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España, momento constitucional

Josu de Miguel

Foto: Chema Moya
EFE

Se nos viene apuntando los últimos meses que la Constitución española pasa por una profunda crisis que solo podrá ser superada mediante su urgente reforma. Reforma o ruptura, si se nos permite traer el dilema de la Transición.

Miren, yo no veo las cosas tan claras. Particularmente, durante el mes de octubre, comprobé con sorpresa la posibilidad de que la Constitución española de 1978 se hubiera convertido en la patria que Argüelles blandía en su famoso discurso al pueblo gaditano el día de San José de 1812. Resulta que frente al comportamiento desleal y rebelde de un poder autonómico, los ciudadanos salieron a la calle en España y Cataluña a protestar contra quienes les querían privar de sus derechos y de su modo de existencia política. Los españoles, en un movimiento casi contracultural, salieron del armario constitucional para defender su Estado y su soberanía.

¿Podría por ello permitirme el lujo de afirmar que la Constitución no requiere cambios? De ningún modo. Si me pusiera pretencioso diría que prácticamente no hay Capítulo o Título de la misma que no requiera modificaciones más o menos sustanciales.

Pero a diferencia de la visión dominante, creo que es fundamentalmente en la relación entre lo público y lo privado donde debe pensarse qué hacer como consecuencia del impacto recibido del derecho procedente de la Unión Europea y la globalización: tal derecho establece muchas limitaciones sobre cláusulas del Estado social que antes eran habilitaciones para que el poder público actuara sobre la economía y la sociedad. Como consecuencia de dichas limitaciones, la Constitución hoy ha devenido más en una norma de estabilidad que de transformación, y alguna consecuencia habrá que extraer de ello para la mejora de la garantía de los derechos y el sostenimiento racional no solo de los servicios públicos, sino de España como un espacio medioambiental en franco declive.

Reformas de este tipo deben realizarse con las luces largas, escuchando a expertos y labrando consensos. La fragmentación no es un problema, de hecho no lo fue en un periodo constituyente con mayor pluralidad partidista que la actual. La fórmula machadiana es perfectamente aplicable al método de la reforma constitucional. Ahora bien, reconozcamos que hoy tenemos un contexto de estridencia y populismo que dificulta la acción reformadora. Los que quieren ruptura buscan transformar el poder de reforma en un poder constituyente que haga una nueva Constitución para satisfacer el agón político que todos parecemos llevar dentro. Pero se mire por donde se mire, lo revolucionario hoy es una Ley Fundamental que cumple 39 años y que ha resistido la inclinación histórica y muy española de hacer Constituciones de partido, como ocurrió hasta 1931.

Creo que desde que la deslealtad institucional se precipitó en forma de golpe al Estado de Derecho en Cataluña los ciudadanos se han manifestado claramente contra esa inclinación. En el mes de octubre España quizá sufrió un momento constitucional de los teorizados por Bruce Ackerman. Momento de gran trascendencia que los partidos deberían ser capaces de detectar y que se cifra en la idea de que la patria no es un mito, sino una un entidad concreta que busca garantizar justicia intergeneracional a través de la propia Constitución. Sugiero entonces que el marco de la realización de la reforma ha cambiado: se pretendía un apaño para salir del paso en la cuestión territorial y lo que se entrevé, sin embargo, es un cambio en los objetivos que pretendían guiarla y en el sujeto que debe legitimarla. En definitiva, Dylan y su The Times They Are A-Changin’ también deberían sonar hoy en las celebraciones.

Nuestro MacGuffin

Jorge San Miguel

Foto: Chema Moya
EFE

Hace seis años comenzó en España lo que se ha denominado un ciclo de politización. La secuencia es conocida. Las movilizaciones del 15M, más transversales e indefinidas, fueron dando paso a movimientos sectoriales en protesta por los recortes. Los colectivos y redes con más capital organizativo previo, generalmente de izquierdas, fueron capitalizando el descontento, aún de forma inarticulada políticamente. Partidos ya existentes como IU o UPyD crecían en las encuestas, pero no parecían en disposición de alterar radicalmente la cartelización política que convertía a España de facto en un bipartidismo.

Entonces llegaron las elecciones europeas de 2014. Podemos coordinó un voto de protesta escorado -entonces no sabíamos hasta qué punto lo acabaría siendo- a la izquierda por el que competían experimentos hoy casi olvidados como el Partido X o el movimiento de Elpidio Silva. Por el lado de la regeneración, UPyD creció, pero la amenaza de un Ciudadanos implantado nacionalmente se hizo real. Al año siguiente, las autonómicas y locales certificaron la pujanza del espacio político encauzado por Podemos y sus confluencias y franquicias locales, y la consolidación de Ciudadanos como fuerza de referencia en el centro, en detrimento de UPyD. Las elecciones generales de diciembre alumbraron el sistema de partidos nacional a cuatro que, con matices e investiduras cruzadas, se mantiene hoy.

Paralelamente a esta materialización política, que ha acabado alterando un sistema de partidos que hace no tanto parecía inamovible en torno a los dos polos, socialista y conservador, en estos años varias generaciones han redescubierto la política -y no me refiero solo a los jóvenes. Tanto gente socializada en los últimos años del aznarismo (“No a la Guerra”, “Nunca mais”) y en el zapaterismo y su nuevo espacio mediático, como no pocos miembros de generaciones anteriores, adormecidos por así decirlo en décadas previas por el turnismo del 78 y el aparente buen funcionamiento del sistema. Este redescubrimiento de, por decirlo con Strauss, “la naturaleza de las cosas políticas”, ha tenido momentos entrañables, como la invención de la policía en las acampadas del 15M ante la necesidad de evitar robos en las tiendas de campaña.

El proceso se aceleró desde la llegada de Podemos. Aprendimos todos por qué el mandato imperativo no es buena idea, por qué los diputados deben percibir salarios por su trabajo y por qué la transparencia es deseable pero retransmitir negociaciones por streaming acaba con la posibilidad de acordar nada. Reinventamos el centralismo democrático que ya conocían los partidos comunistas del remoto S. XX, conocimos los límites a la ejemplaridad exigible a los representantes y redefinimos las competencias de los distintos niveles de gobierno, dejándolas exactamente donde estaban.

Después de este notable proceso de construcción, queda, por supuesto, dotarse de una norma suprema. Y en ello estamos. Perdonen el tono irónico. Es evidente que a la Constitución del 78 no le vendrían mal unas cuantas reformas, que reflejen el paso de estos cuarenta años sin echar en saco roto lo conseguido. La crisis catalana, sin ser la única razón para el retoque, lo pone también de manifiesto. Es asimismo evidente, creo, que todo el proceso tiene un aire de empresa colectiva, generacional, casi más importante que el resultado, y bien está. Algunos nos hemos referido al Procés catalán como un macguffin: ese artefacto narrativo sin importancia real pero que hace avanzar la trama y mueve a los personajes. Quizás en España necesitemos también un macguffin, constitucional en este caso, para completar la socialización política iniciada hace seis años, reenganchar a los indiferentes y renovar la copertenencia. El reto hoy por hoy es que el proceso y el resultado sean al menos tan inclusivos como los del tan denostado en ocasiones 78. Y no va a ser fácil.

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