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El Tribunal Supremo de Venezuela aprueba enjuiciar a la fiscal general

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha aprobado este martes la apertura de un proceso para enjuiciar por supuestas faltas graves a la fiscal general, Luisa Ortega, quien recientemente ha mostrado posiciones opuestas al gobierno de Nicolás Maduro.

El Tribunal Supremo de Venezuela aprueba enjuiciar a la fiscal general

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha aprobado este martes la apertura de un proceso para enjuiciar por supuestas faltas graves a la fiscal general, Luisa Ortega, quien recientemente ha mostrado posiciones opuestas al gobierno de Nicolás Maduro y a la que el oficialismo acusa de “encubrir graves delitos” ocurridos durante las protestas antigubernamentales que han dejado ya más de 70 muertos y miles de heridos, además de decenas de detenidos.

El máximo tribunal ha indicado en un comunicado que la Sala Plena ha admitido una solicitud de «antejuicio de mérito de la fiscal», proceso que determinaría si se le puede procesar por presuntas «faltas graves en el ejercicio de su cargo», tales como “negligencia en el ejercicio de sus atribuciones”, “atentar contra la dignidad del Poder Ciudadano”, “grave error” en las decisiones administrativas y contar hechos que no han sucedido.

El proceso a Ortega, quien hasta hace unos meses era identificada como cercana al gobierno, podría llevar a su destitución, aunque la decisión final le corresponde a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, que ha expresado su respaldo a las acciones que ha realizado la funcionaria en defensa de la Constitución y contra la Asamblea Nacional Constituyente que impulsa el presidente Nicolás Maduro.

Horas más tarde, en una entrevista difundida por la cadena Unión Radio, la fiscal general ha afirmado que la sentencia, cuyo contenido ha dicho desconocer, atenta contra la institucionalidad de Venezuela. «Se cierne sobre el país un oscuro panorama de destrucción del Estado», ha denunciado.

La solicitud de juicio a Ortega Díaz fue presentada este mes por el diputado oficialista Pedro Carreño, quien solicitó al Tribunal Supremo la congelación de sus activos y la prohibición para que salga del país. Carreño también pidió al máximo tribunal designar una junta médica para evaluar a la fiscal por supuesta “insania mental”. “A todas luces se nota que la señora no está en sus cabales”, ha dicho el congresista sobre Ortega Díaz.

“Trabajaré hasta mi último aliento por la defensa de esta constitución”, ha declarado Ortega Díaz en un encuentro que con empleados del Ministerio Público, quienes han realizado una pequeña concentración para respaldar a la fiscal general mientras fuera de las dependencias se concentraban decenas de oficialistas para protestar contra ella.

El proceso contra la fiscal general se produce casi tres meses después de que Ortega iniciara un progresivo distanciamiento del Gobierno al criticar dos sentencias que dictó el Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional y cuestionar la actuación de las fuerzas de seguridad en la contención de las protestas.

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Manifestantes y fuerzas de seguridad se enfrentan en una protesta contra el presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 19 de junio | Foto: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Durante las últimas semanas, la fiscal ha introducido al menos tres acciones contra el proceso de reforma de la constitución: la primera para anular el proceso constituyente, la segunda para pedir la anulación de los nombramientos de 13 magistrados principales y 21 suplentes, y la tercera para pedir el antejuicio de mérito contra seis miembros de la Sala Constitucional.

Los siguientes movimientos de la oposición venezolana

La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha anunciado su decisión de no reconocer el gobierno de Maduro y la convocatoria a la Asamblea Constituyente, al tiempo que ha llamado a organizar una «protesta permanente» o «calle sin retorno».

El presidente de la Cámara, el opositor Julio Borges, ha dicho como portavoz de la MUD que el Gobierno «se ha puesto al margen de la Constitución y, en consecuencia, su autoridad y decisiones son inconstitucionales y no pueden ser reconocidas ni obedecidas por nadie de acuerdo al artículo 350 de la Constitución».

El diputado ha leído un comunicado en el que ha indicado que no se puede «esperar bajo ningún concepto hasta el 30 de julio», día en el que está prevista la elección de la Constituyente. Por lo tanto, los líderes de la oposición venezolana han llamado a crear «Comités de Rescate de la Democracia» (CRD) con el objetivo de que dicho día no se permita la instalación de los centros electorales en cada zona del país.

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