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Lamela ordena detener a Puigdemont y a los cuatro exconsellers que están en Bruselas

Foto: Manu Fernandez
AP

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha ordenado la busca y captura nacional e internacional y ha emitido una orden detención e ingreso en prisión sin fianza contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los cuatro exconsellers de la Generalitat de Cataluña que actualmente se encuentran en Bruselas, Antoni Comín (Salud), Clara Ponsati (Educación), Meritxell Serret (Agricultura, Pesca, Ganadería y Alimentación) y Lluís Puig (Cultura), informa AFP. Lamela ha redactado 10 autos, dos por investigado. En uno tramita la eurooorden de detención ante la Fiscalía General de Bélgica; en otro, envía una orden nacional e internacional de busca, captura y entrada en prisión a través de Policía y Guardia Civil por si se les ocurre salir del país.

Lamela ha aceptado, así, la petición del fiscal de emitir una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDEcontra los cinco miembros del gobierno cesados el pasado 27 de octubre. Todos están acusados de presuntos delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia. También están siendo investigados la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y cinco miembros de la Mesa del hemiciclo catalán, cuya declaración ante el Tribunal Supremo fue aplazada el jueves hasta el día 9 de noviembre.

Ni Puigdemont ni los cuatro exconsellers acudieron a declarar el jueves a la Audiencia. La juez Lamela los había citado después de admitir a trámite la querella de la fiscalía presentada contra los miembros del govern cesados por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al amparo del artículo 155, activado después de que el Parlament aprobara la declaración unilateral de independencia de Cataluña el 27 de octubre. El expresident, en Bruselas desde hace días, ha asegurado desde la capital belga que no volverá a España hasta tener “garantías” de un juicio justo.

La noticia se conoce un día después de que la propia Lamela decretara prisión sin fianza para el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, y otros siete exconsellers: Meritxell Borrás (Gobernación), Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Josep Rull (Territorio), Carles Mundó (Justicia),  Joaquim Forn (Interior), y Dolors Bassa (Trabajo). Estos sí acudieron a la Audiencia Nacional, pero se acogieron a su derecho a no declarar ante la juez y solo respondieron a las preguntas de sus abogados.

Situación distinta es a la que se enfrenta Santi Vila (exconseller de Empresa), para el que la juez decretó prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros, que ha depositado el viernes. Vila, que respondió a las preguntas de todas las partes, fue el único que dimitió antes de la declaración unilateral de independencia. Su salida del cargo se produjo en medio de una fuga masiva de empresas catalanas a otros puntos de España. Entre las más de 2.000 entidades trasladadas hay bancos como CaixaBank y Sabadell o la energética Gas Natural Fenosa.

La fiscalía belga “estudiará” la orden

La Fiscalía federal belga ha recibido ya las órdenes europeas de detención y entrega contra Puigdemont y los cuatro exconsellers, ha confirmado a Efe Eric van der Sijpt, portavoz de la Fiscalía. “Confirmo que las hemos recibido. Estamos esperando su traducción y a continuación las estudiaremos”, ha añadido el portavoz.

Van Der Sijpt ha explicado que las órdenes tienen que ser traducidas a uno de los idiomas oficiales en Bélgica (neerlandés, francés y alemán) y que después la Fiscalía las estudiará y las transferirá a un juez de instrucción. Esos trámites podrían ser completados “mañana o más adelante”, según el Van der Sijpt.

Paul Bekaert, el abogado belga del Puigdemont -que este mismo viernes ha asegurado que está dispuesto a presentarse a las elecciones del 21 de diciembre– ha advertido de que, tras la emisión de la orden, una eventual extradición “llevará su tiempo”, ya que requiere de una serie de formalidades. “Eso llevará un tiempo, porque la orden de arresto tiene que ser traducida, y luego tramitada por la Policía federal, en la Fiscalía federal en nuestro país. Entonces, el señor Puigdemont la debe recoger y llevarla al tribunal de instrucción”, ha afirmado en una entrevista a la televisión neerlandesa HLN.

En cuanto a qué puede hacer un juez de instrucción belga en este caso, Bekaert ha dicho que “tiene diferentes posibilidades. Puede detenerlo y ponerle las esposas. Pero el juez de instrucción no tiene por qué detenerlo, también puede dejar al señor Puigdemont en libertad, bajo ciertas condiciones. Yo mismo trataré de ir por caminos alternativos“. Si Puigdemont y sus exconsellers cesados aceptasen su entrega a España, esta se haría sin más complicaciones, pero si no, la decisión correspondería a la Cámara del Consejo (tribunal de instrucción) de Bruselas, que dispondría de un plazo de quince días para decidir.

La decisión es recurrible en apelación (con lo que se abriría un nuevo plazo de quince días) y en último caso ante la Corte de Casación, que dispondría del mismo tiempo para resolver. Pero además, el juez instructor podría considerar que la información contenida en la orden de detención no es suficiente y requerir a la Justicia española el envío de información complementaria. La ley belga establece una serie de motivos por los que la orden puede ser rechazada, como por ejemplo la existencia de razones para creer que su ejecución tendría como efecto una vulneración de los derechos fundamentales de la persona reclamada recogidos en el Tratado de la Unión Europea (UE).

En cualquier caso, si las personas afectadas aceptan la entrega, esta debe realizarse en los 10 días siguientes; si no la aceptan, la decisión debe tomarse en un plazo de 60 días a partir de la detención. La regulación europea reduce los motivos de denegación de la extradición y suprime el principio de doble incriminación en determinadas circunstancias, concretamente en una lista de delitos en la que no está la rebelión y la sedición, pero sí algunos de corrupción, por lo que cabría la posibilidad de que se le aplicara a Puigdemont y sus exconsejeros, imputados también por malversación en este proceso. En caso contrario, los delitos que se atribuyen al expresidente regional catalán deben estar tipificados en el ordenamiento jurídico belga para que se pueda proceder a la orden de detención y entrega.

Reacciones

Poco después de que se conociera la orden de Lamela, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho que los investigados “se indignan porque les imputa un juez, pero mientras eran cargos públicos coleccionaban notificaciones judiciales por incumplir la ley”.

Además, minutos antes de conocerse la decisión de Lamela, el Teatre Nacional de Catalunya ha emitido en su página web un comunicado en el que pide “soluciones políticas” para la crisis. “Encarcelar a agentes fundamentales de este diálogo político nunca será la solución”. El manifiesto está firmado por 63 personas y entidades. Entre ellas están La Fura dels Baus, la Fundació Joan Miró o el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA).

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Finaliza el desalojo de todos los inmigrantes en el centro de detención ilegal de Manus

Foto: AAP/Departamento de Inmigración y Protección de Fronteras
Handout via Reuters

Las autoridades de Papúa Nueva Guinea han terminado de desalojar este viernes a la totalidad de los 328 inmigrantes que hasta ahora ocupaban el centro de detención en la isla de Manus, gestionado por Australia hasta su clausura el pasado 31 de octubre. El desalojo comenzó este jueves en medio de protestas por parte del numeroso grupo que se había atrincherado en las instalaciones pese a no contar con suministro de agua ni electricidad y carecer de alimentos.

“El Gobierno australiano tiene conocimiento de que todos los hombres que anteriormente se negaban a abandonar el antiguo centro de tramitación regional de la isla de Manus han salido hacia los alojamientos alternativos“, ha confirmado en un comunicado su ministro de Inmigración, Peter Dutton.

Agentes de la Policía y funcionarios de Inmigración han entrado en el centro de Manus, clausurado después de que el Tribunal Supremo lo declarara ilegal en 2016, en el segundo día de un operativo en el que los inmigrantes han denunciado el uso de violencia por parte de las fuerzas públicas.

“Nos han sacado por la fuerza, han utilizado barras de metal, hay varias personas que han resultado gravemente heridas (…) a mí me esposaron y me trajeron a East Lorengau”, ha declarado en conversación telefónica con Efe uno de los inmigrantes desalojados.

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Luto entre los familiares de las víctimas del submarino argentino

Foto: EITAN ABRAMOVICH
AFP

“Vine por primera vez a la base (naval) y me acabo de enterar que soy viuda“, ha dicho ahogada en lágrimas Jessica Gopar, esposa de uno de los 44 tripulantes del submarino desaparecido hace ocho días, tras ser informada este jueves sobre una explosión ese 15 de noviembre en el Atlántico Sur.

Fernando Santilli, electricista del ARA San Juan, “fue mi gran amor, estuvimos siete años de novio, seis de casados y tenemos un hijo, Stefano, que nos costó mucho que Dios nos mandara”, ha relatado a AFP a las puertas de la base naval de Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, donde los familiares recibieron la noticia.  Tienen un niño de un año juntos que aprendió a decir “papá” durante su ausencia, ha relatado en una carta en Facebook.

“Se murieron todos, es lo primero que pensé”, ha dicho sobre el momento que supo de la explosión. Tenía en sus manos un cartel escrito a mano con la fotografía de su hijo que había traído para dejar en la entrada del predio naval, poblado de mensajes para los tripulantes. La mujer ha relatado que ante la noticia le “dieron un vaso de agua y una pastilla para la presión, esa fue toda la contención” recibida en la base. “No me va a servir una placa que diga ‘Los héroes del San Juan'”, ha dicho antes de volver a ahogarse en llanto.

Una familiar de un tripulante se acercó abatida a los periodistas, rompió en llanto y se fue. No pudo pronunciar palabra.

La Armada anunció el jueves el registro de un sonido violento y repentino compatible con una explosión en el Atlántico, horas después del último contacto del submarino ARA San Juan con la base el 15 de noviembre. La noticia ha hecho que se desvanezcan las esperanzas de encontrar supervivientes.

“Yo me siento engañada, ¡cómo van a saberlo recién ahora! Son unos perversos y nos manipularon“, ha dicho enfurecida Itatí Leguizamón, abogada y esposa de German Suarez, sonarista del buque, al salir de la base naval en Mar del Plata. “No nos dijeron que están muertos, pero dicen que el submarino está a 3.000 metros [de profundidad], ¿qué se puede entender?”, ha dicho en medio de una crisis nerviosa.

Casi un centenar de familiares aguardaban esperanzados en el interior de la base naval cuyo perímetro en los últimos días se ha poblado de mensajes de ánimo, imágenes religiosas y banderas argentinas. En las instalaciones de la base, algunos familiares se abrazaban. Otros lloraban desconsoladamente sentados en el suelo. La Marina había transmitido la noticia a los allegados en la ciudad portuaria de Mar del Plata, después de días de búsqueda y minutos antes de divulgarlo en conferencia de prensa en la capital argentina.

Desconsuelo

“Al escuchar la noticia, se les abalanzaron encima y no dejaron seguir leyendo el parte, la gente se puso muy agresiva”, ha relatado Leguizamón sobre lo vivido en el interior de la base. Llevaba dos años casada con Germán Suárez.

“Se hizo una búsqueda para quedar bien, porque mandaron una mierda a navegar, en 2014 ya había tenido problemas porque no pudo emerger y eso no trascendió. Ahora no me importa que se sepa todo si total él ya no está”, ha dicho la mujer. “Él estaba preparado para la muerte. Siempre se confesaba y estaba en paz. Él estaba listo”, ha sentenciado.

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La primera ministra de Perú admite haber sido víctima de acoso machista

Foto: Guadalupe Pardo
Reuters

La primera ministra de Perú, Mercedes Aráoz, ha reconocido este jueves haber sido víctima de “experiencias de acoso” machista a lo largo de su trayectoria como economista y política, por lo que ha defendido la necesidad de un “cambio social” en el país, cuya responsabilidad debe ser compartida por hombres y mujeres. “He tenido experiencias de acoso y levantar la voz es complicado porque no hay protocolos adecuados y quizás al superior al que se lo cuentas no lo considera como acoso”, ha contado Aráoz en una conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP). También este mismo jueves, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ha lamentado que se cometan cerca de 400 feminicidios al año en el país. Lo ha dicho durante la inauguración un centro de emergencia para las mujeres en una comisaría de Lima.

La presidenta del Consejo de Ministros de Perú ha criticado las excusas que en ocasiones se utilizan para justificar el acoso, como los celos o el alcoholismo. Aráoz, que también ejerce de segunda vicepresidenta de Perú, ha enfatizado que la lucha contra el acoso a las mujeres no es solo una tarea de ellas, sino también de los hombres, para cambiar “una realidad que todavía es insuficiente”.

“Si comenzamos por lo básico, que es la violencia de género, sería muy positivo, y ahí necesitamos a los hombres para conseguirlo“, ha enfatizado. Preguntada por la ausencia de mujeres en las jefaturas de Estado de Latinoamérica una vez que termine su mandato la presidenta de Chile -Michelle Bachelet-, la primera ministra peruana ha reconocido que “hay todavía una mirada machista en cuanto al acceso de la mujer a cargos de responsabilidad”. Y ha ahondado: “Especialmente en el área empresarial, aunque quizás en el Estado sea menos. Nuestro Congreso tiene un 30% de mujeres y en el Ejecutivo estábamos hasta hace poco en un nivel similar”, ha apuntado.

Sin embargo, Aráoz ha lamentado que la gobernadora de la sureña región de Arequipa, Yamila Osorio, sea la única mujer con ese cargo en las 25 regiones que componen el territorio peruano. “Quisiéramos más participación de la mujer, con una cruzada para que hombres y mujeres tengamos igualdad de oportunidades”, ha añadido Aráoz.

El testimonio de Aráoz llega a apenas dos días de que se celebre la tercera manifestación del movimiento “Ni una menos”, con el que un conjunto de organizaciones feministas y por los derechos humanos han logrado concentrar anteriormente a decenas de miles de personas en las principales ciudades del país para protestar contra la violencia machista. Las denuncias de acosos sexuales se han multiplicado por todo el mundo después de que el famoso productor de cine estadounidense Harvey Weinstein fuera acusado por una centena de mujeres. Desde entonces, se han sumado a la lista de supuestos delincuentes sexuales grandes personales del mundo del espectáculo, el periodismo y la política. Entre las personas salpicadas por casos de acoso sexual están los directores de cine John Lasseter y James Toback, los actores Dustin Hoffman y Kevin Spacey, el cantante de los Backstreet Boys Nick Carter, el humorista Louis CK, los periodistas Charlie Rose (de las cadenas PBS y CBS) y Glenn Thrush (corresponsal de la Casa Blanca de The New York Times) y los políticos George Bush padre (expresidente de Estados Unidos) y Michael Fallon (entonces ministro de Defensa de Reino Unido).

Continúa leyendo: El Congreso aprueba un nuevo cupo vasco de 1.300 millones de euros

El Congreso aprueba un nuevo cupo vasco de 1.300 millones de euros

Foto: zipi
EFE

El pleno del Congreso ha aprobado este jueves la reforma de la ley del concierto económico vasco y la nueva metodología de señalamiento del cupo entre 2017 y 2021, de 1.300 millones de euros. Esta revisión del cupo ha contado con el apoyo del PP, el PSOE, Unidos Podemos y PNV.

Con 290 votos a favor, 35 en contra y dos abstenciones, el Congreso ha aprobado el envío de este nuevo cálculo del cupo vasco al Senado. Además, ha rechazado la enmienda de Ciudadanos a esta reforma de ley con 296 votos en contra, 31 a favor y una abstención.

Ciudadanos, Compromís y EH Bildu ya habían mostrado anteriormente su desacuerdo con este nuevo cupo vasco. Ciudadanos ha criticado el hecho de que el cupo se haya aprobado a través de una tramitación directa y una lectura única. “Hoy traen una ley fiscal de la que no permiten cambiar ni una coma; pedimos un mínimo de democracia y claridad”, ha dicho Francisco de la Torre, diputado del partido y presidente de la Comisión de Presupuestos.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, considera que el cupo vasco es “un fraude a nuestra Constitución, la cual reconoce la foralidad pero advierte que ninguna autonomía puede tener privilegios económicos ni sociales”. Además, dice que es “un amaño político para dar más dinero a quienes deben aportar y no responde a criterios técnicos”.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha defendido este concierto económico y ha señalado que representa a la pluralidad de España. Además, ha pedido a los partidos políticos, en especial al PSOE, que negocien ya la reforma de financiación autonómica.

Por su parte, el portavoz de Economía del PSOE, Pedro Saura, ha defendido la aprobación de este cupo. “Tan constitucional es el cupo vasco como la suficiencia financiera del resto de Comunidades Autónomas”, ha dicho. “El Gobierno ha sido indolente, lleva cinco años sin presentar su modelo de financiación autonómica, y esto sí que es discriminar a las Comunidades Autónomas de régimen común”, ha añadido.

Además, ha criticado a Ciudadanos por no oponerse a esta decisión cuando llegaron a un acuerdo de investidura con el PP. “Hipocresía y electoralismo. Nunca se opusieron al cupo vasco en su acuerdo de investidura con el Partido Popular”, ha criticado Saura. “Y dicen defender el estado de bienestar, pero avalan los recortes de sus socios”, ha añadido.

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