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PP y Cs alcanzan un acuerdo en materia económica y fiscal para Andalucía

El Partido Popular y Ciudadanos continúan avanzando en sus negociaciones para el futuro gobierno de la Junta de Andalucía. Ambos partidos han alcanzado un acuerdo en materia de fiscalidad que contempla, entre otras medidas, un acuerdo de financiación «solidario y justo».

PP y Cs alcanzan un acuerdo en materia económica y fiscal para Andalucía

El Partido Popular y Ciudadanos continúan avanzando en sus negociaciones para el futuro gobierno de la Junta de Andalucía. Los líderes de ambos partidos, Juanma Moreno (PP) y Juan Marín (Cs), han alcanzado un acuerdo en materia de fiscalidad que contempla, entre otras medidas, un acuerdo de financiación «solidario y justo». Este acuerdo se suma al de este domingo que incluye 23 medidas de regeneración democrática.

Estas medidas conforman el bloque de reformas económicas y fiscales para el empleo y la prosperidad en andalucía, que forman parte del acuerdo global de unas 90 medidas en el que los equipos de ambas formaciones siguen trabajando para poner en marcha en los primeros 100 días de Gobierno, a pesar de que todavía queda por negociar la composición de la Mesa del Parlamento andaluz, donde Vox reclama un sitio.

El acuerdo de este lunes contempla llevar a cabo «una política económica de tratamiento de los recursos públicos basada en los principios de estabilidad presupuestaria, eficacia, eficiencia y suficiencia financiera que conlleve la formación y ejecución de los Presupuestos de la Junta de Andalucía buscando el ahorro neto que financie prioritariamente servicios esenciales», según han informado ambos partidos.

El acuerdo contempla una rebaja del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en todos los tramos de la escala autonómica de este impuesto, así como revertir la subida del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (TPAJD), producida el año 2012.

Medidas de regeneración democrática

Los negociadores de PP y Ciudadanos cerraron este domingo un acuerdo con 23 medidas de regeneración democrática, que incluye el límite de mandato, la supresión de los aforamientos y una oficina de lucha contra el fraude, entre otras iniciativas.

Ambos partidos indican que los andaluces han reclamado que desde el Gobierno de la Junta de Andalucía se defienda «la Unidad de España Constitucional frente al Independentismo radical, haciendo que el pueblo español siga siendo el sujeto de la Soberanía Nacional».

Por ello, han acordado la defensa de la unidad de España y el estado de las autonomías bajo los principios de igualdad y solidaridad consagrados en la Constitución y la despolitización, eficiencia administrativa y lucha contra la corrupción con «tolerancia cero con la corrupción», comprometiéndose a la separación inmediata de los cargos públicos imputados formalmente por delitos de corrupción hasta la decisión definitiva del órgano judicial, según un comunicado firmado pro ambos partidos al que ha tenido acceso la agencia EFE.

También aprobarán un Proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía para la supresión de los aforamientos del presidente de la Junta, los miembros del Consejo de Gobierno y los diputados del Parlamento para acabar con fueros y privilegios y un Proyecto de Ley de Despolitización que garantice la profesionalidad, imparcialidad, responsabilidad y honestidad de todas las personas al servicio de las instituciones públicas andaluzas.

Esta Ley recogerá la reducción de los altos cargos, quienes deberán tener dedicación exclusiva y no podrán cobrar dietas por la asistencia a sus reuniones.

El acuerdo incluye que los directores de las agencias, sociedades mercantiles, fundaciones y demás entes públicos instrumentales que ahora son nombrados libremente por el Gobierno sean elegidos por concurso público, abierto y transparente por un período de seis años entre personas con experiencia y formación acreditadas para el desempeño del cargo.

Limitar a ocho años como máximo la duración del mandato de un mismo presidente de la Junta y de los consejeros, garantizar la protección de quienes denuncien posibles irregularidades y actuaciones fraudulentas o corruptas por parte de las personas al servicio de la Junta y poner en marcha una Oficina de Lucha contra el Fraude y la Corrupción para prevenir, detectar y denunciar las malas prácticas, abusos de poder, casos de fraude y corrupción son otras medidas acordadas.

Los negociadores también han acordado suprimir el Consejo Consultivo, reformar la Cámara de Cuentas y constituir un grupo de expertos que estudie las posibilidades de redimensionamiento y de mejora de la eficiencia en la utilización de los recursos por la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), así como las reformas necesarias para garantizar su profesionalidad, imparcialidad, pluralidad e independencia del poder político.

Otros compromisos son revisar la Ley de Transparencia Pública y modificar la Ley de la Hacienda Pública de Andalucía para mejorar el control y transparencia de la gestión de los fondos públicos del Presupuesto de la Junta y acabar con los «incentivos al despilfarro».

Este acuerdo ya ha sido criticado duramente por el PSOE, que asegura que «el pacto de la vergüenza» entre PP y Cs supone «subir hasta el 50% el sueldo de cargos políticos» de la Junta.

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