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España

Lamela envía a prisión a Junqueras y ocho exconsellers

Redacción TO
Última actualización: 28 Feb 2019, 4:25 pm CEST
Foto: Manu Fernandez | AP

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dictado prisión sin fianza para el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y otros ocho exconsellers del cesado Govern de Cataluña, al amparo del artículo 155 de la Constitución. El fiscal de la Audiencia, por su parte, ha pedido que se detenga a Carles Puigdemont y a los otros cuatro exconsellers que se encuentran en Bruselas, Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig, que no han comparecido este jueves en la Audiencia Nacional. Todos están siendo investigados por los delitos de rebelión, sedición y malversación por la organización del referéndum independentista del 1 de octubre y la posterior declaración unilateral de independencia. Lamela anunciará este viernes su decisión con respecto a ellos.

Tanto Junqueras como los exconsellers serán enviados a dos prisiones distintas en las próximas horas: los hombres a Estremera y las mujeres a Alcalá-Meco. Lamela ya envió a la cárcel de Soto del Real Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnimum Cultural, respectivamente, por un presunto delito de sedición cometido, según la fiscalía, los días 20 y 21 de septiembre.

La juez ha ordenado prisión sin fianza, además para Oriol Junqueras, y siete exconsellers - Meritxell Borrás (Gobernación), Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Josep Rull (Territorio), Carles Mundó (Justicia),  Joaquim Forn (Interior), y Dolors Bassa (Trabajo) - mientras que para Santi Vila (Empresa) ha dictado prisión eludible con fianza. Todos menos Vila se han acogido a su derecho a no declarar ante la juez y solo han respondido a las preguntas de sus abogados.

En el caso del exconseller Santi Vila la juez ha decretado una fianza de 50.000 euros para aludir la cárcel. Vila fue el único miembro del Govern que dimitió antes de la declaración unilateral de independencia. Su marcha se produjo en medio de una fuga masiva de empresas catalanas a otros puntos de España. Entre las entidades trasladadas hay bancos como CaixaBank y Sabadell o la energética Gas Natural Fenosa.

Por su parte, el Tribunal Supremo ha aplazado este jueves la declaración de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y varios miembros de la Mesa a petición de sus abogados y el juez los ha citado para el día 9 de noviembre.

Reacciones

Poco después de conocer su sentencia, Carles Puigdemont ha criticado, en Twitter, que "el legítimo Govern de Cataluña" haya sido encarcelado "por sus ideas y por haber sido leal al mandato aprobado por el Parlament".

Y desde Bruselas ha hecho una declaración emitida por TV3: "El Gobierno apuesta por la violencia policial y por los encarcelamientos. y por la vía de la represión. Las elecciones del 21D se desarrollarán en un ámbito de represión y la comunidad internacional y especialmente la comunidad europea debe darse cuenta del peligro que representan estas actitudes. Exijo la liberación de los consellers y conselleras y del vicepresidente"

Por su parte, el abogado belga del Puigdemont, Paul Bekaert, ha dicho en la noche del jueves que la justicia española ha emitido una orden de arresto europea contra su cliente.

Bekaert ha dicho a la televisión belga VRT que Puigdemont considera que "el clima no es bueno en la actualidad para testificar y es mejor tomar distancia". Ha agregado que, sin embargo, el cesado presidente catalán estaría dispuesto a trabajar con los tribunales españoles o belgas, informa EFE.

Junqueras ha animado en Twitter a la ciudadanía catalana a hacer "cada día todo lo que esté a su alcance para que el bien derrote al mal en las urnas el 21D. De pie, con determinación y hasta la victoria".

El conseller de Territorio, Josep Rull, ha compartido, a su vez, el siguiente mensaje: "Si ves este tuit es que me han encarcelado por ser fiel a las urnas".

El de Presidencia, Jordi Turull, considera que lo han encarcelado "por haber sido leal al mandato de los que" lo "han escogido como representante de Catauña".

Más allá de los condenados, también ha condenado la decisión de la jueza el presidente del grupo municipal del PDeCAT en Barcelona, Xavier Trias, ha dicho que "un Estado que encarcela a personas decentes es un Estado indecente" y ha enviado "todo el afecto y la solidaridad a los miembros del Govern que hoy han sido enviados a prisión".

Fuera del ámbito independentista, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha dicho, poco después de conocerse la decisión de Lamela: "Nosotros respetamos las decisiones judiciales. Estamos deseando que en las próximas elecciones podamos iniciar una nueva etapa. Creo que necesitamos y nos merecemos los catalanes una nueva etapa donde la prioridad sean las políticas sociales, la educación y el empleo. Vamos a aprovechar el 21 de diciembre para volver a la normalidad. Lo que los políticos tenemos que hacer es poner soluciones en el ámbito político y es lo que nosotros estamos haciendo".

El presidente del PP en Cataluña, por su parte, Xavier García Albiol, ha dicho que es una decisión que no es agradable, que pone en evidencia que en Cataluña en los últimos años se ha vivido una situación inadmisible". Ha dicho también que su postura es la "de respeto a las decisiones judiciales". El Partido Socialista de Cataluña, por su parte, considera que la medida es desproporcionada. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho que se "avergüenza" de que en España "encarcele a opositores" y ha pedido libertad para los "presos políticos".

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha calificado el de este jueves de "día negro para la democracia y para Cataluña" y ha considerado que aunque los miembros del Govern ha sido cesados, "todos ellos forman parte del gobierno catalán legítimamente elegido en las urnas". También ha criticado que el Tribunal Supremo haya "decidido someter a vigilancia policial" a los miembros de la Mesa del Parlament. "Jamás debimos haber llegado a este punto", considera. "Estamos ante un despropósito jurídico" y "un gravísimo error político", considera, a la vez que tacha la decisión de Lamela, junto con la aplicación del artículo 155, del "peor ataque que han recibido las instituciones catalanas en su democracia".