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Puigdemont y el Govern discutieron durante siete horas la respuesta al artículo 155

Foto: Pau BARRENA
AFP PHOTO

La reunión convocada por el presidente catalán, Carles Puigdemont, en el Palau de la Generalitat para abordar la respuesta a la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española (CE) ha terminado tras cerca de siete horas de discusión.

La cita, que reunió a los miembros del Govern, dirigentes del PDeCAT y ERC, así como a representantes de entidades soberanistas y municipalistas, se inició pasadas las 19.00 horas -aunque los participantes se fueron incorporando paulatinamente- y finalizó alrededor de las dos de la madrugada, si bien los contactos de Puigdemont para acabar de fijar la estrategia a seguir a partir de ahora deberán continuar durante la mañana de este jueves.

La reunión se celebró un día antes de que arranque el pleno específico del Parlament para responder al 155.

En la reunión en el Palau, además de Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y demás miembros del ejecutivo catalán, han participado dirigentes del PDeCAT como Artur Mas, Marta Pascal, David Bonvehí y Lluís Corominas, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, el vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro, o el presidente de la Asociación Catalana de Municipios, Miquel Buch, entre otros.

Por el Palau de la Generalitat también ha desfilado el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, que se ha reunido con Puigdemont después de haber visitado en la cárcel de Soto del Real (Madrid) al presidente de la ANC, Jordi Sánchez, encarcelado como el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, por un presunto delito de sedición.

Previamente, JxSí había mantenido por la tarde en el Parlament una reunión de más de dos horas que sirvió para que los 61 diputados que forman el grupo mayoritario de la cámara adoptaran una postura “clara” y “unitaria” ante el pleno convocado para el jueves, a favor de aprobar una declaración de independencia de Cataluña.

Ante la aplicación del artículo 155 invocado por el Consejo de Ministros, JxSí ha acordado adoptar una posición de “resistencia” y de “defensa del mandato recibido de los ciudadanos en el referéndum del 1 de octubre”, consistente en “hacer efectiva la declaración de independencia”, sin contemplar otros escenarios que se habían puesto sobre la mesa, como convocar elecciones, según han planteado algunos miembros del Govern, informa Efe.

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Bruselas se convierte en el centro de la precampaña electoral catalana

Foto: ERIC VIDAL
Reuters

Bruselas se está convirtiendo estos días en el corazón de la precampaña electoral para las elecciones del próximo 21 de diciembre. El maratón hacia los comicios autonómicos de Cataluña comenzó el 28 de octubre cuando el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, disolvió el Parlament, convocó elecciones y destituyó al Govern al amparo del artículo 155 tras la declaración unilateral de independencia aprobada por la Cámara catalana con los votos a favor de los independentistas. Unos días después el ya expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y cuatro de sus exconsellers viajaron a la capital belga después de que la Fiscalía General presentara una querella ante la Audiencia Nacional contra todos los miembros de la Generalitat, por los delitos de sedición, rebelión y malversación.

Unos 11 días más tarde,  el 7 de noviembre, unos 200 alcaldes independentistas viajaron a Bruselas para asistir a dos actos en apoyo a Puigdemont y los exconsellers, sobre los que pesa una euroorden de detención emitida por la juez de la Audiencia Nacional, Carmen LamelaEn esa ocasión, los ediles argumentaron que se habían desplazado a la capital europea “para internacionalizar la persecución del estado que sufren los representantes políticos catalanes” y “para denunciar la persecución judicial y las consecuencias ideológicas de los representantes del Gobierno y del pueblo catalán”.

Este jueves, las organizaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural han convocado una manifestación en Bruselas para el 7 de diciembre. En una rueda de prensa los vicepresidentes, Agustí Alcoberro y Marcel Mauri, respectivamente, han explicado que el lema de la marcha será ‘Europe, Wake Up! Help Catalonia’ (Europa, ¡Despierta!. Ayuda a Cataluña). También han dicho que prevén que el acto sea “masivo”, superando por mucho la cifra de 10.000 asistentes. “El próximo mes de diciembre tenemos que demostrar a Europa que nuestros derechos y libertades son vulnerardos por el Estado español”, ha dicho la ANC.

Alcoberro ha detallado que la ANC ha fletado cinco vuelos hacia Bruselas, tres desde el aeropuerto de El Prat, uno desde Lleida-Alguaire y otro desde el aeropuerto de Girona, mientras que se han habilitado 70 puntos de salida de autocares en Cataluña hacia la capital belga para asistir a la concentración.

Ante la ofensiva de los independentistas han salido a escena algunos líderes constitucionalistas para dar la réplica. La portavoz nacional de Ciudadanos y cabeza de lista para el 21-D, Inés Arrimadas, ha visitado este miércoles Bruselas para “dar voz a la mayoría social de Cataluña”.

“Cataluña necesita un nuevo interlocutor que, en lugar de querer romper con la Unión Europea, trabaje por la unión y la convivencia”, ha dicho durante su segundo día en Bruselas, en al transcurso de una rueda de prensa celebrada en el Parlamento Europa. Arrimadas ja viajado “al corazón de Europa” para trasladar a la instituciones europeas “la voz de la mayoría de los catalanes que queremos seguir siendo catalanes, españoles y europeos, mientras que el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, sólo “se ha fugado” para “quejarse de que nadie le da la razón”.

También ha criticado a Puigdemont al decir que “el ex presidente de la Generalitat trabaja por la inestabilidad política, la división y la huida de empresas, nosotros queremos enviar un mensaje de esperanza. Si el 21-D hay un cambio de gobierno. Cataluña volverá al sentido común, para ser un verdadero motor de Europa”.

Durante su estancia en la ciudad, Arrimadas ha visitado a distintos líderes europeos, como el vicepresidente del Parlamento Europeo, Pavel Telicka, informa EFE.

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Puigdemont no acepta la pensión de expresidente y se niega a acatar el 155

Foto: YVES HERMAN
Reuters

Carles Puigdemont se niega a aceptar la oferta del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien le dio 10 días hábiles para acogerse al Estatuto de expresidentes de la Generalitat y cobrar así la pensión que le correspondería. Según publica ‘elnacional.cat’, Puigdemont no acepta haber sido cesado por el Gobierno tras aplicación del artículo 155, por lo que consecuentemente tampoco acepta la condición de expresidente y el sueldo que eso conlleva, que sería alrededor de 112.000 euros.

“El Estado sigue siendo una máquina de humillar instituciones y ciudadanos. Montoro debería dedicar su tiempo a recuperar el dinero que fue perdonado durante el rescate bancario”, ha escrito el presidente destituido por el Gobierno de Mariano Rajoy en un tweet en el que además ha compartido el artículo de ‘elnacional.cat’.

De haber accedido a la solicitud de Montoro, Puigdemont hubiese acatado de manera implícita la aplicación del artículo 155 de la Constitución que, entre otras medidas, incluye su propio cese, así como el del resto del Gobierno catalán. 

Mientras tanto, el viernes pasado la justicia belga aplazó la decisión de extraditar a Puigdemont y los exconsellers del gobierno regional que se encuentran con él en Bruselas tras su destitución por llevar adelante la declaración unilateral de independencia en Cataluña. Los acusados deberán volver a comparecer el 4 de diciembre. La Fiscalía belga había pedido aplicar la euroorden emitida por España contra Puigdemont y los exconsellers, han anunciado sus abogados, citados por AFP.

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Puigdemont y sus exconsejeros comparecen ante el Tribunal belga

Foto: EMMANUEL DUNAND
AFP

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros regionales que le acompañan en Bélgica comparecerán hoy en Bruselas ante el tribunal de primera instancia que debe decidir sobre las cinco euroórdenes dictadas contra ellos por las autoridades españolas.

La vista, que se desarrollará a puerta cerrada ante un único juez, tendrá lugar en la Cámara del Consejo de Bruselas a las 14.00 y a ella asistirán los cinco acusados y sus abogados así como un intérprete, pues la instrucción se desarrollará en neerlandés, a petición del propio Puigdemont que rechazó el francés.

La Justicia española reclama por presuntos delitos de sedición, rebelión, malversación de fondos públicos, desobediencia y prevaricación a Puigdemont y a sus exconsejeros autonómicos Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura).

Todos ellos se encuentran en Bélgica desde el pasado 30 de octubre y en régimen de libertad vigilada desde el pasado domingo 5 de noviembre, a expensas de que se desarrolle el proceso sobre las citadas Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE).

Entre las restricciones a las que están sujetos los acusados se cuenta la prohibición de viajar al extranjero sin el permiso del juez de instrucción, la obligación de comunicar una dirección de residencia y la de asistir personalmente a cada una de las audiencias a las que se les convoque.

Tras la vista, cuya duración es incierta, el juez podría tomar la decisión sobre las euroórdenes hoy mismo, aunque lo más probable es que tome esa decisión más adelante, dentro del plazo de 15 días del que dispone para ello.

La Fiscalía de Bruselas podría solicitar a España información adicional si considera que las euroórdenes están incompletas. En ese sentido, el Ministerio Público belga ha pedido a la jueza de la Audiencia Nacional que reclama a los acusados, Carmen Lamela, información sobre el sistema penitenciario y judicial español.  Instituciones Penitenciarias envió ayer, jueves, un documento de 15 páginas con fotografías de las celdas y respuestas detalladas a las 14 preguntas de la Fiscalía belga.

Al parecer, Puigdemont y los exconsellers varones irían a Estremera, a 70 kilómetros de Madrid, donde ya se encuentran en prisión preventiva los exmiembros del Gobierno catalán cesados, acusados de rebeldía, sedición y malversación de fondos. Mientras, las exconselleras que viajaron a Bélgica junto al expresidente catalán ingresarían en un centro penitenciario de la Comunidad de Madrid, previsiblemente el de Alcalá Meco, donde están recluidas ya, de manera provisional, dos exconselleras por los mismos delitos.

Una vez el juez de primera instancia decida sobre las euroórdenes en el citado plazo de 15 días, tendrá que comunicárselo a los interesados en las 24 horas siguientes. Si estos rechazan de nuevo su entrega a España, todavía podrían volver a recurrir la decisión ante una instancia superior, el Tribunal de Apelaciones, así como ante la Corte de Casación.

Todo ese proceso debería durar alrededor de 60 días, aunque podrían sumarse 30 días más por motivos excepcionales e incluso superarse ese plazo en algunos supuestos.

España no estará presente en todo el proceso ya que sólo estarán los acusados y la Fiscalía belga, aunque el Ministerio Público belga está en contacto con la Fiscalía española.

El entorno del expresidente catalán en Bélgica ha indicado que ni Puigdemont ni los exconsejeros autonómicos harán declaraciones a la prensa ni antes ni después de la vista, pero sí comparecerán ante los medios de comunicación sus abogados.

Estos han hecho saber que basarán su defensa en el argumento de que los cinco acusados se someterían en España a un juicio político, no penal, y pondrán en duda que los delitos que se les atribuyen entren dentro de las 32 causas por las que se puede extraditar automáticamente a un ciudadano europeo de un Estado miembro a otro.  La Fiscalía también dará cuenta de la sesión a través de sus portavoces, según ha informado el Ministerio Público.

Continúa leyendo: España garantiza a Bélgica la calidad de la prisión a la que iría Puigdemont

España garantiza a Bélgica la calidad de la prisión a la que iría Puigdemont

Foto: PASCAL ROSSIGNOL
Reuters

España ha garantizado este jueves a Bélgica que si el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont es extraditado y se ordenara su ingreso en prisión, estaría en uno de los centros más avanzados de Europa y podría disponer de una celda individual si la pide o compartirla con alguno de sus exconsellers, informa Efe. Así consta en la respuesta que las autoridades españolas, que han manifestado su “máximo respeto” por la justicia belga, han remitido a la las autoridades belgas después de que estas dejaran en libertad a Puigdemont y los exconsellers y solicitaran información sobre el sistema penitenciario y judicial de España de cara a la comparecencia de Puigdemont y sus exconsellers, este viernes, ante un juez belga.

Según han indicado a Efe fuentes de Instituciones Penitenciarias, Puigdemont y los exconsellers varones irían a Estremera, a 70 kilómetros de Madrid, donde ya se encuentran en prisión preventiva los exmiembros del Gobierno catalán cesados, acusados de rebeldía, sedición y malversación de fondos. Mientras, las exconselleras que viajaron a Bélgica junto al expresidente catalán ingresarían en un centro penitenciario de la Comunidad de Madrid, previsiblemente el de Alcalá Meco, donde están recluidas ya, de manera provisional, dos exconselleras por los mismos delitos.

Las autoridades españolas han informado a la Fiscalía belga de las condiciones de la cárcel de Estremera, un centro con un diseño muy avanzado, inaugurado en 2008 y con instalaciones que mejoran las de prisiones de otros países europeos. De hecho, esta prisión cuenta con celdas de 11 metros cuadrados, talleres para los internos, aulas y atención médica todo el día, así como los demás servicios propios de una cárcel. Además, las autoridades españolas han proporcionado a la Fiscalía belga información adicional, como que cada celda está equipada para ser ocupada por dos internos y tiene inodoro y ducha con una separación para preservar la intimidad, así como conexión para televisión.

También han informado de que las celdas pueden ser compartidas pero se podría garantizar la estancia individual salvo que los facultativos observen riesgo de suicidio. Y a la pregunta de si hay “superpoblación” en la cárcel donde ingresarían los acusados y las medidas que se tomarían para “impedir que los implicados se vean confrontados con las consecuencias negativas de tal superpoblación”, España señala que Estremera tiene 1.214 celdas y en la actualidad está ocupada por 1.071 internos.

Las autoridades españolas han respondido a 14 preguntas sobre el sistema carcelario, entre ellas las relacionadas con la higiene, el acceso a equipamientos sanitarios o duchas y a la asistencia médica, la comida, las actividades recreativas y culturales o las visitas de familias o amigos. España recuerda que solo si protagonizan incidentes violentos especialmente graves, los internos pueden quedar encerrados en una celda de aislamiento, pero siempre supervisado por el equipo médico, autorizado por el director de la cárcel y comunicado al juez de Vigilancia Penitenciaria.

También informa a la Fiscalía de que la comida responde a las exigencias dietéticas de los presos, edad, salud y costumbres; de que pueden ir al gimnasio, a la biblioteca y a talleres y de que los reclusos realizan vida en común con otros unas ocho horas diarias. Las autoridades españolas garantizan asimismo una asistencia médica primaria, pero también la especializada en la red pública sanitaria, así como su derecho a la defensa facilitando el acceso a sus abogados y su integridad física con medidas de seguridad interior para evitar agresiones.

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