El acuerdo entre el PNV y el Gobierno sobre el cupo vasco allana el camino de los presupuestos

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha defendido este miércoles ante el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2017 con el argumento de que son “los mejores posibles para España”. Su intervención se ha producido poco después de conocerse que el Gobierno del PP y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) habían alcanzado en la noche del martes un acuerdo sobre el cupo vasco, requisito imprescindible del Gobierno de Vitoria para que sus cinco diputados voten a favor de los PGE.

El PP contaba, además de con los 137 diputados de su grupo, con los 32 de Ciudadanos y el voto de Coalición Canaria a los que ahora se suman los cinco del Grupo Vasco. 175 diputados que permitirán, por lo pronto, devolver las enmiendas de totalidad presentadas por Podemos y PSOE y otros grupos minoritarios en el debate que se celebra este miércoles y que finaliza el jueves con la votación, en la que el previsible empate hará que decaigan las enmiendas.

Después, para la aprobación final de los PGE, el Gobierno necesitará 176 diputados, la mayoría absoluta de la cámara, para lo cual los populares con el presidente Mariano Rajoy a la cabeza esperan también llegar a un acuerdo con el diputado progresista de Nueva Canaria que, en este primer trámite parlamentario también ha enmendado el proyecto de presupuestos.

En su intervención de la mañana, Montoro ha lamentado el retraso en la presentación de los PGE. «Llegamos con retraso. Nos hubiera gustado haber presentado estas cuentas mucho antes», ha dicho, antes de asegurar que las prioridades son reducir el déficit público y la deuda pública e incrementar el gasto social. «Hemos salido de una crisis por una borrachera de gasto público y algunos ya quieren irse de copas para celebrarlo», ha remarcado, en alusión a las propuestas de los partidos de la oposición, principalmente el PSOE y Podemos.

Tradicionalmente el proyecto de Presupuestos en España se presenta a finales de septiembre y su trámite final se vota el último día de diciembre, pero entonces el Gobierno estaba en funciones y carecía de competencias plenas para elaborarlo; sólo pudo presentarse tras la investidura de Mariano Rajoy el 29 de octubre.

Asimismo, el ministro de Hacienda también ha advertido a los partidos políticos de que sin acuerdo «no hay reforma de la financiación autonómica», y ha recordado la «obligación» de llegar a un pacto en los próximos meses. En ese contexto ha dicho que el Gobierno está «diseñando» el nuevo modelo de financiación de las autonomías que luego deberá materializarse con un acuerdo de los partidos políticos.

Estos presupuestos, aprobados por el Ejecutivo el pasado 31 de marzo, estipulan un incremento de la inversión pública y un aumento del empleo, sin desviarse del objetivo del déficit, previsto en el 3,1 % del PIB, según marca Bruselas. Para ello, el Ejecutivo cuenta con una recaudación tributaria prevista de 200.963 millones de euros, un 7,9 % más que en 2016, y un crecimiento de la economía estimado del 2,5 % del PIB. No obstante, las cuentas estipulan un límite de gasto de 118.337 millones de euros, 1.614 millones superior al ejecutado en 2016.

El cupo vasco

El acuerdo entre populares y nacionalistas vascos a cambio del voto de éstos a favor de los PGE implica una compensación de 1.400 millones de euros de la administración central al País Vasco, que el gobierno de Vitoria reclamaba – en principio eran 1.600 millones – por la falta de acuerdo en torno a las liquidaciones del cupo que mantenían ambas administraciones desde 2007. Se pone fin así a 10 años de discrepancias entre ambos gobiernos.

La negociación la han llevado a cabo el ministro Cristóbal Montoro y el consejero de Hacienda vasco, Pedro Azpiazu, que anoche cerraron el acuerdo, pero ha sido el portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban quien ha informado del acuerdo en los pasillos del Congreso calificándolo de «muy bueno».  Desde el Gobierno de Vitoria se ha destacado la importancia del acuerdo porque abre “un periodo de estabilidad”.