuevas querellas se han presentado este jueves en el marco de las actuaciones emprendidas por el ministerio público para impedir la realización del referéndum de autodeterminación convocado por el gobierno catalán el 1 de octubre, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. A las querellas criminales contra los miembros de la Mesa del Parlament y el gobierno presidido por Carles Puigdemont tras la aprobación de las llamadas leyes de desconexión, se suman ahora otras dos anunciadas este jueves por la Fiscalía Superior de Catalunya contra la diputada del Parlament de Catalunya y alcaldesa de Vilanova i la Gelgtrú, Neus Lloveras i Masana, y el alcalde de Premiá de Mar, Miquel Buch, «por la posible comisión de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación«, informa el TSJC.

En el caso de Neus Llovera, además de alcaldesa y diputada, preside la Asociación de Municipios para la Independencia (AMI), mientras que Miquel Buch es presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), ambos inscritos en la coalición política Junts pel Sí y, según la querella, «conocedores» de la ilegalidad del referéndum declarada por parte del TC, pese a lo cual, «han realizado actos inequívocos de promoción y organización de esta inconstitucional convocatoria refrendaria».

La fiscalía explica que después de la aprobación de las leyes de desconexión por parte del Parlament – ley de Referéndum y ley de Transitoriedad – con el voto de Junts pel Sí y la CUP y en contra del resto de la oposición, que se ausentó de sendas votaciones, los dos querellados se dieron por enterados y expresaron su disponibilidad para participar en la organización del referéndum a través de una carta enviada a los alcaldes catalanes.

La querella se hace eco también de otro correo enviado por los querellados a los alcaldes independentistas en los que se les informa de que «el próximo jueves a las 24 horas comienza la campaña electoral de cara al referéndum del 1 de octubre» y se informa de los carteles que las dos asociaciones han realizado. Además, en las páginas web de las asociaciones que presiden los querellados «se hace una pública y manifiesta defensa de la promoción, organización y celebración del referéndum secesionista, difundiendo la lista de ayuntamientos adheridos a este proceso inconstitucional». Correos que para la fiscalía demuestran el «total desprecio ante los reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional» por parte los dos «responsables públicos municipales».

La fiscalía considera que Neus Lloveras y Miquel Buch pretenden «socavar el orden constitucional, promoviendo un proceso de secesión de Cataluña respecto del resto del Estado, en abierta contradicción con la Constitución Española.

Desde las asociaciones han reaccionado calificando la actuación de la fiscalía como «un paso más para perseguir a nuestros electos y los derechos de nuestros ciudadanos».

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha expresado su apoyo a los dos alcaldes querellados a través de su cuenta de Twitter.

Las dos querellas se han hecho públicas al día siguiente de que la Fiscalía General del Estado enviara una orden a las fiscalías provinciales de Cataluña para que comiencen una investigación sobre los Ayuntamientos que apoyan la preparación y celebración del referéndum del 1 de octubre y sobre cada uno de sus alcaldes. Los fiscales jefe de cada provincia tendrán que citar a los alcaldes de cada uno de estos Ayuntamientos para interrogarlos en condición de “investigado y asistido del Letrado” y ordenar su detención en el caso de no asistencia. Mientras que los alcaldes de Junts pel Sí, con Neus Lloveras a la cabeza, aseguraron que no tienen ningún inconveniente en acudir a la fiscalía, los de la CUP anunciaron que no acudirán.

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