Urdangarin pide ser absuelto porque ya ha sido condenado por la sociedad y los medios

El abogado de Iñaki Urdangarin ha pedido al Supremo que le absuelva del caso Nóos porque ya ha sido «condenado» por parte de la sociedad «y determinados medios de comunicación«, mientras la Fiscalía ha reclamado que se eleve su pena como «instigador» del saqueo de fondos públicos.

En la audiencia ante el Tribunal Supremo celebrada este miércoles, el letrado Mario Pascual Vives ha solicitado a los magistrados que estimen su recurso contra la sentencia del caso Nóos y absuelva a su representado «porque a día de hoy ya viene condenado por determinada parte de la sociedad y determinados medios de comunicación».

«Fíjese qué temeridad», ha dicho el letrado sobre su petición de absolución de Urdangarin, que fue condenado a 6 años y 3 meses de cárcel por delitos fiscales, prevaricación y fraude, entre otros, y para quien ahora la Fiscalía del Supremo pide que se aumente su pena a 10 años, informa EFE.

El letrado ha ido enumerando uno a uno los delitos por los que fue acusado en el juicio el cuñado del rey Felipe VI y, en relación con de tráfico de influencias -del que sólo le acusó el sindicato Manos Limpias-, ha hecho referencia a una resolución de 2013 de la Audiencia de Palma, en la que dijo: «La vinculación del señor Urdangarin con la Familia Real, si hubiera ayudado al instituto Nóos a conseguir contratos, se trataría en tal caso de una influencia impune por atípica y menos aún que mereciera reproche penal».

Considera el abogado que el tribunal no puede estimar el recurso de la Fiscalía, que pretende que se agrave la condena a Urdangarin por malversación vinculada a la organización de varios foros en Baleares por parte del instituto Nóos.

La sentencia de la Audiencia de Palma estimó malversación en el pago de 445.000 por la creación de un observatorio y un plan estratégico para uno de esos foros, por tratarse de unos servicios que no se prestaron y la Fiscalía cree que se pagaron por las presiones ejercidas por Urdangarin y su exsocio Diego Torres.

Pero, según Pascual Vives, esos servicios «se realizaron a satisfacción y el motivo por el que se tardó en pagar fue por las dificultades económicas que acarreaba en aquel momento la Comunidad».

También ha hecho referencia a la petición de la Abogacía de Baleares de que se declare la nulidad de los contratos de la Comunidad con Nóos y la recuperación de las cantidades que se abonaron por ellos.

El abogado ha cuestionado si «lo que se pretende es que esos foros que se hicieron les salgan gratis» porque «da la sensación de que todo esto es un abuso».

Pascual Vives tampoco ha apreciado un delito de fraude a la Administración en un contrato de 20 millones de euros para promocionar el equipo Banesto de ciclismo, del que Urdangarin -ha dicho- percibió 150.000 euros por organizar la oficina de seguimiento del club.

No lo ha estimado porque, a su juicio, la fundación Illesport, que pagó esa cantidad, no pertenecía al sector público.

Además, ha justificado que tanto su cliente como su socio organizaron los foros en virtud al «know how» (saber hacer) «que tenían de manera exclusiva», una «facultad y privilegio» que fue útil para la Administración.

También ha preguntado al tribunal por qué si los convenios de Nóos con la Generalitat valenciana quedaron «impunes» y no así los suscritos con Baleares.

Por su parte, el abogado de Matas ha intentado desacreditar ante la sala las acusaciones del director general de Deportes de Baleares José Luis «Pepote» Ballester, quien dijo que el expresidente balear ordenó pagar sin discusión lo que Urdangarin presupuestó, incluyendo servicios no prestados.

Para la defensa de Matas, condenado a 3 años y 8 meses de cárcel y para quien la Fiscalía pide elevar la pena a 8 años y 5 meses, hay «errores, imprecisiones y contradicciones» en su declaración que hacen que «no deba ser considerada única prueba de cargo suficiente».

Ha reconocido que no tiene «ningún problema» en decir que el procedimiento para conceder los contratos públicos al Instituto Nóos «no se siguió», pero ha asegurado que «existían esas prestaciones que fueron contratadas a precio de mercado».

El abogado de Torres, por su parte, ha asegurado que «todas las tesis de las acusaciones particulares carecen del más elemental de los soportes».

Ello desde el momento, ha dicho, en que en 2016 la Fiscalía, en nombre de todas las acusaciones particulares, dieron por buenas una serie de facturas que aportó Torres y que, según ha dicho, probarían que no hubo delito.

Torres fue condenado a 8 años y medio y la fiscal reclama una condena total de 12 años y 4 meses al considerar que, como Urdangarin, cometió un delito de malversación con los foros que organizó para el Govern balear.