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La operación anticorrupción en Arabia Saudí deja 208 detenidos

Foto: Saudi Press Agency
Reuters

La operación anticorrupción iniciada en curso en Arabia Saudí ha provocado la detención de 208 personas, informan varias agencias, y ha puesto al descubierto un fraude de hasta 100.000 millones de dólares (unos 86.000 millones de euros) a lo largo de varias décadas, según el ministerio de Información. “Un total de 208 personas han sido interrogadas hasta ahora. De esos 208 individuos, siete han sido puestos en libertad sin cargos. La magnitud potencial de las prácticas de corrupción es muy grande” ha informado el ministerio en su comunicado, citado por AFP.

La Fiscalía General de Arabia Saudí considera que los 100.000 millones de dólares los fondos públicos defraudados han sido malversados o malgastados por los detenidos. El fiscal general y miembro del Alto Comité Anticorrupción, Saud al Moyeb, ha informado en un comunicado de que, según las investigaciones preliminares, las prácticas ilícitas se extendieron durante décadas y esa suma ingente de dinero fue malversada o malgastada. Asimismo, ha detallado que, de los 208 detenidos, los siete liberados han sido puestos en libertad “por falta de pruebas en su contra”, informa Efe. Esta es la primera vez que las autoridades revelan el número exacto de arrestados.

Al Moyeb ha reconocido que “hay especulaciones sobre la identidad de estas personas y las acusaciones que se les atribuyen”, y ha añadido que no se revelarán esos detalles “para asegurar que gocen de las garantías legales plenas ofrecidas por el sistema judicial” en Arabia Saudí. Además, ha añadido que “se están recopilando más evidencias” y, mientras tanto, se van a “congelar los fondos personales de los detenidos en virtud de esta investigación”, pero ha destacado que solo se verán afectadas las cuentas privadas, mientras que las empresas y bancos pueden seguir operando.

El pasado sábado, Arabia Saudí llevó a cabo una inédita campaña de detenciones de decenas de príncipes, políticos en puestos claves y grandes empresarios en una purga que, según el reino, responde a una operación contra la corrupción. El célebre multimillonario Al Walid bin Talal forma parte de los 11 príncipes detenidos el sábado por la noche, justo después de la formación de una nueva comisión anticorrupción presidida por el príncipe heredero, Mohamed Bin Salman -que también es ministro de Defensa y de Interior-, conforme a un decreto real. Paralelamente, en el marco de esta purga sin precedentes, fueron destituidos repentinamente Metab bin Abdalá, jefe de la poderosa Guardia Nacional saudí -y que durante un tiempo fue considerado como pretendiente al trono-, el jefe de la Marina, Abdalá Al Sultán, y el ministro de Economía, Adel Fakih.

La ONG defensora de los derechos humanos Human Rights Watch, que vela por los derechos humanos, denunció ayer las medidas en un comunicado y señaló su preocupación respecto a que “las autoridades saudíes están deteniendo a personas en masa sin explicar las bases de su detención“. “Mientras los medios saudíes están retratando estas medidas como un movimiento de Mohamed Bin Salman contra la corrupción, los arrestos masivos sugieren que podría tener más que ver con políticas internas de poder”, añade la nota de Human Rights Watch.

Continúa leyendo: El Gobierno garantiza la seguridad del 21D frente a posibles injerencias

El Gobierno garantiza la seguridad del 21D frente a posibles injerencias

Foto: QUIQUE GARCIA
EFE

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, ha avanzado este jueves que el Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior y el Centro Criptológico Nacional, está trabajando para garantizar la seguridad y la limpieza democrática de las elecciones catalanas ante las hipotéticas injerencias externas.

Sáenz de Santamaría ha comparecido este jueves durante más de dos horas a puerta cerrada ante la Comisión de Gastos Reservados del Congreso, conocida como de secretos oficiales, para informar sobre las supuestas injerencias rusas en el proceso independentista en Cataluña.

En cumplimiento de la ley, la vicepresidenta no ha querido desvelar el contenido de sus explicaciones, aunque sí ha agradecido el interés de los grupos por este problema y ha recalcado la preocupación compartida por la ciberseguridad, así como la necesidad de reforzar los mecanismos de defensa. Lo que sí ha avanzado es que varios departamentos del Ejecutivo central y los expertos en seguridad informática del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en colaboración con la empresa encargada del recuento del 21D, están ya trabajando intensamente para preservar la seguridad de los comicios. “Este país si en algo tiene experiencia es en celebrar elecciones con una absoluta limpieza y así se va a hacer siempre porque además estamos contando con la gente que desde la Generalitat ha organizado también muchos comicios”, ha remarcado.

Saenz de Santamaría ya avanzó ayer que el Gobierno pondrá en marcha en el primer semestre de 2018 un centro de operaciones de seguridad para dar una respuesta más eficaz a las ciberamenazas y combatir la desinformación en internet, con un coste inicial de 16 millones de euros. La vicepresidenta destacó que el Ejecutivo está haciendo un trabajo “muy intenso” de cara a los comicios en Cataluña para anticiparse a los problemas que puedan surgir y estar preparado ante los intentos de desinformación. “Hemos aprendido a tenor de lo que está ocurriendo y de lo que hemos vivido”, ha remarcado.

A las reuniones de la comisión de gastos reservados tienen derecho a asistir los portavoces de todos los grupos parlamentarios, entre ellos los portavoces de ERC y el PDeCAT. Ninguno de ellos ha querido informar de las explicaciones de la vicepresidenta del Gobierno, tal y como establece la ley.

La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, se ha limitado a confirmar que la preocupación por la ciberseguridad es unánime entre los grupos parlamentarios. Aunque ha insistido en la necesidad de tratar de garantizar la seguridad de los ciudadanos en las redes, ha reiterado su crítica a la actitud del Gobierno de querer imponer más recortes en los derechos y libertades fundamentales utilizando la seguridad como pretexto. Ha argumentado que así ha ocurrido con la denominada “ley mordaza“, a cuya derogación, actualmente en trámite parlamentario, se opone el PP. “Nos preocupa que el Gobierno quiera seguir por esta senda de la ley mordaza”, ha manifestado Montero, que ha recalcado que numerosos organismos internacionales la han criticado por vulnerar derechos fundamentales, como la libertad de expresión, de reunión y manifestación.

Desde el PDeCAT, Jordi Xuclá, se ha excusado por no poder informar de ningún aspecto de la reunión que, al menos ha considerado “fructífera” y de la que ha salido satisfecho y tranquilo.

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Jueves, 14 de diciembre | El día en foco

Estas son las cinco noticias más importantes del día. El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, y el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, son algunos de los políticos a los que siguió una unidad de inteligencia de los Mossos.

La justicia belga ha retirado los cargos que había contra Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers fugados en Bruselas.

Una juez de Zaragoza ha acordado la prisión provisional sin fianza de Rodrigo Lanza como presunto autor de la muerte a golpes de Víctor Laínez.

No nos olvidamos de los rohingya. Al menos 6.700 personas de esta minoría musulmana murieron en el primer mes del conflicto con el ejército birmano.

El 10% de la población española acumula desde mediados de los años 80 el 57 % de la riqueza personal del país. España es el país en el que más ha crecido este tipo de riqueza.

Continúa leyendo: Albiol pide explicaciones a Puigdemont por usar dinero público para espiarlo

Albiol pide explicaciones a Puigdemont por usar dinero público para espiarlo

Foto: ALBERT GEA
Reuters

El candidato del Partido Popular para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, Xavier García Albiol, ha pedido explicaciones a Carles Puigdemont sobre el espionaje que llevó a cabo una unidad de inteligencia de los Mossos d’Esquadra.

“Quiero que Puigdemont explique con qué motivo me espiaron y cuánto ha costado ese espionaje”, ha dicho durante una rueda de prensa tras darse a conocer que tanto él como el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, son algunos de los políticos a los que esta unidad hizo seguimientos.

El candidato popular no descarta denunciar a Puigdemont si se confirma que el Govern cesado le espió. “Es muy probable que la denuncia vaya contra Puigdemont”, ha dicho.

Albiol ha calificado dicho seguimiento de “propio de las dictaduras”. “Los políticos independentistas han llegado a espiarnos como si fueran la Gestapo con tal de lograr sus objetivos”, ha denunciado.

Considera que “no es casual” que los independentistas hayan querido espiar al PP, pues “el gobierno de Puigdemont se ha dedicado a espiar a quienes de verdad le preocupábamos”. Ha pedido también al expresident que responda a varias preguntas: “¿Por qué nos estaba espiando, con qué dinero y cuál era el objetivo?”.

Además, ha criticado que se haya utilizado un cuerpo policial para llevar a cabo este espionaje. “Los Mossos no están para espiar a los rivales políticos, sino para defender los intereses de todos los catalanes”.

“Tenemos que enviar a esta gente a la oposición para que se descontaminen políticamente. No se puede espiar a rivales políticos porque resulten molestos”, ha dicho Albiol, refiriéndose a los políticos secesionistas.

Ha criticado también que, con esta acción, el Govern cesado haya comprometido la credibilidad y la profesionalidad del cuerpo de Mossos d’Esquadra, pero ha destacado que “la inmensa mayoría” de los miembros de este cuerpo policial “son excelentes profesionales y personas honradas”.

El supuesto espionaje se ha dado a conocer debido las pruebas halladas por la Policía Nacional en los documentos que fueron incautados a los Mossos d’Esquadra el pasado 26 de octubre, un día antes de la Declaración Unilateral de Independencia, cuando los llevaban a quemarlos a una incineradora.

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Jaime Botín acepta nueve meses de prisión por defraudar un millón de euros

Foto: JON NAZCA
Reuters

El expresidente de Bankinter, Jaime Botín, ha aceptado una condena de nueve meses de cárcel y una multa de 506.134 euros por haber defraudado supuestamente un millón de euros mediante la deslocalización “artificiosa” de un avión privado en Portugal. El acuerdo será ratificado el próximo lunes en el juzgado, informa EFE.

Además de la pena de prisión y la multa, Botín ha aceptado un año y tres meses sin obtener subvenciones y ayudas públicas, así como el derecho a gozar de incentivos fiscales o de seguridad social. El acuerdo al que ha llegado su defensa con la Fiscalía y la Abogacía del Estado incluye también el pago de las costas del juicio.

La Fiscalía de Madrid se querelló contra el expresidente de Bankinter y otras tres personas, pero Botín ha asumido toda la responsabilidad, por lo que el procedimiento contra los otros tres implicados será archivado.

Están acusados de crear “un entramado de empresas” con el fin de evitar pagar un impuesto especial sobre determinados medios de transporte, como los aviones, vigente en España, donde el avión “tenía su base de movimientos, en mayor medida en el aeropuerto de Torrejón, Madrid”.

La sociedad World Tour, de la que el exbanquero era propietario, compró en 2012 una aeronave y, dado que el contrato establecía la entrega del avión en el aeropuerto de Torrejón, su matriculación estaba supuesta al gravamen especial vigente en España. La Fiscalía apunta a que, por este motivo, los querellados “decidieron deslocalizarlo a Portugal, donde no existe impuesto similar ni de naturaleza ni en sus niveles de tributación”.

Al margen de esta causa, Botín tiene otra pendiente por intentar supuestamente vender fuera de España la obra de Picasso Cabeza de mujer joven en el año 2015. Por este hecho, la Fiscalía y la Abogacía del Estado reclaman cuatro años de prisión y 104,8 millones de multa.

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