El dueño de Topshop, acusado de acoso sexual a sus empleados

El multimillonario Philip Green, presidente de Arcadia Group, que cuenta con marcas como Topshop, Topman, Wallis, Evans, Miss Selfridge y Dorothy Perkins, ha sido acusado de acoso sexual y ataques racistas contra sus trabajadores.

El laborista Peter Hain ha revelado la identidad del empresario en la Cámara de los Lores, amparándose en los privilegios que otorga la legislación británica en materia de libertad de expresión. La revelación del nombre ha ocurrido después de que el diario The Daily Telegraph publicase el miércoles una investigación sobre presuntos casos de abuso sexual y ataques racistas que implicaban a «un importante hombre de negocios», al que no identificaba en el texto por la prohibición de un juez de difundir su identidad.

El periódico británico recogía entrevistas con cinco miembros del personal que revelaban que a las víctimas se les habían pagado «sumas sustanciales» de dinero a cambio de comprometerse legalmente a no hablar sobre las prácticas abusivas a las que estaban siendo sometidos. Al igual que hizo Harvey Weinstein en su día, el magnate ha recurrido a acuerdos de confidencialidad (conocidos como NDAs por sus siglas en inglés) para silenciar a sus víctimas.

«Siento que es mi deber, bajo privilegio parlamentario, nombrar a Philip Green como el individuo en cuestión, dado que los medios de comunicación están sujetos a una orden judicial que evita la publicación de los detalles de esta historia, que es claramente de interés público«, ha afirmado Hain. Ha descrito el caso como el de «un poderoso empresario que está utilizando acuerdos de confidencialidad y sustanciales pagos para ocultar la verdad sobre graves y repetidos episodios de acoso sexual, abusos racistas e intimidaciones».

A pesar de que el magistrado no ha levantado la prohibición de difundir la identidad del empresario, los medios británicos han divulgado las palabras del parlamentario.

La primera ministra británica, Theresa May, ha anunciado su intención de restringir el uso de este tipo de acuerdos, que normalmente se utilizan para proteger asuntos confidenciales de tipo comercial, para evitar el encubrimiento de delitos, pero los cambios aún tienen que ser considerados por el Parlamento.