La Comisión de delitos sexuales paraliza su actividad hasta alcanzar la paridad

La sección de Derecho Penal de la Comisión General de Codificación, órgano que debe revisar los delitos sexuales en el Código Penal tras la sentencia de La Manada, se ha reunido este jueves por primera vez con 23 integrantes, 19 hombres y 4 mujeres (todas ellas citadas de forma excepcional para este caso), y han acordado por unanimidad posponer los trabajos hasta tener una nueva composición, de hasta 30 miembros, en la que haya un reparto «equilibrado» entre hombres y mujeres.

Nada más comenzar la reunión, el exministro Javier Moscoso ha presentado su renuncia, por razones de edad, que se suma a la reciente dimisión de Francisco Muñoz Conde. Ahora mismo hay 18 miembros fijos, a los que podrían sumarse 12 expertas, según las fuentes, si bien nuevas renuncias de hombres podrían ampliar la presencia femenina.

Fuentes del Ministerio de Justicia han indicado que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, hace suya la propuesta de una composición equilibrada de hombres y mujeres y, «en la línea en que venía trabajando el Ministerio con los nombramientos recientemente efectuados, va a proceder a completar la composición de este órgano asesor».

La Sección de Derecho Penal, una de las cinco que integran este órgano consultivo del Ministerio de Justicia, ya ha integrado como vocales adscritas a Avelina Alonso, Blanca Hernández y Carmen Lamarca. Finalmente, Victoria Ortega, que es vocal nata de la Comisión General de Codificación por su condición de presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, ha sido incorporada también al encargo de Catalá de analizar la tipificación de los delitos de agresión y abuso sexual en el Código Penal y, en su caso, plantear una posible reforma.

Catalá confía en que las conclusiones de esta comisión ayudarán al Gobierno y al Parlamento a revisar la ley si existe consenso social y político suficiente. Y es que a su juicio la comisión es el punto de partida de un proceso con el que se pretende clarificar una cuestión que está generando un amplio debate social en torno a la libertad sexual de la mujer y a la definición que se hizo en 1995 de los delitos que atentan contra este derecho.

La cualificación y experiencia de los integrantes de la comisión que se conforme permitirá, ha añadido el ministro, contar en las próximas semanas con una propuesta que ayudará al Gobierno y al Parlamento a abordar una posible reforma del Código Penal si existe consenso social y político suficiente.

El ministro ha defendido que la Justicia requiere reformas continuadas y permanentes y que el Derecho debe ir acompañando la transformación social para el fortalecimiento de los derechos de todos los ciudadanos.