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Vulnerar la privacidad de sus clientes le sale caro a Facebook en España

Foto: STEVE MARCUS
Reuters/Archivo

Facebook deberá pagar una multa de 1.200.000 euros por vulnerar la privacidad de sus clientes en España, según una resolución dictada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) española hecha pública este lunes. El organismo declara la existencia de dos infracciones graves y una muy grave de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) e impone a Facebook una sanción de 1.200.000 euros −300.000 por cada una de las primeras y 600.000 por la segunda”.

En el marco de la investigación realizada, la AEPD “ha constatado que Facebook recaba datos sobre ideología, sexo, creencias religiosas, gustos personales o navegación sin informar de forma clara acerca del uso y finalidad que le va a dar a los mismos” y ha verificado que la red social “trata datos especialmente protegidos con fines de publicidad, entre otros, sin obtener el consentimiento expreso de los usuarios como exige la normativa de protección de datos, infracción tipificada como muy grave en la LOPD”.

Entre las prácticas denunciadas por el organismo público, destaca el hecho de que la empresa de Mark Zuckerberg “no informa a los usuarios de forma exhaustiva y clara sobre los datos que va a recoger y los tratamientos que va a realizar con ellos sino que se limita a dar algunos ejemplos”. En concreto, “la red social recoge otros datos derivados de la interacción que llevan a cabo los usuarios en la plataforma y en sitios de terceros sin que estos puedan percibir claramente la información que Facebook recoge sobre ellos ni con qué finalidad la va a utilizar”, informa la AEPD en un comunicado.

Facebook tampoco informa a sus usuarios de que va a tratar su información mediante el uso de cookies, “algunas de uso específicamente publicitario y alguna de uso declarado secreto por la compañía” cuando navegan por páginas que no son de Facebook y que contienen el botón ‘Me gusta’. Esta situación también se produce cuando los usuarios no son miembros de la red social pero han visitado alguna vez una de sus páginas, así como cuando usuarios que sí están registrados en Facebook navegan por páginas de terceros, incluso sin iniciar sesión en Facebook. En estos casos, la plataforma añade la información recogida en dichas páginas a la que figura asociada a su cuenta en la red social. Acciones todas ellas que vulneran la legislación española en materia de uso de datos privados por parte de las empresas.

Además de no recabar de forma adecuada el consentimiento ni de sus usuarios ni de aquellos que no lo son −y cuyos datos también trata−, “lo cual constituye una infracción tipificada como grave”, la agencia denuncia en su resolución que Facebook no elimina la información que recoge a partir de los hábitos de navegación de los usuarios, “sino que la retiene y reutiliza posteriormente asociada al mismo usuario”.

En este sentido, la AEPD considera grave que cuando un usuario de la red social ha eliminado su cuenta y solicita el borrado de la información, “Facebook capta y trata información durante más de 17 meses a través de una cookie de la cuenta eliminada” de forma que los datos no son eliminados en su totalidad pese a que el usuario lo solicite expresamente, tal y como debería ocurrir según la ley.

Ante los cambios introducidos por Facebook en sus términos y condiciones de uso en enero de 2015, varias Autoridades de Protección de Datos de la Unión Europea, entre las que se encuentra la AEPD, constituyeron un Grupo de Contacto compuesto por Bélgica, España, Francia, Alemania y Países Bajos, a través del cual “coordinar sus actuaciones”.

Continúa leyendo: La Fiscalía denuncia por sedición a organizaciones independentistas catalanas

La Fiscalía denuncia por sedición a organizaciones independentistas catalanas

Foto: JON NAZCA
Reuters

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha denunciado este viernes por sedición a los presidentes de dos organizaciones independentistas catalanas, por los disturbios ocurridos durante la operación policial de días pasados para evitar la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Aunque la denuncia, suscrita por el teniente fiscal de la AN Miguel Ángel Carballo, no va dirigida contra ninguna persona en concreto, menciona expresamente a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart.

Detalla, asimismo, todos los altercados ocurridos entre el 20 y el 21 de septiembre, cuando una multitud se manifestó ante la Consejería de Economía, donde la Guardia Civil por orden judicial llevaba a cabo un registro, y en el marco de una operación con catorce detenidos.

La denuncia de la Fiscalía señala a la ANC y a Sánchez como responsables de organizar un turno de relevo de voluntarios, “conscientes de que dificultarían la intervención policial“, haciendo un cordón frente a la Consejería de Economía.

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Los Mossos salen de la sede de la ANC en Barcelona. | Foto: Albert Gea

En el texto se explica que Sánchez pidió ante 40.000 personas que nadie se fuera a casa.

A Cuixart también le cita y le sitúa subido, junto a Sánchez, encima de un coche de la Guardia Civil pidiendo mantener la protesta, si bien, al ver que no podía controlar la concentración, pidió posteriormente a los manifestantes que se disolvieran.

“La finalidad última de estas movilizaciones es conseguir la celebración del referéndum para conseguir la proclamación de una república catalana independiente de España, siendo conscientes de que desarrollan una actuación al margen de las vías legales”, mantiene Carballo.

Según la Fiscalía, se han impulsado “movilizaciones generalizadas o movimientos populares para imponer el referéndum independentista inconstitucional por la fuerza de la intimidación, haciendo saber al Estado su intención y capacidad para actuar, incluso violentamente, ante una eventual oposición”.

La denuncia describe que los incidentes fueron protagonizados por “una turba” e interpreta “la sedición”, “forma colectiva y tumultuaria de alzamiento”, como una “rebelión en pequeño”, informa EFE.

Continúa leyendo: La Fiscalía pide investigar a los expresidentes del Banco Popular por su quiebra

La Fiscalía pide investigar a los expresidentes del Banco Popular por su quiebra

Foto: ANDREA COMAS
Reuters

La Fiscalía Anticorrupción ha instado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que admita a trámite las querellas contra los expresidentes del Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, así como a sus consejos de administración, por la quiebra de la entidad, reseña EFE. De modo que parece que se convertirá en un caso judicial como el de Bankia.

El pasado 7 de junio el Santander adquirió el Popular por un euro, luego de que el Banco Central Europeo (BCE) sentenciara que el segundo no era viable.

Semanas después el Santander anunció una ampliación de capital por valor de más de 7.000 millones de euros para hacer frente a la adquisición del Popular.

En total, se ha presentado una treintena de querellas por la liquidación del Popular, intervenido el pasado 7 junio en una operación decidida por el BCE a través de la Junta Única de Resolución.

Esa operación implicó la reducción a cero del capital social del banco y la amortización o extinción de todas las acciones del banco admitidas a negociación en Bolsa, añade EFE.

Según fuentes jurídicas, si bien es partidaria de investigar a las antiguas cúpulas del banco, Anticorrupción no ve necesario incluir en las diligencias a los organismos supervisores, el Banco de España y la Comisión Nacional del Merado de Valores (CNMV).

La pérdida del dinero invertido por accionistas del Popular tras su resolución ha activado la vía civil en los juzgados españoles, donde en las últimas semanas se han registrado demanda contra la entidad.

Continúa leyendo: Uber pierde su licencia para operar en Londres

Uber pierde su licencia para operar en Londres

Foto: Toby Mellville
Reuters/Archivo

La compañía de vehículos privados con conductor Uber no podrá operar en las calles de Londres a partir del 30 de septiembre, cuando expira su licencia, ha anunciado la autoridad de transportes de Londres (TfL), que ha revocado su derecho de explotación.

“TfL concluye que Uber Londres no es apta para poseer una licencia de explotación de chóferes privados”, ha explicado en un comunicado. No obstante, la empresa estadounidense podrá recurrir la decisión y seguir operando mientras dure el procedimiento, precisa TfL en su nota recogida por AFP.

El pasado mes de abril Uber abandonó Dinamarca después de que una nueva ley obligara a los taxistas a llevar taxímetros y sensores en los asientos, aprobada a raíz de las protestas de los sindicatos y políticos contra la empresa estadounidense, acusada de competencia desleal.

Protestas que se han sucedido en otros lugares como España, donde los taxistas han celebrado varias concentraciones y huelgas para exigir que empresas como Uber o Cabify se rijan por las mismas normas que el sector del taxi y, por tanto, trabajen con licencias.

Continúa leyendo: Jordi Turull cesa a Josep Maria Jové para evitar el pago de la multa del TC

Jordi Turull cesa a Josep Maria Jové para evitar el pago de la multa del TC

Foto: Toni Albir
EFE Fototeca

El consejero de Presidencia de la Generalitat y portavoz del Govern, Jordi Turull, ha anunciado el cese de Josep Maria Jové como secretario general de la Vicepresidencia y de Economia y Hacienda para librarlo de la multa de 12.000 euros del Tribunal Constitucional (TC). Así lo ha comunicado Turull en rueda de prensa, en la que también ha cargado contra el envío de más Policías y Guardias Civiles a Cataluña.

El Pleno del Tribunal Constitucional acordó este jueves por unanimidad imponer las primeras multas coercitivas por desobediencia a altos cargos de la Generalitat responsables de la organización del referéndum de autodeterminación y a los siete miembros de la sindicatura electoral de Cataluña. Además, acordó también imponer a los siete miembros de la sindicatura electoral de Cataluña multas coercitivas de 12.000€ y a los 15 miembros de las sindicaturas territoriales multas coercitivas de 6.000€.

“El responsable del referéndum por mandato del Parlamento es el Gobierno de Cataluña y asumimos toda la responsabilidad”, ha asegurado Turull.

Este viernes por la mañana el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha comunicado al conseller d´Interior de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Forn, que el Gobierno ha decidido desplazar a Cataluña unidades de refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en virtud del artículo 38.2 de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para impedir la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Las funciones serían de vigilancia del espacio público y mantenimiento del orden y actuarán en caso de que se mantuviera el referéndum ilegal. Estas unidades actuarán en apoyo del Cuerpo de los Mossos d´Esquadra, que tiene encomendadas estas funciones.  Todo ello al objeto de dar cumplimiento a la instrucción 2/2017 de la Fiscalía Superior de Cataluña, remitida el pasado 8 de septiembre a la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d´Esquadra ordenando activar las actuaciones necesarias para impedir la celebración del referéndum ilegal.

Ante esta decisión, Turull ha asegurado, en clara referencia al Gobierno de España, que “quieren crear un relato para justificar el despliegue policial diciendo que hay manifestaciones tumultuosas”, y ha añadido: “esto es una batalla entre el Estado y la gente, cualquier actuación de las que hacen es un boomerang contra ellos”.

“Del Estado, menos política y diálogo, puedes pensar en todo. Pero estamos tranquilos”, ha remarcado el consejero de Presidencia de la Generalitat.

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