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El Gobierno central toma el control de los Mossos

El Gobierno español ha asumido la coordinación de los Mossos d’Esquadra para impedir la celebración del referéndum independentista, lo que no supone que se retire competencia alguna a la Policía autonómica de Cataluña, han informado a Efe fuentes oficiales. La decisión se ha tomado a petición del fiscal después de que esta semana una multitud se concentrara en las calles para protestar por las detenciones de diversos cargos públicos del Gobierno catalán y de que el Ministerio del Interior anunciara al Ejecutivo catalán el envío de más policías y guardias civiles para apoyar a los Mossos a mantener el orden público. Con esta orden, el Ministerio de Interior asume la coordinación de la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos.

El Gobierno central toma el control de los Mossos

Reuters

El Gobierno español ha asumido la coordinación de los Mossos d’Esquadra para impedir la celebración del referéndum independentista, lo que no supone que se retire competencia alguna a la Policía autonómica de Cataluña, han informado a Efe fuentes oficiales. La decisión se ha tomado a petición del fiscal después de que esta semana una multitud se concentrara en las calles para protestar por las detenciones de diversos cargos públicos del Gobierno catalán y de que el Ministerio del Interior anunciara al Ejecutivo catalán el envío de más policías y guardias civiles para apoyar a los Mossos a mantener el orden público. Con esta orden, el Ministerio de Interior asume la coordinación de la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos.

En lo esencial, agregan las fuentes, el mecanismo de coordinación acordado es el mismo por el que a los Mossos se les encomendó las actuaciones posteriores a los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils (Tarragona) del pasado mes de agosto.

Ante esta decisión, el Gobierno regional de Cataluña ha anunciado que no acepta «esta injerencia del Estado», en palabras del consejero de Interior catalán, Joaquim Forn. «El Estado pretende dirigir los operativos policiales de Cataluña a través de un alto cargo del ministerio del Interior del Gobierno español y esto es un hecho inaceptable», ha afirmado Forn en una declaración oficial, en la que también ha dicho que el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ha expresado «la voluntad del cuerpo de no aceptar la coordinación del representante del Estado español». Sin embargo, posteriormente, el cuerpo ha anunciado que, aunque «no comparte que una parte de la actividad del cuerpo sea ordenada y tutelada por un órgano que dependen del Ministerio del Interior», «seguirá dando cumplimiento» a las órdenes de la justicia. Forn ha denunciado la intención del Ejecutivo central de «intervenir a los Mossos d’Esquadra tal y como se ha hecho con las finanzas de la Generalitat de Cataluña». El pasado 15, el Gobierno central intervino las cuentas de la administración catalana y asumió el pago de los servicios esenciales en la región, para garantizar que no se desvíen fondos al referéndum.

Fuentes de Interior han recordado que la ley española contempla la intervención de Policía y Guardia Civil en el mantenimiento del orden público en apoyo de los Mossos. El ejercicio de esta función corresponde con carácter prioritario a la policía catalana pero, según recoge la citada ley, sin perjuicio de la intervención de Policía y Guardia Civil cuando, «bien a requerimiento de las autoridades de la Comunidad Autónoma, o bien por decisión propia, lo estimen necesario las autoridades estatales competentes».

Las fuentes recuerdan que la ley española contempla la intervención de Policía y Guardia Civil en el mantenimiento del orden público en apoyo de los Mossos, como ya había comunicado el Ministerio español de Interior a las autoridades catalanes para justificar el envío a Cataluña de unidades de Policía Nacional y Guardia Civil. El ejercicio de esta función corresponde con carácter prioritario a los Mossos pero, según recoge la citada ley, sin perjuicio de la intervención de Policía y Guardia Civil cuando, «bien a requerimiento de las Autoridades de la Comunidad Autónoma, o bien por decisión propia, lo estimen necesario las Autoridades estatales competentes».

Por su parte, Mariano Rajoy, ha hecho un nuevo llamamiento al Gobierno catalán para que desista de sus pretensiones de realizar el referéndum, que provoca una «tensión innecesaria en la sociedad». «Digan que no hay el referéndum que saben que no va a haber», ha pedido Rajoy a los responsables del Ejecutivo catalán, y subrayó que quienes han puesto en marcha esta dinámica tienen en su mano «la vuelta a la normalidad, a la tranquilidad y a la ley». También el secretario del PSOE, Pedro Sánchez, ha defendido la aplicación de la ley, al tiempo que ha pedido a Rajoy diálogo y una solución pactada para resolver el conflicto político catalán. «Sin ley no hay salida, pero sin política tampoco», ha recalcado el líder socialista, quien se pregunta: «¿de qué sirve un Gobierno en España que delega todas sus funciones en los tribunales?».

Las manifestaciones en Barcelona a favor del referéndum independentista del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional, han aumentado desde el pasado día 20, cuando la Guardia Civil, por orden judicial, detuvo a 14 personas, entre ellas altos cargos del Gobierno regional de Cataluña, por participar en la organización de esa consulta. Ese día, miles de personas se concentraron ante la Consejería de Economía del Ejecutivo catalán para protestar por la detención de altos cargos de este departamento, atacaron los coches de la Guardia civil e impidieron durante horas la salida de los agentes del edificio donde realizaban registros. Durante los dos días siguientes, una multitud se concentró ante los juzgados donde declararon los arrestados, para protestar pro la actuación judicial.

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