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Pastas Gallo abandona Cataluña y traslada su sede social a Córdoba

Foto: The Objective

Pastas Gallo ha sido la última en sumarse a la huída empresarial masiva de Cataluña, y trasladará su sede social desde GranollersBarcelona, a El Carpio, Córdoba, localidad donde se ubica una de sus principales fábricas, especializada en pasta seca. La compañía ha tomado esta decisión ante la situación política y como reacción a una eventual declaración unilateral de independencia. Este mismo lunes, otra compañía de renombre, Codorníu Raventós, ha decidido trasladar su sede social de la localidad barcelonesa de Sant Sadurní d’Anoia a Haro, en La Rioja.

La histórica fabricante de pasta también cuenta con plantas en Granollers y Esparreguera, Barcelona, la segunda de ellas centrada en la producción de multicereales sin gluten.

La compañía ha justificado el traslado de su sede porque “necesitamos operar en un ambiente de estabilidad” y “de cara a garantizar la seguridad jurídica y los intereses de nuestros consumidores, clientes, empleados y accionistas”, informa Efe.

Grupo Gallo fue fundado en 1946 en Rubí, Barcelona, y es propiedad de la familia Espona. Gallo se ha dedicado tradicionalmente a la producción de pasta, aunque en el inicio de este siglo empezó a fabricar también platos frescos precocinados.

Continúa leyendo: Libertad sin fianza para Trapero pese a la petición de la Fiscalía

Libertad sin fianza para Trapero pese a la petición de la Fiscalía

Foto: Paul White
AP Photo

La juez Carmen Lamela ha dejado en libertad sin fianza al exjefe de los Mossos d’Esquadra Josep Lluis Trapero después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidiera que le impusiera 50.000 euros por su presunta responsabilidad en la inactividad de la policía autonómica para impedir la votación el 1-O, según fuentes jurídicas. El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira había hecho esta petición a la juez tras tomar declaración a Trapero como investigado por dos delitos de sedición durante dos horas y media.

Lamela ha rechazado imponerle la fianza reclamada y le ha mantenido las mismas medidas cautelares que decretó para él la segunda vez que compareció ante ella el pasado 16 de octubre; la Fiscalía pidió su ingreso en prisión sin fianza, pero finalmente quedó en libertad con medidas cautelares: comparecencias quincenales, retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y fijación de domicilio y teléfono.

Al dejarle en libertad con las citadas medidas, Lamela precisó que la investigación se circunscribía al asedio a la Guardia Civil del 20 de septiembre, a la espera de ampliarla al 1-O, y que su actuación en ese episodio no estaba aún “suficientemente perfilada” para vincularle directamente “a hechos tan graves como los que esos días sucedieron”.

Ahora, tras practicar diligencias, entre ellas la toma de declaración al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, la juez ha concluido que la actuación de los Mossos ese día y el 1-O “fue dirigida a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia” y por eso “la policía autonómica también fue utilizada para controlar las acciones” de las otras Policías.

Con esa finalidad, se diseñó un “plan premeditado”, “que procedía de la cúpula policial de Mossos d’Esquadra, cúpula comandada por Josep Lluis Trapero y en conexión directa con los miembros del comité estratégico”, al que aludía el documento Enfocats.

Dos días después de que Lamela notificara este auto, la Fiscalía pedía ampliar la investigación a la cúpula de los Mossos para imputar también al entonces superior de Trapero, el exdirector de la Policía autonómica Pere Soler; y al ex secretario general de Interior César Puig, segundo del exconseller Joaquim Forn, que se encuentra en prisión junto a Oriol Junqueras y los “Jordis”.

Realmente -añadía el fiscal- actuaron de “correa de transmisión de las instrucciones” de los responsables políticos “ordenando ejecutar o abstenerse de las órdenes judiciales y del cumplimiento de la Ley”.

La juez cree que Trapero se encargó del diseño de “un sistema de comunicación entre los agentes” y “sus mandos superiores que supuso una ralentización de las comunicaciones, lo que produjo, aún más si cabe, una ineficacia en la actuación”, por lo que ha reclamado a los Mossos que identifiquen a las personas y los medios empleados en ese operativo.

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Detenidos 14 activistas por bloquear el acceso al TSJC en Barcelona

Foto: QUIQUE GARCIA
EFE

Agentes de los Mossos d’Esquadra han detenido a 14 de los cerca de 100 activistas de los “comités de defensa de la república” (CDR) que se han concentrado a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para bloquear el acceso al edificio judicial y exigir la libertad de los independentistas encarcelados.

Según han informado a Efe fuentes policiales, los doce detenidos integraban el núcleo inicial, formado por unas ochenta personas, algunas de las cuales se habían encadenado a las puertas del edificio, mientras otros se apostaban en la escalinata de acceso al TSJC para impedir la entrada.

El acto había sido convocado por los autodenominados “comités de defensa de la república”, que se han concentrado a las siete de la mañana en la plaza Cataluña, desde donde se han desplazado andando hasta las puertas del TSJC, en el paso Sant Joan de la capital catalana. Los independentistas se han sentado ante las puertas del TSJC, con lo que nadie ha podido acceder a la sede del tribunal durante alrededor de una hora.

Los concentrados han entonado “L’Estaca”, la canción del cantautor y exdiputado de Junts pel Sí Lluis Llach, que interpretan habitualmente los independentistas en sus actos de protesta y han desplegado pancartas con lemas en catalán como “23-F. Paremos el golpe de estado” o bien “Es la hora del pueblo”.

Los independentistas, que estaban sentados y en actitud de resistencia pacífica, reclamaban con su protesta la libertad de los independentistas que se encuentran en prisión, mientras los Mossos d’Esquadra les han ido desalojando de uno en uno sin que se hayan producido mayores incidentes. Algunos de los concentrados se habían encadenado a las puertas del TSJC, por lo que la Policía ha debido cortar las cadenas para retirarles del lugar.

Continúa leyendo: El juez Llarena dicta una orden de detención nacional contra Anna Gabriel

El juez Llarena dicta una orden de detención nacional contra Anna Gabriel

Foto: ALBERT GEA
Reuters/Archivo

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha emitido este miércoles una orden de detención nacional contra la dirigente de la CUP Anna Gabriel después de que no se presentara a declarar en el marco de la investigación abierta relacionada con el procés catalán. La propia Gabriel, que se encuentra en Suiza desde donde había anunciado su intención de no comparecer ante el juez, ha pedido el archivo de la causa.

La ex diputada del Parlamento catalán no se ha mostrado sorprendida por la decisión judicial contra ella porque, en su opinión, la justicia española “no es imparcial”, ha dicho en una entrevista concedida a TV3 desde Ginebra. Gabriel ha indicado que la situación creada tras la declaración unilateral de independencia y la consiguiente acción judicial contra sus defensores  “no es una lucha personal sino colectiva”, por lo que “hay que seguir reivindicando que todos los presos, exiliados e imputados independentistas queden en libertad”, ha añadido.

Gabriel se refería así al expresidente catalán, Carles Puigdemont, huido de la justicia española en Bruselas desde finales de octubre junto a otros cuatro ex consellers, además de a los políticos encarcelados, el ex vicepresidente Oriol Junqueras, el ex conseller de Interior, Joaquim Forn, y los ex presidente de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

La dirigente de la CUP ha confirmado también en la entrevista que su partido ha optado por una “estrategia compartida y desdoblada” ante los tribunales, lo que implica que mientras que la también exdiputada Mireia Boya compareció ante el juez, quedando en libertad sin cargos a pesar de haber defendido la declaración de independencia de Cataluña, ella ha optado por no hacerlo y “refugiarse” en Suiza al ver que otros dirigentes sí que están en prisión.

Una vez solicitada la orden de detención, el juez Llarena deberá iniciar los trámites de extradición a través de la Interpol mediante el convenio suscrito entre ambos países, informa EFE.

El Tribunal Supremo ha ordenado que se notifique esta resolución al Ministerio Fiscal y a las partes implicadas que habían pedido la detención de Gabriel, y añade que se puede interponer un recurso de reforma o apelación en el plazo de tres días.

La Fiscalía del Tribunal Supremo había solicitado horas antes al juez que emitiera una orden de detención y prisión para la dirigente de la CUP. La Abogacía del Estado se sumó a la petición del Ministerio Público, al igual que la acusación popular representada por el partido de extrema derecha VOX.

Los fiscales han señalado que Anna Gabriel “habiendo eludido la acción de la Justicia” y “a los fines de impedir que continúe en situación de fuga”, interesa que se decrete la prisión provisional de Anna Gabriel para proceder a su posterior reclamación ante las autoridades competentes suizas.

Anna Gabriel tendría que haber declarado como investigada este miércoles por un delito de rebelión, después de el juez Llarena mantuiera la citación a pesar de que la exdiputado de la CUP ya había notificado que no acudiría por considerar que en España “no tendría un juicio justo”.

A pesar de que Suiza y España mantienen tradicionalmente relaciones de cooperación, el Gobierno suizo avanzó el martes que probablemente rechazaría una solicitud de extradición o de asistencia jurídica, dijo Folco Galli, un portavoz del Departamento de Justicia de Suiza, a EFE.  El Gobierno suizo considera que el caso de Gabriel está ligado a delitos políticos que en Suiza no tienen base jurídica, motivo por el cual no aceptaría la solicitud de extradición.

Continúa leyendo: El juez Pablo Llarena deja en libertad sin fianza a Artur Mas

El juez Pablo Llarena deja en libertad sin fianza a Artur Mas

Foto: Ballesteros
EFE

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, encargado del  sumario abierto por el “procés” hacia la Declaración de Independencia en Cataluña (DUI), ha acordado dejar en libertad sin medidas cautelares al expresident de la Generalitat Artur Mas tras declarar durante más de tres horas. “El referéndum del 1-O fue real, la declaración de independencia del 27 de octubre tuvo un carácter político y simbólico“, ha declarado a los medios a su salida del Supremo.

El expresident de la Generalitat también ha negado la existencia de un comité estratégico: “Se nos convocaba a reuniones en las que se hablaba de política”, ha señalado.

La acusación popular de VOX había pedido previamente a Llarena la libertad provisional bajo fianza mínima de 60.000 euros, comparecencias ante el juzgado cada 15 días y la retirada del pasaporte. De esta manera, se ha celebrado una vistilla en la que el juez ha acordado no imponer ninguna media cautelar, aunque si ha preguntado al expresidente si estaba dispuesto a comparecer ante el juzgado en caso de ser requerido, a lo que Mas ha respondido que sí.

El expresident de la Generalitat ha acudido este martes a las 08:45 horas al Tribunal Supremo, donde se han congregado decenas de simpatizantes soberanistas y unos diez miembros de Falange con pancartas contra los separatistas. El expresident ha llegado acompañado de su abogado y ha entrado con él al tribunal, mientras que fuera se han quedado otros de sus acompañantes, como su esposa y Marta Pascal (PDeCAT), quien compareció este lunes ante el Supremo también como imputada en el mismo caso.

Otros dirigentes políticos que han acompañado a Mas han sido Jordi Xuclá, Miriam Noguera o David Bombeí, ambos del PDeCAT, y miembros de ERC como Teresa Jordá y Bernat Picornell y el vicepresidente de la Asociación de Municipios para la Independencia, Jorgi Gaseni.

Llarena amplió la investigación por el proceso independentista a varios dirigentes políticos, entre ellos Mas, porque considera que los hechos que se investigan se han podido desarrollar bajo la dirección y coordinación de un comité entre los que se encontrarían los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios independentistas del anterior Parlamento de Cataluña.

También apuntaba a los presidentes y secretarios generales de los partidos políticos independentistas y a la presidenta de la AMI, Neus LLoveras, también imputada. En el documento EnfoCat, en el que se determinaba la hoja de ruta a seguir tras la declaración unilateral de independencia (DUI), se hablaba de este comité estratégico del procés, informa EFE.

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