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Policía y Guardia Civil votarán la oferta de Interior de 1.100 millones para equipar los sueldos

Los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles someterán a votación de sus bases la nueva oferta del Ministerio del Interior de 1.100 millones de euros en tres años para la equiparación salarial con las policías autonómicas, lo que supone una dotación para este año de 500 millones de euros.

Policía y Guardia Civil votarán la oferta de Interior de 1.100 millones para equipar los sueldos

Los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles someterán a votación de sus bases la nueva oferta del Ministerio del Interior de 1.100 millones de euros en tres años para la equiparación salarial con las policías autonómicas, lo que supone una dotación para este año de 500 millones de euros.

El ministerio ya ha dejado claro que es su última oferta y, aunque dista de los 1.500 millones en el periodo 2018-2020 que los agentes reivindicaban, se acerca algo más que la expuesta en la última reunión (807 millones) tras la que se rompieron las negociaciones, según informaron fuentes policiales a EFE tras más de cinco horas de reunión con el secretario de Estado, José Antonio Nieto, que finalizó a última hora de la noche del martes.

Según los cálculos de estas organizaciones hechas públicas a través de un comunicado, la nueva oferta supondría que al final de esos tres años, es decir, en 2020, un policía nacional cobraría 561 euros brutos más al mes que ahora (en doce pagas) y un guardia civil 720 euros.

Tras la reunión con José Antonio Nieto, los representantes de los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado (FSE) aceptaron la pasada noche un preacuerdo, que someterán a votación, basado en la nueva propuesta de Interior, que les ha dado un plazo de siete días para responder.

Para el ministerio, se trata de una oferta que supondrá el fin de la «brecha salarial» existente ahora entre los agentes de las FSE y cuerpos policiales como los Mossos d’Esquadra.

La reunión sirvió para alcanzar una «propuesta de acuerdo» sobre equiparación salarial que permitiría a policías y guardias civiles percibir en 2020 «el mismo sueldo que un mosso d’esquadra en un puesto y categoría similar», informa el ministerio en una nota hecha pública este miércoles.

Interior «valora la disposición, el compromiso y el esfuerzo de los representantes de los policías y guardias civiles durante estos meses de negociación». Si la propuesta culmina, añade la nota, «se corregiría en sólo tres años la ‘brecha salarial’ que se había producido en las últimas décadas con respecto a la policía autonómica catalana, el cuerpo policial que más cobra en España».

Con este esta propuesta de acuerdo, se garantizaría que en este año 2018 el Gobierno incluiría en los Presupuestos Generales del Estado un total de 500 millones de euros para incrementar las nóminas de policías y guardias civiles.

Asimismo, el Ejecutivo se compromete a que en los dos próximos años (2019 y 2020) se incorporarían las cantidades necesarias para implementar la equiparación salarial.

Una consultoría externa fijaría los criterios objetivos de análisis para garantizar que la equiparación salarial sea una realidad en el plazo previsto de tres años.

En esta última reunión, la séptima celebrada desde la constitución de mesas técnicas, se ha respetado la cifra de 807 millones de euros que se pactó para aplicar el método de costes medios de cada uno de los puestos de trabajo entre los cuerpos policiales y que supuso determinar una diferencia salarial de 476,7 millones en el caso de la Guardia Civil y de 331 millones en el caso de la Policía Nacional.

No obstante, el documento negociado no contabiliza en esa cifra las cantidades que, negociadas en la Mesa General de la Función Pública, recibirían todos los funcionarios, incluidos los Mossos d’Esquadra, lo que elevaría la cifra de la equiparación salarial a un montante de 1.100 millones de euros.

En esta propuesta de acuerdo, que tiene que ser refrendado por las bases sindicales, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se compromete a tramitar una ley que garantice «para siempre» la «equiparación justa» entre los distintos cuerpos y que contemple la máxima de que a iguales circunstancias, trabajo y funciones deberá siempre corresponder un mismo sueldo.

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