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La ONU acusa a las fuerzas del orden venezolanas de tortura y malos tratos generalizados

Foto: FEDERICO PARRA

Las fuerzas de seguridad venezolanas han “maltratado” y “torturado” de forma “generalizada y sistemática” a manifestantes y detenidos, ha denunciado este lunes la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). “Hemos recibido informes creíbles de trato cruel inhumano y degradante por parte de las fuerzas de seguridad a los detenidos, que podrían ser definidos en varios casos como tortura”, ha afirmado la portavoz de la Oficina, Ravina Shamdasani, en una rueda de prensa, y ha agregado que “estos no fueron casos aislados”. Venezuela se encuentra inmersa en una gran crisis política que desde primeros de abril ha dejado más de 120 muertos.

Además, la ONU ha denunciado que la destitución de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, es una muestra más de la ruptura del estado de derecho en el país. “La destitución de la fiscal general está en la línea de lo que hemos estado denunciando, que el estado de derecho en el país se ha roto y la fractura se está ahondando”, ha afirmado Shamdasani.

La portavoz explicó que tras intentar en vano que un equipo de investigadores pudieran tener acceso al país para poder pesquisar in situ sobre lo que está ocurriendo, el alto comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, decidió enviar a Panamá un grupo de expertos que hicieron su trabajo a distancia. “Las entrevistas realizadas a distancia sugieren que en Venezuela ha habido un uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes”, se puede leer en un comunicado difundido por la ACNUDH.

El equipo llevó a cabo unas 135 entrevistas a víctimas y familiares, testigos, miembros de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos paramédicos y un funcionario de la oficina de la Fiscal General. También recibió información por escrito de la oficina del Defensor del Pueblo.

Según contaron los testigos, las fuerzas de seguridad, principalmente la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, así como los cuerpos de policía locales, “emplearon sistemáticamente la fuerza desproporcionada a fin de inspirar miedo, acallar a los disidentes y evitar que los manifestantes se reunieran”. Shamdasani ha recordado que hasta el 31 de julio, la Oficina de la Fiscal General había investigado 124 muertes en el contexto de las manifestaciones.

Según el análisis del equipo de investigadores, “las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46 de esas muertes, mientras que los grupos armados progubernamentales, denominados ‘colectivos armados’, serían responsables de otros 27 fallecimientos”. La Oficina de la Fiscal General investigaba también al menos 1.958 casos de heridos, aunque el número real de personas que han sufrido lesiones podrían ser mucho mayor.

Asimismo, Shamdasani ha denunciado que a pesar de no disponer de estadísticas oficiales sobre el número de detenciones, los cálculos más fidedignos indican que desde el 1 de abril, cuando comenzaron las manifestaciones, hasta el 31 de julio, más de 5.051 personas han sufrido detención arbitraria.

Entre los métodos usados figuran choques eléctricos, palizas en las que han empleado hasta los cascos y las porras, mientras los detenidos estaban esposados, la práctica de colgar a los reos de las muñecas durante periodos prolongados, asfixiarlos con gases y amenazarlos con la muerte –y en algunos casos con la violencia sexual- a ellos y a sus familiares.

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Acusan a la ONU de permitir una cultura de "impunidad" ante el acoso sexual

Foto: Mark Lennihan
AFP

La ONU ha permitido la proliferación de casos de acoso y agresión sexual contra sus empleadas en sus oficinas de todo el mundo, en las que se ignora a las víctimas y los agresores operan con “impunidad”, según una investigación divulgada este jueves por The Guardian.

El periódico británico ha entrevistado a docenas de trabajadores y exempleados de la Organización de Naciones Unidas, quienes describieron una “cultura del silencio” dentro de su estructura y un sistema fallido a la hora de respaldar a las afectadas. Quince empleadas han asegurado haber experimentado o denunciado situaciones de abuso sexual o agresión en los últimos cinco años, que van desde el acoso verbal hasta violaciones, según recoge la información.

Siete de esas mujeres denunciaron formalmente haber sido víctimas de uno de esos delitos, aunque los propios empleados de la ONU aseguran que la denuncia es una vía que raramente escogen las personas que sufren los abusos, por temor a perder su empleo o ante el convencimiento de que no se adoptarán medidas adecuadas para subsanar la situación. “Si denuncias, tu carrera prácticamente se acaba, especialmente si eres asesor”, ha indicado de manera anónima una de estas empleadas. Esta misma mujer asegura haber sufrido acoso por parte de un supervisor dentro de la organización mientras trabajaba para el Programa Mundial de Alimentos.

Por su parte, la ONU ha admitido que considera preocupante el hecho de que incidentes de ese tipo no se lleguen a denunciar, al tiempo que recuerda que el secretario general, António Guterres, “ha dado prioridad a abordar el acoso sexual y a mantener una política de tolerancia cero” contra esas prácticas.

The Guardian ha podido hablar con trabajadores de la ONU de más de diez países diferentes, bajo la condición de mantener su anonimato. Tres mujeres que denunciaron haber sido víctimas de acoso sexual han revelado que, desde entonces, habían perdido sus empleos o les habían amenazado con la rescisión de sus contratos. Sin embargo, los supuestos agresores continúan todos en sus puestos de trabajo, indica la investigación del diario británico.

Una de las afectadas, que denunció que fue violada por un superior del personal de la ONU mientras trabajaba en una localidad remota, ha afirmado que pese a presentar evidencias médicas y contar con testimonios de testigos, una investigación interna llevada a cabo por la organización concluyó que “no había pruebas suficientes” para respaldar su acusación. Además de su empleo, esa mujer perdió su visado y pasó meses hospitalizada debido al estrés y el trauma de lo ocurrido, según ha relatado el periódico.

En otros documentos internos a los que ha accedido el diario, otras dos mujeres expresaban su preocupación sobre el trabajo interno que había hecho la ONU sobre el asunto. Lamentaban “errores en la transcripción”, “filtraciones de las investigaciones” y el hecho de que no se entrevistara a testigos clave en sus casos. The Guardian indica que la ONU ha sido criticada desde hace tiempo por no investigar de manera adecuada este tipo de hechos, así como la explotación sexual, perpetrados por sus fuerzas de paz contra aquellos a quienes deben proteger.

Continúa leyendo: Los tres últimos años han sido los más cálidos registrados hasta la fecha

Los tres últimos años han sido los más cálidos registrados hasta la fecha

Foto: ORLANDO SIERRA
AFP

Los tres últimos años han sido los más cálidos registrados hasta la fecha y el ritmo del calentamiento del planeta constatado durante este periodo es “excepcional”, ha advertido este jueves la ONU, citada por AFP. El año 2016 mantiene el récord por la incidencia del fenómeno del Niño, aunque 2017 ha sido el año más cálido si no se tiene en cuenta ese hecho.

“Ya ha sido confirmado que los años 2015, 2016 y 2017, que se incluyen claramente en la tendencia del calentamiento a largo plazo provocado por el aumento de gases de efecto invernadero, son los tres años más cálidos hasta ahora registrados”, ha anunciado la Organización Meteorológica Mundial (OMM), una de las agencias especializadas de la ONU.

El año 2016 se encuentra a la cabeza de la lista, con 1,2 grados más que en la época preindustrial, un periodo entre los años 1880 y 1900 que la ONU utiliza como referencia sobre las condiciones existentes en dicha época. Los expertos señalan que esto se debe, en gran parte, al efecto de un potente “Niño”. Este fenómeno es conocido por empujar al alza la media mundial de temperaturas, que se desata en periodos de tres a siete años y afecta a temperaturas, corrientes marinas y precipitaciones. Por su parte, el 2017 alcanzó el récord del año más cálido hasta la fecha sin que tuviera incidencia del Niño.

Basándose en los últimos datos, la OMM ha confirmado que la temperatura media en la superficie del planeta en 2017 y 2015 superaba en 1,1 grados la de la época preindustrial. La organización también ha señalado que el ritmo de calentamiento constatado en estos tres últimos años es excepcional y destaca que 17 de los 18 años más cálidos pertenecen al siglo XXI. “Este último ha estado particularmente marcado en el Ártico, lo que tendrá repercusiones duraderas y de gran amplitud sobre el nivel del mar y los regímenes meteorológicos en las otras regiones del mundo”, ha revelado el secretario general de la OMM, el finlandés Petteri Taalas.

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La UE aprueba sancionar a siete altos cargos del Gobierno de Venezuela

Foto: FRANCOIS LENOIR
Reuters

Los países de la Unión Europea (UE) han aprobado este jueves sanciones contra siete altos cargos del gobierno de Nicolás Maduro por la “represión” en Venezuela, que implican la congelación de activos y la prohibición de entrar en territorio europeo, han informado a Efe fuentes europeas. Por lo tanto, se trata de una imposición de medidas selectivas contra los responsables de la violencia del país.

Esta decisión, aprobada en una reunión mantenida por los embajadores de los estados miembros de la UE, se formalizará la próxima semana en el Consejo Europeo, coincidiendo con la reunión de ministros de Exteriores que se celebra el lunes en Bruselas, aunque el trámite podría demorarse unos días.

De esta forma, los miembros comunitarios quieren condenar a aquellos “responsables de graves violaciones de derechos humanos” y aquellos que cuyas acciones “atenten de alguna manera contra la democracia o el Estado de derecho en Venezuela”, a la espera del desarrollo de los acontecimientos. Las sanciones están ya acordadas y se suman a las impuestas en noviembre por el bloque comunitario, un embargo de armas y un veto a material que pueda utilizarse para la “represión interna” en Venezuela.

Según fuentes extraoficiales los sancionados serían: Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia; Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN); Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE); Antonio Benavides, exjefe de la Guardia Nacional; Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tarek William Saab, fiscal General designado por Asamblea Nacional Constituyente y Diosdado Cabello.

La UE aprueba aplicar sanciones contra siete altos cargos de Venezuela 1
Nicolás Maduro se presentará a las presidenciales previstas para 2018. | Foto: Handout/Reuters

La portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Catherine Ray, ha reiterado que la UE mantiene su “mensaje político” y “apoya firmemente los esfuerzos para una solución negociada a la crisis de Venezuela“.

La decisión llega en el contexto de una nueva ronda de diálogo en Santo Domingo entre el Gobierno venezolano y la oposición, marcada por la incertidumbre tras el caso de Óscar Pérez, un exmiembro de la Policía que se rebeló contra la Ejecutiva de Maduro y que fue abatido el pasado lunes. Por otra parte, el opositor venezolano Leopoldo López ha dicho que estas conversaciones están manipuladas y no cuentan con la transparencia “respecto país y la comunidad internacional”.

La oposición reclama al Gobierno que establezca unas garantías electorales necesarias para la celebración de los comicios presidenciales, previstos para este año; la apertura de un canal humanitario que permita el envío de medicinas y alimentos, la liberación de los encarcelados que consideran “presos políticos” y la restitución de los poderes constitucionales de los que fue despojado el Parlamento.

El oficialismo, por su parte, exige el levantamiento de las sanciones económicas internacionales que pesan sobre algunos de sus funcionarios y el reconocimiento de la Asamblea Constituyente, un órgano plenipotenciario integrado solo por oficialistas y no reconocido por numerosos gobiernos.

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El Gobierno propone calcular las pensiones con toda la vida laboral

Foto: SUSANA VERA
Reuters

El Gobierno español propondrá extender de forma voluntaria a toda la vida laboral el periodo de cómputo para calcular la pensión inicial de los nuevos jubilados. La propuesta llega ante la constatación de que numerosos ciudadanos han visto reducidas sus cotizaciones en los últimos años debido a la crisis económica.

El planteamiento se enmarca dentro de los trabajas de revisión del pacto parlamentario sobre el sistema de pensiones. Ya había sido adelantado por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, cuando reconoció que “algunos trabajadores han tenido cotizaciones muy altas al principio o a mitad de su vida laboral”. La ministra se refirió a quienes en el marco de la crisis de estos últimos años se han visto afectados por despidos o han pasado a ejercer una actividad por cuenta propia, que ven sus cotizaciones disminuidas al final de su vida laboral.

Desde 2013, comenzó a aumentar gradualmente de 15 a 25 años el periodo de cómputo legal para calcular la pensión de jubilación, de forma que en 2018 se hará con los últimos 21 años cotizados y en 2022 se llegará a los 25 años. Se trata de una decisión acordada en 2011 por el Gobierno socialista con los agentes sociales.

El sistema público de pensiones en España se rige por un acuerdo de 1995, conocido como Pacto de Toledo, que fue alcanzado por los partidos parlamentarios al que se sumaron después sindicatos y empresarios y que tiene como objetivo garantizar esas prestaciones. El modelo es revisado periódicamente para adaptarlo a las circunstancias demográficas y económicas.

El sindicato UGT ha asegurado que la solución no pasa por seguir cargando costes a la Seguridad Social -la nueva medida tendría un coste mayor para las arcas públicas-, sino por proteger a los desempleados que están a las puertas de su jubilación. En la actualidad hay 803.000 desempleados mayores de 55 años. De cualquier forma, la Secretaría de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social del sindicato, Mari Carmen Barrera ha señalado en una comparecencia este martes que el sindicato puede valorar la medida propuesta siempre y cuando sea voluntaria y se dirija a los parados de larga duración con más de 50 años.

Varios organismos, encabezados por la OCDE, han advertido de que debería reformarse el sistema de pensiones para mitigar el efecto del envejecimiento en España. Según la ONU, habrá 76 personas mayores de 65 años por cada 100 personas de entre 20 y 64 años en 2050, frente a las 30 de la actualidad.

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