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Los sindicatos de la estiba irán a la huelga tras aprobarse el real decreto del Gobierno

Foto: ALBERT GEA
Reuters/File

El Gobierno tendrá que hacer frente a la huelga convocada por los estibadores después de que el Congreso haya aprobado este jueves el real decreto que regula la actividad de este sector de acuerdo con los requisitos exigidos por la Unión Europea. La reforma ha salido adelante con 174 votos a favor, 165 en contra y ocho abstenciones, después de que el 16 de marzo fuera rechazado un primer real decreto.

En esta ocasión, el Gobierno del Partido Popular (PP), que no tiene mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados, ha contado con los votos a favor de Ciudadanos y PNV y la abstención de los catalanes del PdeCAT. El resto de la oposición ha votado en contra, argumentado que la nueva norma no garantiza el mantenimiento del empleo en el sector. El sistema portuario español representa el 1,1 % del PIB.

Los sindicatos, por su parte, se han opuesto totalmente a la aprobación de esta reforma y denuncian que puede suponer el despido de unos 6.000 trabajadores, razón por la que han convocado ocho jornadas de huelga entre el 24 de mayo y el 9 de junio, con paros en los puertos en días alternos. Este colectivo acusa al gobierno de no contar con ellos y pone en duda el mantenimiento del 100% del empleo. La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar siempre ha exigido que este punto quede recogido en una norma con rango de ley, algo a lo que el Gobierno se opone por considerar que Bruselas jamás lo aceptaría.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que ha defendido el texto en la Cámara Baja, ha solicitado a los sindicatos y a la patronal del sector “sensatez, mesura y sentido común” y ha ofrecido diálogo a ambas partes.

Evitar la multa de la UE

España necesita aprobar esta reforma para cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, en la que se declara que la actuación de las empresas estibadoras españolas es contraria a la legislación comunitaria, ya que impide que operadores de otros países se instalen libremente en los puertos y contraten a quienes deseen. Si España no cumple con esa sentencia se enfrenta a una multa de 24 millones de euros.

Tras aprobarse la reforma, de la Serna ha afirmado que la mandará a Bruselas inmediatamente para que se desestime “lo antes posible” el procedimiento abierto a España y las multas pendientes.

En el sistema actual, las empresas estibadoras no pueden contratar a quién quieran, sino que están obligadas a captar a trabajadores puestos a su disposición por las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (Sagep), que cuentan con 6.156 operarios, y en cuyo capital están obligadas a participar.

Trump dice que él no grabó ni tiene cintas de sus conversaciones con Comey

Foto: Susan Walsh
AP Photo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este jueves que él no posee cintas ni ha grabado sus conversaciones con el exdirector del FBI James Comey, pero ha matizado que no tiene “ni idea” de si existen grabaciones de esos encuentros.

“Con toda la vigilancia electrónica, interceptaciones, desenmascaramiento y filtración ilegal de información recientemente reportados, no tengo ni idea de si hay ‘cintas’ o grabaciones de mis conversaciones con James Comey, pero yo no he hecho, y no tengo, ningún tipo de grabaciones”, ha comentado Trump en su cuenta de Twitter.

Ha sido el propio Trump quien ha insinuado hace semanas la posibilidad de la existencia de grabaciones de sus conversaciones con Comey, quien dirigía el FBI hasta que el mandatario ha decidido despedirlo de manera fulminante a comienzos de mayo.

El 12 de mayo, tres días después del despido de Comey, Trump ha lanzado desde su Twitter una velada amenaza: “Más le vale que no haya ‘cintas’ de nuestras conversaciones antes de que él empiece a filtrar a la prensa”.

Durante su comparecencia a comienzos de este mes ante el Comité de Inteligencia del Senado, Comey se había mostrado deseoso de que Trump confirmara la existencia de esas grabaciones y ha exclamado: “Dios mío, espero que haya cintas”.

Sin embargo, Comey ha tomado nota de las conversaciones que ha mantenido con Trump mientras era el jefe del FBI y, en ese testimonio ante el Senado, ha declarado que el presidente lo ha presionado para “despejar la nube” que le causa la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de noviembre y los posibles contactos entre su campaña y el Kremlin.

Este jueves, también vía Twitter, Trump ha cuestionado la decisión que ha tomado su antecesor en la Casa Blanca, Barack Obama, para frenar los ataques rusos destinados supuestamente a influir en las elecciones de 2016, una trama que ha considerado, además, un mero “engaño de los demócratas” para justificar su derrota.

La investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones y la posible coordinación entre la campaña de Trump y el Kremlin está ahora en manos de un fiscal especial, el exdirector del FBI Robert Mueller.

Varios comités del Congreso estadounidense han solicitado que, si existen cintas o grabaciones de las conversaciones entre Trump y Comey, sean entregadas antes de este viernes, 23 de junio, para que puedan formar parte de la investigación sobre la trama rusa.

La Casa Blanca ya había adelantado en los últimos días que Trump despejaría las dudas sobre las cintas esta semana.

El Parlamento de Alemania aprueba el monitoreo de mensajes electrónicos

El parlamento alemán ha aprobado este jueves un plan para permitir el monitoreo de las comunicaciones de los sospechosos en actos criminales, en servicios de mensajes electrónicos como WhatsApp.

La agencia noticiosa dpa ha reportado que la cámara baja del parlamento ha aprobado la propuesta con los votos de la coalición de gobierno. La medida amplía los poderes de investigadores para instalar software de vigilancia en los aparatos de sospechosos, hasta ahora limitados a casos de terrorismo, para incluir delitos como evasión fiscal y fraude cibernético.

El ministro del Interior Thomas de Maiziere ha dicho que la legislación cubre una brecha en las capacidades de los investigadores que “no es aceptable en el combate contra el delito”. Ha asegurado que la codificación protege apropiadamente la confidencialidad de las comunicaciones, “pero la codificación no es una carta blanca para los criminales”.

La Guardia Nacional de Venezuela asesina a otro joven durante una manifestación opositora

Foto: MIGUEL GUTIERREZ
EFE

El Ministerio Público (MP) de Venezuela ha informado del fallecimiento de un joven de 22 años que ha recibido este jueves un disparo directo en el pecho por una escopeta de perdigones de un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada) durante una manifestación opositora en la autopista Francisco Fajardo, la principal arteria vial de Caracas.

“Fiscal 126 del Área Metropolitana de Caracas investigará muerte de Luis Vallenilla (22), quien recibió un disparo durante manifestación en Altamira”, ha indicado el organismo sin más detalles a través de la red social Twitter.

Con este deceso la Fiscalía cuenta 75 fallecidos según los datos corregidos y actualizados del organismo en sus informes sobre la oleada de protestas que ha iniciado el pasado 1 de abril en el país.

El alcalde del municipio caraqueño de Chacao, el opositor Ramón Muchacho, ha indicado en la misma red social que la víctima provenía de la autopista, donde decenas de manifestantes, la mayoría de ellos encapuchados, se han enfrentado a uniformados que han disparado desde dentro de la base aérea militar de La Carlota.

El líder opositor venezolano Henrique Capriles ha denunciado también en Twitter que Vallenilla ha sido “asesinado a quemarropa por los esbirros” del jefe de Estado, Nicolás Maduro.

Durante los choques varias personas han resultado heridas, según ha constatado Efe, aunque se desconoce si los lesionados han sido a causa de perdigones o de algún tipo de proyectil.

El pasado lunes, un joven de 17 años también ha sido asesinado por los cuerpos de seguridad de la GNB quienes han disparado con sus pistolas a quienes protestaban en la capital.

Venezuela vive desde el pasado 1 de abril una oleada de protestas a favor y en contra del Gobierno, algunas de las cuales se han tornado violentas y se han saldado con 75 muertos, más de mil heridos y cientos de detenidos, según datos de la Fiscalía.

Los residentes con cinco años en Reino Unido “no le deben temer al brexit”

Foto: Gonzalo Fuentes
Reuters

La primera ministra británica, Theresa May, ha propuesto este jueves a los líderes de la Unión Europea que los europeos con cinco años de residencia en el Reino Unido mantengan su estatus de establecimiento permanente una vez se materialice la salida de Londres de la UE.

En una negociación que ha iniciado esta semana, May, que ha desvelado en el Consejo Europeo sus planes para los tres millones de ciudadanos europeos que viven en el Reino Unido tras el “brexit”, ha reiterado que la reciprocidad es vital y que ambas partes deben acordar los términos y crear certidumbre lo antes posible en las negociaciones, según ha indicado un alto funcionario británico.

Ha precisado que se concederá el estatus británico de establecimiento a cualquier ciudadano de la UE en el Reino Unido con cinco años de residencia en una fecha específica entre el momento de activación del artículo 50 de los tratados para la salida del país (marzo de 2017) y el momento de la marcha del país, prevista para marzo de 2019.

A estas personas se las tratará como si fueran ciudadanos británicos en lo que respecta a la asistencia sanitaria, la educación, los beneficios y las pensiones.

A cualquier ciudadano de la UE con menos de cinco años de residencia que llegue antes de una fecha de corte se le dará tiempo para quedarse hasta que cumpla esos cinco años para poder obtener el estatuto británico de establecimiento.

Según la primera ministra británica, esa fecha específica de corte, que aún debe ser discutida, no debe ser anterior a la activación del artículo 50 ni posterior a la de salida del país de la Unión.

May también ha hablado de un periodo de gracia cuya duración aún debe ser determinada, pero que espera que no sea superior a dos años, a fin de permitir que los europeos regularicen su estatus en el país.

Además, ha insistido en que todos los ciudadanos que lleguen antes de que el Reino Unido deje la UE tendrán la oportunidad de regularizar su situación según las nuevas normas.

Hasta que el Reino Unido sea un Estado tercero, ha dejado claro que todos los europeos residentes allí tendrán sus derechos protegidos.

Asimismo, May ha hecho hincapié en el compromiso de que no se pedirá a ningún ciudadano de la UE que vive actualmente de forma legal en el Reino Unido que deje el país en el momento de la salida, y en que todos los ciudadanos europeos que residen legalmente tendrán la oportunidad de regularizar su estatus al producirse el “brexit” para quedarse.

Igualmente, ha señalado que el sistema para aplicar esta normativa será lo más simplificado posible y ha avanzado que la semana próxima dará más detalles.

El Reino Unido no quiere que nadie tenga que irse ni que familias sean separadas, ha asegurado May, según las fuentes británicas.

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