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Ilegal y menguante referéndum

Andrea Mármol

Foto: ALBERT GEA
Reuters

“Apelamos a todos los demócratas de Europa y del mundo a que nos apoyen”, sentenció el exfutbolista Pep Guardiola, nuevo encargado oficial de internacionalizar el derecho a la autodeterminación del oprimido pueblo catalán. Fue el pasado domingo, en un acto bajo la batuta de los líderes del separatismo catalán.

Hasta hace poco, si uno era catalán y se oponía a trocear la soberanía nacional española, tenía todas las papeletas para acabar en el saco de los enemigos oficiales del pueblo, aunque fuera parte de ese pueblo. Si se trataba de un español no catalán, la cosa era sólo algo menos grave: no era uno el obstáculo interno para la liberación catalana, sino más bien una suerte de imperialista abusón por creerse con derecho a participar del devenir territorial de su país. Pero ahora ya nadie está exento de culpa: el mundo entero tiene la obligación civil de jalear el referéndum ilegal de Puigdemont y Junqueras.

Se puede –y se debe- objetar que Guardiola no es el portavoz electo de los catalanes, pero sí es el altavoz que ha elegido el gobierno de la Generalitat, primer abajo firmante sino redactor último del manifiesto que leyeron las entidades separatistas el domingo. Y es que Puigdemont y Junqueras, que encontraron acomodo en la televisión pública esa misma noche, no dijeron nada distinto al ahora entrenador: los demócratas somos nosotros y el ‘estadoespañol’ el villano a batir.

Soy partidaria de que todos los compañeros de Guardiola, olímpicos de oro en 1992, puedan votar sobre el proyecto común español. Guardiola cree que no. ¿Es más democrático él? ¿Lo soy yo? La cuestión es que sólo una de las dos opciones tiene el amparo de la ley. La ley, que es la última protección del más débil y la garantía de respeto a las minorías frente a la mayoría. Por eso no puede ser democrático lo que pretende reventarla. Reventarla, por cierto, aprobando con nocturnidad una ley de ruptura anti-estatutaria e inconstitucional escondida en un cajón, contra la voluntad de la mayoría de catalanes expresada en las últimas elecciones y de cuyo contenido se conocen sólo las salidas de tono (o no) de Llach y compañía. Dime de qué fardas, ya se sabe.

Los demócratas catalanes somos más que una sola de mitades en las que nos han fracturado los independentistas. La Generalitat lo sabe y a medida que se conocen sus planes, a través de borradores que luego desmienten –limitación a la libertad de prensa, a los derechos lingüísticos y sobre todo la usurpación del carnet de demócrata-, son más los demócratas que se descuelgan del prometedor Nou Estat.

No basta con tener razón

Antonio García Maldonado

Foto: ALBERT GEA
Reuters

El anuncio del referéndum de independencia para el próximo 1 de octubre anunciado por Carles Puigdemont no es ninguna sorpresa. El Govern no tenía opción de echarse atrás dados los compromisos retóricos que había ido adquiriendo. Y si hacía falta alguna otra evidencia que mostrara que este movimiento ha perdido contacto con la mitad de la propia Cataluña y con la realidad, ahí está la seriedad con la que Pep Guardiola pidió auxilio internacional contra “un Estado autoritario”. Lo triste no es que él lo pronunciara, sino la sospecha de que es un pensamiento relativamente extendido. Aunque quien amenazara con un nuevo Estado autoritario fuera Lluis Llach al advertir de que los funcionarios que no siguieran las leyes de desconexión “serían perseguidos”.

Pero no basta con tener razón. Desde que el Tribunal Constitucional recortara parcialmente el Estatut pactado entre la Generalitat y el Gobierno y aprobado en referéndum en Cataluña, la política de Moncloa hacia Cataluña ha adolecido de falta de estrategia clara, a diferencia del Gobierno de JxS y sus socios en su órdago. Unos días se lanzaba a los portavoces más duros y otros se filtraba a los medios una postrera Operación Diálogo en los minutos de descuento. El Gobierno ha confiado demasiado en el peso de sus argumentos, en la incuestionable verdad de que hay que cumplir las leyes y que no siempre votar es democracia ni democrático.

Durante el diseño de la política norteamericana contra los soviéticos de la Guerra Fría, circulaba por el Departamento de Estado como mantra una cita del filósofo Karl Jaspers con la que se puso en marcha toda una estrategia de persuasión en una Europa en el punto de vista político del Kremlin: “La verdad también necesita hacerse propaganda”. Frente a la puesta en escena permanente del movimiento soberanista, hacía y hace falta jugar en su terreno. Frente a las emociones a las que apelan los diseñadores del Procés, no ha funcionado esgrimir códigos legales ni datos que desmonten el mito de las balanzas fiscales. Mucho menos descubrir eso que se ha dado en llamar ‘Policía patriótica’, todo un gol por la escuadra al Estado que, lógicamente, los independentistas celebran y blanden.

Hay un hecho clave que aún mantiene la movilización independentista como lo que es, una movilización exclusivamente independentista. Y es la indefinición de los Comunes frente al referéndum. La pujante fuerza de Colau y Domènech aún mantiene que sólo apoyará una consulta legal y pactada, y parece esencial que esta formación no se decanté por el Procés sin disimulo. Es la clave de bóveda. De que lo haga o no dependerá en gran medida la solución de este problema. ¿Cómo conseguirlo? ¿O cómo intentarlo? Creo que la antipatía que despierta el PP en Cataluña (injusta o no, no es el debate) hace que cualquier solución deba venir avalada por algún tipo de frente multipartidista, con protagonismo de líderes menos señalados en la gestión de este asunto durante los últimos años. Reforma federal, traspaso de algunas competencias, blindaje de otras. Cuesta creer que, si esto se diera, un porcentaje importante (y clave) de los que hoy se declaran a favor de un referéndum no daría un paso atrás.

Aunque, como decía Juan Linz, “federalismo e igualdad” tienen una relación difícil porque cuestiona uno de los principios que damos por sentado en la democracia. Principio que, desde el conocido como ´café para todos’ de la Transición, ha sido incuestionable en nuestro sistema político. Y eso abriría la espita de los agravios comparativos de otras comunidades. Hará falta también pedagogía en el resto de España, porque no parece que haya solución si no se acepta que cierto grado de desigualdad es el precio de la unidad. No es fácil ni grato de asimilar, pero como escribió el catalán Joan Manuel Serrat, “nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”.

Hará falta pedagogía y liderazgo en los partidos para no hacer un uso partidista de una política que ya es hora de que todos asuman y diseñen como una política de Estado. Porque es eso, el Estado, lo que está en juego.

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